miércoles, 7 de noviembre de 2012

Las decisiones de Peña Nieto (2)


“Economía negra”, futuro incierto
Dulce María Sauri Riancho

“Economía negra”, así se califica al trabajo realizado fuera del amparo de las instituciones de seguridad social, como el IMSS y el Infonavit. Tal es el caso de quienes laboran “por su cuenta”, en su tiendita o comercio ambulante; los que trabajan en un taller que no tiene inscrito a sus empleados en el Seguro Social, entre otros grupos de trabajadores que en Yucatán ascienden a poco menos de la mitad del total de personas con responsabilidades laborales. No sólo se trata de la carencia de los servicios de salud, sino también de la falta de cotización para conseguir una vivienda y, lo que es muy relevante, de contar con una pensión para el futuro, cuando la ancianidad nos alcance. Si a esto le sumamos que los salarios de los trabajadores yucatecos son “… los más bajos del país…”, se comprenderá por qué muchos jóvenes de esta tierra deciden salir del estado o del país en búsqueda de un futuro mejor.

Esta situación, con distintos grados de intensidad, se presenta en todo México. Es lo que ocasiona que cada año, más de 300 mil personas se establezcan en los Estados Unidos para tratar de ganarse la vida, con documentos legales o sin ellos, y puedan así mandarles a sus familias el dinero duramente ganado. Este es el origen de las remesas, segundo rubro de ingresos de divisas (dólares) a las cuentas nacionales, después del petróleo.

Entonces, ¿qué hacer? Desde luego, dinamizar la economía para ampliar las oportunidades para obtener un trabajo “decente”, con salario digno y prestaciones que comprendan atención médica, vivienda y ahorro para el retiro. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la reforma laboral, enviada por el presidente Calderón en calidad de “iniciativa preferente” al Congreso de la Unión. Más allá de la culminación del proceso legislativo, todavía en trámite en la Cámara de Diputados, la reforma está “coja”, al menos en los propósitos y planteamientos que ha realizado Enrique Peña Nieto para el próximo gobierno que encabezará.

Me explico. Los cambios legislativos se proponen flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores, para así reducir el costo de la fuerza laboral para las empresas e incrementar su productividad, único camino para que crezca la economía. Pero si no se cuenta con el seguro contra el desempleo, esta reforma actuará contra los legítimos intereses de los trabajadores de mantener su trabajo y crear antigüedad que le permita gozar de una pensión cuando se jubilen. En contraparte, la propuesta del próximo presidente de la República sobre “seguridad social universal”, implicará, de llevarse a la práctica, que todas las personas cuenten con atención médica y posibilidades de recibir una pensión cuando cumpla más de 65 años. Cumplir con un propósito tan amplio y ambicioso sería la única manera de conjugar crecimiento económico con justicia social, a más de ampliar el derecho a un trabajo “decente” para todas y todos los mexicanos, independientemente si están inscritos en el IMSS, el Issste, o si trabajan en su hogar; esta última condición, tan importante para las mujeres dedicadas de tiempo completo a la atención de su familia.

El país puede competir con otras regiones del mundo a partir del abaratamiento de su fuerza laboral, en un vano intento de retener inversión o atraer a nuevas empresas a su territorio. Sin embargo, en un sistema económico globalizado, donde el trabajo a distancia (o teletrabajo), la robótica, la “inteligencia artificial” sustituyen capacidades humanas como por ejemplo, el ensamblaje de automóviles y televisiones, esta sería una apuesta perdida de antemano. En cambio, la “seguridad social universal” podría conjugar la dimensión económica y la competitividad, con las nuevas formas de organización que demanda la participación exitosa en la mundialización. Además, tendría un doble efecto sobre el desarrollo de la economía: por una parte, el fortalecimiento del mercado interno que, traducido a cuestiones concretas, significaría aumentar el poder de compra de las familias, su capacidad para adquirir bienes y demandar servicios generados en México por otros trabajadores, que al igual que ellos, se verían beneficiados. El otro efecto se ubicaría en la denominada “economía del cuidado”, que tiene que ver con la atención de las personas en todo su ciclo de vida, pero en particular cuando son más vulnerables, es decir, en la niñez y la ancianidad. Esta determinación implica, desde luego, jornada escolar de tiempo completo y una red de programas institucionales de atención a los adultos mayores.

¿Que la “seguridad social universal” cuesta mucho dinero? Sí, pero no tomar decisiones a tiempo tiene un costo mucho más elevado. La población mexicana es ahora predominantemente de jóvenes, pero tan pronto como en 2020, los demógrafos prevén que se acelerará el incremento del grupo de más de 65 años. ¿Quiénes se harán cargo de sostener a los adultos mayores, de garantizar su calidad de vida? ¿La organización familiar, que también se ha transformado? ¿O será una responsabilidad compartida entre las familias y la sociedad, con el apoyo y participación del gobierno? De las respuestas dependerá el rumbo del desarrollo del país para las próximas décadas: si los dólares enviados por los mexicanos en el extranjero continúan siendo fundamentales para sobrevivir en millones de hogares de todo el país, o si se vuelven un obsequio cariñoso de los parientes que están fuera de casa.- Mérida, Yucatán.