miércoles, 10 de octubre de 2012

Los primeros 10 días del nuevo gobierno: entre nubes de terciopelo


Dulce María Sauri Riancho

Periodo de “gracia” o “luna de miel”, lo cierto es que se percibe una distensión en el ambiente social yucateco. El mero cambio del titular del Ejecutivo del Estado significó un considerable alivio de los excesos de los últimos tiempos, a lo que se sumó el tradicional resurgimiento de la esperanza en que -ahora sí- tendremos un mejor gobierno que el anterior. Así, entre “nubes de terciopelo” han transcurrido los primeros 10 días y se comienzan a desgranar los compromisos del discurso inaugural de Rolando Zapata.

La secuencia de los eventos marca las prioridades del nuevo gobierno. Abrió con la presentación del Programa de Ajuste Financiero y Nueva Cultura de la Austeridad Pública, para poner remedio hacia adelante a los males de dispendio y frivolidad en el uso de los recursos provenientes de los impuestos, que se volvió una forma de gobernar en los últimos cinco años. El ahorro estimado para los tres últimos meses de 2012 -ciento cincuenta millones de pesos- parece poco frente a las enormes erogaciones en otros menesteres y las deudas por pagar, pero si se mantiene la disciplina y se vuelve parte integral del desempeño de las actividades del sector público, será mucho más que dinero lo que se logre, pues sería una nueva forma de concebir y realizar la función pública.

Luego siguió la instalación del Consejo Estatal de Salud. Por encima de sus laudables propósitos de mejorar la infraestructura y los servicios, se ubica una situación sanitaria de emergencia causada por el dengue cuyo portador, el Aedes Aegypti, parece haber sentado sus reales en Yucatán ante la negligencia y la dejadez de las instituciones responsables. Cómo estará la situación que el último día de gobierno se emitió el decreto de alerta sanitaria y, por si fuera poco, el representante presidencial al acto de toma de posesión de Rolando Zapata fue el mismísimo secretario de Salud del gobierno federal. La acción concreta e inmediata se tradujo en un fin de semana de recolección de cacharros y basura en las colonias de Mérida que, aún con deficiencias que los propios vecinos han estado denunciando, marcó una nueva forma de cooperación entre las autoridades estatales y municipales, indispensable para enfrentar esta grave amenaza.

La presentación de la Fundación del Empresariado Yucateco, A. C., con la presencia del gobernador, me hizo pensar que se comenzaban a desgranar las medidas para fomentar la economía y la productividad en el estado. Ya había habido un reconocimiento de la necesidad de reactivar la estrategia de promoción turística, ante el anuncio de la baja ocupación hotelera y el incierto panorama para fin de año, a pesar del interés por las profecías mayas del fin de la cuenta larga del tiempo. No fue así. La nueva Fundación estará enfocada al desarrollo social, económico y humano de la población de bajos ingresos del estado. No lo hará directamente, sino por medio de las más de 500 organizaciones civiles que calcula existen en la entidad.

La propuesta del gobernador sobre nuevo responsable de la Fiscalía del Estado recayó en una mujer de formación y experiencia, Celia Rivas. Ésta -a mi juicio- afortunada designación del Congreso comenzaría a cubrir el importante déficit femenino que padece el nuevo equipo de gobierno, con una persona que seguramente tendrá un desempeño a la altura de las circunstancias en ese complicado cargo.

Este primer recuento, ¿es para entusiasmarse? Sí, pero no tanto. La ansiada coordinación -que no subordinación- entre las autoridades estatales y del municipio de Mérida parece que no alcanzó al programa de bacheo emergente que ha emprendido el Ayuntamiento. El crédito de 14 millones daría mucho más si pudiese el Cabildo contar con la ayuda estatal que se suspendió días antes del cambio de gobierno. En cuanto a los empresarios, bienvenida su participación en los asuntos sociales y de combate a la pobreza, pero la pretensión de sostener las operaciones de la nueva Fundación con los recursos del impuesto estatal del 2.5% sobre nóminas, me parece que tendría que sopesarse cuidadosamente por dos situaciones: la primera, porque en su origen ese gravamen fue instituido para fomentar la construcción de infraestructura productiva y de apoyo a las actividades económicas de Yucatán; y la segunda, tiene que ver con la libertad de las mismas organizaciones, porque no creo que se trate de centralizar y mucho menos de controlar sus actividades, mucho menos de limitar su autogestión, que se vería restringida si la nueva Fundación se constituye en el único canal para que fluyan los recursos gubernamentales.

En espera permanece el anuncio formal del programa de emergencia para el campo. Además, es necesario enterar a la ciudadanía en forma amplia y clara sobre los cuestionados manejos de los anteriores funcionarios. De otra manera, sería muy difícil entender la “alerta roja” lanzada por el propio gobernador el 1 de octubre. Aún falta concluir con los relevos o ratificaciones de los secretarios y de los responsables de organismos descentralizados como la Japay, Cultur, entre otros. Y lo más importante, ante el desastroso resultado de imponer subsecretarios como “cuñas” para pagar favores políticos, saber si el nuevo gobernador dará la confianza a sus colaboradores para nombrar a su vez a sus equipos de trabajo. Mucho falta. Y estaremos pendientes.