miércoles, 16 de diciembre de 2015

Encuesta Intercensal 2015. Retrato yucateco

Dulce María Sauri Riancho
Los censos tienen un lugar especial en la historia de los pueblos. Dice San Lucas (2, 1-7) que por uno de ellos, ordenado por el emperador romano César Augusto, Jesús nació en Belén de Judea, y no en Nazaret donde residían su madre María y San José. En pleno siglo XXI los censos y recuentos poblacionales tienen un valor fundamental, como un retrato de la sociedad y de sus habitantes, que describe con exactitud y precisión estadística su estructura y su dinámica. En México, desde 1895 se realizaron censos que a partir de 1930 se levantan cada 10 años. Sin embargo, los cambios acelerados que caracterizan a la sociedad actual han hecho que 10 años sean un periodo demasiado largo para detectar y enfrentar problemas en forma oportuna. Por eso, a partir de 1995, se realizan conteos de población entre censo y censo, mediante una muestra representativa, a fin de disponer de información válida y oportuna sobre los más relevantes cambios acontecidos en ese periodo.

Hace unos días se dieron a conocer los resultados del Conteo 2015. En abril de este año éramos casi 120 millones de mexicanos, de los cuales 2.1 millones vivimos en Yucatán, todavía la entidad más poblada de la península. Mérida continúa siendo el municipio más grande, con casi 900 mil habitantes (892,363). Kanasín (96,317) desplaza del segundo lugar a Valladolid (80,313) y a Tizimín (77,621), en tanto que Progreso (59,122) recupera su sitio, al rebasar a Umán (55,261), que queda en quinto lugar. En tanto, el sur se muestra más rezagado, pues los dos municipios con población más numerosa, Tekax (42,440) y Ticul (40,161), ocupan los dos últimos sitios del selecto grupo de los ocho mayores.

En la zona metropolitana de la ciudad de Mérida, que comprende además de la capital, a Kanasín, Progreso, Conkal, Umán y Ucú viven 6 de cada 10 habitantes del estado. Tal vez alguno de ustedes, amigos lectores, elevará la ceja sorprendido porque el municipio de Mérida no alcance aún la mágica cifra del millón de pobladores, más cuando el intenso movimiento de vehículos automotores y los problemas de tráfico parecerían indicar que hace rato rebasamos esos números. No es así, lo que refuerza la necesidad de realizar una correcta apreciación de los problemas de movilidad urbana, que no provienen necesariamente del crecimiento poblacional ni de las familias de otras partes del país que han trasladado su residencia a Mérida, por cierto, muchas menos de las que nos imaginamos. El Conteo también muestra otra característica importante que compartimos con otras regiones de México: el envejecimiento de la población, que se traduce en un porcentaje cada vez más grande de ancianos, pues casi 8 de cada 100 yucatecos son mayores de 65 años, uno más que cinco años atrás. De estas cifras se desprende la urgencia de trazar políticas públicas para atender las necesidades de un grupo creciente de la población, que van desde atención especializada en las instituciones de salud, hasta cuestiones relacionadas con el trabajo y la recreación.

Los datos del Conteo revelan que existen 565 mil viviendas habitadas en Yucatán, que representan el 1.7% del total nacional. Casi una tercera parte de ellas registran que alguno de sus habitantes recibe ingresos monetarios provenientes de programas del gobierno (31%). Este porcentaje es uno de los más elevados de la república que, sumado a los pagos por pensiones y jubilaciones y al dinero enviado por familiares en Estados Unidos (2%), arrojan que en la mitad de las viviendas yucatecas se perciben ingresos que no provienen de las remuneraciones al trabajo de alguno de los miembros de la familia. La dependencia de los programas gubernamentales por parte de un amplio sector de la población yucateca es un factor de alta vulnerabilidad ante los posibles recortes del presupuesto público debido a los problemas económicos que asuelan al país.

En 29 (28.6%) de cada 100 viviendas habitan familias encabezadas por una mujer, que es a la vez, madre, proveedora del principal ingreso y sostén de los otros miembros. En la información del Conteo destaca que cinco años atrás, en 2010, eran apenas 22 (22.4%) de cada 100. ¿Qué situación social se ha presentado para que se hayan incrementado en más de seis puntos los hogares con jefatura femenina en Yucatán? Las respuestas a éstas y otras preguntas ayudarían a un mejor diseño de políticas de apoyo a las mujeres-madres trabajadoras.

Yucatán es el segundo estado del país con población que se autorreconoce como indígena, en el caso nuestro, como parte del pueblo maya. Sólo Oaxaca nos rebasa por muy poco (65.7% a 65.4%). La población que habla la lengua originaria es menor, 28 de cada 100 personas mayores de 3 años. En porcentaje, hubo una disminución entre los mayahablantes en los últimos cinco años, pero los yucatecos que se reconocen a sí mismos como mayas nos revelan las enormes posibilidades de reforzar y ampliar los lazos de pertenencia e identidad que caracterizan a la mayoría de los habitantes de la entidad, deteniendo en primer término, la pérdida de la lengua en las nuevas generaciones.

Éstos son sólo algunos asuntos de interés que la Encuesta Intercensal 2015 nos puede mostrar. Espero que los planificadores de políticas públicas y todos aquellos preocupados por el bienestar de la sociedad la estudien con detalle. Basta con aprovechar que el 30% de las familias yucatecas tienen internet y acudir al sitio www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales para encontrarnos con una herramienta que puede ayudar a comprender de mejor manera el complejo presente que vivimos.— Mérida, Yucatán.


jueves, 10 de diciembre de 2015

TV digital: Juntos a la nueva era

Dulce María Sauri Riancho
“La tele se reinventa” y “vanguardia científica” compartieron las páginas 5 y 6 de la sección Local del Diario el pasado domingo. Dos caras de la moneda de la innovación científica y tecnológica a las que Yucatán ha ligado su futuro desarrollo. La primera nota, la reinvención de la televisión, está vinculada a la amenazante frase “apagón analógico”. La otra, relacionada con el parque de Sierra Papacal que acaba de ser inaugurado por el presidente de la república, tiene que ver con la economía del conocimiento, las empresas de base tecnológica y una nueva institución, “Heuristic”, que como su nombre lo indica estará dedicada a la indagación y descubrimiento de soluciones científicas a los problemas y retos que nos impone el futuro.

La innovación tecnológica es el signo de estos tiempos. Más tardamos en adquirir una computadora, laptop o aparato de sonido y terminar de pagarlos, que en salir a la venta una nueva versión más novedosa. Cuando era niña conocí los discos del abuelo, de pasta y que giraban a 78 revoluciones por minuto, a los que había que tratar con extremo cuidado porque cualquier golpe los rayaba o rompía. Después, todavía en mi infancia, llegaron los discos de vinilo, a 33.5 revoluciones. Eran mucho más amigables con las manos de las niñas que tratábamos de eludir la vigilancia paterna para utilizar el único tocadiscos de la casa. Fui de la generación que pasó de escuchar a Cri-Crí en la XEZ a las 6 de la tarde, a ver la televisión en blanco y negro, y poco después a color en el único receptor que presidía desde la sala la diversión familiar. Tenía 14 años cuando se inició en Mérida la primera estación FM que sólo transmitía música. Fui madre de los hijos del Atari y del PacMan; la gobernadora que se empeñó en adquirir la última versión de las computadoras IBM-486 para la Tesorería del Estado. Pasé de utilizar una especie de ladrillo feo, grande y pesado como teléfono celular, a los “inteligentes”, que sólo les falta bailar, porque todo lo demás, incluyendo fotografía y grabaciones de videos, lo hacen a la perfección. Soy abuela de nietos que antes de hablar, pasan sus deditos por el IPad y reconocen las aplicaciones de los juegos y las caricaturas; y de niñas que esconden las tabletas entre sus sábanas para eludir la vigilancia materna y continuar viendo sus programas favoritos en la red. En los hogares de clase media hay un aparato de televisión por recámara y, muchas veces, servicio de cable o satélite para que cada quien pueda seleccionar qué ver y cuándo hacerlo. Casi de manera imperceptible transitamos de recibir señal a interactuar con la televisión. Escogemos qué ver, a qué hora, qué grabar y cómo eliminar de esa manera los molestos comerciales que interrumpen las transmisiones literalmente cada cinco minutos. Podemos comprar en línea películas y música, cuando hasta hace muy poco tiempo sólo podían ser alquiladas en los videocentros. Los monitores de televisión son ahora, también, pantallas de computadora por las cuales se tiene acceso a internet desde la recámara de la casa.

En este marco de cambios acelerados en la tecnología y la comunicación se inscribe el “apagón analógico”.

Su propósito central es el pleno aprovechamiento del espectro radioeléctrico para comunicar e intercambiar bienes y servicios en forma más eficiente y barata. Miles de yucatecos relacionan el apagón con la entrega de televisores digitales que en este momento están siendo distribuidos a casi 200 mil familias de toda la geografía estatal. La información estadística señala que 95 de cada 100 hogares cuenta con un aparato de televisión cuando menos. Pero de esa enorme cifra, los que resultarían afectados con la sustitución de las señales analógicas por digitales serían todos aquellos usuarios que no tienen contratado algún servicio de cable para sus aparatos analógicos, es decir, que toman la señal de la televisión abierta. Y es precisamente en estos canales —donde están las grandes cadenas nacionales de Televisa y Televisión Azteca, así como emisoras públicas como el Canal 13 de Yucatán— donde se experimentarán las transformaciones más significativas.

Desde hace varios años, concretamente en 2004, se comenzaron a emitir señales digitales que, a partir del 1 de enero de 2016, serán las únicas en las que se transmita televisión.

En buen castellano quiere decir que si no se tiene un receptor capaz de capturar la señal digital de la televisión abierta, la tele de la casa quedará “en blanco”, incapaz de reconocer el nuevo “idioma” de la transmisión de la voz e imagen televisiva.

Habrá quien considere un derroche innecesario el gigantesco gasto que está realizando el gobierno federal al repartir receptores de la nueva señal de televisión en todo el país.

No entraré a cuestionar si era más barato distribuir decodificadores que permitieran continuar utilizando los antiguos aparatos, en vez de sustituirlos por nuevos receptores.

Me limitaré a señalar la importancia que la televisión tiene como medio de comunicación y de diversión para la inmensa mayoría de las familias.


Es responsabilidad del gobierno garantizar que la brecha digital que se ha abierto entre los mexicanos no se profundice con la adopción de nuevas tecnologías. Que el desarrollo científico y tecnológico beneficie parejo a quienes viven en las ciudades y en el campo. De eso se trata el cambio de televisores, igual que el uso de internet en las escuelas, la entrega de computadoras y tabletas a los alumnos de escuelas públicas, así como la operación del parque científico y tecnológico de Sierra Papacal. A las nuevas tecnologías y lo que representan tenemos que llegar juntos y a tiempo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 2 de diciembre de 2015

Encuestas tempranas. Hacia la presidencia de la república

Noviembre fue un mes de agitación política, incluso en estados que, como Yucatán, no tendrán procesos electorales en el muy movido 2016. La presentación del libro autobiográfico de la ex gobernadora Ivonne Ortega coincidió en tiempo con la publicación de una primera encuesta donde aparece entre los posibles candidatos a la presidencia de la república, para gozo de unos cuantos y preocupación de muchos yucatecos.

Consulta-Mitofsky es una empresa de estudios demoscópicos dedicada al estudio de las opiniones, tendencias y comportamiento de las personas a través de sondeos o encuestas. En esta ocasión entró de lleno al juego, al indagar sobre las posibles candidaturas de cuatro partidos políticos y de un independiente para 2018. Antes de iniciar el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a mil personas en sus domicilios, vale la pena detenerse en dos preguntas que incluyó la consulta. La primera se refiere a los problemas más sentidos en el país y en lo personal. Las respuestas son distintas para uno y otro, pues la mayoría consideró a la inseguridad como el principal problema de México, en tanto que la economía lo es en la esfera familiar. Otras respuestas muy reveladoras se obtuvieron cuando se solicitó a los encuestados que mencionaran libremente, sin ayuda de ninguna especie, qué políticos de México “le caen bien”. Sólo López Obrador obtuvo más del 10% de las menciones (15.4%), en tanto que los demás, incluyendo al presidente Peña Nieto, alcanzaron cifras sensiblemente menores. Por cierto, no aparecieron en la memoria de los ciudadanos ni Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Ortega y José Antonio Meade, considerados en la encuesta como “presidenciables”.

Antes de preguntar sobre personas, Mitofsky inquiere acerca de la intención de voto para la presidencia de la república por partido político. El PRI alcanza la cifra más alta (20.8%), seguido del PAN (14.2%), PRD (11.7%), Morena (8.8%). Los independientes obtienen el 4.7%. A estas lejanas alturas, ganan los indefinidos o quienes rechazan a todos, con el 36.6% de las respuestas. Como veremos más adelante, ninguno de los “presidenciables” rebasa la intención de voto a favor de su partido, excepto Andrés Manuel López Obrador.

Los 12 “escenarios electorales” combinan a los 11 personajes políticos, nueve hombres y dos mujeres. Vale la pena destacar que las cifras que alcanzaron todos los candidatos considerados son bajas y las diferencias poco significativas, lo que demuestra la inexistencia de una opción que a estas alturas aglutine un número elevado de simpatizantes. Veamos los resultados.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, resultó el mejor posicionado de los priístas. Él, el secretario de Hacienda Luis Videgaray y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se imponen a López Obrador, aunque por diferencias mínimas. En cambio, Manlio Fabio Beltrones, Ivonne Ortega y José Antonio Meade resultarían derrotados por el representante de Morena.

En cuanto al PAN, Margarita Zavala rebasa ligeramente en dos escenarios la intención de voto a favor de su partido. Su mejor desempeño lo alcanza en el escenario 7, que gana Miguel Ángel Osorio Chong. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, apenas obtiene el 11% de las simpatías. Como candidato del PRD, la encuesta sólo presenta a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, por lo que aparece en todos los escenarios con porcentajes que fluctúan entre 10.4% y 12.1%, su mejor desempeño, aunque resulta derrotado por López Obrador, con el 17.1% de las preferencias. Este último, probable abanderado de Morena, se impone en seis de los 12 escenarios electorales, aunque —subrayo— con diferencias mínimas. Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, que aparece como el candidato independiente en la encuesta de Mitofsky, alcanza alrededor del 6-7% de intención de voto.

Los estudios de opinión pública sobre aspirantes a la candidatura presidencial han desplazado a la especulación periodística que llegó a ser parte del proceso de postulación del candidato del PRI. En la segunda década del siglo XXI, la especulación toma nombre de encuesta y le imprime cierta legitimidad proveniente de la estadística. Sin embargo, los sesgos están presentes desde el primer momento. Por ejemplo, ¿por qué no figuró Gustavo Madero entre los personajes del PAN? ¿Y Josefina Vázquez Mota? ¿Cuidan a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública? ¿Por qué no se preguntó por otras destacadas mujeres del PRI, como la secretaria general del CEN, Carolina Monroy, o la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, más cuando en la reciente sesión del Consejo Político se estableció la paridad como norma? Por cierto, vale la pena revisar el spot promocional que dice “Estoy lista para dirigir esta nación”: https://www.youtube.com/watch?v=4-rKeN2wVLc&feature=youtu.be.

Es difícil opinar sobre el PRD. Su aspirante más visible, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, no es militante y ha deslizado la posibilidad de figurar en la boleta de 2018 como candidato independiente. Y en este grupo también hay limitaciones. Me hubiera gustado ver en las boletas de “Consulta-Mitofsky” a Enrique Alfaro, nuevo presidente municipal de Guadalajara, como una opción frente al partido que lo postuló y que hizo ganar en Jalisco el pasado junio. En cuanto a Morena, las cifras pueden reflejar un problema frente a un candidato muy conocido por los electores, pero que ya tienen opinión formada sobre su desempeño, lo que dejaría poco margen por ganar en otra campaña electoral.


Apenas comienza la cosecha de la especulación hacia 2018. Que la diversión no nos haga olvidar la importancia de una elección informada, que exorcice los fantasmas de la mercadotecnia y las encuestas a modo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 25 de noviembre de 2015

Violencia obstétrica. Cesáreas innecesarias

Dulce María Sauri Riancho
El 25 de noviembre se conmemora en muchas partes del mundo el día contra la violencia hacia las mujeres. Foros de reflexión, denuncias, análisis de programas y políticas públicas para evitarla, sancionarla y atenderla forman parte de la agenda del día y refuerzan la determinación de la sociedad para combatir aquello que no es otra cosa que abuso de poder. En este marco, quisiera comentar algunas cuestiones relacionadas con lo que se denomina “violencia obstétrica” que, como su nombre lo indica, afecta la dignidad y el respeto hacia las mujeres en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, durante el embarazo y el parto, o cuando intentan ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva.

Existen múltiples formas de este tipo de violencia, que pueden ir desde negar información amplia y suficiente para tomar las mejores decisiones sobre métodos anticonceptivos, hasta imponer decisiones médicas sin el consentimiento informado sobre asuntos tan delicados como implantación de dispositivos intrauterinos, ligadura de trompas y uno, cada vez más frecuente, el de las cesáreas innecesarias.

“Call the midwife”, “Llamen a la partera”, es una serie de la BBC sobre un grupo de monjas y enfermeras en el convento de San Ramón Nonato, ubicado en un barrio popular del este de Londres, a mediados de la década de 1950. El relato, basado en las memorias de Jennifer Worth, nos conduce a la intimidad de las familias trabajadoras de los muelles londinenses, cuando todavía las mujeres tenían numerosos hijos, pues la píldora anticonceptiva era desconocida. La pobreza y la privación de muchas comodidades no eran obstáculo para que el grupo de parteras efectuara controles prenatales en los humildes hogares de las madres y prepararan lo necesario para asistir al nacimiento en casa. El traslado al hospital para dar a luz era una excepción, al igual que las intervenciones por cesárea.

Todavía en pleno siglo XXI muchas mujeres europeas continúan dando a luz asistidas por una partera o comadrona; la intervención del personal médico es rara, pues la mayoría de los casos se resuelve mediante parto natural. Las cosas no son así en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, existe una elevada recurrencia de cesáreas. Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMC) establece que sólo 15 de cada 100 partos deben resolverse mediante esta operación, en nuestro país casi la mitad de los nacimientos se efectúan por esta vía. ¿Qué sucede? Comparto mi experiencia de madre y abuela, cuando en Tampico acompañé a mi hija y a mi yerno en vísperas del nacimiento de mi nieta.

Eran las 10 de la noche cuando el ginecólogo nos recibió a los tres. Mi hija había comenzado a dilatar y, como primeriza, sus contracciones eran irregulares en intensidad y duración. El ultrasonido mostró que el nivel del líquido amniótico había descendido, por lo que el médico solemnemente nos planteó la disyuntiva: seguir esperando a un parto natural, con cierto riesgo, o proceder de inmediato a la operación cesárea. El poder del doctor está en función de la confianza que en él depositamos. Cuando dijo “riesgo”, las alarmas se encendieron y los padres decidieron que mi primera nieta viniese de inmediato: una cesárea a las 11:30 de la noche, en la víspera del cumpleaños del doctor que la recibió.

Siempre me ha quedado la duda de si la espera por el parto natural hubiera perturbado el festejo del día siguiente; si los modernos métodos del ultrasonido brindan evidencia diagnóstica de la que no disponían los médicos de antes, que pedían esperar, mientras vigilaban el proceso.

Las maniobras para desatar el cordón umbilical enredado en el cuello del bebé formaban parte de las habilidades de los obstetras; ahora, el ultrasonido aconseja operar de inmediato.

Decidir tener al bebé en casa, con la asistencia de una comadrona, es poco menos que imposible. Una amiga lo hizo; la partera tradicional de una comunidad la asistió en un proceso lleno de tranquilidad y satisfacción para los padres y el recién llegado, pero después, cuando intentaron registrarlo, tuvieron que peregrinar por las distintas oficinas del Registro Civil, pues era inconcebible para los funcionarios que una estudiante de Doctorado hubiera dado a luz en su casa; que podía haber robado al niño, porque una simple partera no podía dar cuenta de su legal nacimiento, entre otras telarañas de una trama que ha ido construyéndose para que la experiencia de parto tenga forzosamente que vivirse en hospitales.

Un cuidadoso control prenatal, como el que brindan las parteras de la serie “Call the Midwife”, permite asegurar la salud de la madre y la criatura; también propicia que la naturaleza desate sus mecanismos. En vez de la herida de la cesárea, una rápida recuperación hace más fácil las cosas para la nueva mamá, entre otras, la lactancia del bebé. Salir rápidamente del hospital, como se puede hacer con un parto natural, es importante para evitar infecciones intrahospitalarias, desafortunadamente cada vez más frecuentes. Las cesáreas salvan vidas, sí, pero pueden complicarlas cuando traen al mundo bebés con inmadurez pulmonar y una mayor fragilidad para enfrentar sus primeras horas.

Fui madre tres veces, con parto psicoprofiláctico las dos últimas. En mi generación nos enseñaron a controlar el dolor de las contracciones y a estar plenamente consciente cuando el milagro del nacimiento ocurría. No ha sido así con la generación de mi hija. ¿Cesáreas por comodidad del médico y temor al dolor por parte de la madre? ¿Por la cobertura de los seguros médicos? ¿O por necesidad? En este 25 de noviembre, vale la pena detenerse a reflexionar sobre el tema.— Mérida, Yucatán.


jueves, 19 de noviembre de 2015

Desde Myanmar para el mundo: La lucha de Aung San Suu Kyi

Dulce María Sauri Riancho (*)
Aung San Suu Kyi es un nombre difícil de pronunciar, aun para los yucatecos con conocimiento del idioma maya. Ella es una mujer de frágil figura, con 70 años a cuestas, momento del retiro para quienes se asumen de la “tercera edad”. Pero Suu comenzará muy pronto la difícil tarea de encabezar el nuevo gobierno en Myanmar, país del sudeste asiático bajo un régimen militar que fue derrotado en las urnas por la Liga Nacional para la Democracia, organización política de oposición civil. La singularidad de este evento no se agota con la edad de la futura gobernante, ni siquiera con el triunfo de una opción política que se opuso permanentemente a la Junta Militar durante un cuarto de siglo. Se trata de la vida de Aung San Suu Kyi, de lo que representa como testimonio de lucha pacífica en un mundo convulsionado por la violencia como arma política para imponer regímenes, religiones, ideas.

 Suu Kyi nació en Birmania, parte entonces de la India bajo el dominio inglés, en 1945. Dos años después, su padre, Aung San, considerado el autor de la independencia de Birmania, hoy Myanmar, fue asesinado. La niña huérfana y su madre continuaron viviendo en Rangún, la capital de entonces, hasta que Suu Kyi se trasladó a Inglaterra para continuar sus estudios. Allá, en 1964, contrajo matrimonio con un profesor de la Universidad de Oxford, especializado en Tíbet y el Himalaya; y tuvo dos hijos. Madre de tiempo completo, ama de casa y esposa, acudió presta a atender a su progenitora gravemente enferma, que había permanecido en Rangún. Eso sucedió en 1988, año crucial en su vida, pues la estancia programada como pasajera, se prolongó hasta 2010.

¿Qué sucedió para que una madre dejara a sus hijos y a su marido por un lapso tan prolongado? Resulta que Suu Kyi se encontró con una gran efervescencia política en los días de su retorno al hogar materno; que quienes encabezaban los movimientos contrarios al régimen militar encontraron en la hija del general Aung San a una inspiración y motor para su organización política. En la batalla cívica que fue bautizada como “el segundo combate por la independencia nacional”, Suu Kyi sufrió su primer arresto domiciliario en 1989. En 1990 hubo elecciones y la Liga Nacional para la Democracia que ella encabezaba se impuso en forma aplastante sobre la opción oficial. Pero las autoridades militares de Myanmar desconocieron los resultados y Suu Kyi continuó bajo arresto domiciliario. Por un breve tiempo, en 1995, fue liberada, pero en 1996, coincidente con nuevas movilizaciones políticas opositoras, de nuevo regresó a su prisión doméstica. Permanecía recluida cuando falleció su esposo en Inglaterra, sin que le hubiesen autorizado una visa para poder visitar a su esposa. Nunca volvieron a verse. En este prolongado lapso, sólo se encontró con su hijo menor por unas cuantas horas en el aeropuerto de Rangún. Finalmente, fue liberada el 13 de noviembre de 2010. Con dos interrupciones, Aung San Suu Kyi estuvo privada de su libertad durante 21 años.

El Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado a Suu Kyi en 1991 sirvió para darle visibilidad a la lucha de los demócratas birmanos en el mundo. No pudo ir a recogerlo hasta 2012, pero la solidaridad internacional se volvió un factor decisivo para lograr que la Junta Militar contuviese sus deseos de desaparecerla. Los ofrecimientos gubernamentales para enviarla al exilio a cambio de su silencio fueron numerosos; y nunca aceptados por quien consideró que no podía traicionar la confianza de sus conciudadanos a cambio de una prebenda personal, así significase el sacrificio de su propia vida.

Hasta ahora todo parece indicar que por convencimiento o por la presión internacional que incluye a China, la Junta reconocerá los resultados adversos. Claro que puso dos poderosos candados legales. El primero, porque se reservó una cuarta parte de los asientos de la Asamblea y tres ministerios, entre los cuales el de Defensa es el más importante. El segundo cerrojo tiene que ver con Suu Kyi. Los legisladores oficialistas pusieron como impedimento para presidir el país tener alguna relación familiar con extranjeros. Ella estuvo casada con un inglés; es madre de dos jóvenes británicos. A la ley sólo le faltó consagrar la prohibición para que esa mujer de apariencia frágil no pudiese ejercer el cargo. No obstante, ella se apresta a gobernar con el abrumador respaldo de la ciudadanía.


Cuando vivimos escenarios de violencia como en algunas regiones de México; cuando suceden hechos como los ataques en París provocados por jóvenes fanáticos cegados por la intolerancia; cuando resurgen las voces y los partidos que pretenden una tajante separación entre Oriente y Occidente, la figura de Aung San Suu Kyi adquiere una mayor dimensión porque reafirma el valor del sacrificio y la espera; la tolerancia y la lucha pacífica por hacer prevalecer sus ideales. Su condición de género no fue obstáculo para mostrar la fuerza de los débiles. Mujer de fe budista, porta lo mejor de los valores de la cultura occidental. Al igual que Nelson Mandela, gobernará tras un largo periodo de reclusión. Así como el primer presidente negro de Sudáfrica inició el desmonte de la política del apartheid, así Suu Kyi tendrá que dar resultados en medio de la polarización étnica y las tensiones religiosas que se manifiestan en uno de los países más pobres de Asia. Desde Yucatán le deseamos éxito.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Salvar al "Patria". Recuperar su espíritu

Dulce María Sauri Riancho
“A partir de este momento, decreto que la Arquidiócesis de Yucatán se separa total y absolutamente del Instituto Patria, finalizando su compromiso original de acompañamiento, enseñanza, asesoría y asistencia espiritual, quedando prohibido para cualquier sacerdote diocesano o religioso efectuar cualquier acto de culto en dicha institución o a favor de ella”. Estas contundentes frases pertenecen a un comunicado del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez, leídas por el sacerdote oficiante al concluir la misa a la que asistí el domingo pasado. Sorprendida por el contenido del documento, pasé con rapidez a los recuerdos y de ahí a la preocupación por el destino de un proyecto que vi nacer hace más de 20 años. Era gobernadora de Yucatán cuando un grupo de padres de familia con el apoyo del párroco de María Inmaculada, acudió a mí para plantear su deseo de adquirir un terreno de la reserva territorial de Mérida para construir una escuela de inspiración cristiana. Descontentos con los cambios en la política educativa del plantel privado al que asistían sus hijos, deseaban desarrollar un proyecto alternativo, que brindara opciones educativas en un ambiente de libertad y de alta calidad académica.



En 1991 la porción norte del periférico de Mérida estaba deshabitada. En la década anterior el gobierno estatal había conformado una reserva urbana para ordenar la ocupación del suelo y brindar opciones a quienes desearan desarrollar proyectos de carácter social, como la construcción de vivienda popular, centros educativos y sociales, entre otros. De esta manera, el organismo público responsable de la correcta utilización de las extensas superficies disponibles vendió terrenos a un empresario para desarrollar el fraccionamiento “Francisco de Montejo”; a los socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, su local social y centro deportivo; a la Asociación Dental Yucateca, para sus instalaciones, entre otros. Especial atención recibieron las solicitudes de las asociaciones civiles que se disponían a construir instalaciones escolares. En esos años, el CUM adquirió los terrenos para desarrollar la futura Universidad Marista; el Piaget, para edificar un nuevo edificio, cuando en Chuburná ya no tenía espacio para expandirse. Recuerdo en forma muy especial a la asociación civil del Instituto “Patria”, que se disponía a emprender un proyecto educativo desde el principio, es decir, construyendo el edificio para albergar la nueva escuela. Hoy, el “Patria” es una institución educativa que atiende a más de mil estudiantes, desde kínder hasta nivel universitario. ¿Qué pasó en ese camino de 20 años? ¿Cúando el espíritu del “Patria” se extravió?

El periférico se transformó en una moderna autopista de seis carriles que funciona prácticamente como avenida de la ciudad. El crecimiento de Mérida se expandió en forma notable hacia el norte. Los terrenos del “Patria” quedaron vecinos de City Center, de San Ángelo y otros caros desarrollos inmobiliarios en los que el precio por metro cuadrado de terreno alcanza cantidades exorbitantes. Desde hace algunos años comenzaron a circular rumores de que el “Patria” arrastraba problemas administrativos; que los salarios de los maestros llegaban con retraso o simplemente no llegaban; que se concertaron créditos bancarios para financiar déficits operativos inexplicables en una institución que mes a mes, recibe las colegiaturas de sus alumnos. Se supo que la entusiasta asociación civil de los inicios se había fracturado, que la mayoría de las parejas promotoras la habían abandonado. El desgaste social del proyecto educativo trascendió cuando se conoció que un inminente embargo de las instalaciones fue detenido por la intercesión personal del arzobispo Emilio Carlos. La avanzada edad y el estado de salud del sacerdote promotor del proyecto original conspiraron para complicar una situación que puede derivar en la ejecución de las garantías de préstamos concertados en los últimos años. La propiedad inmobiliaria del “Patria” podría quedar en manos de un destacado notario público que se ha especializado en la adquisición hostil de predios de gran valor económico, como el del hotel “Mérida” de la calle 60, y de centros escolares en problemas por divisiones internas de la cooperativa o de los socios, como fue el caso del Colegio “Americano”.

¿Qué va a pasar con los terrenos del Patria? Se dice que su superficie vale en el mercado inmobiliario más de 200 millones de pesos. Pero, ¿cuánto vale la formación de niños y jóvenes, que se ha visto lastimada por los problemas internos de esta institución? Ignoro los compromisos económicos de la asociación civil original con la arquidiócesis, en un tiempo que las iglesias estaban impedidas de adquirir propiedades. Pero eso quedó en el pasado, justamente poco después de la formación del Instituto “Patria”. ¿Por qué esperaron tantos años y tanto desgaste para intentar regularizar esta situación?

Celebro que el arzobispo de Yucatán haya hablado claro y fuerte sobre el problema del “Patria”; que no haya cedido ante las voces que le aconsejaban acallar el conflicto con los feligreses más destacados económicamente de la iglesia yucateca. El Papa Francisco está contra la simulación y el silencio cómplice que impide resolver situaciones que laceran la vida de la Iglesia. Esta puede ser una de ellas. Entre la ambición y la codicia, me quedo con el ruego final de la comunicación arzobispal: “oraciones, ayuda y consejo para salvar a ese querido Instituto”. Que sea la salvación del “Patria” el resultado final de esta tormenta.

jueves, 5 de noviembre de 2015

Buenos resultados, ¿menos apoyos para Yucatán?

Dulce María Sauri Riancho
Debiéramos sentirnos orgullosos porque una encuesta reciente confirma la percepción de que Mérida es la ciudad más segura y Yucatán la entidad más tranquila del país, sensación reforzada por la rápida actuación policiaca para perseguir y detener a los presuntos responsables de dos sonados ilícitos de días anteriores. También fueron positivos los últimos datos en materia de empleo e incremento del producto interno. Todo parece ir bien, con renovados vientos de optimismo sobre el futuro inmediato. No obstante, hay nubes en el horizonte, que es indispensable despejar. Son tres: dos de ellas en la inminente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y otra más, de impacto en el mediano plazo, en cuanto se discuta y apruebe la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Veamos.

Los recursos destinados a los municipios yucatecos en materia de Seguridad fueron presa de los recortes presupuestales 2015. Mérida, por ejemplo, se quedó con menos de la mitad de lo originalmente presupuestado. ¿Así se reconoce el esfuerzo por hacer de Yucatán un estado más seguro? Aparte del desaliento que pueden sentir las autoridades locales, también la federación manda un mensaje contradictorio, que en vez de reconocer a los cumplidos, los despoja de los medios suficientes para continuar dando buenos resultados. Esto no puede repetirse el año próximo.

El presupuesto 2016, ¿traerá recursos suficientes para continuar con el proyecto de conectividad ferroviaria hasta Coatzacoalcos y concluirla dentro del plazo originalmente programado? Del mejoramiento del servicio de carga ferrocarrilera dependerá que las nuevas instalaciones de la Cervecería Yucateca en Hunucmá sean “punta de lanza” del proyecto para reindustrializar la entidad, o que se vuelva sólo una golondrina, importante, pero una sola, que por sí misma no logrará levantar la industrialización de Yucatán. Algo similar se puede comentar sobre la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, cuyos fondos también penden de un hilo. Si aspiramos a que Yucatán fortalezca sus ventajas como un centro de servicios para toda la región, incluyendo Centroamérica y el Caribe, carreteras, aeropuerto y ferrocarriles modernos y eficientes son indispensables. A este mismo objetivo abona la operación del “Punto de Verificación e Inspección Fitozoosanitario de Importación” en la Aduana de Progreso, que permite la entrada a territorio mexicano de carnes y vegetales, después de que se comprueba su inocuidad y el cumplimiento de la legislación sanitaria. Gracias a este servicio llegan contenedores de productos diversos que, una vez revisados, se trasladan a Cancún y a la Riviera Maya para su venta, lo que significa un importante ahorro al no tener que pagar el traslado por carretera desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resultado de estas atribuciones fue que la aduana del puerto adquirió significación regional y Yucatán, una vía eficaz de relación con la economía global. Pero, ¿qué pensar cuando a la Aduana de Progreso se le cancela la autorización para la revisión de vinos y licores que se pretenden importar al país y que tienen en su mayoría el mismo destino, hacia el norte de Quintana Roo? Dicen que fue en castigo por diversas irregularidades detectadas con licor de contrabando. Otra vez surge el fantasma del trato distinto y desfavorable hacia Yucatán cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en vez de corregir, decidió cancelar y trasladar las facultades de revisión en materia de vinos y licores a la obesa aduana de Veracruz, lesionando de esa manera los avances yucatecos en materia de logística comercial regional.

La tercera nube, cercana a la tormenta, es la relativa a la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que envió el presidente de la república al Congreso de la Unión. Se trata de establecer las bases legales e institucionales para crear nuevos polos de desarrollo industrial en regiones rezagadas, con potencial productivo, a juicio del gobierno federal. En estas zonas se concederán beneficios fiscales directos, es decir, de exenciones o disminución sensible de pago de impuestos para las empresas que se instalen; dispondrán de abasto de energía y de conectividad logística con el resto del país y del extranjero; tendrán financiamiento especial de la banca de desarrollo –Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior–; habrá apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación tecnológica, además de una planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en su área de influencia. Es cierto que Yucatán no está entre los estados más rezagados del país en materia industrial, pero también necesita apoyos federales para lograr su propósito de retomar vigorosamente ese camino. Si hubiese en nuestra tierra los beneficios fiscales que anuncia la Ley, otras empresas estarían interesadas en ubicarse en territorio yucateco, más cuando el programa de Zonas Económicas podría comprometerse a concluir los trabajos de rehabilitación del ferrocarril. Otro problema crucial, el abasto de gas natural, también se resolvería. Sólo que la propuesta de las tres primeras zonas económicas contempla exclusivamente el Istmo de Tehuantepec, para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México; la región de Lázaro Cárdenas, que comparten los estados de Michoacán y Guerrero, y la tercera, Puerto Chiapas, al sur del estado del mismo nombre. ¿Por qué no se considera una región de Yucatán entre las zonas económicas especiales? Podría ser Valladolid-Kaua-Pisté, por ejemplo. ¿Será porque no damos problemas a la federación, por ser pacíficos y bien portados? ¿O se trata de apostar a que la situación se deteriore de tal manera que exija la intervención federal? Eso no conviene a nadie. Por consiguiente, espero que hagamos valer la fuerza de los pacíficos, de los que demandan atención y apoyos de la federación por sus buenos resultados. 

jueves, 22 de octubre de 2015

Mérida pierde con el cierre de LA68

Dulce María Sauri Riancho
Una muy mala noticia: la Casa de Cultura “Elena Poniatowska” cerrará definitivamente sus puertas. Enclavada en el barrio de Santiago, abrió sus puertas hace ocho años como parte de una serie de centros culturales y espacios que se abrieron en el Centro Histórico. Por eso considero que el próximo 20 de diciembre, si cierra LA68, Santiago vivirá una especie de infarto y Mérida, tres grandes pérdidas: uno, el proyecto de Centro Histórico de la ciudad; dos, la estrategia de diversidad cultural que han tratado de impulsar las autoridades municipales y estatales; y tres, la participación social en el desarrollo de las actividades artísticas y culturales. Vayamos por partes.
Pierde el proyecto del centro histórico. La revitalización del tradicional rumbo de Santiago, antiguo barrio de indios mayas durante la Colonia y zona de alto valor simbólico para la ciudad, sufrió el proceso de deterioro que también afecta a otras partes del centro tradicional de Mérida. Su orgulloso mercado, que retaba en calidad y precio de sus productos al mismo “Lucas de Gálvez” padeció del abandono de sus clientes/vecinos atraídos por los nuevos supermercados, y de las mismas autoridades que no supieron reconocer la importancia de los centros de abasto ubicados en los barrios y suburbios de la ciudad. Los jóvenes hijos de santiagueros fueron a fincar sus residencias lejos de la casa de sus padres; cuyos predios cambiaron de uso, para albergar oficinas e, incluso, el viejo Circo Teatro Yucateco de la 57 por 68 cayó víctima de la fiebre de modernización que azotó la ciudad a principios de la década de 1960. Así estaban las cosas cuando casi a finales del siglo pasado, comenzaron a llegar “los de fuera”. Los inmigrantes que vinieron de otras partes de México y del extranjero, empezaron a comprar las casas antiguas, a arreglarlas y transformarlas en cómodas residencias, galerías de arte, tiendas donde venden artículos diversos y exóticos para nuestro medio, como esencias de perfumes, helados artesanales que ellos elaboran, etc., etc. Toda una eclosión de una manera de vivir la ciudad a partir del arte y la cultura, en donde se entremezclan experiencias y conocimientos de varias latitudes de nuestro planeta.
Y en el barrio de Santiago se instaló LA68, como un espacio de encuentro de la comunidad con el arte y la cultura en sus distintas manifestaciones. Desde un principio, se empeñó Paula Haro en capturar el interés de niños y adultos con talleres de todo tipo y en hacer del lugar un sitio de encuentro que ofrece funciones de cine al aire libre, donde se proyectan películas y documentales que muchas veces sólo en la ciudad de México se pueden ver. Además, se dispone de una tienda de artesanías y de un pequeño restaurante con diversas especialidades para combinar con el disfrute del cine. Para Santiago, el cierre de LA68 será la pérdida de un lugar que había logrado establecerse como un referente cultural del barrio, que es la expresión territorial de los vientos de renovación en la cultura yucateca.
Pierden las instituciones gubernamentales dedicadas a la cultura y las artes. El programa de Cultura parte del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, otorga gran importancia a la diversidad tanto de expresiones artísticas como de grupos y personas involucradas en la pintura, danza, teatro, cine, música. Hemos sido testigos de los esfuerzos descomunales que han realizado diversos grupos para sobrevivir, en pequeños locales, con recomendaciones “boca a boca” y, sobre todo, con una gran voluntad y entrega de sus participantes. ¿Qué sentirán estos grupos ante el cierre de LA68? No se necesita mucha imaginación para percatarse de que será como un balde de agua fría a sus menguados ánimos. Vale, sin lugar a dudas, impulsar un festival internacional como el de la Cultura Maya. Pero lo que no es admisible es que la energía gubernamental —y sobre todo el dinero público— se agoten en él, cuando muchas expresiones sociales con unas cuantas gotas de ese río podrían continuar sus actividades. La misma reflexión se puede ampliar a las autoridades municipales de Mérida. LA68 es un espacio de la ciudad y de los meridanos, al cual habría que prestarle atención y desde luego, apoyo.
Pierde la sociedad. Es cierto que hay dos proyectos exitosos de asociación público-privada para llevar adelante una iniciativa. Me refiero al Museo “Fernando García Ponce” Macay, dedicado al arte contemporáneo, que desde hace más de 20 años funciona en el edificio del Ateneo Peninsular. La Orquesta Sinfónica de Yucatán y su patronato son también una muestra de que el entendimiento entre autoridades y sociedad da también buenos frutos. Pero por el otro lado, hay iniciativas que se agotaron al no haber podido encontrar mecanismos para hacerlas sostenibles.
En entrevista al Diario de Yucatán, Paula Haro señaló tres causas del inminente cierre del Centro Cultural “Elena Poniatowska”: factores externos, como la mala situación económica del estado y del país; el crecimiento de la competencia, “y el nulo apoyo de los gobiernos”. Aclara: “no quería sobrevivir” a costa de los gobiernos, pero “nunca se realizaron trabajos en conjunto por la falta de interés de las autoridades”. Hay tiempo para rectificar. Para Paula, al encontrar un ambiente más propicio para mantener ese esfuerzo de ocho años. Para las autoridades, al ponderar que ese cierre actúa contra sus mismas pretensiones de proyectar la imagen de Mérida como la ciudad segura y de mejor calidad de vida del país. Y para el barrio de Santiago, al mantener latiendo a LA68, que ya es parte de su corazón.— Mérida, Yucatán.

martes, 13 de octubre de 2015

Sociedad del Conocimiento. Parque y nueva secretaría

Dulce María Sauri Riancho
En el transcurso de unos cuantos días nos enteramos de tres sucesos importantes para el futuro de Yucatán. Uno, el pasado lunes 5 de octubre el Secretario de Educación Aurelio Nuño, anunció la creación de una Universidad Politécnica, especializada en tecnologías de información y comunicación (TIC’s). Dos, ayer, debió aprobarse en el Congreso del Estado la creación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIESY); y  tres, la realización en Mérida de la sesión de la Junta de Gobierno de Centros Públicos de Investigación CONACYT. Debemos aclarar que estos tres eventos no suceden de manera espontánea, ni son hechos aislados que hayan coincidido por azar. Son pasos de un derrotero que lleva consigo mucho trabajo, esfuerzos coordinados de instituciones gubernamentales y académicas en torno a un plan bien estructurado. Constituyen un avance concreto de una política pública que tiene el propósito central de preparar a Yucatán para ser parte de una economía del Conocimiento. La magnitud del reto es enorme pues se trata de que la economía se sustente en la producción, distribución y uso del conocimiento y la información, pero no como algo ajeno al proceso, sino como parte integrante de éste. Las industrias y empresas basadas en este tipo de economía mejoran su productividad y se vuelven más competitivas en la medida que incrementan el conocimiento y la innovación de sus propios procesos productivos, en vez de estancarse en hacer las cosas “como siempre se han hecho”. Una economía de esta naturaleza requiere a su vez de una organización social que la haga posible; esto es, una sociedad basada en el Conocimiento. Se trata de favorecer la existencia de industrias que inviertan en la producción, uso y adaptación de nuevos conocimientos e investigaciones, al mismo tiempo que desarrollan infraestructura y herramientas como las telecomunicaciones, para distribuir información y poderla utilizar en provecho colectivo. Desde una perspectiva más amplia, la Sociedad del Conocimiento incorpora el uso efectivo de conocimientos técnicos, políticos y sociales para elevar la calidad de vida de todos.  Avanzar en esa dirección supone tres condiciones previas e indispensables: una excelente plataforma de telecomunicaciones (redes, comunicaciones satelitales, cable fibra óptica); dos, un ambiente propicio para las mentes “brillantes”, que son mujeres y hombres capaces de generar ideas innovadoras, contenidos y métodos educativos, programas para el buen gobierno o aplicaciones para diseñarlos; personas que pueden inventar tecnologías, aplicar la ciencia a los proyectos productivos. Y la tercera, emprendedores capaces de introducir y adoptar los cambios a sus propios procesos productivos, para innovar y potenciar, al mismo tiempo que amplían las fronteras del conocimiento.

Habrá quien levante la ceja del escepticismo al leer lo anterior. ¿Cómo –se preguntarán- se puede pensar en una sociedad del conocimiento cuando los yucatecos apenas tenemos 8 años de escolaridad (2º secundaria) y apenas 5 de cada cien personas tienen título universitario? La respuesta proviene justamente de estos esfuerzos de la comunidad científica, de las instituciones de educación superior y del gobierno, que son quienes hacen posible el conjunto de políticas públicas necesarias para lograr nuestro propósito. Resulta que en Yucatán trabajan más científicos y miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que en la mayoría de los estados de la república. Aquí existe y opera el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, que alberga centros de investigación reconocidos internacionalmente, que comparten espacio con empresas privadas decididas a incursionar en la economía del conocimiento. Allí conviven instituciones de raigambre yucateca como la UADY y el CICY, con centros nacionales como el CINVESTAV, la UNAM y el CIESAS; allí son vecinos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la docencia, de las empresas que introducen los inventos e innovaciones a sus procesos productivos.

Pero alcanzar a cosechar la semilla sembrada demanda una férrea disciplina por parte de los protagonistas del cambio, en especial del gobierno. Sólo la persistencia que permita trascender los cambios políticos puede dar frutos en esta materia. Les comento una experiencia negativa. Hace más de 20 años, se instaló la primera planta vinculada a la industria aeroespacial en Yucatán. Pero ese logro quedó aislado, no se le dio seguimiento como parte de una estrategia integral. Lo que no hicimos en Yucatán lo hicieron en Querétaro, que ahora es el centro aeroespacial de México y uno de los más importantes de América Latina, con universidad incluida.

Desde que se integró y entró en funciones el Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología de Yucatán (junio del 2003) se pusieron bases firmes para que Yucatán avance en el propósito de convertirse en sociedad del Conocimiento. La creación y entrada en funciones de una secretaría dedicada al desarrollo científico y a la innovación, resulta ser excelente ocasión para refrescar objetivos, revisar compromisos y renovar propósitos. No será una mera estructura burocrática más, sino una vía para potencializar lo existente y darle la consistencia institucional necesaria a las políticas públicas para que perduren y den resultados.


Los invito a que cualquier domingo de estos manejen hacia Progreso, se desvíen en Tamanché y tomen la nueva carretera Kikteil-Sierra Papacal. En unos cuantos kilómetros, irán del pasado de la dependencia del henequén hacia una promesa de renovación y cambio que devuelva a Yucatán vocación productiva y una forma diferente de participar en la economía global. Las otrora enormes alfombras verdes de los henequenales han dado paso a un gran complejo de edificios en los que se fragua la posibilidad de construir un nuevo futuro. 

miércoles, 7 de octubre de 2015

Cambios en el gabinete. Juego de las sillas - I

Dulce María Sauri Riancho
¡Cuántas veces en la infancia jugamos la ronda de las sillas! Sólo necesitábamos sacar al corredor algunos de los desvencijados asientos de la cocina y comenzar a dar vueltas a su alrededor hasta que, sorpresivamente, quien actuaba de árbitro interrumpía el movimiento. Entonces, cada quien trataba de apoderarse del lugar más cercano, aquel que estaba vacío, aunque tuviéramos que desplazar a nuestro mejor amigo. Vencedora, vencedor era el que se quedaba solo/a con aquella silla cuyo encanto consistía en que era única.

Algo así sucedió con los recientes cambios en el gabinete del gobierno del Estado. Desde principios de año, cuando comenzaron las campañas para los ayuntamientos y las cámaras legislativas, varios y distinguidos funcionarios abandonaron su asiento y se fueron a buscar el triunfo electoral, propio o de otros. Sus sillas quedaron vacías, en tanto que el árbitro —el gobernador— seguía moviendo la ronda. Giraban los encargados de despacho, como la Sedesol o Desarrollo Rural, que veían con ojos de posesión definitiva la silla de su oficina, pero seguía sonando la música y nadie podía sentarse. La ronda acabó bruscamente el martes 29. Las sillas vacías las ocuparon 35 demandantes de reacomodo después de las campañas. Dos no encontraron cabida: David Alpizar, en la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), y Enrique Magadán, en la Dirección de Cultur.

Conviene recordar que tanto la Constitución de la república como la estatal establecen que el desempeño —y las responsabilidades— del Poder Ejecutivo son unipersonales, esto es, descansan única y exclusivamente en la persona del Presidente, a nivel federal, del gobernador o del alcalde en el estado. Las personas, hombres o mujeres, que forman parte del llamado “gabinete” son auxiliares del titular del Ejecutivo, de él dependen y es a él a quien deben responder por su desempeño del cargo. Si bien las leyes dejan a los ciudadanos en calidad de espectadores de los aciertos o errores en las designaciones en la administración estatal, la política en cambio nos confiere una posición privilegiada por ser quienes calificamos los resultados que las instituciones y sus responsables obtengan, para bien o para mal. Así que la primera pregunta que nos vemos obligados a formular ante tantos y tan relevantes cambios es: ¿qué es lo que funcionaba mal o insuficientemente para hacerlos necesarios?

Si consideramos el total de movimientos, sólo en dos casos se decidió “prescindir de los servicios”, o sea, removerlos de sus posiciones, sin contar al ex titular de Educación, para quien parece haber una secretaría de nueva creación en su futuro. Hay argumentos para pensar que no fue el mal desempeño lo que motivó al gobernador a decidir los cambios de su gabinete. Esta explicación se refuerza al constatar que en el relevo en la Secretaría de Fomento Económico, por citar un caso concreto, el gobernador sacrificó a dos de sus mejores colaboradores, al desprenderse de David Alpizar, conocedor como pocos del campo de las inversiones productivas, y obligar a Ernesto Herrera a cobrar distancia de lo que es su fuerte: la operación jurídica del gobierno en su conjunto.

Tampoco el prurito de alcanzar mejores resultados parece haber sido el objetivo al que respondió el cambio en Desarrollo Rural. Para fines operativos, Carlos Carrillo Maldonado había logrado mantener el rumbo y la dinámica impuesta a la dependencia por Felipe Cervera. Si se le relevó, debió ser para enmendar el rumbo o para redoblar el paso, objetivos que aparecen lejanos al perfil de la persona escogida para ocupar el cargo: Juan José Canul. Parece que no hubo un salto cualitativo en las capacidades, en la especialización o la experiencia de los involucrados en los cambios de gabinete. Tal vez el factor que se buscó alimentar con estos nombramientos haya sido la mayor integración del equipo de gobierno, asegurar mejores resultados por la cohesión del grupo y por su afinidad al proyecto gubernamental.

Hubo dos vacíos muy importantes, graves si se consideran los criterios de inclusión y de respeto a los derechos humanos que imperan en las políticas públicas a nivel mundial. Uno tiene que ver con la igualdad de género. Me refiero al hecho lamentable de que ninguna mujer sea titular en las secretarías de la administración centralizada; que sea necesario escudriñar hasta las entidades o administración descentralizada, en el Indemaya y en el Instituto de Equidad y Género (Iegy) para encontrarlas. Omisión que se acrecienta al cumplirse 100 años del Congreso Feminista; por haber sido Yucatán la primera entidad donde hubo mujeres en cargos de elección popular y el único estado del país que ha tenido dos gobernadoras. La otra omisión se encuentra en el Indemaya: después de Abigail Uc, que fue su primera directora hace varias administraciones, bajo el gobierno de Rolando Zapata ha sido dirigido por dos mujeres, valiosas, sí, pero que no tienen origen maya ni dominan la lengua, cuando existen jóvenes profesionales mayas de uno u otro sexo con plena capacidad para desempeñar el cargo exitosamente.


Más allá de los elogios o las reprobaciones que haya levantado Rolando Zapata, lo cierto es que fue él quien decidió con toda libertad; que empleó la legitimidad que supo ganarse en los tres primeros años de gobierno para detener la música, sacar a unos y meter a otros en este juego de las sillas que en 2018 sólo tendrá una disponible, en el estado y en la federación.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Aniversario 3 de gobierno. Tijeras de tres años

Dulce María Sauri Riancho
El jueves 1 de octubre Rolando Zapata cumple tres años como gobernador de Yucatán. Esta fecha marca el final de la primera parte de su gobierno y el inicio de la cuenta regresiva, hasta 2018. El gobernador tiene varios motivos para estar contento. Hace unas semanas, en el mes de agosto, Consulta Mitofsky, empresa dedicada a los estudios de opinión pública a nivel nacional, realizó una encuesta para medir la aceptación entre los yucatecos del desempeño del Ejecutivo del estado y del presidente de la república. Ambos, Zapata y Peña Nieto, salieron bien de la prueba. A grado tal, que casi tres cuartas partes de la población yucateca aprueba la gestión de Zapata Bello, el índice más alto registrado en las 32 entidades. Caso especial es el del presidente Enrique Peña Nieto. A diferencia de otras partes del país, donde domina el desacuerdo con la gestión presidencial y sólo cuatro de cada 10 personas lo apoyan, las cifras yucatecas contrastan, pues seis de cada 10 están de acuerdo con la forma como realiza su función de gobierno.

Habrá quien considere que las encuestas son un ejercicio inútil y oneroso para el bolsillo de quien las paga. En este caso, basta con salir a la calle, platicar con vecinos, parientes o compañeros de trabajo o de escuela para percatarse que el gobernador tiene fama de trabajador, serio en su desempeño y modesto en su conducta. Además, la entidad aún resiste exitosamente la irrupción del crimen organizado. No así los delitos cometidos contra el patrimonio de las personas —robos, asaltos, despojos— y, desgraciadamente, contra la vida de mujeres y hombres jóvenes en distintas partes de la entidad. Una parte muy importante de la definición de los programas que ayudarán a prevenir situaciones y combatir rezagos está sucediendo ahora, en la Cámara de Diputados, donde tendrá que definirse el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016. “Tijeretazo al futuro”, así calificaron la Coparmex y el Centro de Estudios para la Competitividad en afortunada frase, a los recortes presupuestales que, de concretarse, tendrían un impacto negativo en las posibilidades de desarrollo de la entidad y un efecto severo sobre la misma imagen exitosa del gobernador del Estado. De acuerdo con el análisis realizado por la organización empresarial, ni en términos de obras ni de recursos destinados al Ramo 23 se consideran las más apremiantes necesidades de Yucatán. De hecho, el proyecto del PEF registra un recorte de fondos asignados para la realización de cinco obras prioritarias: la rehabilitación del ferrocarril Mérida-Coatzacoalcos; el nuevo Centro de Convenciones; la plataforma logística; las obras en Chichén Itzá y el Centro de Trova. Me detengo en el primero: el ferrocarril. La relevancia de la reconstrucción de los tramos de vía ferroviaria hacia el centro y norte del país es mayúscula. Sin esta opción de transporte de grandes volúmenes a precios competitivos, incrementar la productividad del sector industrial del estado se vuelve una ilusión. Cuando se canceló el proyecto del Tren Transpeninsular, el gobernador Zapata logró el compromiso presidencial de apoyar con recursos suficientes la reconstrucción del ferrocarril; y se cumplió en 2015.

Pero parece que el gas de las promesas presidenciales se disipó en el humo de los recortes. Suspender la rehabilitación del tramo Mérida-Coatzacoalcos o hacerla a un ritmo más lento del previsto lastimará posibilidades de nueva inversión industrial en Yucatán e, incluso, podría amenazar la concreción de proyectos ya anunciados para la entidad, que podrían sucumbir ante dificultades insalvables para obtener sus insumos o bienes intermedios a precios competitivos con otras regiones del país. Por estas razones, es prioridad restablecer en el PEF 2016 los recursos necesarios para que la obra del ferrocarril Mérida-Coatzacoalcos avance conforme a los tiempos inicialmente convenidos. La tijera del Ejecutivo federal se paseó también por las asignaciones para obras carreteras, entre las que destaca la de Mérida-Celestún, tramo Mérida-Tetiz, el rumbo donde se realizan las obras para la edificación de la nueva planta cervecera.


Por mi parte, imagino al gobierno de Yucatán como un inmenso lago que goza de gran placidez, porque sus aguas superficiales poco se mueven por la falta de viento. Pero abajo, en las aguas subterráneas de la entidad, se agitan otras fuerzas y problemas que, de no ser atendidos en los próximos tres años, dañarán la convivencia social y los valores asociados a la paz y a la seguridad de los que estamos tan orgullosos. El gobernador Zapata Bello tendrá que hacer una firme alianza con los legisladores yucatecos de todos los partidos políticos, para defender al futuro de la entidad del ejercicio irreflexivo de la tijera presupuestal. Dicen, con razón, que lo único que no se puede recuperar es el tiempo. Y eso sería lo que podríamos perder como sociedad, si no presionamos para que nuestras prioridades se vean reflejadas en el PEF 2016. Afortunadamente, en la nueva legislatura federal varios diputados yucatecos están en posiciones de toma de decisión sobre estos asuntos. Es el caso de los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Ojalá usen esa capacidad de gestión de la que son poseedores para ayudar a Yucatán. Sin recelos injustificados ni politiquerías que escatimen esfuerzos para lograr el objetivo de más recursos presupuestales federales para Yucatán, no en cualquier rubro, sino para estos proyectos estratégicos.— Mérida, Yucatán.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Apretarse el cinturón: avión y partidos

Dulce María Sauri Riancho
En medio de las zozobras causadas por la amenaza del chikungunya y la tristeza e indignación por la muerte de turistas mexicanos en Egipto, México celebró los 205 años del inicio de su independencia. El asueto del 16 de septiembre fue apenas un breve respiro de otras preocupaciones, como la relativa a la aprobación del paquete económico 2016. Los nuevos legisladores, apenas acomodados en sus flamantes curules, recibieron la iniciativa del Ejecutivo, que deberán estudiar y definir antes del 15 de noviembre. El gasto gubernamental previsto para 2016 viste el futuro en tonos de gris, porque la caída de la recaudación por concepto de venta de petróleo al extranjero obligó al Ejecutivo a mandar, por primera vez en muchos años, un proyecto menor en monto que el vigente en este 2015.

Ya lo anunciaba el presupuesto “base cero” —que quedó después sólo en la metodología—, que implicaba revisar cuidadosamente los programas actuales y, sobre todo, sus resultados. Sonaba bien: un examen de conciencia gubernamental hasta lo más profundo del gasto público para ajustar, recortar y eliminar lo superfluo y lo prescindible. Mejor todavía cuando el presidente Peña Nieto concluyó su mensaje del 2 de septiembre con el compromiso de que sería el gobierno el que se apretaría el cinturón y no, como siempre ha sucedido, los sufridos ciudadanos.

No obstante, comienzan a aflorar los primeros cuestionamientos ciudadanos a la aplicación de la tijera de la austeridad. Las baterías gubernamentales se han enfocado sobre su gasto corriente, el que se destina al pago de sus empleados: maestros, médicos, policías, enfermeras, extensionistas agrícolas, etcétera. Como siempre, la sombra se cierne sobre los más vulnerables, es decir, aquellos que han trabajado largos años bajo el régimen de honorarios, que firman anualmente su contrato; ellas y ellos no tienen derecho a pensión ni a Fovissste y, en algunos casos, ni siquiera a servicios médicos. Las dependencias gubernamentales, sujetas desde años atrás a diversas restricciones, descansan en buena medida en esta “peculiar” forma de contratación. ¿Qué harán cuando se vean obligados a prescindir de su trabajo? Es muy probable que cuando estas medidas se apliquen en áreas del sector Salud, por ejemplo, profundicen aún más las terribles deficiencias que ya arrastra.

Los llamados “servicios generales”, junto con las adquisiciones, son los otros componentes del gasto “corriente”. Las partidas para los pagos de electricidad, gasolinas, reparación de vehículos; la compra de material de curación, papelería y programas de cómputo, forman parte de los gastos registrados bajo estos rubros. Un recorte inadecuado llevaría a la paralización de una serie de servicios por la falta de elementos básicos para prestarlos. La tijera del gasto también pretende aplicarse con singular alegría sobre los enormes proyectos de inversión en infraestructura y del sector energético. Además, el paquete económico 2016 incorporó reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la ejecución de obras de gran envergadura. A esta propuesta se suman los anuncios de la expedición de Bonos para la Infraestructura Educativa y un esquema financiero destinado a proyectos del sector energético. De esta manera se pretende paliar la sequía previsible de recursos gubernamentales en estas áreas.

En la austeridad de 2016 algunos renglones todavía permanecen intocables. Me refiero en especial a dos casos. Uno, los fondos destinados al financiamiento de los partidos políticos, que ascenderá a más de 3,800 millones de pesos. El otro asunto es el relativo al nuevo avión presidencial. Según la Boeing, la moderna nave capaz de recorrer 15 mil kilómetros sin reabastecerse, costó 127 millones de dólares, aunque el contrato firmado por la Sedena y Banobras consigna una cantidad cercana a los 7 mil millones de pesos. El hecho es que el Dreamliner 787, que será entregado en estas semanas, requirió adaptaciones del hangar presidencial por una cantidad cercana a los mil millones de pesos. Así como estoy de acuerdo con que predomine el financiamiento público en las actividades políticas, también coincido con que el Presidente debe disponer de un medio de transporte aéreo seguro y digno para sus numerosos traslados dentro del territorio nacional y, eventualmente, a otros países del mundo. Lo que no entiendo son los excesos. Ni los partidos políticos necesitan cantidades multimillonarias para realizar sus labores de proselitismo, ni el Presidente necesita una aeronave que, para empezar, sólo podrá aterrizar en dos o tres aeropuertos del país.

Como no se puede privar de golpe y porrazo a los partidos políticos de los recursos que el Presupuesto federal pone a su disposición, así tampoco se podría romper de un plumazo el contrato con Boeing, firmado desde 2012. En consecuencia, propongo que los diputados analicen algunas soluciones novedosas, como sería una disminución gradual del financiamiento público, de tal manera que en la elección de 2018 los recursos puestos a disposición de los partidos sean de monto razonable. De igual manera, habría que pensar en aplicar una especie de Uber al avión presidencial. Que cuando no vuele fuera del país se pueda poner en arrendamiento para alguno de los poderosos nacionales, suficientemente ricos y snob para alquilar la nave; o bien, conseguir clientes de otras partes del mundo. Así, el apretón del cinturón gubernamental sería más parejo. ¿Qué les parece, señores legisladores?— Mérida, Yucatán.

lunes, 14 de septiembre de 2015

El primer tropezón… Salud y basura

Dulce María Sauri Riancho
Mi botella de optimismo recibió una inyección de ánimo cuando leí la crónica de la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento de Mérida. El martes 1 estuvo presente la plana mayor de los políticos yucatecos encabezados por el gobernador del Estado.

Sonrientes y en medio de cálidos saludos, transcurrió una ceremonia que ni la caída del techo improvisado ni el desorden en la asignación de los lugares pudo empañar.

—¡Ahora sí! —me dije—, atrás quedaron los agravios y resentimientos que impidieron la indispensable coordinación entre las autoridades municipales y las del gobierno del Estado.

Pero más pronto cae una optimista en la política que una niña aprendiendo a caminar.

El viernes pasado, por arte de una costumbre construida en los tres últimos años, enormes pilas de desechos aparecieron en las esquinas del populoso Chuburná. “Primera muestra del nuevo espíritu de cooperación”, califiqué con alegría al imaginar que el municipio y el Estado cerraban filas frente al dengue y el chikungunya, más cuando los informes oficiales revelan más de 2,500 casos sospechosos y casi mil confirmados entre las dos enfermedades.

Pero pasaron sábado, domingo, lunes y todavía en estos momentos continúan los viejos colchones, llantas usadas, sillas y trebejos mil esperando que pase el camión a recogerlos.

En tanto, las lluvias de fin de semana y los depredadores naturales de los cerros de basura han hecho de las suyas.

En los cuatro puntos cardinales de la ciudad, vecinos han reportado la misma situación. Quien ha intentado recibir ayuda municipal, ha recibido como respuesta que la descacharrización es un asunto del gobierno del Estado, que es “su” programa y que, por consiguiente, son ellos, los empleados estatales, los únicos responsables de recolectar los desperdicios.

No es el rumbo donde vivo el único donde se muestran las dos caras de éxito y fracaso de una política, que llevó —¿o lleva?— el nombre de “Recicla por tu bienestar”.

Éxito, en la medida que los vecinos han confiado hasta ahora en el llamado de las autoridades para deshacerse de todo aquello que puede contribuir a la proliferación del mosquito transmisor del dengue y el chikungunya, y que de ninguna manera es recolectado por Pamplona, Sana o Servilimpia.

A la vez, los montones de basura en las esquinas muestran el primer tropezón en la coordinación municipio-Estado. ¡Desde luego que los servicios municipales de recolección de desechos son responsabilidad municipal! Lo dice la Constitución. Me parece que intentar “lavarse las manos” de lo sucedido en esta primera semana no ayuda a reivindicar otras funciones municipales que por diversas circunstancias políticas han pasado al gobierno del Estado, como las relativas al transporte urbano.

Por la vía de los hechos, la inacción municipal está erosionando en muy temprana hora la confianza de la sociedad en sus autoridades de una materia tan sensible como es el saneamiento ambiental. A los ciudadanos no les importa la división de facultades administrativas, reclaman resultados, en este caso, en un área especialmente sensible de la vida urbana. Esperaría, cuando menos, un severo pronunciamiento del recién estrenado alcalde de Mérida sobre este “apestoso” asunto que afecta la salud de sus habitantes y la imagen de limpieza de la otrora “ciudad blanca”.

Tampoco el gobierno del Estado se salva de su responsabilidad. ¿Por qué realizar una promoción sin consideraciones logísticas sobre la recolección y disposición de los desechos? Durante la primera parte de esta administración nos acostumbramos a recibir oportunamente el calendario de recolección, a sabiendas de que había que sacar los desechos cierto día y que casi simultáneamente, pasaban los volquetes para llevárselos.

No sé si el cambio de secretaría responsable, de Desarrollo Social a Salud, afectó la rutina duramente construida. Lo cierto es que una medida que pretendió ser una especie de “blitzkrieg” o “guerra relámpago” contra los reservorios del mosquito Aedes Aegypti fracasó rotundamente.

El daño a la confianza está hecho. Al menos por mi rumbo, a los desechos del viernes se han sumado bolsas de basura que han sido destrozadas por los perros. Los colchones se han mojado, las llantas guardan la lluvia de los últimos días y se aprestan a ser criaderos del peligroso mosquito.

Construir ciudadanía conlleva estrecha colaboración entre sociedad y gobierno. Las autoridades promueven la organización comunitaria y las personas asumen la responsabilidad de participar. La salud es tema prioritario en cualquier ciudad. Resolver de entrada el tema de la descacharrización demanda poner esta consideración por encima incluso de las esferas de competencia administrativa y, desde luego, de los celos políticos entre autoridades de distinto partido.

Espero ver en las calles de Mérida, por sus cuatro rumbos cardinales, a los camiones recolectores del municipio y del gobierno del Estado realizando esta urgente labor.

Tal vez ayer el gobernador Zapata Bello se haya percatado de la situación de Francisco de Montejo, rumbo a la firma del convenio de colaboración entre el IVEY y la Canadevi. O el alcalde Vila Dosal haya podido percatarse de la situación de la colonia Jesús Carranza, cuando dio inicio desde ese suburbio a la repavimentación de las calles afectadas por las lluvias.


Dos B y una C, señor gobernador, señor alcalde: Basura, Baches y Coordinación, indispensable para que la calidad del gobierno esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía de Mérida. Recordemos que la sociedad reclama sana competencia entre ustedes, sí, pero para decidir quién hace mejor las cosas, no quién puede ponerle la más eficaz zancadilla al otro en su esfuerzo para demostrar que es menos malo que su adversario. La emergencia sanitaria en Mérida y la recolección de la basura así lo ameritan.— Mérida, Yucatán.