Buenos resultados, ¿menos apoyos para Yucatán?
Dulce
María Sauri Riancho
Debiéramos
sentirnos orgullosos porque una encuesta reciente confirma la percepción de que
Mérida es la ciudad más segura y Yucatán la entidad más tranquila del país,
sensación reforzada por la rápida actuación policiaca para perseguir y detener
a los presuntos responsables de dos sonados ilícitos de días anteriores.
También fueron positivos los últimos datos en materia de empleo e incremento
del producto interno. Todo parece ir bien, con renovados vientos de optimismo
sobre el futuro inmediato. No obstante, hay nubes en el horizonte, que es
indispensable despejar. Son tres: dos de ellas en la inminente aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y otra más, de impacto en el
mediano plazo, en cuanto se discuta y apruebe la iniciativa de Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales. Veamos.
Los
recursos destinados a los municipios yucatecos en materia de Seguridad fueron
presa de los recortes presupuestales 2015. Mérida, por ejemplo, se quedó con
menos de la mitad de lo originalmente presupuestado. ¿Así se reconoce el
esfuerzo por hacer de Yucatán un estado más seguro? Aparte del desaliento que
pueden sentir las autoridades locales, también la federación manda un mensaje
contradictorio, que en vez de reconocer a los cumplidos, los despoja de los medios
suficientes para continuar dando buenos resultados. Esto no puede repetirse el
año próximo.
El
presupuesto 2016, ¿traerá recursos suficientes para continuar con el proyecto
de conectividad ferroviaria hasta Coatzacoalcos y concluirla dentro del plazo
originalmente programado? Del mejoramiento del servicio de carga ferrocarrilera
dependerá que las nuevas instalaciones de la Cervecería Yucateca en Hunucmá
sean “punta de lanza” del proyecto para reindustrializar la entidad, o que se
vuelva sólo una golondrina, importante, pero una sola, que por sí misma no
logrará levantar la industrialización de Yucatán. Algo similar se puede
comentar sobre la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, cuyos fondos
también penden de un hilo. Si aspiramos a que Yucatán fortalezca sus ventajas
como un centro de servicios para toda la región, incluyendo Centroamérica y el
Caribe, carreteras, aeropuerto y ferrocarriles modernos y eficientes son
indispensables. A este mismo objetivo abona la operación del “Punto de Verificación
e Inspección Fitozoosanitario de Importación” en la Aduana de Progreso, que
permite la entrada a territorio mexicano de carnes y vegetales, después de que
se comprueba su inocuidad y el cumplimiento de la legislación sanitaria.
Gracias a este servicio llegan contenedores de productos diversos que, una vez
revisados, se trasladan a Cancún y a la Riviera Maya para su venta, lo que
significa un importante ahorro al no tener que pagar el traslado por carretera
desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resultado de estas atribuciones fue que la
aduana del puerto adquirió significación regional y Yucatán, una vía eficaz de
relación con la economía global. Pero, ¿qué pensar cuando a la Aduana de
Progreso se le cancela la autorización para la revisión de vinos y licores que
se pretenden importar al país y que tienen en su mayoría el mismo destino,
hacia el norte de Quintana Roo? Dicen que fue en castigo por diversas
irregularidades detectadas con licor de contrabando. Otra vez surge el fantasma
del trato distinto y desfavorable hacia Yucatán cuando el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en vez de corregir, decidió cancelar y
trasladar las facultades de revisión en materia de vinos y licores a la obesa
aduana de Veracruz, lesionando de esa manera los avances yucatecos en materia
de logística comercial regional.
La
tercera nube, cercana a la tormenta, es la relativa a la iniciativa de Ley
Federal de Zonas Económicas Especiales que envió el presidente de la república
al Congreso de la Unión. Se trata de establecer las bases legales e
institucionales para crear nuevos polos de desarrollo industrial en regiones
rezagadas, con potencial productivo, a juicio del gobierno federal. En estas
zonas se concederán beneficios fiscales directos, es decir, de exenciones o
disminución sensible de pago de impuestos para las empresas que se instalen;
dispondrán de abasto de energía y de conectividad logística con el resto del
país y del extranjero; tendrán financiamiento especial de la banca de
desarrollo –Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior–; habrá
apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación tecnológica,
además de una planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en su área
de influencia. Es cierto que Yucatán no está entre los estados más rezagados
del país en materia industrial, pero también necesita apoyos federales para
lograr su propósito de retomar vigorosamente ese camino. Si hubiese en nuestra
tierra los beneficios fiscales que anuncia la Ley, otras empresas estarían
interesadas en ubicarse en territorio yucateco, más cuando el programa de Zonas
Económicas podría comprometerse a concluir los trabajos de rehabilitación del
ferrocarril. Otro problema crucial, el abasto de gas natural, también se
resolvería. Sólo que la propuesta de las tres primeras zonas económicas
contempla exclusivamente el Istmo de Tehuantepec, para conectar el océano
Pacífico con el Golfo de México; la región de Lázaro Cárdenas, que comparten
los estados de Michoacán y Guerrero, y la tercera, Puerto Chiapas, al sur del
estado del mismo nombre. ¿Por qué no se considera una región de Yucatán entre
las zonas económicas especiales? Podría ser Valladolid-Kaua-Pisté, por ejemplo.
¿Será porque no damos problemas a la federación, por ser pacíficos y bien
portados? ¿O se trata de apostar a que la situación se deteriore de tal manera
que exija la intervención federal? Eso no conviene a nadie. Por consiguiente,
espero que hagamos valer la fuerza de los pacíficos, de los que demandan
atención y apoyos de la federación por sus buenos resultados.