jueves, 5 de noviembre de 2015

Buenos resultados, ¿menos apoyos para Yucatán?

Dulce María Sauri Riancho
Debiéramos sentirnos orgullosos porque una encuesta reciente confirma la percepción de que Mérida es la ciudad más segura y Yucatán la entidad más tranquila del país, sensación reforzada por la rápida actuación policiaca para perseguir y detener a los presuntos responsables de dos sonados ilícitos de días anteriores. También fueron positivos los últimos datos en materia de empleo e incremento del producto interno. Todo parece ir bien, con renovados vientos de optimismo sobre el futuro inmediato. No obstante, hay nubes en el horizonte, que es indispensable despejar. Son tres: dos de ellas en la inminente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y otra más, de impacto en el mediano plazo, en cuanto se discuta y apruebe la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Veamos.

Los recursos destinados a los municipios yucatecos en materia de Seguridad fueron presa de los recortes presupuestales 2015. Mérida, por ejemplo, se quedó con menos de la mitad de lo originalmente presupuestado. ¿Así se reconoce el esfuerzo por hacer de Yucatán un estado más seguro? Aparte del desaliento que pueden sentir las autoridades locales, también la federación manda un mensaje contradictorio, que en vez de reconocer a los cumplidos, los despoja de los medios suficientes para continuar dando buenos resultados. Esto no puede repetirse el año próximo.

El presupuesto 2016, ¿traerá recursos suficientes para continuar con el proyecto de conectividad ferroviaria hasta Coatzacoalcos y concluirla dentro del plazo originalmente programado? Del mejoramiento del servicio de carga ferrocarrilera dependerá que las nuevas instalaciones de la Cervecería Yucateca en Hunucmá sean “punta de lanza” del proyecto para reindustrializar la entidad, o que se vuelva sólo una golondrina, importante, pero una sola, que por sí misma no logrará levantar la industrialización de Yucatán. Algo similar se puede comentar sobre la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, cuyos fondos también penden de un hilo. Si aspiramos a que Yucatán fortalezca sus ventajas como un centro de servicios para toda la región, incluyendo Centroamérica y el Caribe, carreteras, aeropuerto y ferrocarriles modernos y eficientes son indispensables. A este mismo objetivo abona la operación del “Punto de Verificación e Inspección Fitozoosanitario de Importación” en la Aduana de Progreso, que permite la entrada a territorio mexicano de carnes y vegetales, después de que se comprueba su inocuidad y el cumplimiento de la legislación sanitaria. Gracias a este servicio llegan contenedores de productos diversos que, una vez revisados, se trasladan a Cancún y a la Riviera Maya para su venta, lo que significa un importante ahorro al no tener que pagar el traslado por carretera desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Resultado de estas atribuciones fue que la aduana del puerto adquirió significación regional y Yucatán, una vía eficaz de relación con la economía global. Pero, ¿qué pensar cuando a la Aduana de Progreso se le cancela la autorización para la revisión de vinos y licores que se pretenden importar al país y que tienen en su mayoría el mismo destino, hacia el norte de Quintana Roo? Dicen que fue en castigo por diversas irregularidades detectadas con licor de contrabando. Otra vez surge el fantasma del trato distinto y desfavorable hacia Yucatán cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en vez de corregir, decidió cancelar y trasladar las facultades de revisión en materia de vinos y licores a la obesa aduana de Veracruz, lesionando de esa manera los avances yucatecos en materia de logística comercial regional.

La tercera nube, cercana a la tormenta, es la relativa a la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que envió el presidente de la república al Congreso de la Unión. Se trata de establecer las bases legales e institucionales para crear nuevos polos de desarrollo industrial en regiones rezagadas, con potencial productivo, a juicio del gobierno federal. En estas zonas se concederán beneficios fiscales directos, es decir, de exenciones o disminución sensible de pago de impuestos para las empresas que se instalen; dispondrán de abasto de energía y de conectividad logística con el resto del país y del extranjero; tendrán financiamiento especial de la banca de desarrollo –Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior–; habrá apoyos a la capacitación laboral y a los procesos de innovación tecnológica, además de una planeación urbana y desarrollo ordenado de viviendas en su área de influencia. Es cierto que Yucatán no está entre los estados más rezagados del país en materia industrial, pero también necesita apoyos federales para lograr su propósito de retomar vigorosamente ese camino. Si hubiese en nuestra tierra los beneficios fiscales que anuncia la Ley, otras empresas estarían interesadas en ubicarse en territorio yucateco, más cuando el programa de Zonas Económicas podría comprometerse a concluir los trabajos de rehabilitación del ferrocarril. Otro problema crucial, el abasto de gas natural, también se resolvería. Sólo que la propuesta de las tres primeras zonas económicas contempla exclusivamente el Istmo de Tehuantepec, para conectar el océano Pacífico con el Golfo de México; la región de Lázaro Cárdenas, que comparten los estados de Michoacán y Guerrero, y la tercera, Puerto Chiapas, al sur del estado del mismo nombre. ¿Por qué no se considera una región de Yucatán entre las zonas económicas especiales? Podría ser Valladolid-Kaua-Pisté, por ejemplo. ¿Será porque no damos problemas a la federación, por ser pacíficos y bien portados? ¿O se trata de apostar a que la situación se deteriore de tal manera que exija la intervención federal? Eso no conviene a nadie. Por consiguiente, espero que hagamos valer la fuerza de los pacíficos, de los que demandan atención y apoyos de la federación por sus buenos resultados.