lunes, 21 de septiembre de 2015

Apretarse el cinturón: avión y partidos

Dulce María Sauri Riancho
En medio de las zozobras causadas por la amenaza del chikungunya y la tristeza e indignación por la muerte de turistas mexicanos en Egipto, México celebró los 205 años del inicio de su independencia. El asueto del 16 de septiembre fue apenas un breve respiro de otras preocupaciones, como la relativa a la aprobación del paquete económico 2016. Los nuevos legisladores, apenas acomodados en sus flamantes curules, recibieron la iniciativa del Ejecutivo, que deberán estudiar y definir antes del 15 de noviembre. El gasto gubernamental previsto para 2016 viste el futuro en tonos de gris, porque la caída de la recaudación por concepto de venta de petróleo al extranjero obligó al Ejecutivo a mandar, por primera vez en muchos años, un proyecto menor en monto que el vigente en este 2015.

Ya lo anunciaba el presupuesto “base cero” —que quedó después sólo en la metodología—, que implicaba revisar cuidadosamente los programas actuales y, sobre todo, sus resultados. Sonaba bien: un examen de conciencia gubernamental hasta lo más profundo del gasto público para ajustar, recortar y eliminar lo superfluo y lo prescindible. Mejor todavía cuando el presidente Peña Nieto concluyó su mensaje del 2 de septiembre con el compromiso de que sería el gobierno el que se apretaría el cinturón y no, como siempre ha sucedido, los sufridos ciudadanos.

No obstante, comienzan a aflorar los primeros cuestionamientos ciudadanos a la aplicación de la tijera de la austeridad. Las baterías gubernamentales se han enfocado sobre su gasto corriente, el que se destina al pago de sus empleados: maestros, médicos, policías, enfermeras, extensionistas agrícolas, etcétera. Como siempre, la sombra se cierne sobre los más vulnerables, es decir, aquellos que han trabajado largos años bajo el régimen de honorarios, que firman anualmente su contrato; ellas y ellos no tienen derecho a pensión ni a Fovissste y, en algunos casos, ni siquiera a servicios médicos. Las dependencias gubernamentales, sujetas desde años atrás a diversas restricciones, descansan en buena medida en esta “peculiar” forma de contratación. ¿Qué harán cuando se vean obligados a prescindir de su trabajo? Es muy probable que cuando estas medidas se apliquen en áreas del sector Salud, por ejemplo, profundicen aún más las terribles deficiencias que ya arrastra.

Los llamados “servicios generales”, junto con las adquisiciones, son los otros componentes del gasto “corriente”. Las partidas para los pagos de electricidad, gasolinas, reparación de vehículos; la compra de material de curación, papelería y programas de cómputo, forman parte de los gastos registrados bajo estos rubros. Un recorte inadecuado llevaría a la paralización de una serie de servicios por la falta de elementos básicos para prestarlos. La tijera del gasto también pretende aplicarse con singular alegría sobre los enormes proyectos de inversión en infraestructura y del sector energético. Además, el paquete económico 2016 incorporó reformas a la Ley de Asociaciones Público-Privadas para la ejecución de obras de gran envergadura. A esta propuesta se suman los anuncios de la expedición de Bonos para la Infraestructura Educativa y un esquema financiero destinado a proyectos del sector energético. De esta manera se pretende paliar la sequía previsible de recursos gubernamentales en estas áreas.

En la austeridad de 2016 algunos renglones todavía permanecen intocables. Me refiero en especial a dos casos. Uno, los fondos destinados al financiamiento de los partidos políticos, que ascenderá a más de 3,800 millones de pesos. El otro asunto es el relativo al nuevo avión presidencial. Según la Boeing, la moderna nave capaz de recorrer 15 mil kilómetros sin reabastecerse, costó 127 millones de dólares, aunque el contrato firmado por la Sedena y Banobras consigna una cantidad cercana a los 7 mil millones de pesos. El hecho es que el Dreamliner 787, que será entregado en estas semanas, requirió adaptaciones del hangar presidencial por una cantidad cercana a los mil millones de pesos. Así como estoy de acuerdo con que predomine el financiamiento público en las actividades políticas, también coincido con que el Presidente debe disponer de un medio de transporte aéreo seguro y digno para sus numerosos traslados dentro del territorio nacional y, eventualmente, a otros países del mundo. Lo que no entiendo son los excesos. Ni los partidos políticos necesitan cantidades multimillonarias para realizar sus labores de proselitismo, ni el Presidente necesita una aeronave que, para empezar, sólo podrá aterrizar en dos o tres aeropuertos del país.

Como no se puede privar de golpe y porrazo a los partidos políticos de los recursos que el Presupuesto federal pone a su disposición, así tampoco se podría romper de un plumazo el contrato con Boeing, firmado desde 2012. En consecuencia, propongo que los diputados analicen algunas soluciones novedosas, como sería una disminución gradual del financiamiento público, de tal manera que en la elección de 2018 los recursos puestos a disposición de los partidos sean de monto razonable. De igual manera, habría que pensar en aplicar una especie de Uber al avión presidencial. Que cuando no vuele fuera del país se pueda poner en arrendamiento para alguno de los poderosos nacionales, suficientemente ricos y snob para alquilar la nave; o bien, conseguir clientes de otras partes del mundo. Así, el apretón del cinturón gubernamental sería más parejo. ¿Qué les parece, señores legisladores?— Mérida, Yucatán.