miércoles, 28 de diciembre de 2011

Los retos de 2012. Amenazas y oportunidades para Yucatán

Dulce María Sauri Riancho

Transcurre la última semana del año. Turbulencias económicas han afectado severamente a las regiones más desarrolladas del mundo y en México la violencia del crimen organizado deja todos los días su caudal de muertos en distintas regiones del país. La incertidumbre ante el futuro se acrecienta por los pronósticos catastrofistas que una vez más le ponen fecha al fin de la humanidad: 21 de diciembre de 2012.

Comencé semanas atrás a hacer una exposición sobre la llamada "matriz FODA" para Yucatán. Habrá quien considere poco útil la realización de un ejercicio de esta naturaleza, ante la necesidad de comentar las urgencias cotidianas y las muestras patentes de incapacidades y excesos de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, sólo las perspectivas de carácter general pueden delinear el rumbo de la sociedad, sin las cuales seguiremos "dando tumbos" y sin resolver los problemas profundos que nos aquejan.

En el FODA yucateco repasamos las fortalezas y las debilidades. Quedaron pendientes las amenazas y las oportunidades. El próximo cambio de gobierno -federal, estatal- causa sentimientos encontrados en amplio sector de la ciudadanía; por una parte, la esperanza del relevo de las personas, que quienes lleguen sean mejores -o menos malos- que quienes se van; y por otra, el escepticismo de una sociedad defraudada en sus expectativas, que ya no cree ni en "la paz de los sepulcros" de las promesas de los políticos, porque al fin y al cabo, "todo sigue igual".

Y ésta es quizá la mayor amenaza para el desarrollo futuro de Yucatán: creer que todo puede mantenerse sin cambios, por la fuerza de la costumbre. Que la economía seguirá creciendo lentamente, aunque no ofrezca empleos dignos ni remuneración adecuada, sin base real de sustentación en las actividades productivas, sino en la especulación de tierras. Que los recursos naturales de la entidad, en particular el agua, seguirán a disposición, sin cuidarlos y preservarlos de la contaminación. Que la ausencia de operaciones visibles del crimen organizado se mantendrá; que la pobreza y la desigualdad en que viven miles de familias yucatecas no tendrán consecuencias sobre el conjunto social. Que podemos permanecer en el mismo lugar, mientras el mundo a nuestro alrededor se transforma.

El reto principal es sacudirnos la inercia y abandonar la plácida condición de lamentos que no se traducen en esfuerzos para cambiar. Las oportunidades están al alcance de esta generación de yucatecos. En la era de la globalización económica, la experiencia histórica de participación en los mercados mundiales a partir del henequén puede ser capitalizada, a partir de una renovación de la cultura empresarial de los emprendedores, mujeres y hombres de diferentes trayectorias y generaciones. Somos herederos de aquellos hombres que supieron dar soluciones imaginativas al reto de producir y desfibrar millones de pencas; que construyeron un puerto -Progreso- para exportar su producto; que no se inhibieron ante el Congreso norteamericano cuando se trató de defender al henequén de una acusación de monopolio.

La imaginación y la audacia persisten. Aún tenemos la oportunidad de pensar en grande, de evitar que Yucatán se quede a la zaga de las regiones más desarrolladas del país, añorando tiempos de pasadas glorias, en vez de acometer las transformaciones profundas que necesitamos.

Dos grandes oportunidades se abren ante nosotros al inicio de la segunda década del siglo XXI. El más valioso recurso natural para el mundo de este milenio es el agua para beber, bien escaso en muchas partes del orbe y abundante en el subsuelo yucateco. El "oro azul", cuidado y explotado responsablemente, puede convertirse en fuente de riqueza.

La otra oportunidad está vinculada a la situación geográfica del estado de Yucatán, que le otorga ventajas comparativas para su participación en los flujos de mercancías entre el norte y el sur del continente americano e, incluso, con otras regiones más distantes como Europa. No se trata del puerto de altura, sino del aire, de los cielos yucatecos abiertos casi todo el año al tráfico aéreo; de los dos aeropuertos -Mérida y Kaua, en particular este último-, que tienen capacidad para el manejo de grandes volúmenes de carga. Si en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se planteara un proyecto de este tipo, Yucatán podría quedar como un "hub" (concentrador), enchufe continental de carga aérea, lo que introduciría al estado en una nueva dinámica de prestación de servicios de "nueva generación", asociado al sistema de distribución e intercambio de mercancías a escala mundial.

2012 trae consigo la renovación de las autoridades, federales y estatales. Es también una oportunidad para reconstruir la autoridad moral de quienes nos gobiernan, seriamente menguada por los excesos de los actuales funcionarios. Ya se registran atisbos de involucramiento de la sociedad en el quehacer del gobierno, en la exigencia para la rendición de cuentas: hay que fortalecerlos. Como ciudadanos, esto nos lleva a replantear nuestro papel. Ello implica abandonar el silencio cómplice y temeroso, preservador del statu quo, y cambiarlo por una alerta permanente sobre los asuntos públicos, que motive una participación creciente de la sociedad en las cuestiones que nos involucran a todos. ¡Feliz 2012!- Mérida, Yucatán.

Mérida y sus dos alcaldesas. Ni Ana Rosa, ni Angélica

El pasado domingo el Diario de Yucatán dio a conocer el primer sondeo de opinión sobre las preferencias electorales de los yucatecos, realizado por cuenta del Grupo Megamedia. Los resultados en general no arrojan sorpresas: el PRI lleva la delantera con casi cinco yucatecos de cada 10 (46.7%) dispuestos a votar por sus candidatos, y sólo dos (21%) con determinación manifiesta de sufragar por el PAN. Sin embargo, si acercamos la lupa encontraremos diferencias interesantes y significativas entre los ciudadanos de Mérida, y los del interior del estado. En todas las respuestas de los encuestados en esta capital hay una especie de "castigo" al PRI, y ¡oh, sorpresa!, también al PAN, pues en ambos casos los partidos registran una menor intención de voto que en los otros 105 municipios yucatecos (44.8%/48.6%; 20.4%/21.6%, respectivamente).

Dos mujeres, Ana Rosa Payán (AP) y Angélica Araujo (AA), aspiraban a ser candidatas a gobernadora por el PAN y el PRI. Las dos, alcaldesas de Mérida; una, AA, en funciones. Las dos excluidas por los partidos que pretendían abanderar. Una, AP, por una calificación rigurosa de los requisitos para el registro (sólo así puedo considerar que no haya podido acreditar la C.P. Payán su residencia de tantos años en el fraccionamiento La Huerta). La otra, AA, porque con su actitud de subordinación a la gobernadora desperdició la oportunidad.

El "negrito del arroz" electoral de 2012 para el PRI es Mérida. Los ciudadanos de la capital no están conformes con la gestión ni de la gobernadora ni de la presidenta municipal. Por eso, sólo cuatro de cada 10 meridanos (43%) aprueban a Angélica Araujo y un poquito más, casi 5 (48.8%), el estilo de gobierno de Ivonne Ortega.

Es en esta capital donde se combinan con más claridad las deficiencias del gobierno con ciudadanos crecientemente críticos hacia las autoridades y hacia los partidos políticos en general. En el pasado, los errores y los vicios del PRI eran capitalizados casi en automático por su opositor histórico, el PAN. Ya no más. La encuesta sólo le pone números a una sensación creciente de insatisfacción con los resultados de los gobiernos y a la percepción de que el PAN aún no logra cuajar una oferta atractiva de cambio dirigida a los ciudadanos escépticos y cansados de las promesas incumplidas.

La mesa parecía puesta para Angélica Araujo. Su meteórica carrera desde el gabinete ampliado de la flamante gobernadora en 2007 la llevó a incursionar exitosamente como diputada federal por Mérida en 2009, cuando triunfó en el III Distrito, tradicional bastión panista. Poco después fue postulada candidata a la alcaldía, para lo cual tuvo que solicitar licencia a su diputación tan duramente ganada. De nuevo obtuvo la mayoría, poniendo fin a casi 20 años de gobierno panista en esta capital. El "tejido fino" de la candidatura a gobernador parecía acompañar a AA en todas sus actividades: publicidad con amplios recursos, cargos partidistas de relevancia nacional, como la presidencia de la Federación de presidentes municipales del PRI, entre otros.

El dilema de AA está (o estuvo) entre la independencia para ejercer a cabalidad el importante cargo de presidenta municipal de Mérida o la subordinación política indispensable para mantener su lugar en los afectos de la gobernadora, sin la cual consideró que hubiera sido imposible aspirar a la candidatura para relevarla en el cargo. Hay cercanías que asfixian: así sucedió con la alcaldesa cuando procedió a someterse a la instrucción de construir un polémico "paso deprimido" en la hoy Glorieta 4 de julio y, después, a aceptar sin decir "esta boca es mía" las consecuencias políticas de la brutal represión a quienes se manifestaron contra la obra. Allá comenzó el descarrilamiento de una candidatura que, hasta entonces, parecía marchar viento en popa. AA no fue candidata al gobierno de Yucatán y difícilmente lo será al Senado de la República.

Porque si la dirigencia nacional del PRI revisa la "letra chiquita" de las encuestas de opinión -que las tiene y muy buenas- se encontrará que el rechazo a AA de una parte importante de la ciudadanía de la capital del estado es un riesgo que no debería hacerles correr a sus candidatos a gobernador y a presidente de la República. Además, existe la promesa de la alcaldesa de Mérida de cumplir su mandato, para lo cual todavía le faltan nueve meses. Al PRI no le ha ido bien con presidentes municipales con licencia que compiten para un nuevo cargo, pues los ciudadanos se quedan descontentos ante lo que perciben como abandono de una responsabilidad y los gobernantes-candidatos, vulnerables ante el cúmulo de reclamos por promesas incumplidas.

En lo inmediato, AA y AP comparten una misma frustración. De sus decisiones en las próximas semanas dependerá el retorno efectivo para una -Ana Rosa- y para otra -Angélica-, abrir su propio camino de supervivencia política.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

Partidos y candidatos, en vísperas de posadas.

Dulce María Sauri Riancho

Conforme a la tradición, el próximo viernes 16 comienza la temporada de posadas. Los festejos y agasajos en las oficinas, las pastorelas y los festivales prenavideños son el sello de estos días. Las prisas para comprar los regalos y preparar la cena familiar del 24 concentran interés y esfuerzo de todos sus integrantes. Difícilmente hay algo que distraiga nuestra atención en esos días de la celebración por venir. Pero los partidos lo intentan, pues en los nueve días que anteceden a la celebración de esta Navidad estarán enfrascados en postular a sus candidatos para la elección del 1 de julio de 2012.

Para la gubernatura de Yucatán, el PRI y el PAN ya han expedido sus respectivas convocatorias. Hasta el domingo pasado, cuando se venció el plazo, Acción Nacional había recibido cinco solicitudes de registro, tres de ellas de militantes activos (Sofía Castro, Joaquín Díaz Mena y Alfredo Rodríguez) y dos aspirantes externos (Ana Rosa Payán y Antonio Ongay). Una vez resuelta la pertinencia de sus solicitudes, podrán iniciar una campaña interna que se prolongará hasta el 5 de febrero, cuando los militantes y adherentes de ese partido elegirán a quien habrá de ser su candidato o candidata al gobierno del estado.

Curioso caso el del PAN. Quien aparecía como la candidata más competitiva, Beatriz Zavala, reorientó su pretensión hacia la alcaldía de Mérida. Y al grupo de aspirantes panistas se sumó quien fue su adversaria en la elección de 2007, y a la cual se atribuyó en buena medida la derrota de entonces. ¡Qué bueno es dejar atrás rencores, si es para mejorar la calidad de la contienda electoral! ¡Qué preocupación para el PAN si los cálculos políticos de sus dirigentes lo llevan a concentrar su interés en Mérida, porque la gubernatura la ven muy difícil de ganar!

El PRI también ha expedido su convocatoria, aunque la incógnita a resolver en los próximos días es si se podrá materializar una "candidatura de unidad", lo que significa que los otros cuatro aspirantes acepten retirarse de la contienda. Rumores van y vienen con los nombres de quienes podrían participar. Así, se habla de cuatro legisladores federales (Jorge Carlos Ramírez, Rolando Zapata, Felipe Cervera y Cleominio Zoreda) y una diputada con licencia, actual alcaldesa de Mérida (Angélica Araujo). La fecha de registro del PRI coincidirá con la primera "cruda" de posadas, el 17 de este mes. Si finalmente, y contra los esfuerzos de negociación política, se registrara más de un precandidato, el PRI dispondrá de un plazo para realizar proselitismo, que va del 18 de diciembre al 11 de febrero.

El PRI se juega mucho en estos días. La negociación interna por las candidaturas de "unidad" debe estar "al rojo vivo". Ya veremos muy pronto los resultados. Imponer a ultranza a una sola persona sin considerar condiciones específicas y costumbres de la localidad puede tener un alto costo. El largo trecho de cuatro meses entre la formalización de la candidatura, los registros y la campaña es "caldo de cultivo" de inconformidades, que incluso puede llevar hasta buscar cobijo en otra organización política que le proporcione el registro para competir y ganar bajo sus siglas.

Aparentemente, el "pastel" a repartir en la negociación es muy suculento. Están las dos candidaturas al Senado; cinco, a las diputaciones federales de mayoría, además de las posiciones locales en el Congreso, las candidaturas a los ayuntamientos -presidencias municipales y regidurías-, que permitirían "consolar" a los que no logren ser candidatos al gobierno del Estado. Pero en política dos más dos no suman cuatro. Los orgullos heridos, los supuestos compromisos incumplidos pueden generar en cualquier momento escenarios de ruptura y enfrentamiento.

De cualquier manera, después de su elección interna, ni los partidos ni sus candidatos podrán hacer proselitismo, es decir, campañas, sino hasta que hayan llegado las fechas de registro ante el Instituto Electoral del Estado, que van del 1 al 15 de abril. Quiere decir que no podrán aparecer en los medios de comunicación con su publicidad y propaganda; que no podrán efectuar visitas a los municipios ni realizar reuniones públicas para conseguir o ampliar el número de sus seguidores. La pena que tiene la Ley Electoral para quien transgreda esta norma es rigurosa, pues podría llevar hasta la negativa del registro de su candidatura para quien la haya violado. Pero el lapso de "abstinencia" es demasiado largo, lo que representa un doble peligro: por una parte, la realización casi clandestina de las actividades de los candidatos y de los partidos; y por otro, la falta total de supervisión del Ipepac.

Y es que el órgano responsable de las elecciones yucatecas, "... ni ve ni oye...". Ni supo contar los excesos de gastos de campaña de 2010 ni contener la propaganda extralegal. Cuestionado por sus propios integrantes, el Consejo del Ipepac está debilitado y en entredicho su imparcialidad. Nada indica que su actuación vaya a mejorar en 2012.

La "piñata" de las candidaturas está a punto. Sólo resta desear que los partidos políticos sepan cantar la ronda infantil que acompaña su ruptura:

"... Dale, dale, dale,

no pierdas el tino.

Porque si lo pierdes,

pierdes el camino...".

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jueves, 8 de diciembre de 2011

Políticos-escritores: una oportunidad. Leerlos vale la pena

Dulce María Sauri Riancho

Dos hechos recientes hicieron que la opinión pública yucateca prestara atención al tema de los libros y los políticos. Primero, la presentación del libro "Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana", que realizó el ex presidente Carlos Salinas de Gortari en la Uady ante el rector y el Consejo Universitario en pleno, que dio lugar al rechazo de un grupo de universitarios por su presencia en la sede de nuestra máxima casa de estudios.

El otro acontecimiento que recibió amplia difusión en la prensa escrita y en las redes sociales fue la serie de errores que cometió Enrique Peña Nieto en la conferencia de prensa que ofreció en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la más importante de América Latina. Peña Nieto había acudido a presentar su obra: "México: la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados". Varios ex presidentes de México han sido autores de obras que defienden o dan versión de su administración. Como José López Portillo con su más conocido "Mis tiempos" de 1988, aunque todavía en vísperas de su muerte (2004) dio a conocer un conjunto de ensayos, "El súper PRI" (2002).

La gran ventaja de que haya políticos que escriben libros estriba en que se puede conocer su pensamiento, sus opiniones y puntos de vista plasmados en las numerosas hojas de esos libros. La limitación está en que su producción literaria se genera, en su enorme mayoría, a posteriori, cuando han concluido sus encargos.

Resulta buena noticia constatar que la elaboración y publicación de libros está adquiriendo "carta de naturalización" entre los políticos, en particular entre los precandidatos a la Presidencia de la República para el cada vez más próximo 2012. Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota habían publicado previamente: López Obrador, un total de 10 diferentes títulos, el primero de los cuales se editó en 1986: "Los primeros pasos: Tabasco, 1810-1867"; y Vázquez Mota, con el libro de autoayuda "Dios mío, hazme viuda, por favor". En cambio, es la primera incursión en el mundo editorial para Enrique Peña Nieto. Los tres personajes han presentado recientemente sendas publicaciones vinculadas a su aspiración de gobernar a México, en las cuales plasman su visión sobre los problemas del país y sus propuestas de solución.

López Obrador publicó en 2010 "La mafia que se adueñó de México... y el 2012". En sus cuatro apartados denuncia "El saqueo", la "Corrupción y pobreza" que se han adueñado del país; señala su aportación en "La resistencia y el peregrinar por el país" y presenta su propuesta para superar la desigualdad y la marginación en que vive la mayoría de los mexicanos.

Josefina Vázquez Mota suma a su singularidad de mujer con posibilidades de ser postulada a la presidencia por un partido competitivo (en este caso, el PAN que está en el gobierno) su visión y empeño para entrevistar a 22 personajes de la vida política y económica internacional, y que son la materia prima del libro "Nuestra oportunidad. Un México para todos". A partir de los planteamientos de los entrevistados y los comentarios de la autora, pretende "... contribuir a un debate con mayor riqueza..." que genere los liderazgos políticos indispensables para darle rumbo al cambio.

El libro de Enrique Peña Nieto está dividido en ocho capítulos y una introducción, donde plantea las medidas a su juicio necesarias para que "... los derechos pasen del papel a la práctica... el país crezca conforme a su verdadero potencial económico (... y para...) Recuperar nuestro liderazgo como potencia emergente...". Ningún aspirante o candidato del PRI había arriesgado previamente a su postulación una propuesta programática. Que sea Peña Nieto, su virtual candidato a la Presidencia de la República, el primero le confiere un gran peso político a este hecho, aun con la salvedad de que "... no es una oferta de gobierno sino un conjunto de ideas para el futuro del país...". Sería, sin lugar a dudas, el hilo conductor de su gobierno si obtiene la victoria electoral en 2012.

¡Qué bueno que escriban libros, que debatan y presenten propuestas! Si es mercadotecnia para fraguar una imagen, poco importa. Si en algún caso, es su "Ghost Writer" o "escritor fantasma" quien en realidad lo haya formulado, lo que dicen y critican, lo que adelantan o plantean, es responsabilidad de cada uno de ellos.

Me uno al llamado que Freddy Espadas formuló en estas páginas para que, cuando menos, estos tres políticos-escritores presenten sus obras en la Uady ante el rector y el Consejo Universitario con las puertas abiertas a todos los ciudadanos que quieran enterarse y participar. Representan a las tres fuerzas políticas más importantes; sus trabajos son serios, publicados por destacadas editoriales (Aguilar, Random Mondadori, Grijalbo). Sería una invitación intachable y que contribuiría sin duda a sustraer a la política de la banalidad y de la mercadotecnia, aunque fuera por un rato.- Mérida, Yucatán. TW: @DulceSauri

El otro lado del espejo. Las debilidades del desarrollo yucateco.

Dulce María Sauri Riancho

Quizá la mayor debilidad de Yucatán sea la situación de pobreza en que vive la mayoría de sus habitantes. Son los mayas yucatecos quienes la padecen. Están en las pequeñas localidades dispersas, pero también en la concentración urbana más importante del estado: Mérida y los 13 municipios que la conforman. Pobreza significa marginación y exclusión social, falta de oportunidades de educación y de acceso a los servicios de salud. También elevado grado de analfabetismo, en particular entre los adultos mayores; se refleja también en la desnutrición infantil. La milpa tradicional ya no proporciona alimentación básica a las familias campesinas que aún se dedican al cultivo de la tierra y menos los ingresos son suficientes para adquirir lo indispensable para la subsistencia: comida, ropa, medicinas y una vivienda.

En los sectores productivos predominan las actividades tradicionales con escaso valor agregado. En el campo, además de la declinación de la producción de maíz, hay abandono de proyectos hortícolas, de la fruticultura y la ganadería de traspatio, a consecuencia de la falta de programas gubernamentales para apoyarlas y fortalecerlas.

Numerosas fábricas yucatecas, micro y pequeñas, adolecen de la falta de crédito y tecnología moderna que les permitiese operar en condiciones de competitividad. Hay reducida participación de empresas de alta tecnología, las denominadas de la "economía del conocimiento". En consecuencia, la capacidad de la economía yucateca para generar empleos estables, con salarios dignos, está seriamente limitada.

No hay suficiente trabajo para los egresados de los centros de educación superior. Son ingenieros, abogados, arquitectos, comunicólogos o maestros, pero laboran como vendedores de medicinas, taxistas o empleados de comercio, ante la falta de oportunidades para ejercer su profesión. Muchos emigran a Quintana Roo o se van a los Estados Unidos. Así, numerosos pueblos se quedan casi deshabitados o sólo con niños y ancianos durante la semana, pues los hombres y las mujeres cada vez en mayor grado, se tienen que trasladar para encontrar una oportunidad laboral.

En contrapartida, faltan técnicos medios y personal capacitado para proporcionar numerosos servicios que demanda la economía urbana. La vinculación entre los centros educativos y los de investigación y las universidades es insuficiente. Por otra parte, la "economía informal" se expande, sin seguridad laboral para quienes participan y la evasión del pago de los impuestos que le corresponden. La dificultad para abrir negocios por los excesivos trámites permanece como un poderoso incentivo para sumarse a las filas de la "informalidad".

El "desarrollo sustentable", en relación con el medio ambiente y los recursos naturales, se mantiene en el terreno de las buenas intenciones. Carecemos de políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas. La depredación de los escasos recursos forestales y la sobreexplotación de otros, como los pesqueros, se suman a las insuficientes medidas de preservación.

El puerto de altura de Progreso opera con baja eficiencia. Por una parte, la ausencia de una espuela de ferrocarril encarece las maniobras de carga y descarga de las embarcaciones; por otra, el inconcluso proyecto de la Plataforma Logística ha impedido la plena utilización de su capacidad. La comunicación ferroviaria con el centro y norte del país es la gran debilidad de la infraestructura de apoyo a la producción yucateca. Primero, lento; interrumpido después, el ferrocarril permitiría trasladar insumos a las fábricas y enviar productos terminados con menor costo de transportación que a través de las carreteras.

El aeropuerto de Mérida está subutilizado, tanto por el número de vuelos y de pasajeros que recibe, como por la carga que mueve. Ha disminuido significativamente la comunicación aérea internacional: sólo permanecen los vuelos a Miami y a Houston tres y cuatro veces por semana, respectivamente. El aeropuerto de Kaua está virtualmente abandonado, sin destino cierto, pese a la cuantiosa inversión realizada.

Los gobiernos del estado y de los municipios de Yucatán arrastran una gran debilidad fiscal, consecuencia de su baja capacidad para recaudar impuestos. En alto porcentaje dependen de sus participaciones en ingresos federales. Esto se suma al ineficiente y opaco ejercicio del gasto público, la falta de inversiones en infraestructura productiva, el gasto superfluo, y a la tendencia creciente a sobreendeudarse. La corrupción que parece haberse adueñado de importantes sectores de la administración pública tiene también un alto impacto económico, además de serias consecuencias en la moral colectiva. Se registra el predominio de las operaciones especulativas, como la compraventa de tierras en sitios cercanos a las zonas urbanas, en vez de la inversión productiva en fábricas y servicios, como turísticos, financieros, de salud, entre otros.

Las mujeres yucatecas aún registran una insuficiente integración al trabajo remunerado. Bien por necesidades económicas, pues son jefas de familia que mantienen su hogar, o por determinación de ejercer la profesión para la cual se prepararon, muchas mujeres -cuatro de cada 10 en edad de trabajar- son empleadas, obreras, trabajadoras o empresarias, en condiciones de desventaja con respecto a los hombres. Éstas son, desde mi particular punto de vista, las principales debilidades que encuentra Yucatán para ser un "estado moderno". A éstas habrá que sumar las amenazas, tema a revisar la próxima semana.- Mérida, Yucatán. TW: @DulceSauri

viernes, 25 de noviembre de 2011

En el PRI no hubo saldo blanco

Dulce María Sauri Riancho (Diario 24 horas, noviembre de 2011 http://www.24-horas.mx)


La elección de su candidato a la Presidencia de la República ha sido complicada para el PRI desde hace mucho tiempo. Ser partido en el gobierno había dejado de garantizar tersura en el proceso y resignación para los perdedores. Se habían intentado varios caminos: desde la “pasarela” de 1987, la negociación interna a la vieja usanza de 1993, hasta la elección abierta, con voto incluido, de 1999. La derrota del año 2000 sólo acentuó los problemas en 2005, cuando el presidente del partido, árbitro y juez de la contienda, decidió ungirse él mismo. El descalabro de 2006 mostró que ni las bases del PRI ni los electores confiaban en una dirigencia que hizo del enfrentamiento y de la fractura interna sus armas de lucha.

Sin el “semillero” de precandidatos que representaba el gabinete presidencial, desde el primer sexenio de la alternancia fueron los gobernadores y los líderes de la bancada en el Senado los nuevos protagonistas. A la división interna se atribuyeron todos los descalabros. ¿Qué hacer entonces, de cara al 2012, para “blindar” al PRI? Y como para los priistas no hay aroma más seductor que el que emana de Los Pinos, la negociación interna comenzó desde años atrás, para sumar, establecer alianzas adentro y afuera, y lograr ¡finalmente! una candidatura de “unidad”.

Enrique Peña Nieto superó todas las pruebas electorales; concluyó oportunamente su gestión para participar, en medio del aplauso general. Como en 2005, desde el liderazgo del Senado, el coordinador del grupo parlamentario se anotó. Manlio Fabio Beltrones también tiene logros significativos en su haber político, más meritorios si cabe, por haberse obtenido desde una posición minoritaria, con apenas 33 integrantes del grupo parlamentario.

Parecía sólo un movimiento táctico del Consejo Nacional la elección de la consulta abierta como el método para postular al candidato a la Presidencia de la República. Así nadie podría reprocharle al PRI cerrazón o conciliábulos para tomar decisiones. Se establecía la posibilidad, aunque la intención era que sólo uno cruzase la puerta del salón de las inscripciones. Entre principios de octubre y la fecha de expedición de la convocatoria, se aceleraron las negociaciones y la construcción de acuerdos. En un momento, hubo la sensación de que sí habría competencia entre dos aspirantes. Serviría para aprovechar el tiempo y los recursos disponibles, de acuerdo al Cofipe, para las precampañas.

Algo se debe haber descarrilado. Una convocatoria “mocha”, que justo cercenó el párrafo para limitar la anticuada “cargada”. Un convenio de coalición donde uno de los tres partidos -Nueva Alianza- condiciona su participación a la no postulación de Beltrones. Un reparto de posiciones entre los partidos coaligados punto menos que inexplicable, a la luz de las encuestas que señalan una clara ventaja para el PRI hacia 2012.

Manlio Fabio Beltrones decidió no inscribirse. No participará en la elección interna del PRI. Su carta de declinación da algunos atisbos de la intensidad de las presiones al interior del partido. No hubo “saldo blanco”. La profundidad de las heridas y el tiempo para sanarlas están por verse. En esta etapa, Marcelo y Manlio se hermanan. Los dos, con su renuncia, creen contribuir a su causa y a mejorar las posibilidades de triunfo de sus respectivas fuerzas políticas.

Al menos por un momento, déjenme ilusionarme en que hay políticos en México que practican la generosidad, que no todos buscan imponerse, así sea sobre las cenizas de los sueños de millones de leales militantes.

Yucatán: fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades

NECESARIO DEBATE

Dulce María Sauri Riancho

Hace unos días fui invitada a entablar un diálogo con un grupo de jóvenes estudiantes de Arquitectura de la Universidad Marista. La pregunta a responder era si Yucatán puede ser un "estado desarrollado", si tenemos condiciones para aspirar a mayores y mejores niveles de bienestar. Y sobre todo qué tendríamos que hacer para lograr los cambios indispensables para alcanzar ese objetivo.

El método FODA ayuda para aclarar las ideas. No es otra cosa que identificar las Fortalezas, reconocer las Debilidades, detectar las Amenazas y, sobre todo, vislumbrar las Oportunidades que se presentan. En este caso, se trataría de plantear el FODA para Yucatán, como una manera de contribuir al indispensable debate ciudadano con miras a las elecciones del próximo año.

Como el desarrollo completo de la denominada "matriz FODA" excede con mucho el generoso espacio disponible, decidí dividir la presentación en cuatro partes. La primera es la relativa a las Fortalezas que tiene nuestra entidad, mucho más allá del discurso nostálgico sobre la perdida riqueza henequenera y la herencia colonial del lamento por la pobreza del suelo o el alejamiento (físico y presupuestal) de Yucatán de los centros del poder político y económico.

En la región Sur-Sureste de México, Yucatán es el estado con mayor equilibrio entre sus sectores productivos. Aun con el descenso de la producción agropecuaria por la falta de atención al campo, la pesca, la industria de transformación, los servicios: turísticos, educativos y de salud, se proyecta una economía diversificada.

Otro elemento muy valioso es la integración peninsular, tanto en materia económica como social. El crecimiento de la actividad petrolera en Campeche y el turismo masivo en el Norte de Quintana Roo han apuntalado a la economía yucateca en los últimos años.

La ubicación geográfica de Yucatán, en la parte norte de la península, penetrando en el Golfo de México, propicia la relación económica y cultural con la región de Centroamérica y el Caribe, así como también con la costa este de los Estados Unidos.

Yucatán tiene una amplia y bien consolidada infraestructura productiva y de comunicaciones. La red carretera cubre el estado y la ausencia de ríos, barrancas y montañas ha contribuido a extender los caminos hacia todos los rincones de la entidad. Contamos con el puerto de altura de Progreso, dos aeropuertos -Mérida y Kaua- con condiciones de excelencia para la operación de pasajeros y de carga. Las telecomunicaciones están al alcance de la mayoría de la población, con la única limitante del precio de sus servicios.

El denominado "Bono Demográfico" permite tener la más numerosa generación de jóvenes yucatecos, muchos de ellos con una escolaridad más elevada que sus padres, pues han podido asistir a las escuelas de educación técnica y a las universidades, en Mérida y en varias ciudades del interior del estado. Además, con la UADY, el Cicy, el Cinvestav, el Ciesas y otros más, se ha conformado una red de universidades (89 en el estado) y centros de investigación científica y tecnológica (24 establecidos en la entidad) suficientemente amplia para atender los retos de la Sociedad del Conocimiento, por lo menos en su etapa inicial. La identidad yucateca, ese sentido de pertenencia a una cultura y a una sociedad con sus propias características, es también una fortaleza. Le da base y sustento a la cohesión social, donde el reconocimiento al valor del pluralismo cultural -maya, mestizo, mexicano- tiene un valor central.

La sociedad yucateca ya experimentó un proceso de reconversión económica, que fue el fin de la dependencia casi absoluta de la actividad henequenera, y la consiguiente diversificación productiva. El complejo proceso de adopción de nuevas actividades económicas y de una forma diferente de organización social para la producción, reflejan la capacidad de los yucatecos para la innovación y el cambio. Esta misma sociedad ha vivido dos procesos de alternancia electoral, cuando el PRI perdió la gubernatura en 2001 y el PAN en 2007, en forma tersa, sin alteración del orden institucional, y ése es otro factor positivo a considerar.

Cuando se aproxima una elección de gobernador, se despierta el interés por conocer el nombre de la persona postulada para el cargo, en particular si representa al PRI o al PAN. Todavía poco, pero cada día con mayor intensidad, comienza a abrirse paso en el debate ciudadano la necesidad de conocer qué se proponen realizar si triunfan, más allá de disfrutar de las "mieles del poder", ellos y sus allegados. Como ha quedado patente, la matriz FODA puede ayudar a realizar el análisis y a desentrañar el misterio que acompaña a cada candidato.

La próxima: Las Debilidades de Yucatán.- Mérida, Yucatán.

viernes, 18 de noviembre de 2011

"Actúa por Yucatán", aire fresco

Dulce María Sauri Riancho

El domingo pasado sucedió un hecho inédito en la política yucateca. Un centenar de personas, en su mayoría empresarios, decidieron unirse y expresar su voz en un desplegado suscrito por ellas y publicado en los medios de comunicación locales.

Su carácter extraordinario está en la forma de intervención: abierta, clara, nombres incluidos y planteamientos precisos en sus demandas. Este grupo se decidió a dejar atrás los conciliábulos desde los cuales se intentaba influir en los asuntos colectivos, sin dar la cara abiertamente ante la sociedad, y optó por la expresión pública de sus opiniones. El mero hecho representa el inicio de una "revolución cívica" en las actitudes tradicionales del empresariado yucateco ante los asuntos político-electorales.

El manifiesto va dirigido: A la Opinión Pública, a los Partidos Políticos, a las Organizaciones Cívicas, a todos los ciudadanos. En este llamado inicial, los únicos excluidos son los gobiernos en sus tres niveles: federal, estatal, municipal, al ser éstos los principales enjuiciados.

El cuerpo del desplegado abre con una inquietante pregunta: ¿Está la sociedad yucateca condenada? La cita que lo acompaña parece afirmar que sí al consignar que: "... cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio...", significa que el abismo social está cerca de nosotros.

Pero de inmediato exhorta: ¡Despierta, ciudadano!, para evitar la caída al precipicio de la indiferencia y el cinismo. Recuerda entonces que los ciudadanos tienen la obligación de involucrarse en la búsqueda del bienestar colectivo, que este empeño no es sólo tarea del gobierno.

Hace un crudo diagnóstico de la política en México y en Yucatán, al afirmar que la sociedad está secuestrada por la dictadura de los partidos políticos y plantear el choque que se da entre los intereses del gobierno y los de la sociedad: "... Nuestras leyes contemplan dos tipos de ciudadanos: los que estamos obligados a respetarlas y los gobernantes a quienes se les permite cometer toda clase de ilícitos sin castigo alguno...". Es decir, gobernantes a los cuales no se les reconoce el principio fundamental de legitimidad, indispensable para ostentar la representación de la sociedad, que han perdido por sus acciones como funcionarios.

Hace un recordatorio de una responsabilidad fundamental de la ciudadanía frente al gobierno que se conformó mediante su voto, al reiterar la intransferible obligación de vigilar y denunciar a los malos funcionarios. Pero urge a los ciudadanos a unirse para proteger de las represalias gubernamentales a quienes se decidieron a dar la cara, y cumplir lo que a su juicio, es un deber cívico intransferible e impostergable.

Como un inicio de solución a este conjunto de problemas, los firmantes del manifiesto proponen la participación ciudadana en la vida política mediante candidatos independientes de los partidos. No obstante, se reconoce la imposibilidad legal de postularlos directamente, al no haber concluido oportunamente la reforma electoral que los contempla, por lo que será necesario recurrir a los cuestionados partidos políticos, única vía para las candidaturas en 2012.

Este grupo define su misión a partir de la promoción, el aliento y apoyo a las candidaturas ciudadanas, interesando a los mejores hombres y mujeres a participar en la contienda electoral para ganar cargos de representación popular. Atrás subyace la revisión de la posible oferta de candidatos que harán los partidos para la contienda. A este grupo ciudadano no parece animarle aspirante alguno entre los que se mencionan para las candidaturas próximas, comenzando desde luego con la del gobierno del Estado.

Al mismo tiempo, expone una exigencia dirigida a las instituciones que por su naturaleza democrática son los contrapesos de la sociedad para evitar los excesos del poder público, como Ipepac, Inaip, Comisión de Derechos Humanos: que queden, "... tal y como fueron concebidas...", bajo el control de los ciudadanos y no sujetas a la voluntad de los partidos políticos. Otra interesante toma de posición respecto a la situación actual de estos organismos.

La invitación es abierta a toda la ciudadanía, para sumar a todos los que crean que hay que retornar el poder a los ciudadanos. Un papel destacado le otorgan a la generación de propuestas, planteamientos e ideas "... que todo aquel que aspire a ser representante popular deba cumplir...", para incorporar "... sin pretextos las propuestas ciudadanas y sea la sociedad la que vigile y exija su cumplimiento...".

No faltará quien de antemano descalifique este "manifiesto cívico", como los firmantes lo nombran, aduciendo varios argumentos que van desde su identificación con algún partido político opositor al gobierno (PAN), o que todo lo que acontece se debe a la proximidad de la contienda electoral. Quizá más lejos, alguno se atreva a afirmar que actúan por cuenta y orden de la oposición política local, en su afán de descarrilar el seguro triunfo del PRI para 2012.

El tiempo y la ciudadanía yucateca dirán cuán lejos y cuán fuerte incide esta propuesta, inédita en la vida política de nuestra entidad, tal vez del país. Por lo pronto, sienta un sano precedente: no más oscuridad, rumores y maniobras para buscar influir; no más críticas soterradas, murmuradas en las salas de las casas y en los cafés. ¡Bienvenida! Ventila el ambiente y mejora, de entrada, la calidad de la competencia próxima.- Mérida, Yucatán.

viernes, 11 de noviembre de 2011

La gran diferencia entre ganar o perder

Procesos internos municipales: ¡mucho ojo!

Dulce María Sauri Riancho

En menos de ocho meses, el 1 de julio del año próximo, habrá elecciones. En Yucatán por primera vez se elegirán a todos los representantes populares: Presidente de la República, diputados, senadores, gobernador o gobernadora del Estado, diputados y ayuntamientos de los 106 municipios. Esto es: baraja política completamente nueva.

Fue en las elecciones de 2007, cuando ganó la gubernatura Ivonne Ortega, la última ocasión en que el proceso estatal estuvo separado de las elecciones federales. El Congreso del Estado en 2006, anticipándose a la determinación que habría de adoptar su homólogo federal más de un año después, definió que desde 2012 los procesos electorales local y federal se celebrarían en una misma fecha, el primer domingo de julio de cada tres años.

Estamos ante un escenario inédito, sin antecedentes que permitan pronosticar el comportamiento de los ciudadanos y de las autoridades electorales que, aunque concurrirán a las urnas y organizarán los procesos, tendrán responsabilidades separadas. Por ejemplo, ese domingo 1 de julio se instalarán ¡dos mesas de votación en cada casilla!, una por cada elección; además de los funcionarios, cada una de ellas tendrá representantes de cada partido. Esto implica un gentío sólo en lo que atañe a la instancia encargada de recoger los votos de los ciudadanos.

Claro que todo esto pudo haberse evitado si el Ipepac (Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana) hubiese suscrito un convenio con el IFE (Instituto Federal Electoral) antes del 1 de septiembre, como prevé la Ley, para que este último se hiciese cargo de organizar todo el proceso simultáneamente, sin limitarse tan sólo a proveer las listas nominales de electores para la contienda local. Pero parece que las autoridades del Ipepac no se sienten cómodas con el Consejo estatal del IFE que está formado por connotadas personalidades de trayectoria independiente de los partidos políticos y, por lo tanto, difícil de controlar.

Lo cierto es que a partir del 1 de diciembre, fecha en que comienza el proceso electoral local (el federal se inició desde el 8 de octubre), los funcionarios electorales y los partidos políticos comenzarán formalmente los trabajos para tener a punto la estructura y la organización -en el caso del Ipepac-; y los partidos, a sus candidatos y su maquinaria política.

Por influencia de los medios y por conveniencia de las "cúpulas" partidistas, hasta ahora la atención ciudadana ha estado puesta en los aspirantes a las candidaturas a la Presidencia de la República y al gobierno de Yucatán. Casi nada se ha reparado en los municipios y las pugnas políticas que de tiempo atrás mantienen los interesados en las presidencias de los ayuntamientos que también se votarán.

En los 106 municipios se vive una gran efervescencia previa a las postulaciones. Los partidos políticos con mayor presencia en el estado -PRI y PAN- tienen varios meses ocupados en la "auscultación", para tratar de reconocer a la persona -hombre o mujer- que pueda garantizarle un triunfo en las urnas. Saben bien que un error de apreciación o una imposición que elimine a un posible ganador es veneno puro que puede costarles el triunfo en el municipio y quizá en el mismo distrito electoral, cuando se trata de los ayuntamientos que "pesan" por su nutrido padrón de votantes.

En tanto, los aspirantes a presidir los ayuntamientos 2012-2015 salen casi hasta debajo de las piedras. Algunos realizan sus propios cálculos políticos: hay que intentar ser candidato a la presidencia municipal para alcanzar, al menos, una regiduría. Otros más están convencidos de que si no son postulados por su partido podrán obtener registro de otra organización política, más pequeña o débil a nivel estatal, pero con la suficiente fuerza para imponerse en el municipio si lleva un candidato o candidata de arraigo, además víctima de su partido de origen. Atrás quedaron los tiempos en que un aspirante marginado se quedaba a rumiar su desgracia, en espera de que los tres años transcurrieran rápidamente para intentarlo de nuevo.

Es una incógnita lo que sucederá con la concurrencia de las elecciones locales y federales. Se dice que si la campaña presidencial es muy fuerte y su candidato muy atractivo (como fue el caso de Fox en 2000) arrastrará al triunfo a los candidatos locales de su mismo partido, sin importar demasiado su propia influencia. Pero también hay experiencias en sentido contrario. Cuando se encadenan las malas decisiones a nivel municipal con candidaturas débiles al gobierno del Estado pueden precipitar la derrota del mismo candidato a la Presidencia de la República, al menos en ese municipio y hasta en la misma entidad federativa. Y como cada voto cuenta, como lo vimos en 2006, ya podemos imaginar la importancia de un proceso interno exitoso para postular a esos aspirantes a ganar al frente de las planillas de los 106 ayuntamientos.

En conclusión, ni el PRI ni el PAN pueden menospreciar el valor político de ningún municipio, así sea de los más pequeños. Tal vez en esas urnas esté la diferencia entre ganar o perder la gubernatura del Estado y en rendirle buenas o malas cuentas al candidato o candidata a la Presidencia de la República. ¡Mucho ojo!- Mérida, Yucatán.

jueves, 3 de noviembre de 2011

La lucha contra el Aedes

Ciudadanos culpables, autoridades omisas: ¿quién cambió?

Dulce María Sauri Riancho

Año tras año la proliferación de mosquitos acompaña a la temporada de lluvias. Algunos sólo ocasionan molestas picaduras; otros, los menos, son transmisores de graves enfermedades que afectan a los humanos.

Huelga decir que los mosquitos anopheles (portadores del paludismo) y aedes aegypti (transmisores de la citada fiebre -los silvestres- y del terrible dengue -los urbanos-) sobrevivieron con diferente intensidad en las distintas regiones tropicales del mundo y continuaron causando estragos en la salud de sus habitantes. En México, después de acabar con el paludismo en 1963, muchos años más tarde se presentaron casos aislados. No así con su primo hermano, el aedes, portador del dengue, que retornó con particular fuerza en la década de 1980.

Las campañas de erradicación del mosco transmisor del dengue (clásico y hemorrágico) han sido en los últimos 20 años un elemento fundamental para proteger la salud de los habitantes de los estados con clima "tropical", es decir, cálido y con muchas lluvias, combinación idónea para la proliferación de estos insectos. Entre 1957 y 1963, sin la infraestructura de comunicaciones y transportes de la que ahora disponemos, con instituciones de salud mucho menos fuertes y con pocos recursos económicos, el país acometió la tarea de fumigar casa por casa, en casi la mitad del territorio nacional, con el objetivo específico de eliminar desde los huevecillos hasta los adultos del mosco anopheles. Todavía recuerdo la noche que pasamos en casa de mi abuela, pues nuestro hogar había sido fumigado y no podíamos entrar antes de un día. Las letras CNEP (Campaña Nacional de Erradicación de Paludismo) marcaron la puerta de todas las casas yucatecas por un buen número de años, señal de haberse verificado la visita de las brigadas sanitarias.

Entonces y después, lo más importante eran y son las tareas de prevención. Cada vez que el gobierno baja la guardia, un rebrote nos recuerda lo fundamental que es la descacharrización oportuna, la recolección de la basura, en especial llantas usadas, y su correcta disposición. Desde la década de 1990 las camionetas blancas con sus bombas fumigadoras se volvieron parte habitual del paisaje de la madrugada citadina y la campaña para limpiar la casa y sacar la basura antes de que comenzaran las lluvias se volvió sana costumbre que descansaba en la certidumbre de que las autoridades hacían su parte.

Si durante varios lustros se estableció una especie de práctica social para protegerse del dengue; si las autoridades diseñaban las campañas y ponían los medios de motivación y coerción para hacerlas efectivas, ¿dónde y por qué se quebró la colaboración entre ciudadanos y gobierno, con las consecuencias de un peligroso repunte del número de casos de dengue y una lista de fallecimientos que parece aumentar todos los días a pesar del confuso manejo de cifras?

Para el secretario estatal de Salud todo es causa de la desidia y falta de colaboración de los meridanos, porque no manejan adecuadamente su basura, porque almacenan agua que es criadero de moscos y, además, "... hay familias que rechazan a las brigadas...". Pensará el doctor Quijano que nos gustan los piquetes de mosquitos, que no nos importa sufrir la "fiebre rompehuesos" y acabar en un hospital rebasado, donde ni siquiera hay camas suficientes para recibir a los enfermos. Sugiere el diagnóstico del doctor Quijano que las madres no se alarman cuando a sus hijos pequeños los ronda un insecto y que los hijos no vean con zozobra a sus padres ancianos, que pueden ser víctimas fatales si llegan a contagiarse.

Además del reconocimiento del dengue y sus efectos graves en la salud pública de Yucatán, habría otra preocupación que representa igual o mayor importancia para una autoridad responsable del bienestar de sus gobernados. Es el reconocimiento explícito, de un alto funcionario de la administración estatal, del alejamiento, incluso la oposición de un amplio sector de ciudadanos, de los programas del gobierno. Lo que en términos actuales se denomina gobernanza.

En cuatro años en el estado, en año y medio en Mérida, ¿será posible que los ciudadanos hayan cambiado tanto y tan rápido, que han pasado de ser colaboradores y solidarios, a despreocupados e irresponsables sobre una cuestión que atañe a su propio bienestar? Más bien parece que la transformación la han vivido las autoridades. De seguir un programa de prevención, con pasos y acciones probadas en la experiencia de muchos años, pasaron a la improvisación y a los "recortes" presupuestales que impactaron las fumigaciones oportunas. De disponer de un conjunto de funcionarios de carrera, epidemiólogos capacitados, formados en la salud pública, ahora toman decisiones que atañen a la salud de todos los yucatecos: un especialista en medicina hiperbárica, otro en enfermedades de los camarones y para acabar de redondear, una joven médica general de 27 años, recién egresada de la escuela, nombrada responsable de la Jurisdicción Sanitaria 1, la que corresponde a esta capital. La doctora desplazada de esta posición clave es una reconocida epidemióloga. A falta de una explicación institucional quedamos en libertad de imaginar las razones de su remoción y de temer lo que viene en materia de sanidad.

Es lugar común: "... con la salud no se juega...". Ni en lo individual, mucho menos en lo colectivo. Por eso, en esta materia los errores de política pública se miden en vidas humanas, perdidas, lastimadas por falta de atención y por el sufrimiento. Es un dudoso lujo que ninguna autoridad debería darse. Reconsideren, por favor.- Mérida, Yucatán.

jueves, 27 de octubre de 2011

Juicio político y ciudadano

La acusación contra la gobernadora

Dulce María Sauri Riancho

No es la primera vez que se presenta ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra un gobernador. En el caso de Yucatán, existe el antecedente de Ernesto Novelo Torres, quien gobernó entre 1942 y 1946, y más cercana en el tiempo, la demanda presentada contra Víctor Cervera Pacheco por el conflicto preelectoral de 2000. Huelga decir que ninguna procedió.

La semana pasada un grupo de siete ciudadanos acudió a esta figura que permite cuestionar el desempeño de los funcionarios de elección popular quienes de ser considerados culpables pueden ser destituidos de sus cargos e inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en la administración pública. Los impulsores del juicio político contra la gobernadora de Yucatán justificaron su demanda con cinco argumentos de violación a la Constitución: Gastos por encima del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y manipulación de los estados contables para ocultarlo; irregular manejo de los créditos contratados por el gobierno, en particular el de $1,870 millones y el dudoso cumplimiento del mandato constitucional de destinar los recursos a la "inversión productiva"; obras públicas inconclusas, a pesar de tener los recursos asignados para terminarlas. En particular destacan los casos de los hospitales de Valladolid y Tekax; falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los convenios con la Federación y el incumplimiento de las aportaciones estatales, además de la adquisición de los terrenos donde se ubica la zona arqueológica de Chichén Itzá a un precio muy por arriba del avalúo oficial; "violaciones graves a la obligación de preservar el orden público y garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos de los gobernados", por los lamentables hechos del 4 de julio en la glorieta de la colonia México.

El juicio político es una vieja institución del régimen constitucional mexicano. En su etapa reciente se han modernizado sus procedimientos para atender el carácter plural de la Cámara de Diputados y atemperar los excesos que permitían decretar la "desaparición de Poderes" en un estado casi por un "... quítame estas pajas...". Ahora, una vez ratificada la demanda -que se hizo dentro del plazo de tres días-, se deberá integrar la subcomisión de Examen Previo, con diputados de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, quienes realizan una revisión crítica de los argumentos que sostiene la acusación. Si proceden, se turna la demanda a la Comisión Instructora, responsable de emitir el dictamen que se turna al Pleno de los 500 diputados para su análisis y votación.

Si una demanda de Juicio Político culmina con la procedencia de la acusación, entonces es turnada al Senado de la República para que éste emita la sentencia correspondiente. Tratándose del gobernante de un estado, el Congreso local actúa como juez, lo que significa que puede aceptar o desechar la acusación declarada como procedente por la Cámara de Diputados federal. Como tantas cosas en transición, nos fuimos de la utilización ligera de la figura del juicio político para dirimir problemas internos del grupo gobernante, al otro extremo: para que proceda una acusación se necesita un auténtico milagro, pues tienen que concurrir los intereses políticos de la mayoría de los diputados -en este caso del PRI- y la determinación del Congreso de la entidad federativa, que sería el de Yucatán.

Para tener una idea de la escasa posibilidad de que proceda un juicio contra un gobernante del PRI en esta legislatura, basta realizar un repaso a la integración partidista de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. En todas, por ser mayoría legislativa, el PRI predomina, casi el 50%. Sin embargo, la Comisión de Gobernación es presidida por un panista (Javier Corral), la de Puntos Constitucionales por uno del PRD (Alejandro Encinas) y la de Justicia por el PRI (Humberto Benítez). La Comisión Jurisdiccional está encabezada también por el PRI (César Augusto Santiago). Excepto en la subcomisión de Examen Previo, en todas las demás claramente el PRI es mayoría, como también en el Congreso de Yucatán, que sería el que emitiría la sentencia.

El Juicio Político -para destituir e inhabilitar- y el Juicio de Procedencia -para poner a disposición de los tribunales al funcionario con fuero- son figuras jurídicas hermanas, pero diferentes. El procedimiento es el mismo -decide el Pleno de los 500 diputados-, aunque su origen y sus efectos jurídicos son distintos. Aún así, entre 1983 y 2005 sólo procedieron dos juicios para levantar el fuero constitucional y permitir la actuación de los tribunales judiciales. El primero fue contra Jorge Díaz Serrano, senador entonces y ex director de Pemex. El otro fue contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Hasta la fecha, no ha culminado juicio político alguno.

No coincido con mis compañeros legisladores del PRI en la descalificación a priori de la petición de juicio político contra la gobernadora de Yucatán y de quienes la presentaron. Independientemente de que sólo en la Comisión de Puntos Constitucionales hay dos diputados yucatecos, ambos del PRI, que serían los únicos en condiciones de formar parte de la subcomisión de Examen Previo, Considero necesario que los diputados y senadores por Yucatán estudien a profundidad y detalle los argumentos presentados por los siete ciudadanos proponentes. Si son o no simpatizantes o militantes del PAN, o simples opositores al gobierno, no es relevante. Lo que importa es que reflejan el pensamiento y la percepción de un grupo de ciudadanos yucatecos sobre la actuación de sus autoridades, que decidieron acudir a la máxima instancia de representación nacional para hacer valer sus derechos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Mujeres: igualdad, progreso, participación

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.


Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.

Mujeres: igualdad, progreso, participación

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.


Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.