miércoles, 19 de octubre de 2011

Mujeres: igualdad, progreso, participación

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.


Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.