jueves, 19 de diciembre de 2013

Reforma energética

Dulce María Sauri Riancho

Si la reforma política fue un tsunami por la extensión, la energética lo es por la profundidad de los cambios que provocará. Desde la campaña electoral en 2012 las reformas en materia de petróleo y electricidad formaron parte de la plataforma del PRI y del discurso de su candidato a la Presidencia. El propio Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 las enuncia con gran amplitud. Parecía que el Pacto entre los partidos y el gobierno había logrado, al menos, matizar la posición extrema de Acción Nacional, que exigía apertura amplia e indiscriminada a la inversión privada.

Desde el sexenio pasado se publicitó ampliamente una serie de argumentos para legitimar una reforma en materia energética. El más importante consistía en destacar la “enorme” riqueza petrolera de México, inutilizada por falta de inversión porque el Estado carecía de recursos suficientes para llevarla a cabo. El remedio era sencillo: establecer mecanismos de contratación en que participaran particulares, ya no por cuenta y orden de Pemex, sino directamente. Desde luego, se dijo, la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo sería preservada.

El presidente Peña Nieto no desveló sus cartas, sino después de que se hubo logrado el consenso para llevar adelante las reformas en Telecomunicaciones y Educación. Su iniciativa para reformar la Constitución tocaba los emblemáticos artículos 27 y 28, además del 25. El PAN aprovechó la oportunidad para condicionar sus indispensables votos a cambio de la aprobación de una amplia reforma político-electoral, a la que hicimos referencia la semana pasada. La oposición del PRD, de Morena y de López Obrador se manifestó con amplitud, y, aunque las distintas encuestas de opinión mostraban la reticencia de la sociedad mexicana a aceptar una “privatización silenciosa” del petróleo, la realidad de las calles mostró una cierta indiferencia de la ciudadanía a expresar su enojo o preocupación frente a lo que estaba por venir.

Lo anterior explica que en un tiempo récord se hubiera concluido el procedimiento legislativo en las Cámaras de Senadores (de origen) y de Diputados; haya pasado a los Congresos de los estados y, en tres días, lograra la aprobación de la mitad más una de las legislaturas, condición necesaria para que la reforma constitucional sea promulgada en la sesión de la Comisión Permanente de hoy. Una vez que haya sido publicada en el Diario Oficial comenzará a correr el plazo para elaborar y aprobar la compleja legislación secundaria; es decir, las leyes que harán posible la aplicación concreta de las determinaciones del Constituyente. Hasta entonces no podrán ser satisfechas las exigencias de plena seguridad por los inversionistas extranjeros.

Aunque ustedes no lo crean, la reforma energética desarma cualquier atisbo de protección sobre Pemex y la CFE, transformadas en “empresas productivas del Estado”. Las empresas extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras competirán con Pemex para la asignación de nuevos contratos. Es más: para conservar los actuales, la empresa mexicana tendrá que demostrar mayor eficiencia que sus competidoras. Después de años de saqueo fiscal y de debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador que se sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única preocupación es ganar. No se necesita ser profetisa para adivinar el resultado de esa lucha desigual. “… Te usé, te gasté, te tiré…”, sería un buen epitafio anticipado para la otrora empresa orgullo nacional.

El eje de las decisiones en política energética puede trasladarse de México hacia el exterior. Lo mismo sucedió en los bancos desde que en 1998 se levantó la restricción para su adquisición por parte de extranjeros. El comportamiento que priva en el sector minero es un adelanto de lo que pasará, muy probablemente, en materia de energía: gas, petróleo y electricidad incluida.

La inversión extranjera, que se prevé fluya a raudales una vez aprobada la reforma, también se pone sus moños. Desde luego, primero irá a lo más apetitoso: gasolineras y transporte; después, a lo menos rentable, como las refinerías. Cuándo, cómo y bajo qué condiciones irán a la exploración en aguas profundas, lo más riesgoso, está por verse.

Para la vida cotidiana de millones de mexicanos lo más importante es saber qué pasará con los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. La profusa publicidad gubernamental compromete una reducción sensible de los recibos de luz como efecto inmediato de la reforma recién aprobada. ¿Cómo lo harán? ¿Aumentará el subsidio a las tarifas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para librar la elección de 2015? El tema de los subsidios es como una enorme caja de color negro chapopote. ¿Y si desaparecen?

La reforma constitucional en materia energética es una puerta abierta donde no hay marcha atrás. Los intereses en torno a la misma son demasiado poderosos para que el Estado mexicano pueda imponer una rectificación o cambio de orientación, aunque éste proviniera de la consulta popular, a la que el PRD apuesta como salida de emergencia ante las circunstancias.


El 18 de marzo de 1938 una inmensa ola de emoción inundó al pueblo mexicano ante un gesto de reivindicación de la dignidad nacional por parte del presidente Cárdenas. A diferencia de entonces, la reforma del 18 de diciembre de 2013 sólo provoca entusiasmo entre las élites y los poderosos. Algo debe significar. Quién sabe…- Mérida, Yucatán.

lunes, 16 de diciembre de 2013

Reforma político-electoral

Dulce María Sauri Riancho
Ha llegado el tsunami a la Constitución. En unos cuantos días, un elevado porcentaje de los 136 artículos que la componen está sufriendo importantes cambios. El “maremoto” constitucional trae consigo dos espejismos, entendidos como “ilusión, concepto o imagen sin verdadera realidad” (RAE). El primero proviene del Senado de la República, donde se encuentra todavía en proceso la reforma energética. El otro, igual de trascendente, se desprende de la reforma político-electoral. Esta última, aprobada inicialmente en la Cámara Alta, sufrió modificaciones en la de Diputados, por lo que tuvo que regresar de nuevo para una previsible y final aceptación por parte de los senadores.

Si midiéramos sólo por cantidad, la reforma político-electoral se lleva de calle a todas las demás, incluyendo desde luego a la del petróleo. La friolera de 30 artículos constitucionales fueron modificados y, además, se aprobaron ¡22! transitorios. En el componente electoral, los cambios conllevan la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE) y de los institutos estatales, como el Ipepac, para ser sustituidos por el Instituto Nacional de Elecciones, responsable en adelante de organizar todos los procesos electorales que se celebren en el país. El INE nace con mal fario, pues todos los especialistas, sin excepción, hablan de él como si fuera un engendro de Frankenstein, construido sobre los pedazos de las instituciones electorales de la transición democrática, sin más orden y concierto que la urgencia de cumplirle al PAN su exigencia, a cambio de asegurar sus votos para la reforma energética.

Habría muchísimos temas a destacar en la parte política de esta reforma. A diferencia de su componente electoral, producto de la improvisación y la coyuntura favorable a la presión irresponsable por parte del PAN, la política proviene en buena medida de las Mesas para la Reforma del Estado, que regidas por una ley aprobada ex profeso para ello se desarrollaron entre 2007 y 2008. En esta ocasión, la cantidad de cambios ha oscurecido la transcendencia de importantes medidas del Congreso para crear nuevas instituciones. Por ejemplo, casi desapercibida ha pasado la determinación de crear la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo. Vendrá a sustituir a la PGR y nadie, desde el presidente de la República, Congreso, etcétera, podrá interferir en sus decisiones.

La reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales se ha presentado como la panacea, el remedio mágico que podrá curar de un solo tirón los vicios y defectos del Poder Legislativo en su relación con la ciudadanía. Se dice que gracias a la posibilidad de premiar o castigar con sus votos al representante popular que aspire a ser reelecto, los ciudadanos podrán ejercer efectivamente su poder, menoscabado en la actualidad por los partidos políticos. También se menciona con insistencia que la reelección consecutiva fue prohibida a principios de la década de 1930 para subyugar al Congreso por parte del Ejecutivo, encabezado entonces por personajes afines a Plutarco Elías Calles, por lo que había que restaurarles el ejercicio pleno de su soberanía. Ni uno ni otro. En esos años, la reelección de diputados y senadores había propiciado la formación de camarillas en torno a los gobernadores, muchos de ellos provenientes de los ejércitos revolucionarios y proclives todavía a imponerse por la fuerza de las armas, por lo que se decidió eliminarla.

Nada garantiza que no veamos en los próximos años una reedición de esos problemas de 80 años atrás, ahora en pleno Siglo XXI. Y la razón es sencilla: los partidos políticos (PRI y PAN, abiertamente; PRD, con cierta vergüenza) se encargaron de poner un poderoso candado para garantizar que sólo los legisladores que apruebe su dirigencia podrán ser postulados de nuevo. Si algún representante popular, por diferencias con sus líderes y cercanía con sus representados, pretende cambiar de partido para ser de nuevo postulado, no lo podrá hacer, salvo que a la mitad de su ejercicio realice el cambio, por supuesto muy difícil de satisfacer. De esta manera, los partidos reforzarán su hegemonía sobre los ciudadanos. Sólo podrán ser postulados para la reelección aquellos que los propios partidos decidan que les son fieles. Vistos en la tesitura de tener que elegir entre complacer a sus líderes o apoyar a la ciudadanía, ¿por quién creen que se definirán?

Por si no fuera poco, el riesgo de que grupos de legisladores representen intereses de facción, no de ciudadanos, es muy elevado. El fenómeno de la “telebancada” se multiplicará: bancos, grandes empresas, todos aquellos que puedan “ayudar” a la reelección de sus legisladores afines intervendrán. Ni siquiera tendrán que tomarse el trabajo de presionar cada tres o seis años, para que sus protegidos sean postulados. Podemos sonreír con incredulidad, pero el ejemplo de la Asociación del Rifle en los Estados Unidos, que ha logrado hacer imposible la prohibición de tenencia de armas en ese país, ilustra hacia dónde conducen estos caminos, aun en democracias consolidadas como la norteamericana.


Dicen que un tsunami o un terremoto pueden cambiar la inclinación del eje gravitacional de la Tierra y provocar enormes transformaciones. En este sentido, la reelección consecutiva contribuye a modificar el eje gravitacional del sistema político mexicano. ¿Estamos conscientes de sus consecuencias y preparados para enfrentarlas? Yo diría que no…- Mérida, Yucatán.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Primer año de Peña Nieto. ¿Desatar para tejer?

Dulce María Sauri Riancho

“El Congreso tiene la culpa”: tanto Fox como Calderón usaron el argumento de la mayoría opositora en el Poder Legislativo para tratar de justificar su incapacidad de llevar a cabo las transformaciones a las que se habían comprometido. Para reformar la Constitución, entonces y ahora, se necesita lo que se llama “mayoría calificada”, esto es, que dos terceras partes de los diputados y senadores, así como de los Congresos de los estados, la aprueben. Quiere decir que ningún partido, por sí mismo, puede imponerse, sino que necesita construir acuerdos con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso. No es cierto que no se haya conseguido este “número mágico” en los sexenios panistas. Por ejemplo, lo alcanzaron para introducir la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, en el sexenio de Vicente Fox, y para los trascendentales cambios sobre Derechos Humanos, en el de Felipe Calderón. En esa última administración, ya a punto de concluir, se aprobó la reforma laboral que desde inicios de la década de 2000 se había venido anunciando.

Peña Nieto inició su gobierno en condiciones similares a las de Fox y Calderón en cuanto a la oposición en el Congreso. La enorme diferencia fue el Pacto por México, suscrito por los dirigentes de los tres principales partidos: PRI, PAN, PRD, con el nuevo Ejecutivo federal. Su anuncio cayó como una fresca lluvia en el caldeado ambiente político que dificultaba la construcción de acuerdos. A este buen comienzo se sumó una lista de trece acciones a realizar en el primer año de gobierno, casi todas sólo en manos del Presidente porque no implicaban cambios a las leyes. El Pacto hizo posible la obtención de la mayoría calificada. Así se desgranaron las reformas constitucionales en materia de Educación, Telecomunicaciones y de Transparencia, varias de las cuales se habían quedado atoradas en los pasados sexenios. Sin embargo, bien se dice que “el diablo está en los detalles”. En estos casos, el atorón fuerte se está dando en el proceso de aprobación de las leyes secundarias, las que permiten transitar a las reformas constitucionales de los buenos propósitos a su cabal aplicación. En síntesis, los hilos del entramado político y social se han desamarrado y apenas comienzan a entretejerse con un nuevo diseño.

En este primer año de gobierno, Peña Nieto ha logrado mostrar eficacia política para construir acuerdos y reunir mayorías. Sacó adelante sin mayores turbulencias, la reforma financiera, de extraordinaria importancia para el funcionamiento del sistema bancario y crediticio. No le fue muy bien con el “paquete económico”, que no alcanzó la calificación de “estructural”, aunque trajo consigo a la prometedora institución de la Pensión Universal.

Pero nada es eterno, menos en la política. El mecanismo del Pacto, superada la sorpresa inicial, ha sufrido un acelerado desgaste, proveniente de la inicial segregación de los diputados y senadores. Se quedaron “sólo mirando”, para actuar como obedientes correas de transmisión de las decisiones que se tomaban fuera del recinto legislativo. Pero, a mi juicio, lo que acabó de erosionar al Pacto fueron los problemas internos de las dirigencias del PAN y del PRD, puesto que sus actuales presidentes han visto en la interlocución con el gobierno priísta su “tabla salvadora” frente a las impugnaciones de sus correligionarios. Por su parte, éstos tratan de acabar con un mecanismo que no les satisface, por razones de divergencias políticas, pero también de intereses personales.

Las aguas agitadas del primer año de gobierno continuarán en las próximas semanas. Falta ver qué sucederá en los once días que le resta al actual periodo de sesiones del Congreso. El gran pendiente del PRI y de la administración de Peña Nieto es la apertura a la inversión privada en materia petrolera. El PAN ha puesto como condición al gobierno priista que primero pase la reforma político-electoral para darle la mayoría calificada para la reforma constitucional en materia energética. Tal parece que el PRI está dispuesto a poner en riesgo la precaria estabilidad del sistema electoral con tal de lograr que parte del PAN sume sus votos para alcanzar lo que verdaderamente le importa: el petróleo.


Hasta la fecha, Peña Nieto y el PRI han sido eficaces en el corto plazo para hacer avanzar la agenda política de su interés. Se ha reformado la Constitución y se han expedido algunas leyes secundarias. Era necesario, pero de manera alguna es suficiente. Además de los largos y complicados tramos legislativos que todavía restan, falta aplicar esas reformas, observar si verdaderamente se traducen en un mejoramiento de la vida de las personas y de las familias. O si por el contrario, el afán modernizador se agotará en el proceso mismo, teniendo en mente que, al fin y al cabo, otro será el gobierno que lidie con las consecuencias de los errores y los apresurados “toma y daca” de la negociación política de estos días.- Mérida, Yucatán.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Violencia contra las mujeres. Termómetro para medir, acciones para curar

Dulce María Sauri Riancho

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La elección de la fecha no fue accidental. Hace 53 años, en la República Dominicana, tres jóvenes mujeres, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por esbirros de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo porque su activismo incomodaba a los jerarcas del régimen. La brutalidad de las ejecuciones incrementó la indignación popular contra la opresión que padecía el pueblo dominicano por más de 30 años, así que unos meses después, Trujillo fue a su vez asesinado.

Las mujeres latinoamericanas se encargaron de que este día de sangre y dolor no cayera en el olvido. En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, en 1981, se decidió impulsar al 25 de noviembre como la ocasión anual de reflexión y denuncia contra la violencia de género, aquella que sucede simplemente porque quienes la reciben son mujeres. La semilla cayó en terreno fértil, a grado tal, que en 1994 fue adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) la primera y hasta la fecha, única Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, más conocida con el nombre de la población donde se suscribió, Belem do Pará, Brasil. En 1999, la Asamblea General de la ONU estableció esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Abrir las conciencias de mujeres y hombres hacia una reflexión crítica sobre la violencia contra las primeras no fue tarea sencilla. El peso de costumbres ancestrales se hacía sentir en la concepción de que las mujeres nacieron para callar y obedecer, obviamente a los miembros masculinos de la familia o de la sociedad.

Quizá más de un lector, o lectora, esté pensando en la añeja sociedad del Siglo XIX. No es así. Algunos de los valores, tradiciones y actitudes sociales han perdurado al paso de los años, a los cambios de siglo. Las resistencias tienen que ver con la cultura que asigna papeles diferentes a las mujeres y a los hombres, en que éstos mantienen -o al menos así lo perciben todavía algunos de ellos-, el derecho a imponer su voluntad, aun por la fuerza, a las mujeres de su entorno. La violencia, a fin de cuentas, es un abuso de poder, y en el caso de las mujeres la sociedad otorgaba al hombre el derecho a corregir, incluso mediante el uso de la fuerza.

Ahora, transcurrida la primera década del Siglo XXI, contamos en México con un marco legislativo que previene, sanciona y atiende la violencia contra las mujeres. No se limita a la más ostensible, como es la violencia física (golpes, lesiones e incluso la muerte), combinada muchas veces con la violencia sexual (abuso, violación, explotación), sino que también reconoce otro tipo de violencia ejercida en su contra por su condición de género, como la emocional o afectiva, que incluye las estrategias masculinas de culpabilizar, ridiculizar y ofender, sin olvidarse de la humillación en público ante cualquier opinión o actitud que cause molestia a la parte masculina de la pareja. También ha avanzado la conciencia social sobre otras formas de opresión femenina, como controlar el dinero (especialmente importante para las mujeres que carecen de ingresos propios al ser amas de casa) o simple y llanamente, dejar de hablarle como castigo ante una supuesta ofensa.

Con mucho ingenio y creatividad, un grupo del Instituto Politécnico Nacional desarrolló un material didáctico para medir el grado de penetración de las actitudes violentas hacia las mujeres. Fue bautizado con el nombre de “Violentómetro” (http://www.genero.ipn.mx/Materiales_Didacticos/Paginas/Violentometro.aspx), a manera de una regla con escala de 30 puntos, donde se consignan actitudes y acciones que implican avasallamiento e imposición. La “temperatura” de la violencia adopta colores, en que el Amarillo -que agrupa acciones psicológicas que afectan emocionalmente a las mujeres- señala: “Ten cuidado; la Violencia Aumentará”, si no se le pone remedio; esto es, que no desaparecerá simplemente si se le ignora o se le olvida. Como cuando contraemos una infección, el riesgo de no atendernos en la primera fase estriba en entrar a la franja del Rosa, en la que los actos violentos van escalando de las palabras y las actitudes hacia la agresión física, aunque se envuelva en caricias. En esta parte aparecen los empujones y en casos extremos, bofetadas y patadas. El Morado es el color de la alerta máxima: “¡Cuidado! Tu vida está en riesgo, Necesitas Ayuda Profesional”. Siguiendo con el símil de la fiebre, es semejante cuando tenemos más de 40 grados de temperatura: hay que salir corriendo en busca de un doctor y un hospital. A la categoría Morada pertenecen: Encerrar y Aislar; Amenazar con Objetos o Armas; Amenazas de Muerte; Forzar a una Relación Sexual; Abuso Sexual; Violar; Mutilar y Asesinar.

El Centro de Justicia para Mujeres, anunciado el pasado domingo por el gobernador Zapata Bello, actuará como una institución para coadyuvar en la atención de este fenómeno que daña seriamente la convivencia social. Ser el estado “más seguro” de México entraña la grave responsabilidad de luchar en todos los frentes contra la violencia. Y uno de los más importantes es éste, el que recuerda el 25 de noviembre y el sacrificio de las hermanas Mirabal.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Sociedad y presupuesto 2014. La aceituna del coctel

Noviembre es el mes del presupuesto. Así como octubre nos dejó el aumento de los impuestos, el penúltimo mes del año trae consigo la repartición de los recursos que, se estima, serán recaudados durante 2014. La Cámara de Diputados cumplió con celeridad la aprobación del llamado “paquete económico” la semana pasada.

A Yucatán le fue bien en el reparto del gasto federal para el próximo año. Varias obras de interés estatal recibieron recursos y otras, de compromiso federal como el proyecto del tren transpeninsular, también. En breve, el gobernador Zapata mandará al Congreso sus iniciativas de Ingresos y Egresos, ya con la certidumbre de las cifras autorizadas por la Legislatura federal. En este plácido océano de optimismo, el único prietito en el arroz ha sido la pretensión no satisfecha de las organizaciones empresariales para participar en la formulación de los proyectos de presupuesto estatal para 2014. Sin embargo, tanto el requerimiento de los demandantes -las organizaciones empresariales-, como la respuesta del gobierno estatal dejan ver un lamentable olvido: la Ley de Planeación, que establece la participación de la sociedad en todo proceso planificador al través de los comités de planeación -estatal y municipal- y que incluye la propia formulación de la iniciativa de presupuesto que el gobernador envía al Congreso del Estado. ¿Cómo, entonces, se reclama lo que ya existe en la ley? La explicación más sencilla es que, aunque la obligación se encuentra establecida, tanto el Coplade como la mayoría de los órganos colectivos de consulta sólo existen y funcionan para el acto de instalación, cuando se imprime la foto correspondiente. Y después, si te vi no me acuerdo.

Es muy fácil responsabilizar al gobierno de que estas instancias de participación se queden simplemente en las páginas de los periódicos, sin incidencia alguna en la vida cotidiana y menos aún, en el mejoramiento de las funciones gubernamentales. Sin embargo, también las organizaciones de la sociedad, civiles, empresariales, tienen su parte de responsabilidad en esta omisión. Tiene que ver con la indefinición de las formas concretas de participación y, sobre todo, con los mecanismos de rendición de cuentas a sus pares, a la sociedad, sobre esta tarea que ella misma, al desempeñarse como sus representantes, les encarga.

No pretendo que los presidentes del Centro Empresarial, de la Canacintra o de la Canacome, por citar a los más activos, sean especialistas en procesos de programación-presupuestación. No obstante, es conveniente analizar lo que en otras partes del país se ha venido realizando ante la creciente exigencia social de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. Cito dos casos que pueden ayudar a encontrar el rumbo a este reclamo de participación. Me refiero a “Fundar. Centro de análisis e investigación” y al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El primero, Fundar, es un organismo de la sociedad civil que se sostiene con donativos de diversa índole, con un mandato de transparencia y acceso a la información en materia de derechos humanos y de programación y ejercicio del gasto público. Por ejemplo, ya tienen en línea (www.presupuestoabierto.mx) un análisis de lo aprobado por la Cámara de Dipu- tados que, en lenguaje claro y sencillo, permitirá conocer y dar seguimiento al presupuesto federal 2014.

El otro órgano especializado es el CEESP. Fue establecido hace 50 años para monitorear el comportamiento de la economía y del propio gobierno en estos asuntos. Funge como asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de diversas empresas de primer nivel en el país, las cuales lo financian. Cuando Fundar o el CEESP hablan, lo hacen con los “pelos de la burra” en la mano. A eso se dedican.

Cuando proporcionan documentos a los interesados, éstos saben que pueden emplearlos con toda confianza, porque son producto del análisis de especialistas en cada tema.

Volviendo a Yucatán, ¿sería demasiado pensar en la pertinencia de la formación de un centro especializado de esta naturaleza, que brindara asesoría en los temas de programación-presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto público a las organizaciones de la sociedad? Tenemos una muestra en la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, en que es posible sumar recursos de la sociedad y del gobierno con el propósito de mejorar la planeación del desarrollo de la entidad. Aunque algunas veces las opiniones del Plan Estratégico no son tomadas en cuenta, su voz orienta y, en ocasiones, obliga rectificaciones en las conductas de las autoridades.

Imagínense lo importante que sería contar con un mecanismo social efectivo de seguimiento del gasto público: cómo gasta el gobierno, a quién le asigna los contratos, si cumplen en tiempo las compañías, entre otras cosas indispensables para evaluar la acción gubernamental. Una organización capaz de digerir oportunamente la información del Inegi (los censos, las encuestas), de tal manera que sus representantes en los distintos comités de consulta o asesoría tengan suficientes datos para debatir e incluso para rebatir los planteamientos institucionales.


En el fondo se trataría de empoderar verdaderamente a los representantes de la sociedad en los consejos, los comités y comisiones que las leyes mandatan crear. Que haya capacidad para exigir su integración, pero también para impulsar su correcto funcionamiento. Quizá sea ésta la ocasión para que los representantes de la “sociedad civil” dejen de ser la aceituna del coctel, que adorna, pero que a la hora de beberlo, la hacemos a un lado.- Mérida, Yucatán.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Gobernadores: nuevos protagonistas

Dulce María Sauri. ¿Quién es la figura política más destacada de esta larga transición que vive México? No son, aunque quisieran, los partidos; tampoco el actual presidente de la República, aunque haya surgido del PRI. Las organizaciones sociales apenas se asoman con timidez a la escena pública. Para mí no hay duda: son los gobernadores.

Un breve repaso a la situación que guardan varios temas de relevancia para el gobierno de Enrique Peña Nieto permitiría detectar algunas pistas del poder sin contrapesos que han acumulado los gobernantes estatales al agotarse el viejo sistema político que nos rigió por más de 70 años. Veamos.

De las múltiples iniciativas de reforma o aprobación de nuevas leyes que el presidente Peña Nieto considera indispensables para su proyecto de gobierno, una docena de ellas se encuentran virtualmente bloqueadas por el trasiego legislativo. Entre éstas podemos apuntar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria en materia de deuda pública; las leyes y reglamentos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para ampliar las facultades del IFAI y permitir atraer casos de la esfera estatal. La Comisión Anticorrupción se ha extraviado ante las urgencias de lo cotidiano.

La legislación sobre información pública gubernamental, para moderar y matizar el gasto en publicidad y propaganda por parte de la federación, los estados y los municipios, también se ha perdido. La creación de la Gendarmería Nacional se ha postergado y la misma reforma educativa, que exigió un cambio constitucional, ha comenzado a ser “matizada” por los ejecutivos estatales en sus negociaciones con las organizaciones magisteriales.

El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores, así se llama un libro de un distinguido investigador de El Colegio de México, que pone de manifiesto los importantes cambios en la relación entre el Ejecutivo federal, su administración y los gobernadores desde finales de la década de 1980. La tensión entre los intentos de centralización del poder en la figura presidencial y las fuerzas políticas de los estados ha sido una constante en la historia reciente del país. Ni Plutarco Elías Calles, ni siquiera Lázaro Cárdenas, pudieron imponerse a los gobernadores. La influencia callista logró eliminar la reelección consecutiva de legisladores federales (se prohibió también para los locales), no para anular la autonomía del Congreso de la Unión, como muchas veces se ha mencionado, sino para evitar la conformación de bloques de diputados que sólo y exclusivamente obedecían a “su” gobernador.

Aunque ustedes lo duden, los generales Cárdenas y Ávila Camacho convivieron con una especie de Conago (que es la organización actual de los gobernadores, conformada en 2001) que, bajo el pretexto de la información y la gestión económica, permitió construir una estrategia conjunta entre gobernadores que, en aquel entonces, eran en su mayoría militares de alto rango.

Fue hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando lentamente comenzaron a modificarse las reglas del juego político en los estados. Por ejemplo, en Yucatán fue impuesto un candidato a gobernador ajeno a los grupos y los intereses locales. Tomás Marentes sólo pudo conservar el cargo quince meses, pero tras su relevo nada volvió a ser igual.

Algo similar sucedió en otras entidades del país, hasta llegar al presidencialismo de los años sesenta y setentas. El péndulo se había trasladado hacia el otro extremo: control centralizado de las decisiones, gobiernos estatales condenados a la pobreza fiscal, reforzada cuando en 1979 se promulgó la Ley de Coordinación por la cual se establecieron impuestos federales como el IVA, de los cuales cada entidad recibía -y recibe- una participación mediante fórmulas que la propia ley establece.

Como el dinero constituye la verdadera cadena de la sujeción, los cambios políticos se expresaron en nuevas reglas para distribuir el presupuesto federal. Apenas perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 se crearon fondos especiales, como el llamado “Ramo 33″, que permite a los estados y los municipios recibir directamente los recursos para la ejecución de obras y la prestación de servicios. El proceso administrativo de descentralización del gasto público descansaba en el supuesto de que en los estados se podría hacer más con menos, se podrían cuidar mejor las obras y evitar la corrupción.

La alternancia en la Presidencia de la República del año 2000 aceleró una situación que ya venía presentándose de algunos años atrás. La mayoría priista de los gobernadores perdió el último lazo que la ataba a un declinante poder presidencial. Los de otros partidos continuaron comportándose como opositores, así fuera su partido el que estuviera en el gobierno. Esta situación no hubiese sido negativa necesariamente si no estuviera acompañada por la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, ausencia de rendición de cuentas y, sobre todo, carencia de contrapesos efectivos que atemperaran excesos ante la fragilidad extrema de las instituciones estatales.

Peña Nieto construyó su candidatura a partir de sus pares, los gobernadores del PRI. ¿Qué pensará hacer frente a la “resistencia pasiva” que parecen asumir los ejecutivos estatales? ¿Tolerarla? ¿Sobrellevarla? ¿Enfrentarla? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos? Ya se metió reversa al centralizar nuevamente desde 2014 el pago a los maestros en la SEP federal; lo mismo en la adquisición de medicinas para el Seguro Popular, a cargo de la Secretaría de Salud de la Federación. Sin embargo, los excesos de los gobernadores siguen vigentes. La restauración del pasado no es posible ni es deseable. Tiene que abrirse un camino distinto, el de la transparencia, la rendición de cuentas y la efectiva sanción de quienes transgredan la ley.


Por lo pronto, ¡mucho ojo con los nuevos espejismos! Y uno de ellos es la reelección consecutiva de legisladores. Ya tienen la horca, no les demos el cuchillo.- Mérida, Yucatán.

lunes, 11 de noviembre de 2013

Reforma fiscal 2014, aprobada, en espera de sus efectos

Dulce María Sauri Riancho
Con la puntualidad de la temporada de huracanes, los vendavales de principio de sexenio una vez más azotaron las discusiones sobre el “paquete económico”. La misma tormenta política que rodeó el frustrado intento de gravar a los alimentos y medicinas del principio de Fox, que finalmente quedó en un impuesto especial a las telecomunicaciones. El ciclón del IDE (impuesto para depósitos en efectivo) y el IETU de Calderón, que se volvieron un aumento de la tasa general del IVA de 15% a 16%, además del incremento periódico del precio de las gasolinas. Ahora, en el turno de Peña Nieto, las medidas fueron desde el aumento del impuesto sobre la renta para los que más ganan, hasta la propuesta de gravar adicionalmente a los refrescos azucarados, pasando por la homologación del IVA en las fronteras, además de aplicarlo en las colegiaturas, entre otras cuestiones.

En las Cámaras legislativas se dice que una iniciativa entra como león y sale como gatito, para significar los cambios que los parlamentarios realizan al tratar de acordar entre las distintas fuerzas políticas. Este caso no fue la excepción: la propuesta inicial del presidente Peña Nieto sufrió importantes modificaciones, las más conocidas: la marcha atrás en la pretensión de gravar colegiaturas y la determinación de poner un impuesto especial a los alimentos considerados “chatarra” por su alto contenido calórico. Es decir, los sabrosos pastelitos, helados, churrumaiz y cheetos, ahora pagarán por engordar a quienes los consuman.

De nuevo, las cámaras empresariales amagan con la interposición de amparos contra las determinaciones del Congreso en materia fiscal, tal como lo hicieron contra el IDE y el IETU, por citar los más recientes. No importa que en ocasiones anteriores el Poder Judicial los haya rechazado, basándose en el artículo 31 de la Constitución que establece que todos tenemos la obligación de contribuir para los gastos públicos, “de manera proporcional y equitativa”.

Hasta aquí nos podría embargar una sensación de deja vu, como si lo que presenciamos en estos días ya lo hubiéramos vivido en ocasiones anteriores. Sin embargo, veamos las diferencias, muchas y muy sensibles, que se han mostrado en las últimas semanas. Hubo un abierto cuestionamiento a la propuesta presidencial. Sin subterfugios ni medias palabras, diversos grupos de interés se manifestaron en los medios de comunicación para expresar sus puntos de vista sobre el impuesto a los refrescos y el cambio de régimen fiscal para la industria maquiladora de exportación. Los fabricantes de pasteles y dulces, así como productos con alto contenido calórico, fueron sorprendidos por un impuesto de última hora, destinado a compensar la recaudación perdida al eliminar otros gravámenes y a poner, ahora sí, un IVA disfrazado al sector “impresentable” de los alimentos. En los estados de la frontera norte y en Quintana Roo, la medida de homologar su IVA de 11% con el 16% que pagamos los demás provocó sentimientos de preocupación y frustración por las promesas de campaña que consideraron burladas e incumplidas. Los otrora aliados de las organizaciones empresariales se expresaron con claridad y contundencia: no estaban de acuerdo con la propuesta presidencial por considerarla riesgosa para la estabilidad macroeconómica y para el empleo. Pretendieron -vanamente en la mayoría de los casos- que los legisladores la modificaran.

Una vez aprobadas las reformas fiscales tal parece que ha entrado una especie de silencio en el campo de batalla en que se habían convertido las páginas de los periódicos y algunos noticiarios de la radio. Habrá quien recuerde el viejo refrán de “palo dado, ni Dios lo quita”, lo cual implica resignación y rápido acomodo a las nuevas circunstancias. En los próximos días conoceremos las propuestas de la industria refresquera para reducir el tamaño de sus envases, aumentar sus líneas de productos de dieta endulzados con aspartame o estevia. Los pastelitos se adelgazarán, los helados se harán chiquitos, todo con tal de volver al redil de la “tasa cero”. Y si no se puede, ¡a subir los precios!

Sólo la cosecha de recaudación le dirá a Hacienda si valió la pena el “gatito” fiscal en que quedó transformado el poderoso “león” de su propuesta. Irritó a muchos; preocupó a todos. Ahora, veamos si las veladas amenazas de pérdida de competitividad para invertir en México no se traducen en la reubicación de plantas industriales ¡a los Estados Unidos! Si los anuncios para instalar otras armadoras de vehículos se hacen válidos, pero ¡en Brasil! Si las maquiladoras de exportación de la frontera norte no acaban deslocalizándose, es decir, trasladándose a otros territorios de América, en este retorno de China del cual supuestamente nuestro país podría ser el principal beneficiado. Nuestro vecino del norte se ha propuesto iniciar una nueva etapa de reindustrialización para reconducir su desarrollo económico. Nos guste o no, los norteamericanos generalmente logran lo que se proponen como sociedad. Y este “paquete económico” puede ayudarlos a ellos a abonar el camino de retorno de aquellas plantas que se habían ubicado en territorio mexicano.

Pero ¿cómo quedó la percepción de las grandes capas medias de la sociedad, aquellas que se sintieron amenazadas por el IVA en las colegiaturas, las que se asumen perjudicadas por el incremento del ISR, al ser causantes cautivos? ¿Y qué habrá pasado con los 500 grupos empresariales que utilizaban la consolidación fiscal para diferir o de plano no pagarle al fisco? ¿Habrán quedado conformes con su transformación en algo parecido, aunque un poco menos favorable? Las gasolinas seguirán subiendo periódicamente, mucho más que la propuesta inicial del presidente. Los grupos populares resentirán los efectos de las alzas en transporte, alimentos y medicinas.

En 1995, las reformas fiscales que aprobó la mayoría del PRI en el Congreso permitieron salvar la grave contingencia económica, pero electoralmente tuvieron un elevado costo para el partido. Su primer efecto se resintió en 1997, cuando perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y tres años después la Presidencia de la República. Entonces, fueron las clases medias agraviadas las que generaron las condiciones para el triunfo de Acción Nacional. Ese mismo importante segmento de la sociedad estará muy pendiente de las acciones del gobierno en los próximos meses con los recursos que habrá de recibir. Veremos si el enojo y el rechazo de ahora se transforman en apoyo una vez que logre la acción gubernamental demostrar los benéficos efectos de la reforma en el empleo y la vida de las familias mexicanas. Al tiempo…- Mérida, Yucatán.

miércoles, 30 de octubre de 2013

Tren transpeninsular. Necesidad y oportunidad

Dulce María Sauri. El tema ha estado presente en los últimos siete años. El bautizado como “tren bala” en 2007, que habría de transportar en un abrir y cerrar de ojos turistas entre Mérida y Cancún, al paso del tiempo se volvió un modesto y realista “tren rápido”, que combinara carga y pasajeros. Bajo esta concepción obtuvo el beneplácito de dos candidatos a la Presidencia de la República en 2012. El triunfo de Enrique Peña garantizó su inclusión entre las 10 obras de arranque del sexenio, lo que llevó a los funcionarios de Comunicaciones y Transportes a contactar con las recién estrenadas autoridades estatales para iniciar el proyecto del Tren Transpeninsular (TT).

Parecía la oportunidad de Yucatán para contar con otra obra de infraestructura de gran impacto, como lo fue el puerto de altura de Progreso en la década de 1980 y la autopista de cuatro carriles a Cancún, en los 90. Estos grandes proyectos, concebidos como detonantes del desarrollo, salieron adelante a pesar de múltiples dificultades, entre las cuales su financiamiento no fue la menor. Ambas tuvieron una doble característica: por una parte, satisficieron una necesidad; por otro lado, puerto y supercarretera crearon una oportunidad para nuevas actividades económicas o el fortalecimiento de las que se venían realizando en condiciones desfavorables.

Considero que esos dos criterios -satisfacción de una necesidad; creación de una oportunidad- debieran regir las reflexiones sobre el proyecto TT. Contar con un eficiente sistema ferroviario se volvió una ventaja en la etapa de expansión industrial de México. Fue, por ejemplo, la enorme ventaja de Aguascalientes que, al declinar la importancia del ferrocarril vivió un periodo de decadencia económica del que salió gracias al establecimiento de la armadora Nissan. Lejos del mar pero con buenas comunicaciones, en particular ferrocarrileras, esta entidad es ahora una de las mejor desarrolladas de México.

El ferrocarril no es una novedad para el estado de Yucatán. Desde finales del siglo XIX la geografía peninsular se vio surcada por los llamados “caminos de hierro”, tanto los de “vía ancha” como de vías decauville que facilitaron la explotación de los henequenales. Aunque esta generación lo ponga en duda, Yucatán llegó a ser al principiar el siglo XX la entidad de la república con la mayor densidad de vías férreas, en una época en que el ferrocarril lo era todo, pues no existía la comunicación aérea y el transporte automotor se encontraba en pañales. Sin embargo, todas las rutas ferroviarias excepto una -la de Peto- tenían como función principal el traslado de la fibra de henequén hasta Progreso, para ser embarcada hacia distintos puertos del mundo. Después de la segunda guerra mundial, vino el desplazamiento de las jarcias e hilos de henequén por el plástico y los ferrocarriles yucatecos comenzaron a declinar de igual manera, empujados además por la competencia de los camiones de carga que le arrebataban las pacas de henequén para trasladarlas hasta las bodegas de las cordelerías.

Durante muchos años el ferrocarril fue el medio de transporte de carga y pasajeros más importante entre Yucatán y el centro de la república. Sin embargo, en forma más acentuada que en otras partes del país, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán perdieron relevancia, se fueron minimizando. No les agobio con los datos sobre la concesión que hizo el gobierno federal del Ferrocarril Chiapas-Mayab en 1999, sumando el sistema yucateco al chiapaneco, baste señalar que -desde entonces- Yucatán perdió el “cordón de vida” que representaba el ferrocarril para su intercambio con el país y con la frontera norte.

Y aquí es donde aparece la propuesta del TT, un proyecto que desata más dudas que certezas. No hay todavía respuesta a la pregunta sobre la necesidad que pretende resolver. Los flujos de personas -trabajadores, turistas- parecen estar atendidos con los autobuses que circulan en una supercarretera que luce subutilizada. En cuanto a la carga, además del combustible en que podría sustituir a los peligrosos doblerremolques, quizá algo de material de construcción podría ser transportado en sus furgones.

Dicen las malas lenguas que en realidad el proyecto busca impulsar un nuevo puerto en la Península, Calica, con el calado del que carece Progreso, a pesar de las obras que para mejorarlo se han anunciado. Claro que diseñarlo para recibir cruceros representaría una frontal competencia con Cozumel, plataforma de atención a estos enormes hoteles flotantes. A los propios empresarios quintanarroenses del ramo turístico, algunos supuestos simplemente no les “suenan”. Se preguntan, como muchos de nosotros, ¿por qué no se atienden los rezagos en el corredor Cancún-Tulum, construyendo (¡yá!) un tren ligero y el tan anunciado aeropuerto alterno, en Tulum?


Ahora tocó al secretario del Trabajo agitar el cotarro del TT con su comentario sobre la pertinencia de la rehabilitación de la conexión ferroviaria de Yucatán con el centro del país. ¡Qué bueno será si atienden la demanda del gobernador Zapata para comenzar poniendo en condiciones lo que ya existe! En un mundo ideal, con recursos presupuestales sin límite, se podría simultáneamente: rescatar el ferrocarril a Coatzacoalcos, completar y modernizar la vía Progreso-Riviera Maya y construir el tramo Cancún-Tulum. Sin embargo, la terca realidad señala que es necesario priorizar. Y en ese escenario, ni duda cabe, modernicemos y pongamos en condición óptima la vía Progreso-Mérida-ciudad de México (PMM). La PMM primero; después, el TT.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 23 de octubre de 2013

Mentes brillantes y corazón comprometido

Dulce María Sauri Riancho

La Selección Mexicana de Fútbol, a punto de quedar fuera del Mundial de Brasil. La reforma fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, seriamente cuestionada como detonante del crecimiento económico y del empleo. Los maestros de la CNTE vuelven a bloquear vialidades en la ciudad de México. Surge el cólera en Hidalgo. Sube el precio del camión en Mérida. En medio de este ambiente, que combina crispación social y desesperanza, brillan algunas luces. El servicio de Unonoticias del viernes pasado alertaba: “… Niña de Tamaulipas, la próxima Steve Jobs: Revista Wired…”. ¡Vaya! me dije, algo bueno está pasando en un estado desgarrado por la violencia del crimen organizado. Presta a poner una inyección de optimismo en mi alicaído ánimo, me fui a revisar la nota en la prensa escrita del pasado fin de semana. Me encontré que Paloma Noyola, así se llama, había ocupado el primer lugar en la prueba Enlace aplicada a finales del ciclo escolar pasado por lo que, a juicio de los editores de la prestigiada revista, podría ser considerada dentro del grupo más prometedor para la innovación en la ciencia y la tecnología.

Paloma vive en Matamoros, ciudad a la que escuchamos nombrar con frecuencia ligada a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, pero muy poco aludida por su importancia en la industria maquiladora de exportación de México, en la que ocupa indudablemente un lugar central. Su casa se encuentra muy cerca del basurero, donde hasta hace dos años trabajaba su padre, quien falleció de cáncer de pulmón. Ella tiene que caminar dos kilómetros todos los días para tomar el microbús que la traslada a la escuela secundaria técnica donde ahora estudia. Cuando logró la hazaña de ser la estudiante más aprovechada del país en el difícil terreno de las matemáticas, terminaba su sexto de primaria. El reconocimiento nacional le había dado visibilidad ante las autoridades municipales, que le regalaron una laptop con servicio de internet y una beca de $500 mensuales para ayudar a su madre viuda con los gastos cotidianos del camión para la escuela. Parece que un solo día duró el gusto de la red wifi y el apoyo, después de cuatro meses, se interrumpió, no se sabe si porque concluyó la primaria o porque cambiaron las autoridades municipales.

De cada una de las circunstancias que rodean la vida de Paloma podríamos hablar: si las dificultades no la arredraron; del cariño de su padre que la escuchaba repasando sus lecciones, quizá sin comprenderlas; o de la madre, ahora viuda, que no ha dudado en apoyar a su hija menor para que siga estudiando, a pesar de las estrecheces y privaciones que sufre la familia.

También podríamos hacer un repaso de la actuación de las autoridades, de esa fea costumbre de la foto para el boletín del día siguiente y, después, si te vi ni me acuerdo… O de la manera como se asignan y hacen efectivas las becas a los mejores estudiantes y de la falta de seguimiento en los apoyos cuando cambian de nivel escolar, entre otras cosas. Sin embargo, amigos lectores, hay un personaje sin el cual no sería posible narrar esta historia. Invisibilizado por las nubosidades políticas que rodean a su gremio, Sergio Juárez Correa, maestro de la primaria “José Urbina López”, supo motivar a un grupo de niños a su cargo, a pesar de las difíciles condiciones materiales que los rodean, como mobiliario desvencijado, falta de material de apoyo y muchas otras carencias comunes a la mayoría de los planteles públicos del país. También el maestro Sergio se sirvió del internet para entrar y encontrar las enseñanzas de Sugata Mitra, que en vídeos de Youtube muestra la forma de abordar el aprendizaje de lo complejo, como las matemáticas, con un método dirigido a los niños en situación de desventaja.

¿Qué habrá pasado por la mente del maestro Sergio Juárez cuando decidió aplicar el “método Mitra” a sus alumnos? ¿Habrá sopesado las terribles desventajas que sufren, contrastando su condición con otros niños del mismo Matamoros o más aún, de los que viven en la vecina ciudad de Brownsville, Texas? ¿Qué lo inspiró para vencer la adversidad, a hacer a un lado las diferentes posturas acerca de la reforma educativa, que ha conducido a sus colegas a tomar las calles y a abandonar las aulas? Resiliencia es el concepto que ha acuñado la psicología para describir la capacidad de resistencia de las personas o de los grupos sociales ante situaciones de adversidad. Es como el árbol que se niega a morir a pesar de la sequía y que, año a año, entrega sus frutos.


Como Gabriel Arcángel Aldana Tun, el maestro de Abalá que aparece en el documental “De panzazo”, el profesor de Matamoros rescata lo mejor de la tradición del magisterio mexicano; de su imaginación, de su entrega y convicción sobre su papel protagónico en la vida de los pequeños a su cargo, en ese año que es el primero del resto de sus vidas. En esta ciudad de la frontera tamaulipeca hubo un encuentro entre dos mentes brillantes y un corazón comprometido, que ya cambió la vida de muchos más de dos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de octubre de 2013

A 60 años del voto femenino

Dulce María Sauri Riancho
Mañana jueves 17 de octubre se cumplen 60 años de la reforma a la Constitución que hizo posible el voto de las mujeres. Lograr este cambio fue una difícil tarea para nuestras abuelas, que tuvieron que luchar contra la incomprensión y los prejuicios por los cuales las mujeres estaban dedicadas al hogar, en tanto que los hombres eran responsables exclusivos de los asuntos públicos.

Cerremos un momento los ojos para imaginar un proceso electoral en el que solamente participaran hombres, como votantes y candidatos. Así era al iniciar el Siglo XX. Ni siquiera el gran sacudimiento que representó la Revolución mexicana, la misma que permitió acunar los grandes derechos sociales a la tierra, a la educación, al trabajo digno, dio para iniciar el largo camino hacia la igualdad, consagrando indubitablemente el derecho político fundamental de las mujeres a participar. Buenas para reinar en la casa, pero excluidas de los asuntos públicos.

En Yucatán, los dos Congresos Feministas de 1916 conminaron al Constituyente de Querétaro a reconocer ese derecho político fundamental, sin el cual no se pueden construir los demás derechos. Pero la audacia de los diputados encontró su límite en los prejuicios, que señalaban como poderoso argumento la impreparación femenina y su incapacidad para tomar determinaciones por sí mismas, sin obedecer las consignas del esposo, padre, o en casos extremos, del hijo varón y hasta del cura.

Elvia Carrillo Puerto no sucumbió a la decepción de Querétaro y del flamante nuevo orden legal. En Yucatán, ella y otras dos compañeras fueron electas diputadas al Congreso del Estado, sólo que esa Legislatura cayó en el rejuego político tras el asesinato del gobernador de Yucatán, Felipe, su hermano, por lo que la historia escrita sólo recogió migajas de lo que fue la primera participación femenina en unas elecciones en México. Elvia no cejó. En San Luis Potosí, poco tiempo después, fue candidata y ganó, pero ¡oh sorpresa!, la elección fue anulada, tal vez porque una mujer había ganado. Ella y otras más siguieron por años, que pronto se volvieron décadas, empeñadas en conseguir lo que consideraban como fundamental: votar y poder ser electas. Una decepción más se agregó en 1938, cuando la reforma se quedó en la orilla, a pesar de que el presidente Cárdenas había dado muestras sobradas de su determinación para transformar el orden prevaleciente en aras de hacer justicia. La vocación revolucionaria no alcanzó para los derechos de las mujeres.

Fue hasta 1952 cuando Adolfo Ruiz Cortines, candidato en campaña, se comprometió a impulsar el derecho de voto de las mujeres. Y cumplió. Fue la primera iniciativa que envió al Congreso de la Unión al iniciar su mandato.

Seis décadas han pasado desde entonces. Todas tenemos derecho a votar y lo ejercemos en mayor proporción que los hombres, tal vez porque nos dio mucho trabajo obtenerlo. Cientos de mujeres han sido electas en estos años como senadoras, diputadas, regidoras, presidentas municipales y unas cuantas, muy pocas, gobernadoras. Desde luego que no es suficiente, porque la desigualdad y las desventajas por su condición de género todavía son padecidas por muchas mujeres en los distintos órdenes de la vida colectiva.

Algunas experiencias recientes en Yucatán, por los malos resultados obtenidos, quizá lleven a preguntarse si vale la pena promover la participación femenina en la política. Mi respuesta es categórica: sí. Importa poco que algunas actúen con los más exacerbados defectos masculinos en un cuerpo de mujer. Las “cuotas” de candidaturas son medidas de carácter temporal, que deberán permanecer en tanto desaparecen las desventajas que hasta ahora enfrenta el género femenino. No importa que algunas de las actuales representantes tuerzan la nariz frente a la idea de fijar un porcentaje determinado de las candidaturas para mujeres porque la idea de “cuotas” devalúa, así lo piensan, sus logros.

Esta incomprensión, mezcla de ignorancia y de soberbia, no cierra el paso a la necesidad de seguir luchando para que los mecanismos legales que obligan a los partidos a incluir a las mujeres se perfeccionen. Por eso, bienvenida la toma de posición del presidente Enrique Peña Nieto, cuando en días pasados anunció su determinación de promover una reforma para que el Cofipe establezca la paridad, es decir, mitad de las candidaturas para ellas, mitad para ellos, como está integrada la sociedad. Es cierto que una ley o una reforma no cambia automáticamente la realidad. Pero también lo es que si la ley abre la puerta, es menos difícil transformar las prácticas culturales que han consagrado la desigualdad entre mujeres y hombres.

El pasado mes de marzo, el Senado de la República instituyó la Medalla “Elvia Carrillo Puerto”, destinada a honrar a aquellas mujeres que se hayan distinguido en la promoción del pleno ejercicio de los derechos que nos corresponden como seres humanos.

El Poder Legislativo honra en Elvia la lucha de muchas; el Ejecutivo lo hará al impulsar las reformas al Cofipe, pero también aumentando el número de funcionarias de primer nivel.

Ojalá que en la rebambaramba que se espera rodee la discusión de la enésima reforma electoral que se está fraguando, no suceda un “accidente” que descarrile las intenciones de ampliar los espacios de participación de las mujeres. Nosotras no éramos ariscas, pero la experiencia nos ha enseñado a leer con atención la “letra pequeña” de los asuntos políticos. Así lo haremos en los próximos días.- Mérida, Yucatán.

viernes, 11 de octubre de 2013

Adiós al federalismo

Dulce María Sauri Riancho

Desde la escuela primaria aprendemos que México es una república federal. Significa que los 31 estados han suscrito un pacto en la Constitución para mantenerse unidos, en cuanto a su régimen político y los grandes sistemas de justicia, seguridad, recaudación, entre los más importantes. Al mismo tiempo, el sistema federalista otorga a las entidades la soberanía respecto a su organización interna, lo que significa que cada una puede dictar las modalidades que su condición, tradiciones y costumbres le señalen, a través de sus congresos.

No voy a agobiar este breve comentario con reminiscencias de las cruentas luchas del pasado. El resultado es que, hasta nuestros días, en la Constitución prevalece el sistema federal, aunque en la práctica cotidiana por largos años se asemejó al sistema centralista preconizado por los derrotados conservadores. La realidad muestra que en la recaudación y el gasto predomina esta tensión permanente: somos federalistas, pero recaudamos como centralistas. Más aún: hasta finales del siglo pasado, el presupuesto público se gastaba fundamentalmente a través de los programas y las dependencias federales, en tanto que las tesorerías de los estados vivían en crónica pobreza, dependiendo de las participaciones en impuestos federales.

Cobrar no es fácil, ni administrativa ni políticamente. Por eso, a partir de los años 80 los esfuerzos de los gobernadores estuvieron encaminados a lograr que una cantidad creciente de los fondos federales fuera entregada a los estados para su aplicación. Parecía que íbamos hacia un modelo en que el gobierno federal centralizaría la recaudación -sería el cobratario mayor- en tanto que los estados serían responsables del gasto. Uno de los argumentos más poderosos para “federalizar” el gasto era la mayor capacidad de los gobiernos estatales y municipales para conocer las necesidades de la población por su cercanía.

No es de extrañar entonces que los cambios administrativos de mayor calado en esta materia se hayan realizado al calor del creciente pluralismo político y de las crisis económicas que azotaron con fuerza en 1982 y 1995. Un paso fundamental aconteció en 1997, cuando en la Cámara de Diputados, con mayoría opositora al PRI por primera vez en la historia, los legisladores aprobaron la creación del Ramo 33 del presupuesto federal, a través de cuyos fondos y programas se inició la transferencia de un importante monto de recursos para ser aplicados por los estados y los municipios.

En el papel era estupendo: que los directamente involucrados recibieran el dinero, consideraran las obras a realizar, vigilaran su ejecución y rindieran permanentes cuentas a la ciudadanía. No sucedió así. Las denuncias de malversación y desviaciones de fondos públicos han menudeado, sin que la inmensa mayoría de éstas hayan merecido la atención del aparato de justicia.

En unas cuantas semanas, los diputados estarán discutiendo el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, una vez que haya sido aprobada la Ley de Ingresos. La iniciativa del Presidente de la República contiene dos elementos que son un reconocimiento tácito del fracaso de la política de descentralización del gasto público a estados y municipios. Uno, muy importante, es volver a concentrar el pago a maestros de todo el país. El otro, no menor, tiene que ver con el Seguro Popular; las medicinas que se compran para atender a los asegurados, que son aquellos que no tienen acceso al IMSS o al Issste, dejarían de estar a cargo de los gobiernos estatales y serían concentradas en gigantescas adquisiciones, responsabilidad de las autoridades de salud federal. Atrás de estas medidas aparecen las cifras enormes de comisionados sindicales; las negociaciones salariales con montos y prestaciones muy elevadas, sólo para eliminar el problema político magisterial del radar estatal. Y en el sector salud, los escándalos sobre desviaciones y presunto peculado con la adquisición de medicamentos y equipos han azotado como un poderoso virus muchos de los sistemas estatales de todo el país. Tal parece que la administración federal renuncia, de manera implícita, a poner en funcionamiento los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que formalmente tienen todos los estados.

Esto nos lleva al frente político-electoral, donde el PAN y el PRD, firmantes del Pacto por México, exigen la realización de una reforma política previa a las demás reformas, incluidas la fiscal y la energética. Una de las piezas fundamentales de la propuesta bipartidista es la desaparición de los institutos electorales estatales (el Ipepac, en el caso de Yucatán), para ser absorbidos por un Instituto Nacional de Elecciones, responsabilizado de organizar todos los procesos locales y federales. Dicen, y quizá con razón, que los gobernadores se han apropiado de los órganos electorales locales, incluyendo sus tribunales; que no será posible mejorar la calidad de la democracia si prevalece esta situación, por lo cual proponen eliminar los órganos locales y concentrar -otra vez la palabra mágica- las responsabilidades en un órgano nacional, más difícil de cooptar por parte de los ejecutivos estatales.


Dice el refrán que hay que cuidarse de “tirar el niño con el agua sucia”. Si imaginamos al federalismo como el infante, y a la mugre como la corrupción y malos manejos que han invadido el qué hacer público, tal parece que las propuestas de centralización y concentración del gasto y de los procesos electorales erosionarán en buena medida a uno de los pilares del federalismo. Decidir y actuar por exclusión, sin combatir las causas por las que las instituciones no cumplen, sólo hará posible la reproducción de los vicios y corruptelas que supuestamente se quieren combatir, ahora a una escala mucho mayor. ¿Quién cuida al gran cuidador? Esa es la siguiente pregunta.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 2 de octubre de 2013

Renegociación y cambio de sede

Dulce María Sauri Riancho

Preguntas y polémica: con estas dos palabras podemos describir lo que sucede en torno a dos temas que concentran la atención de una parte de la opinión pública yucateca. Me refiero a la iniciativa de renegociación de la deuda del gobierno estatal y a la propuesta de reubicación del Carnaval de Mérida. Una reestructuración y consolidación de los pasivos estatales, dicen los representantes del Ejecutivo, hará más manejable el pago de intereses con cargo al erario. Una nueva sede para las carnestolendas meridanas, dicen sus promotores, hará que recupere el brillo y esplendor perdidos al paso de los años o, al menos, no dañará la principal avenida de la ciudad ni a los negocios hoteleros y turísticos que funcionan en su entorno.

Creo que ni una ni otra propuesta abordan los problemas de fondo, por lo que considero que este debate brinda también la oportunidad de realizar una reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos ser, más allá del análisis crítico de las medidas que se proponen. Veamos por partes.

Renegociar con los bancos comerciales mejores condiciones para la deuda pública estatal es, a todas luces, una medida atinada. Entre los beneficios tangibles estaría “lanzar” (así se dice en el argot) los compromisos financieros a 20 ó más años. A corto plazo, el gobierno quedaría en posibilidad de cumplir sus compromisos presupuestales y, tal vez, sólo tal vez, hasta podría disponer de un excedente para dedicar a la inversión productiva y al desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, no se puede dejar de pensar en el largo plazo, puesto que la capacidad de endeudamiento gubernamental en el futuro se vería limitada. Claro que, como decía John Maynard Keynes cuando se refería a este dilatado horizonte temporal: para entonces todos estaremos muertos. Pero entonces como ahora, habrá gobierno que requerirá hacer frente a las necesidades y demandas de la población.

El tema central del debate sobre la deuda estatal ha sido y sigue siendo la insuficiente y poco satisfactoria información sobre el destino de los recursos que se contratan. ¿Por qué fue necesario endeudarse, con qué monto? ¿Cuáles fueron los proyectos que se financiaron con esos recursos? ¿Qué correctivos se han aplicado para no incurrir en déficit y endeudamiento? Una precisión más, ¿a cuánto asciende la deuda consolidada del gobierno del estado? En esta cifra se deberían incluir los adeudos del Issstey, el crédito del BID para la remodelación del centro de Mérida, entre otros, que la opinión pública yucateca conoce sólo por reportajes periodísticos.

Otro tanto pasa con el Carnaval de Mérida. Las voces de quienes promueven su exilio hasta Xmatkuil señalan que no es una fiesta atractiva para el turismo; que los visitantes, si llegan, lo que encuentran es una gigantesca cantina que funciona durante cinco días en el corazón de la capital del estado. ¿Se trata entonces sólo de cambiar su ubicación para que las “buenas conciencias” no vean ni registren los lamentables espectáculos producto del exceso de bebidas etílicas? No sólo es la cuestión de la localización o el derrotero de los desfiles de carnaval lo que debe analizarse, sino las razones que han conducido a que una fiesta popular, de gran tradición para quienes vivimos en Mérida, se haya vuelto motivo de agravio y perjuicio para un sector de la ciudadanía. Que sigan bebiendo, pero ya no en Montejo. Que sigan las bocinas reproduciendo a volúmenes altísimos la música, siempre que no hieran los oídos de los vecinos y de los turistas alojados en los hoteles de la principal arteria citadina. ¿De eso se trata? Si el Carnaval es una celebración insatisfactoria para un sector de la sociedad, en el que parecen estar incluidas algunas autoridades, tanto estatales como municipales, ¿por qué no discutir un replanteamiento a fondo de las carnestolendas de Mérida? ¿Qué se hizo o dejó de hacer para que la sana diversión haya perdido prioridad frente a los intereses de las empresas cerveceras? ¿Cómo volverla atractiva para propios y visitantes? Quizá el problema de la concentración en el Paseo de Montejo, en calles del centro y el norte de la ciudad podría resolverse si se distribuyeran los puntos de atracción entre los barrios y las colonias de Mérida, conservando exclusivamente el desfile en su derrotero tradicional, en tanto que los innumerables puestos de venta podrían ser trasladados hacia los parques, a su vez transformados en sede de bailes y espectáculos para solaz de vecinos y visitantes. Éstas y otras muchas ideas podrían surgir de un debate informado, de cara a la ciudadanía. Momo puede ser expulsado del corazón de la ciudad. Lastimado y discriminado, condenado al destierro (¿al entierro, tal vez?) en Xmatkuil, sería manifestación fehaciente de que los intereses de la ciudad perdieron ante el poder de las cervecerías. ¿No es para impedir ese trastrocamiento de intereses que está el gobierno de la ciudad?


La renegociación de la deuda es buena; el Carnaval, también. Pero una y otro no pueden cumplir su función si no se revisa en serio y a fondo el origen de sus problemas. Si no es así, se tomarán medidas para paliar, nunca para sanar y mucho menos para fortalecer las finanzas públicas en un caso, y a una fiesta popular con una profunda raigambre social en el otro.- Mérida, Yucatán.