Reforma energética
Dulce María Sauri
Riancho
Si
la reforma política fue un tsunami por la extensión, la energética lo es por la
profundidad de los cambios que provocará. Desde la campaña electoral en 2012
las reformas en materia de petróleo y electricidad formaron parte de la
plataforma del PRI y del discurso de su candidato a la Presidencia. El propio
Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 las enuncia con gran amplitud. Parecía
que el Pacto entre los partidos y el gobierno había logrado, al menos, matizar
la posición extrema de Acción Nacional, que exigía apertura amplia e
indiscriminada a la inversión privada.
Desde
el sexenio pasado se publicitó ampliamente una serie de argumentos para
legitimar una reforma en materia energética. El más importante consistía en
destacar la “enorme” riqueza petrolera de México, inutilizada por falta de
inversión porque el Estado carecía de recursos suficientes para llevarla a
cabo. El remedio era sencillo: establecer mecanismos de contratación en que
participaran particulares, ya no por cuenta y orden de Pemex, sino directamente.
Desde luego, se dijo, la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo
sería preservada.
El
presidente Peña Nieto no desveló sus cartas, sino después de que se hubo
logrado el consenso para llevar adelante las reformas en Telecomunicaciones y
Educación. Su iniciativa para reformar la Constitución tocaba los emblemáticos
artículos 27 y 28, además del 25. El PAN aprovechó la oportunidad para
condicionar sus indispensables votos a cambio de la aprobación de una amplia
reforma político-electoral, a la que hicimos referencia la semana pasada. La
oposición del PRD, de Morena y de López Obrador se manifestó con amplitud, y,
aunque las distintas encuestas de opinión mostraban la reticencia de la
sociedad mexicana a aceptar una “privatización silenciosa” del petróleo, la
realidad de las calles mostró una cierta indiferencia de la ciudadanía a
expresar su enojo o preocupación frente a lo que estaba por venir.
Lo
anterior explica que en un tiempo récord se hubiera concluido el procedimiento
legislativo en las Cámaras de Senadores (de origen) y de Diputados; haya pasado
a los Congresos de los estados y, en tres días, lograra la aprobación de la
mitad más una de las legislaturas, condición necesaria para que la reforma
constitucional sea promulgada en la sesión de la Comisión Permanente de hoy.
Una vez que haya sido publicada en el Diario Oficial comenzará a correr el
plazo para elaborar y aprobar la compleja legislación secundaria; es decir, las
leyes que harán posible la aplicación concreta de las determinaciones del
Constituyente. Hasta entonces no podrán ser satisfechas las exigencias de plena
seguridad por los inversionistas extranjeros.
Aunque
ustedes no lo crean, la reforma energética desarma cualquier atisbo de
protección sobre Pemex y la CFE, transformadas en “empresas productivas del
Estado”. Las empresas extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras
competirán con Pemex para la asignación de nuevos contratos. Es más: para
conservar los actuales, la empresa mexicana tendrá que demostrar mayor
eficiencia que sus competidoras. Después de años de saqueo fiscal y de
debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador
que se sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única
preocupación es ganar. No se necesita ser profetisa para adivinar el resultado
de esa lucha desigual. “… Te usé, te gasté, te tiré…”, sería un buen epitafio
anticipado para la otrora empresa orgullo nacional.
El
eje de las decisiones en política energética puede trasladarse de México hacia
el exterior. Lo mismo sucedió en los bancos desde que en 1998 se levantó la
restricción para su adquisición por parte de extranjeros. El comportamiento que
priva en el sector minero es un adelanto de lo que pasará, muy probablemente,
en materia de energía: gas, petróleo y electricidad incluida.
La
inversión extranjera, que se prevé fluya a raudales una vez aprobada la
reforma, también se pone sus moños. Desde luego, primero irá a lo más
apetitoso: gasolineras y transporte; después, a lo menos rentable, como las
refinerías. Cuándo, cómo y bajo qué condiciones irán a la exploración en aguas
profundas, lo más riesgoso, está por verse.
Para
la vida cotidiana de millones de mexicanos lo más importante es saber qué
pasará con los precios de la gasolina, el gas y la electricidad. La profusa
publicidad gubernamental compromete una reducción sensible de los recibos de
luz como efecto inmediato de la reforma recién aprobada. ¿Cómo lo harán?
¿Aumentará el subsidio a las tarifas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Para librar la elección
de 2015? El tema de los subsidios es como una enorme caja de color negro
chapopote. ¿Y si desaparecen?
La
reforma constitucional en materia energética es una puerta abierta donde no hay
marcha atrás. Los intereses en torno a la misma son demasiado poderosos para
que el Estado mexicano pueda imponer una rectificación o cambio de orientación,
aunque éste proviniera de la consulta popular, a la que el PRD apuesta como
salida de emergencia ante las circunstancias.
El
18 de marzo de 1938 una inmensa ola de emoción inundó al pueblo mexicano ante
un gesto de reivindicación de la dignidad nacional por parte del presidente
Cárdenas. A diferencia de entonces, la reforma del 18 de diciembre de 2013 sólo
provoca entusiasmo entre las élites y los poderosos. Algo debe significar.
Quién sabe…- Mérida, Yucatán.