viernes, 15 de noviembre de 2013

Gobernadores: nuevos protagonistas

Dulce María Sauri. ¿Quién es la figura política más destacada de esta larga transición que vive México? No son, aunque quisieran, los partidos; tampoco el actual presidente de la República, aunque haya surgido del PRI. Las organizaciones sociales apenas se asoman con timidez a la escena pública. Para mí no hay duda: son los gobernadores.

Un breve repaso a la situación que guardan varios temas de relevancia para el gobierno de Enrique Peña Nieto permitiría detectar algunas pistas del poder sin contrapesos que han acumulado los gobernantes estatales al agotarse el viejo sistema político que nos rigió por más de 70 años. Veamos.

De las múltiples iniciativas de reforma o aprobación de nuevas leyes que el presidente Peña Nieto considera indispensables para su proyecto de gobierno, una docena de ellas se encuentran virtualmente bloqueadas por el trasiego legislativo. Entre éstas podemos apuntar las reformas a la Ley de Responsabilidad Hacendaria en materia de deuda pública; las leyes y reglamentos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, para ampliar las facultades del IFAI y permitir atraer casos de la esfera estatal. La Comisión Anticorrupción se ha extraviado ante las urgencias de lo cotidiano.

La legislación sobre información pública gubernamental, para moderar y matizar el gasto en publicidad y propaganda por parte de la federación, los estados y los municipios, también se ha perdido. La creación de la Gendarmería Nacional se ha postergado y la misma reforma educativa, que exigió un cambio constitucional, ha comenzado a ser “matizada” por los ejecutivos estatales en sus negociaciones con las organizaciones magisteriales.

El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores, así se llama un libro de un distinguido investigador de El Colegio de México, que pone de manifiesto los importantes cambios en la relación entre el Ejecutivo federal, su administración y los gobernadores desde finales de la década de 1980. La tensión entre los intentos de centralización del poder en la figura presidencial y las fuerzas políticas de los estados ha sido una constante en la historia reciente del país. Ni Plutarco Elías Calles, ni siquiera Lázaro Cárdenas, pudieron imponerse a los gobernadores. La influencia callista logró eliminar la reelección consecutiva de legisladores federales (se prohibió también para los locales), no para anular la autonomía del Congreso de la Unión, como muchas veces se ha mencionado, sino para evitar la conformación de bloques de diputados que sólo y exclusivamente obedecían a “su” gobernador.

Aunque ustedes lo duden, los generales Cárdenas y Ávila Camacho convivieron con una especie de Conago (que es la organización actual de los gobernadores, conformada en 2001) que, bajo el pretexto de la información y la gestión económica, permitió construir una estrategia conjunta entre gobernadores que, en aquel entonces, eran en su mayoría militares de alto rango.

Fue hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando lentamente comenzaron a modificarse las reglas del juego político en los estados. Por ejemplo, en Yucatán fue impuesto un candidato a gobernador ajeno a los grupos y los intereses locales. Tomás Marentes sólo pudo conservar el cargo quince meses, pero tras su relevo nada volvió a ser igual.

Algo similar sucedió en otras entidades del país, hasta llegar al presidencialismo de los años sesenta y setentas. El péndulo se había trasladado hacia el otro extremo: control centralizado de las decisiones, gobiernos estatales condenados a la pobreza fiscal, reforzada cuando en 1979 se promulgó la Ley de Coordinación por la cual se establecieron impuestos federales como el IVA, de los cuales cada entidad recibía -y recibe- una participación mediante fórmulas que la propia ley establece.

Como el dinero constituye la verdadera cadena de la sujeción, los cambios políticos se expresaron en nuevas reglas para distribuir el presupuesto federal. Apenas perdió el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 se crearon fondos especiales, como el llamado “Ramo 33″, que permite a los estados y los municipios recibir directamente los recursos para la ejecución de obras y la prestación de servicios. El proceso administrativo de descentralización del gasto público descansaba en el supuesto de que en los estados se podría hacer más con menos, se podrían cuidar mejor las obras y evitar la corrupción.

La alternancia en la Presidencia de la República del año 2000 aceleró una situación que ya venía presentándose de algunos años atrás. La mayoría priista de los gobernadores perdió el último lazo que la ataba a un declinante poder presidencial. Los de otros partidos continuaron comportándose como opositores, así fuera su partido el que estuviera en el gobierno. Esta situación no hubiese sido negativa necesariamente si no estuviera acompañada por la falta de transparencia en el ejercicio del gasto, ausencia de rendición de cuentas y, sobre todo, carencia de contrapesos efectivos que atemperaran excesos ante la fragilidad extrema de las instituciones estatales.

Peña Nieto construyó su candidatura a partir de sus pares, los gobernadores del PRI. ¿Qué pensará hacer frente a la “resistencia pasiva” que parecen asumir los ejecutivos estatales? ¿Tolerarla? ¿Sobrellevarla? ¿Enfrentarla? ¿Sí? ¿Con qué instrumentos? Ya se metió reversa al centralizar nuevamente desde 2014 el pago a los maestros en la SEP federal; lo mismo en la adquisición de medicinas para el Seguro Popular, a cargo de la Secretaría de Salud de la Federación. Sin embargo, los excesos de los gobernadores siguen vigentes. La restauración del pasado no es posible ni es deseable. Tiene que abrirse un camino distinto, el de la transparencia, la rendición de cuentas y la efectiva sanción de quienes transgredan la ley.


Por lo pronto, ¡mucho ojo con los nuevos espejismos! Y uno de ellos es la reelección consecutiva de legisladores. Ya tienen la horca, no les demos el cuchillo.- Mérida, Yucatán.