miércoles, 20 de noviembre de 2013

Sociedad y presupuesto 2014. La aceituna del coctel

Noviembre es el mes del presupuesto. Así como octubre nos dejó el aumento de los impuestos, el penúltimo mes del año trae consigo la repartición de los recursos que, se estima, serán recaudados durante 2014. La Cámara de Diputados cumplió con celeridad la aprobación del llamado “paquete económico” la semana pasada.

A Yucatán le fue bien en el reparto del gasto federal para el próximo año. Varias obras de interés estatal recibieron recursos y otras, de compromiso federal como el proyecto del tren transpeninsular, también. En breve, el gobernador Zapata mandará al Congreso sus iniciativas de Ingresos y Egresos, ya con la certidumbre de las cifras autorizadas por la Legislatura federal. En este plácido océano de optimismo, el único prietito en el arroz ha sido la pretensión no satisfecha de las organizaciones empresariales para participar en la formulación de los proyectos de presupuesto estatal para 2014. Sin embargo, tanto el requerimiento de los demandantes -las organizaciones empresariales-, como la respuesta del gobierno estatal dejan ver un lamentable olvido: la Ley de Planeación, que establece la participación de la sociedad en todo proceso planificador al través de los comités de planeación -estatal y municipal- y que incluye la propia formulación de la iniciativa de presupuesto que el gobernador envía al Congreso del Estado. ¿Cómo, entonces, se reclama lo que ya existe en la ley? La explicación más sencilla es que, aunque la obligación se encuentra establecida, tanto el Coplade como la mayoría de los órganos colectivos de consulta sólo existen y funcionan para el acto de instalación, cuando se imprime la foto correspondiente. Y después, si te vi no me acuerdo.

Es muy fácil responsabilizar al gobierno de que estas instancias de participación se queden simplemente en las páginas de los periódicos, sin incidencia alguna en la vida cotidiana y menos aún, en el mejoramiento de las funciones gubernamentales. Sin embargo, también las organizaciones de la sociedad, civiles, empresariales, tienen su parte de responsabilidad en esta omisión. Tiene que ver con la indefinición de las formas concretas de participación y, sobre todo, con los mecanismos de rendición de cuentas a sus pares, a la sociedad, sobre esta tarea que ella misma, al desempeñarse como sus representantes, les encarga.

No pretendo que los presidentes del Centro Empresarial, de la Canacintra o de la Canacome, por citar a los más activos, sean especialistas en procesos de programación-presupuestación. No obstante, es conveniente analizar lo que en otras partes del país se ha venido realizando ante la creciente exigencia social de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno. Cito dos casos que pueden ayudar a encontrar el rumbo a este reclamo de participación. Me refiero a “Fundar. Centro de análisis e investigación” y al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El primero, Fundar, es un organismo de la sociedad civil que se sostiene con donativos de diversa índole, con un mandato de transparencia y acceso a la información en materia de derechos humanos y de programación y ejercicio del gasto público. Por ejemplo, ya tienen en línea (www.presupuestoabierto.mx) un análisis de lo aprobado por la Cámara de Dipu- tados que, en lenguaje claro y sencillo, permitirá conocer y dar seguimiento al presupuesto federal 2014.

El otro órgano especializado es el CEESP. Fue establecido hace 50 años para monitorear el comportamiento de la economía y del propio gobierno en estos asuntos. Funge como asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de diversas empresas de primer nivel en el país, las cuales lo financian. Cuando Fundar o el CEESP hablan, lo hacen con los “pelos de la burra” en la mano. A eso se dedican.

Cuando proporcionan documentos a los interesados, éstos saben que pueden emplearlos con toda confianza, porque son producto del análisis de especialistas en cada tema.

Volviendo a Yucatán, ¿sería demasiado pensar en la pertinencia de la formación de un centro especializado de esta naturaleza, que brindara asesoría en los temas de programación-presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto público a las organizaciones de la sociedad? Tenemos una muestra en la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, en que es posible sumar recursos de la sociedad y del gobierno con el propósito de mejorar la planeación del desarrollo de la entidad. Aunque algunas veces las opiniones del Plan Estratégico no son tomadas en cuenta, su voz orienta y, en ocasiones, obliga rectificaciones en las conductas de las autoridades.

Imagínense lo importante que sería contar con un mecanismo social efectivo de seguimiento del gasto público: cómo gasta el gobierno, a quién le asigna los contratos, si cumplen en tiempo las compañías, entre otras cosas indispensables para evaluar la acción gubernamental. Una organización capaz de digerir oportunamente la información del Inegi (los censos, las encuestas), de tal manera que sus representantes en los distintos comités de consulta o asesoría tengan suficientes datos para debatir e incluso para rebatir los planteamientos institucionales.


En el fondo se trataría de empoderar verdaderamente a los representantes de la sociedad en los consejos, los comités y comisiones que las leyes mandatan crear. Que haya capacidad para exigir su integración, pero también para impulsar su correcto funcionamiento. Quizá sea ésta la ocasión para que los representantes de la “sociedad civil” dejen de ser la aceituna del coctel, que adorna, pero que a la hora de beberlo, la hacemos a un lado.- Mérida, Yucatán.