miércoles, 27 de abril de 2016

Fumar cannabis. No, muchas gracias.

Dulce María Sauri Riancho
El presidente Enrique Peña Nieto anunció en Naciones Unidas el fin de una política prohibicionista respecto a las drogas y un giro hacia la consideración de la farmacodependencia como enfermedad, no delito. Todo sucedió hace apenas una semana. Confieso que me emocioné. ¡Al fin —me dije— habrá una reconsideración de algo que manifiestamente no ha funcionado! Más cuando dijo que se trataba de promover un nuevo paradigma en el tema. De inmediato me imaginé el anuncio de una nueva estrategia para regresar la tranquilidad perdida en extensas regiones como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. Pensé en un retorno paulatino de las fuerzas armadas a sus cuarteles, de donde sólo salieran, como antes, para aplicar el Plan DN-3 en auxilio a la población en casos de desastre. Sumé los dólares que recuperarían las autoridades mexicanas al quitarle a los capos de la droga sus ganancias ilícitas, tal como lo han hecho en Estados Unidos, con cientos de millones de billetes verdes que han servido para reducir las largas condenas que enfrentan allá los extraditados.

Dicen que cada quien ve y oye lo que desea, no necesariamente lo que es. Debí haberme supuesto que cuando el Presidente habló en la ONU de abandonar la criminalización del consumo de la droga se iba a referir exclusivamente a la mariguana. Estaba el antecedente de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió un amparo a cuatro personas que pretendían cultivarla y fumarla para su recreación. Además, la oportuna reconsideración del uso de esta yerba para fines terapéuticos, como en el caso de la niña Grace y su rara enfermedad epiléptica, cuyas convulsiones sólo podían ser moderadas tomando un derivado de la cannabis prohibida. Estos dos sucesos motivaron un llamado de las autoridades a la realización de una serie de foros donde se discutió sobre las distintas opciones para modificar ese enfoque prohibicionista. Todo esto sucedió antes de la visita a la ONU de la semana pasada.
Foto: SDPnoticias
Peña Nieto cumplió y presentó el jueves pasado una propuesta para reformar la Ley General de Salud y el Código Penal con el propósito de incrementar hasta 28 gramos (dos onzas) la posesión legal de mariguana, que ahora es sólo de cinco gramos. El equivalente a dos cajetillas de cigarrillos de tabaco podrán estar en posesión de quienes deseen fumar marihuana, eso sí, para su consumo personal, si es aprobada la iniciativa presidencial. No sé si es mucho o poco, para efectos prácticos, implicará la salida de la cárcel de miles de personas procesadas y sentenciadas por cantidades menores a la mágica cifra de 28 gramos. Respecto a la investigación y su uso como medicamento, se haría legal lo que las abuelas empleaban años atrás: una frotada de alcohol con hojas de mariguana maceradas para aliviar el dolor de músculos o huesos.

Coincido con la apuesta presidencial por la información hacia la sociedad, especialmente niños y jóvenes, sobre los riesgos y potenciales daños que provoca el consumo de la mariguana. Nada hay más poderoso que un “No, gracias”, cuando alguien, por las razones que sean, nos ofrece sustancias que sabemos que nos pueden ocasionar daños de algún tipo. Sucede con el alcohol, con el tabaco, socialmente permitidos pero, como ahora sabemos, con terribles consecuencias a largo plazo sobre el hígado y los pulmones, cuando menos. A pesar de todas estas consideraciones, el tabaco es legal igual que las bebidas alcohólicas, comenzando por la cerveza y el vino.

La mariguana puede ser a las drogas psicotrópicas lo que la cerveza fue para las bebidas alcohólicas. Nadie se vuelve borracho por ingerir caguamas, aunque puede preparar a algunas personas para escalar hacia otras bebidas que ocasionan daños a la salud y al comportamiento social de las personas. Estamos de acuerdo con que los menores de edad no puedan comprar cigarros ni bebidas alcohólicas. Lo mismo, seguramente, sucedería con la mariguana. La mayor duda sobre su consumo es si después de fumarla se hace más fácil o necesario ingerir otras drogas, las “duras” y nefastas, como anfetaminas, cocaína, heroína, etcétera.

Hay muchas preguntas aún abiertas en torno a la liberalización del consumo de la yerba inmortalizada en la canción revolucionaria de “La Cucaracha”. Si se legaliza en cierta cantidad, ¿dónde y quiénes la van a cultivar: sembrar, cosechar, preparar? ¿En casas con modernas instalaciones, como las encontradas recientemente en Mérida, o en las parcelas ejidales del Sur? No hay noticias de que se vaya a levantar un padrón de productores de mariguana, con cantidades autorizadas y supervisadas para poderse adquirir. Tampoco hay respuestas sobre el sitio de producción y adquisición de los medicamentos, asumo que, al igual que otros, con receta. ¿Tendrán los laboratorios mexicanos la posibilidad de producir y comercializar las drogas con base en cannabis? ¿O toda —otra vez— tendrá que importarse de los Estados Unidos? No hay que olvidar que la mitad de los estados del vecino país del Norte ya han autorizado el cultivo y la venta de mariguana, además de su consumo.


Tomando de la botella de mi optimismo, espero que la legalización del consumo de 28 gramos de mariguana sea el primer paso para enmendar el camino e iniciar un difícil viraje en la estrategia de combate a las drogas que ha ensangrentado al país, sumido en la desesperación a millones de familias y, que a todas luces, ha resultado ineficaz.— Mérida, Yucatán.

jueves, 21 de abril de 2016

Centro peatonal. Otra vez llega al debate público

Con cierta regularidad se abre paso el debate sobre el cierre del centro de Mérida a la circulación de vehículos para transformarlo en área peatonal. Fue Herbé Rodríguez Abraham en su gestión como alcalde en 1985 quien lanzó la primera propuesta, que recibió un rechazo casi generalizado del comercio organizado, con excepción —como ayer mismo nos recordó— de Jorge Torre Loría, dirigente del gremio turístico.

El paso de los días apagó el interés de las autoridades y la beligerancia de los comerciantes.

El centro continuó como sede del comercio menudista, dedicado a la población de menores ingresos, mientras algunos establecimientos departamentales decidieron poner sucursales en las nuevas plazas construidas al norte de la ciudad y lentamente dejaron “morir” a sus tiendas del centro. Por su parte, las autoridades sometieron a prueba el cierre temporal al tránsito vehicular de ciertas áreas, como la 62, frente al Palacio Municipal, para la realización de los festivales de jarana de los lunes, o el “Mérida en Domingo”, que sumó después a la Bici-Ruta.
En las noches de los fines de semana es posible encontrar cerrada la calle 60 hasta Santa Lucía y las Noches Blancas nos han enseñado a recuperar el encanto perdido de los traslados por el centro de la ciudad, dejando a un lado las angostas aceras y el amenazante paso de los autobuses urbanos.

Otra vez resurge la propuesta de clausurar el tránsito vehicular en el corazón de la capital del estado.

El detonante inédito fue la necesidad de reducir la contaminación que se sufre en el área, por la concentración de gases procedentes de los vehículos que recorren lentamente las calles congestionadas.

Una vez más la Cámara de Comercio puso el piloto automático de su rechazo, aunque ahora su joven dirigente abrió una grieta en la coraza para aceptar discutir al menos una propuesta suficientemente fundada.

En el otro extremo, el presidente de una asociación dedicada a la restauración y conservación del patrimonio se manifestó abiertamente a favor. El director del Plan Estratégico de Mérida —¿existe todavía?— recordó que el centro de Mérida es “muy dinámico, muy vivo, parte del atractivo de la zona”.

La Coparmex y el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos) plantearon que la propuesta debe analizarse como parte de un proyecto integral, bien planeado, no sólo como prohibición permanente de la circulación de vehículos en el primer cuadro de la ciudad.

Coincido. El cierre de un área del centro histórico de Mérida tiene que responder a un plan general de movilidad en una amplia zona cuyo eje es la Plaza Grande.

En dos grandes círculos concéntricos, San Juan, al sur; Santa Ana, al norte; Mejorada, al oriente y Santiago, al poniente, marcan un primer límite. La periferia del centro estaría marcada por dos importantes concentraciones de actividades de residentes y visitantes de Mérida.

Me refiero al mercado “Lucas de Gálvez” y al Centro Internacional de Congresos de Yucatán, actualmente en construcción entre las avenidas Cupules y Colón y la calle 62.

Los anuncios de futuros hoteles que se sumarán a los existentes en esa estrecha franja entre Montejo y Reforma auguran un verdadero infierno de tránsito vehicular en esa zona, al sumarse el flujo estimado de personas que atraerá la flamante unidad de congresos.

¿Qué pasará con la concentración de instalaciones artísticas y culturales: Peón Contreras, teatros Daniel Ayala, Felipe Carrillo Puerto, Armando Manzanero, Auditorio Cepeda Peraza, unidad cultural de la Uady en el actual edificio central y el magno proyecto en construcción, el Palacio de la Música? ¿Cómo se vincularán desde la perspectiva de la movilidad estas instalaciones con las obras del Paseo de Montejo y los nuevos hoteles del área?

Los funcionarios estatales y del Ayuntamiento autorizaron, y siguen haciéndolo, la construcción de edificios en el área de influencia del centro histórico de Mérida. Ni una palabra todavía respecto a un programa de movilidad, que adquiere rango de emergencia ante la situación que se presentará, cuando mucho, a la vuelta de dos años.

No todo es turismo y visitantes en el centro de la ciudad.

Su más intensa vida proviene de los miles de yucatecos no sólo meridanos, que a diario lo recorren para tomar autobuses, para hacer la transferencia de rutas porque casi todas confluyen en el centro.

Son los que no tienen auto quienes sufren las deficiencias del transporte público, los que resultan atropellados cuando las estrechas aceras son insuficientes para protegerlos del paso de vehículos que saturan sus calles.

La seguridad y los escudos deben ser también para ellos.

Recientemente, a una amiga de la familia que esperaba su camión en la calle 58, un conductor acelerado pasó su unidad sobre los dedos de su pie. Fotografías de la prensa, con ella tirada en la calle, fueron publicadas al día siguiente, pero las cámaras de videovigilancia no ayudaron a determinar qué camión causó el accidente. Todavía convalece. Salvó la vida, pero muchos más no lo han logrado en los últimos meses.

Respeto a los comerciantes que se asumen amenazados por el cierre vehicular de unas calles del centro histórico de Mérida, aunque me pregunto si mantener las mismas prácticas comerciales de antaño sirve en una ciudad con consumidores y clientes que ya cambiaron sus hábitos de compra. Demando a las autoridades estatales y municipales una pronta y eficaz respuesta a la cuestión de la movilidad —que incluye transporte público y seguridad peatonal—, que de no ser atendida con prontitud y eficacia puede lesionar seriamente las cuantiosas inversiones en marcha. Les toca decidir y actuar.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 13 de abril de 2016

Escudo verde. Mérida sostenible

Dulce María Sauri Riancho
Problemas. La información del inicio de la primavera ha estado dominada por noticias relacionadas con el medio ambiente. Cambio climático y aumento de la presencia de ozono en la atmósfera crearon la mayor contingencia ambiental en Ciudad de México, que ha trastornado la vida de los sufridos chilangos o “mexiqueños” según la Academia Española.
En Yucatán, los días de intenso calor, superando temperaturas máximas de años anteriores, se han dejado sentir con extraordinaria fuerza.

Las arraigadas creencias de que en la plataforma peninsular, joven formación calcárea que emergió del mar después de otros macizos del continente, no podía haber sismos ha sido desmentida dos veces en los últimos meses, primero en Ticul y, recientemente, muy cerca de Motul, donde la tierra tembló imperceptiblemente para sus habitantes, pero cuyo movimiento fue captado por los instrumentos sismológicos.

Supimos también que no habrá más recursos federales para la recuperación de playas dañadas por la erosión costera en la zona de Uaymitún y por primera vez, se esgrimió un argumento ambiental para evitar la creciente contaminación y que refuerza la necesidad de transformar definitivamente a una parte del centro de la ciudad de Mérida en área peatonal.

Investigación. Para estos días ya se habrá iniciado la perforación de un pozo frente al puerto de Sisal, en busca de evidencias científicas que permitan conocer con mayor exactitud la evolución del planeta después del impacto del meteorito de Chicxulub.

Será un tubo de apenas dos pulgadas de diámetro, algo más de cinco centímetros, el que se introducirá en las entrañas del lecho marino, en una especie de endoscopía a la Madre Tierra, para recoger sedimentos depositados a partir del acontecimiento que, todo indica, acabó con la vida de los dinosaurios.

La longitud de la tubería que se introducirá 1,500 metros equivale a todo el largo del Paseo de Montejo, desde el “remate” hasta el Monumento a la Patria.

El consorcio de agencias de investigación internacionales y universidades que patrocinan el proyecto ilustra con claridad la importancia otorgada por la comunidad científica al conocimiento de este fenómeno ocurrido hace 65 millones de años.

Recuperación. Más cerca de nosotros, en el espacio y en el tiempo, se localiza el proyecto anunciado por el Ayuntamiento de Mérida para plantar 60,000 árboles en poco más de dos años, una especie de “escudo verde” que devuelva al menos en parte, la frescura y la sombra de los añosos ejemplares que sucumbieron por huracanes y torpes acciones humanas.

Porque los árboles también han sido víctimas de un crecimiento carente de planeación urbana, que hiciera posible fortalecer ventajas y minimizar efectos negativos de los cambios que se han dado, al menos en los últimos 40 años, cuando comenzaron a proliferar unidades habitacionales en reducidos terrenos.

Las “planchas de cemento” —que son muchos de los fraccionamientos de interés social— han incrementado la temperatura global en Mérida. Antes, los predios de la blanca ciudad “de palmeras y veletas” tenían patios, donde se sembraban frutales y había invariablemente un “ramón” que, además de sus hojas, daba frescura y sombra a la casa. Los árboles se cuidaban, formaban parte del patrimonio familiar y del entorno social donde convivían chicos y grandes.

Ahora los árboles se ven como estorbos; en las colonias ricas, porque producen hojas que ensucian jardines y albercas; en los fraccionamientos populares, porque hay que optar entre la mata de limón o naranja agria, o la instalación de la batea y el tendedero.

Propuesta. Celebro la iniciativa del alcalde Vila que pone a la “infraestructura verde” en el centro del plan para hacer de Mérida una ciudad sostenible. Pero no es suficiente. Se requieren políticas públicas que hagan posible, no sólo deseable, sembrar y mantener árboles, hasta verlos crecer y disfrutar de su sombra y de su frescura.

Es inadmisible que en los nuevos desarrollos urbanos, comenzando con los de interés social, se preste tan poca consideración a esa “infraestructura verde”, autorizando terrenos cada vez más pequeños bajo el pretexto de densificar la ocupación y reducir el costo de las viviendas.

Un árbol en el patio o en el jardín de una casa no es sólo propiedad privada, sino un bien colectivo en la medida que contribuye a la seguridad ambiental. Del diseño a la entrega de los fraccionamientos, sus desarrolladores debieran incorporar la siembra correcta de los árboles que aseguraran sustentabilidad a la ciudad toda.

La sensibilización y, en caso necesario, la sanción deben acompañar aquellas decisiones personales de derribar árboles porque estorban vistas o ensucian patios de las casas.
Si las plantas consumen dióxido de carbono y producen oxígeno, indispensable para la vida humana, démosles el respeto y la atención que se merecen.


La contaminación, así como la delincuencia organizada no sólo se genera en otras partes, sino también puede afectar a Yucatán y cancelar esa forma de vida segura de la que estamos orgullosos. Ya la tenemos en los mantos freáticos, en el subsuelo. Tenemos que prevenirla en el aire. El agua subterránea, reserva para futuras generaciones, tiene que ser preservada y recuperada en aquellas partes donde el uso irresponsable y la sobreexplotación la ha contaminado. El aire que respiramos tiene que mantenerse sano. Y el papel de los árboles en este propósito es insustituible. En este tiempo de escudos, el “verde” tiene que ser prioridad.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 6 de abril de 2016

Seguridad para el futuro. Anticipar y cuidar

Dulce María Sauri Riancho
Suena tranquilizador. “Escudo Yucatán” hará posible que esta tierra siga siendo segura y percibida así por quienes la habitamos. La Real Academia Española da luces sobre las acepciones que conlleva el nombre de este programa: “Arma defensiva que se lleva embarazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones”. El verbo correspondiente, “escudar”, quiere decir “resguardar y defender a alguien del peligro que lo amenaza”. De acuerdo con estos significados, existe peligro real de perder la paz que ahora gozamos. Actuar “a tiempo”, sociedad y gobierno, es el mensaje que en forma insistente se ha transmitido desde que se dio a conocer la Estrategia Integral de Seguridad Pública.

La atención se ha centrado en la forma propuesta para financiarla. Consiste en solicitar a la federación un anticipo de 12 años del 25% de dos programas federales: Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Aportaciones a la Infraestructura Social. El secretario de Finanzas ha asegurado que este compromiso “no afectará participaciones ni otras partidas”.

Preocupa endeudar al gobierno y gastar por anticipado. ¿De dónde saldrán los recursos federales si el Ejecutivo estima una reducción real en el presupuesto de egresos 2017? Muy posiblemente de un esquema financiero semejante al de los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN) o bonos educativos, cuya primera colocación en la Bolsa Mexicana de Valores por 8,581 millones de pesos se realizó en diciembre pasado. O sea, dinero habrá para adquirir cámaras de videovigilancia, instalar fibra óptica, contar con grandes procesadores de los millones de datos que se generarán, etcétera. Sin embargo, las objeciones principales se han referido al mantenimiento de estos costosos equipos, a su sustitución cuando la obsolescencia de su tecnología así lo exija. Como diría mi abuela: “¿Con qué ojos, divino tuerto?”, si ya se han comprometido los recursos. Considero que este punto en especial requiere una mayor explicación de los responsables del presupuesto y las finanzas estatales.

Sé que las grandes obras, como lo fue la introducción del agua potable a mediados de la década de 1960, requieren créditos que son solventados en lapsos prolongados (en ese caso, se concluyeron los pagos hasta 1982).

Tratándose de la Seguridad —un intangible que a diferencia del agua no se ve ni se toma, pero se siente—, es una apuesta ambiciosa, a la vez que oportuna, porque cuesta mucho menos la prevención que el remedio, una vez que el mal está hecho.

Así lo atestiguan dolorosamente Michoacán, Chihuahua y otras partes del país.

Preocupa también la existencia de personal calificado para procesar y darle un uso adecuado a los millones de datos que diariamente se generarán en el sistema de vigilancia.

De poco servirá si no se cuenta con los filtros adecuados que garanticen su empleo oportuno en los trabajos de prevención, además de obtener evidencias claras en la investigación de los delitos. La propuesta de creación de una unidad dedicada a la investigación, análisis y evaluación de la información permitirá detectar casos de violencia temprana y actuar en consecuencia. Este punto tiene particular relevancia para las colonias y barrios de Mérida y otras poblaciones del estado donde se presenta con mayor frecuencia el pandillerismo.

Mis mayores cuestionamientos provienen del “escudo jurídico”. Tiene que ver con la concentración de las distintas instituciones policiales del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que implica la extinción de la Policía Ministerial investigadora de la Fiscalía General del Estado.

Asumo que esta propuesta proviene de las dificultades encontradas en la integración de las carpetas de investigación en el nuevo sistema de justicia penal, que demanda respeto absoluto a los protocolos de detención, interrogación, preservación de la escena del crimen, entre otras cuestiones que, si no se cumplen adecuadamente, pueden ocasionar la liberación de un presunto culpable. Esta división de funciones exigirá plena coordinación con la Fiscalía, cuyos agentes del Ministerio Público continuarán siendo los responsables de la integración de las averiguaciones.

La propuesta de reformas a la legislación penal pretende endurecer las sanciones por los delitos de abuso sexual contra infantes y la clasificación como delito grave al robo de casa-habitación y a los comercios. Sin embargo, el Código Penal vigente ya considera “graves” ambos delitos. En cambio, los robos en las tiendas (“farderas”) y supermercados, así como los asaltos a pasajeros de los camiones no tienen esa misma calificación. Comparto la preocupación expresada en estas páginas por Salgado y Llanes sobre una reforma que penalice a los más pobres y los castigue con cárcel, a pesar del sistema actual que propicia a enfrentar los procesos en libertad.

Y es en este último punto donde puede radicar el problema. Es difícil explicar a un ciudadano víctima de un robo, cuyo ejecutor ha sido detenido en flagrancia, que éste pueda recuperar de inmediato su libertad para continuar delinquiendo. Considero indispensable una mayor explicación de los alcances de la reforma propuesta en este aspecto.

Es cierto que la estrategia de seguridad integral presentada por el Ejecutivo del Estado no resolverá los temas apremiantes de pobreza, marginación y falta de oportunidades, “caldo de cultivo” de la delincuencia.

También lo es que no resolverá la impunidad frente a reiteradas denuncias de corrupción en un pasado reciente. Sin embargo, considero que, sin perder de vista el horizonte, concentremos nuestra atención en lo que podemos realizar aquí y ahora en materia de seguridad.

Quizá algo que nunca antes se ha intentado: prevenir, anticipar, organizarnos mejor para enfrentar el futuro.— Mérida, Yucatán.