miércoles, 6 de abril de 2016

Seguridad para el futuro. Anticipar y cuidar

Dulce María Sauri Riancho
Suena tranquilizador. “Escudo Yucatán” hará posible que esta tierra siga siendo segura y percibida así por quienes la habitamos. La Real Academia Española da luces sobre las acepciones que conlleva el nombre de este programa: “Arma defensiva que se lleva embarazada para cubrirse y resguardarse de las armas ofensivas y de otras agresiones”. El verbo correspondiente, “escudar”, quiere decir “resguardar y defender a alguien del peligro que lo amenaza”. De acuerdo con estos significados, existe peligro real de perder la paz que ahora gozamos. Actuar “a tiempo”, sociedad y gobierno, es el mensaje que en forma insistente se ha transmitido desde que se dio a conocer la Estrategia Integral de Seguridad Pública.

La atención se ha centrado en la forma propuesta para financiarla. Consiste en solicitar a la federación un anticipo de 12 años del 25% de dos programas federales: Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios y Aportaciones a la Infraestructura Social. El secretario de Finanzas ha asegurado que este compromiso “no afectará participaciones ni otras partidas”.

Preocupa endeudar al gobierno y gastar por anticipado. ¿De dónde saldrán los recursos federales si el Ejecutivo estima una reducción real en el presupuesto de egresos 2017? Muy posiblemente de un esquema financiero semejante al de los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN) o bonos educativos, cuya primera colocación en la Bolsa Mexicana de Valores por 8,581 millones de pesos se realizó en diciembre pasado. O sea, dinero habrá para adquirir cámaras de videovigilancia, instalar fibra óptica, contar con grandes procesadores de los millones de datos que se generarán, etcétera. Sin embargo, las objeciones principales se han referido al mantenimiento de estos costosos equipos, a su sustitución cuando la obsolescencia de su tecnología así lo exija. Como diría mi abuela: “¿Con qué ojos, divino tuerto?”, si ya se han comprometido los recursos. Considero que este punto en especial requiere una mayor explicación de los responsables del presupuesto y las finanzas estatales.

Sé que las grandes obras, como lo fue la introducción del agua potable a mediados de la década de 1960, requieren créditos que son solventados en lapsos prolongados (en ese caso, se concluyeron los pagos hasta 1982).

Tratándose de la Seguridad —un intangible que a diferencia del agua no se ve ni se toma, pero se siente—, es una apuesta ambiciosa, a la vez que oportuna, porque cuesta mucho menos la prevención que el remedio, una vez que el mal está hecho.

Así lo atestiguan dolorosamente Michoacán, Chihuahua y otras partes del país.

Preocupa también la existencia de personal calificado para procesar y darle un uso adecuado a los millones de datos que diariamente se generarán en el sistema de vigilancia.

De poco servirá si no se cuenta con los filtros adecuados que garanticen su empleo oportuno en los trabajos de prevención, además de obtener evidencias claras en la investigación de los delitos. La propuesta de creación de una unidad dedicada a la investigación, análisis y evaluación de la información permitirá detectar casos de violencia temprana y actuar en consecuencia. Este punto tiene particular relevancia para las colonias y barrios de Mérida y otras poblaciones del estado donde se presenta con mayor frecuencia el pandillerismo.

Mis mayores cuestionamientos provienen del “escudo jurídico”. Tiene que ver con la concentración de las distintas instituciones policiales del Estado en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo que implica la extinción de la Policía Ministerial investigadora de la Fiscalía General del Estado.

Asumo que esta propuesta proviene de las dificultades encontradas en la integración de las carpetas de investigación en el nuevo sistema de justicia penal, que demanda respeto absoluto a los protocolos de detención, interrogación, preservación de la escena del crimen, entre otras cuestiones que, si no se cumplen adecuadamente, pueden ocasionar la liberación de un presunto culpable. Esta división de funciones exigirá plena coordinación con la Fiscalía, cuyos agentes del Ministerio Público continuarán siendo los responsables de la integración de las averiguaciones.

La propuesta de reformas a la legislación penal pretende endurecer las sanciones por los delitos de abuso sexual contra infantes y la clasificación como delito grave al robo de casa-habitación y a los comercios. Sin embargo, el Código Penal vigente ya considera “graves” ambos delitos. En cambio, los robos en las tiendas (“farderas”) y supermercados, así como los asaltos a pasajeros de los camiones no tienen esa misma calificación. Comparto la preocupación expresada en estas páginas por Salgado y Llanes sobre una reforma que penalice a los más pobres y los castigue con cárcel, a pesar del sistema actual que propicia a enfrentar los procesos en libertad.

Y es en este último punto donde puede radicar el problema. Es difícil explicar a un ciudadano víctima de un robo, cuyo ejecutor ha sido detenido en flagrancia, que éste pueda recuperar de inmediato su libertad para continuar delinquiendo. Considero indispensable una mayor explicación de los alcances de la reforma propuesta en este aspecto.

Es cierto que la estrategia de seguridad integral presentada por el Ejecutivo del Estado no resolverá los temas apremiantes de pobreza, marginación y falta de oportunidades, “caldo de cultivo” de la delincuencia.

También lo es que no resolverá la impunidad frente a reiteradas denuncias de corrupción en un pasado reciente. Sin embargo, considero que, sin perder de vista el horizonte, concentremos nuestra atención en lo que podemos realizar aquí y ahora en materia de seguridad.

Quizá algo que nunca antes se ha intentado: prevenir, anticipar, organizarnos mejor para enfrentar el futuro.— Mérida, Yucatán.