martes, 27 de noviembre de 2012

El empacho de la Sedesol


Reforma administrativa del sexenio de Peña Nieto
Dulce María Sauri Riancho

Llegó la esperada propuesta de reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que Enrique Peña Nieto presenta en el Congreso de la Unión a través de los legisladores del PRI y del Verde. Los tiempos están correctamente calculados, pues si se aprueban y el presidente Calderón las publica antes del 1 de diciembre, se evitarán los problemas de seguir sosteniendo secretarías, como la de Planeación en Yucatán, cuando se ha decidido desaparecerlas.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Han surgido diversos cuestionamientos en torno a la pertinencia de varios de los cambios que se darían si la iniciativa de marras fuera aprobada en sus términos. Quiero llamar su atención sobre el significado de algunas modificaciones, aparentemente poco trascendentes, pero que de ser aprobadas tendrán un impacto definitivo en la construcción de las nuevas formas de ejercer la responsabilidad de gobernar. Me refiero a las “siete hermanas”, todas ellas instituciones que tienen en común su carácter transversal, la participación en varias de ellas de representantes de la sociedad civil en calidad de consejeros o supervisores de su actuación, que la iniciativa de reforma pretende concentrar (sectorizar es el término) en la Secretaría de Desarrollo Social. Rápidamente las enumero:

1) La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo descentralizado, no sectorizado, de la administración pública federal. Mucho ojo con esta característica, pues significa que la CDI, al igual que 2) el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dependen del Presidente de la República, lo que además de rango administrativo, les otorga visibilidad para el desempeño de sus tareas.

3) El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también es un órgano desconcentrado, aunque perteneciente a la Secretaría de Gobernación. 4) El Instituto Nacional de la Juventud está sectorizado en Educación Pública. 5) El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que forma parte de la Secretaría de Salud. 6) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que también está sectorizado en Gobernación, y por último, 7) el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el único perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El argumento de la iniciativa para agrupar a las “siete hermanas” consiste en “… evitar la dispersión de políticas de atención a grupos específicos de la sociedad mexicana, para impulsar con sentido integral las tareas de inclusión social que se requieren, con esfuerzo coordinado…”. Esta razón meramente operativa y aparentemente funcional pretende sumar “peras con manzanas”, pues tienen esferas de responsabilidad y mandamiento legal distintos.

Las dos que hasta la fecha se encuentran directamente vinculadas a la Presidencia de la República requieren de la fuerza de la institución presidencial para aplicar las políticas que involucran a las distintas y poderosas secretarías, como Comunicaciones, Salud, Agricultura, entre otras. La ley establece que la CDI es instancia de consulta obligada para el conjunto de la administración pública federal en materia indígena. (Art. 2o. constitucional), creado en 1948 como Instituto Nacional Indigenista, luchó por transformarse en un órgano no sectorizado, porque los pueblos originarios de México requieren acciones coordinadas de las secretarías y dependencias del gobierno en su conjunto. Es el mismo caso de Inmujeres, conformado en enero de 2001, que tiene una Junta de Gobierno integrada por los titulares de 16 secretarias y dependencias del gobierno en su conjunto, además de ocho integrantes del Consejo Consultivo y ocho del Consejo Social, la mayoría representantes de la sociedad civil.

El Conapred, dedicado a combatir la discriminación con el apoyo de Gobernación, está definido en la Ley como “… órgano de Estado…” que tiene, además, atribuciones para resolver reclamaciones y quejas sobre actos considerados como discriminatorios, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional.

Por razones de experiencia personal, profundizo en Inmujeres. Desde hace 37 años, en 1975 comenzó la construcción de los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres en México. Veinte años después surgió el Programa Nacional de la Mujer (Pronam) 1995-2000, para hacer realidad los compromisos adoptados por México en Beijing. En junio de 1996 fui nombrada coordinadora nacional del Pronam, con la responsabilidad de armar la estructura administrativa que hiciera posible la ejecución del Programa. El comienzo fue muy difícil, no sólo por la ausencia casi total de apoyos materiales y personal, sino por la “fina” indiferencia del aparato gubernamental hacia los temas de mujeres. Para vencer los obstáculos de todo tipo que se presentaron, fue crucial la participación de las mujeres integrantes del Consejo Consultivo y de la Contraloría Social, que provenían de distintos mundos: partidistas, ideológicos, de diversas experiencias, pero que se unieron para procurar la instalación y el arraigo de la Comisión Nacional de la Mujer, sectorizada desde su origen en la Secretaría de Gobernación. El esfuerzo demandaba ir más lejos, hacia una institución dependiente en forma directa del Presidente de la República. Así surgió Inmujeres, con su ley correspondiente, en 2001.

La compactación en Sedesol no es una buena idea. En vez de avanzar, ampliando los espacios de participación de la sociedad, éstos se limitarán, porque disminuirá necesariamente su peso político. ¿Ustedes creen que un secretario de Gobernación, por ejemplo, aceptará tratar con el responsable de la Conapred, dependiente de otra secretaría? ¿O qué pasará con Inmujeres y la Defensa Nacional, con la que tantos avances pudo concretar en el sexenio que termina?

Por esta comelitona burocrática, la Sedesol podría sufrir un severo “empacho institucional”. No es la vía para combatir la dispersión, sino para desalentar esfuerzos de muchos años y muchos grupos.- Mérida, Yucatán.

martes, 20 de noviembre de 2012

Hora del equipo presidencial

Dulce María Sauri Riancho
Los retos de Peña (3)

Se acerca la “hora cero” para Enrique Peña Nieto. En mayor o menor grado, cada seis años se renueva la esperanza de que -ahora sí- las cosas van a cambiar para mejorar, que el nuevo gobierno será más eficiente y menos corrupto que el que lo antecedió; que serán las y los más capaces, preparados y honorables quienes estarán al frente de las 20 dependencias que integran el gabinete del próximo Presidente de la República.

A las difíciles circunstancias de inseguridad en muchas regiones de México se suma el franco debilitamiento del Estado, que se refleja en el deterioro que experimentan muchas de las instituciones públicas desde que se agotó el modelo que rigió las relaciones políticas por más de 70 años. A partir de la alternancia del año 2000, habría tenido que comenzar a construirse uno nuevo, distinto y mejor del que teníamos, pero no sucedió. Por el contrario, el gobierno se vio arrinconado en múltiples áreas, tanto políticas como económicas. Establecer las bases de las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad es una tarea pendiente que tendrá que comenzar el próximo gobierno. Por eso Peña Nieto tendrá que combinar en su equipo talento, experiencia, determinación y entrega.

Con estas cualidades indispensables para las mujeres y hombres del próximo gabinete, hagamos un repaso a las funciones de las secretarías para acercar responsabilidades institucionales y perfil de las personas que estarían a cargo.

El nombramiento del secretario de Gobernación es quizá el más delicado de los veinte del “primer círculo”. Quien ocupe el cargo tendrá que reconstruir la red de relaciones políticas que hacen funcionar al gobierno en sus tres niveles -federal, estatal, municipal-, en las nuevas circunstancias de pluralidad, diversidad y respeto al federalismo. Peña Nieto ha anunciado su iniciativa para reintegrar a la Segob la importante función de la seguridad, lo que significará con certeza el fin de la Secretaría de Seguridad Pública. ¡Menuda carga! Espero que haya sido cuidadosamente ponderada en sus consecuencias, pues por la gravedad de los problemas en materia de inseguridad y violencia que viven muchas regiones del país, corremos el riesgo de que la acción de reconstrucción política quede postergada. El presidente Peña necesita a una persona que rebase con mucho las cualidades de un buen operador político, si lo que pretende es recuperar la visión y la función de Estado para su gobierno.

En los nombramientos para encabezar las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina ha privado, tradicionalmente, el respeto a la trayectoria realizada dentro de la dependencia, mucho más entre las fuerzas armadas que en el servicio exterior, que ha registrado algún titular “de fuera”. Para reconstruir la participación de México en el exterior, quizá Peña Nieto decida “sacudir el cotarro” e invitar a un personaje ajeno al servicio diplomático.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la reina de las dependencias en materia económica. No ha importado PRI o PAN en el gobierno, sus titulares son funcionarios formados en las filas de las finanzas, conocidos de los poderosos circuitos económicos internacionales. Las secretarías de: Economía, Comunicaciones y Transportes, Energía, Agricultura y Turismo tendrán que estar encabezadas por personas que, además de las relaciones en el propio sector, comprendan y tengan experiencia en materia económica y administrativa. A estas cualidades habría que añadir estatura política y capacidad de negociación para las y los titulares de las dependencias responsables de la política social, como las secretarías de Desarrollo Social, Trabajo y Salud.

Hago mención aparte de dos dependencias que en los últimos 12 años han estado bajo el “fuego graneado” de los compromisos político-partidistas en el nombramiento de sus titulares. Me refiero a la secretaría de Educación, con el sindicato de maestros (SNTE) y la de Medio Ambiente, que hace 12 años ocasionó la ruptura de la alianza política PAN-Partido Verde, al negarse Vicente Fox a nombrar a un improvisado para realizar esa delicada encomienda. Veremos cómo resuelve Peña Nieto ese compromiso con el partido ahora aliado del PRI. En cuanto a la Reforma Agraria, parece que recibirá “cristiana sepultura” en la próxima administración.

Los miembros del “equipo de transición” que nombró Peña Nieto a finales de septiembre no serán necesariamente los futuros titulares del gabinete, así lo dijo el mismo presidente electo, quien puntualizó que podría invitar a otras personas. El yucateco Jorge Carlos Ramírez forma parte del grupo de transición. La ex gobernadora Ortega está en espera, aunque se dice que su destino posiblemente sería la Secretaría de Turismo, tercer aportante de dólares a la economía del país. Sucedería a otra mujer, Gloria Guevara. Por cierto, el perfil de la actual titular nos muestra el lugar privilegiado que ocupó este sector en la administración federal que concluye: ingeniera de Sistemas, especializada en la Universidad Northwestern, desarrolló programas de educación y entrenamiento en 20 países, de los cinco continentes, para empresas trasnacionales vinculadas al turismo. Visión del mundo, experiencia en el sector, eso se requiere. Veremos muy pronto la vara de Peña Nieto para medir a las mujeres y hombres que lo acompañarán en su gobierno, al menos, en el primer tramo.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Las decisiones de Peña Nieto (2)


“Economía negra”, futuro incierto
Dulce María Sauri Riancho

“Economía negra”, así se califica al trabajo realizado fuera del amparo de las instituciones de seguridad social, como el IMSS y el Infonavit. Tal es el caso de quienes laboran “por su cuenta”, en su tiendita o comercio ambulante; los que trabajan en un taller que no tiene inscrito a sus empleados en el Seguro Social, entre otros grupos de trabajadores que en Yucatán ascienden a poco menos de la mitad del total de personas con responsabilidades laborales. No sólo se trata de la carencia de los servicios de salud, sino también de la falta de cotización para conseguir una vivienda y, lo que es muy relevante, de contar con una pensión para el futuro, cuando la ancianidad nos alcance. Si a esto le sumamos que los salarios de los trabajadores yucatecos son “… los más bajos del país…”, se comprenderá por qué muchos jóvenes de esta tierra deciden salir del estado o del país en búsqueda de un futuro mejor.

Esta situación, con distintos grados de intensidad, se presenta en todo México. Es lo que ocasiona que cada año, más de 300 mil personas se establezcan en los Estados Unidos para tratar de ganarse la vida, con documentos legales o sin ellos, y puedan así mandarles a sus familias el dinero duramente ganado. Este es el origen de las remesas, segundo rubro de ingresos de divisas (dólares) a las cuentas nacionales, después del petróleo.

Entonces, ¿qué hacer? Desde luego, dinamizar la economía para ampliar las oportunidades para obtener un trabajo “decente”, con salario digno y prestaciones que comprendan atención médica, vivienda y ahorro para el retiro. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la reforma laboral, enviada por el presidente Calderón en calidad de “iniciativa preferente” al Congreso de la Unión. Más allá de la culminación del proceso legislativo, todavía en trámite en la Cámara de Diputados, la reforma está “coja”, al menos en los propósitos y planteamientos que ha realizado Enrique Peña Nieto para el próximo gobierno que encabezará.

Me explico. Los cambios legislativos se proponen flexibilizar la contratación y el despido de los trabajadores, para así reducir el costo de la fuerza laboral para las empresas e incrementar su productividad, único camino para que crezca la economía. Pero si no se cuenta con el seguro contra el desempleo, esta reforma actuará contra los legítimos intereses de los trabajadores de mantener su trabajo y crear antigüedad que le permita gozar de una pensión cuando se jubilen. En contraparte, la propuesta del próximo presidente de la República sobre “seguridad social universal”, implicará, de llevarse a la práctica, que todas las personas cuenten con atención médica y posibilidades de recibir una pensión cuando cumpla más de 65 años. Cumplir con un propósito tan amplio y ambicioso sería la única manera de conjugar crecimiento económico con justicia social, a más de ampliar el derecho a un trabajo “decente” para todas y todos los mexicanos, independientemente si están inscritos en el IMSS, el Issste, o si trabajan en su hogar; esta última condición, tan importante para las mujeres dedicadas de tiempo completo a la atención de su familia.

El país puede competir con otras regiones del mundo a partir del abaratamiento de su fuerza laboral, en un vano intento de retener inversión o atraer a nuevas empresas a su territorio. Sin embargo, en un sistema económico globalizado, donde el trabajo a distancia (o teletrabajo), la robótica, la “inteligencia artificial” sustituyen capacidades humanas como por ejemplo, el ensamblaje de automóviles y televisiones, esta sería una apuesta perdida de antemano. En cambio, la “seguridad social universal” podría conjugar la dimensión económica y la competitividad, con las nuevas formas de organización que demanda la participación exitosa en la mundialización. Además, tendría un doble efecto sobre el desarrollo de la economía: por una parte, el fortalecimiento del mercado interno que, traducido a cuestiones concretas, significaría aumentar el poder de compra de las familias, su capacidad para adquirir bienes y demandar servicios generados en México por otros trabajadores, que al igual que ellos, se verían beneficiados. El otro efecto se ubicaría en la denominada “economía del cuidado”, que tiene que ver con la atención de las personas en todo su ciclo de vida, pero en particular cuando son más vulnerables, es decir, en la niñez y la ancianidad. Esta determinación implica, desde luego, jornada escolar de tiempo completo y una red de programas institucionales de atención a los adultos mayores.

¿Que la “seguridad social universal” cuesta mucho dinero? Sí, pero no tomar decisiones a tiempo tiene un costo mucho más elevado. La población mexicana es ahora predominantemente de jóvenes, pero tan pronto como en 2020, los demógrafos prevén que se acelerará el incremento del grupo de más de 65 años. ¿Quiénes se harán cargo de sostener a los adultos mayores, de garantizar su calidad de vida? ¿La organización familiar, que también se ha transformado? ¿O será una responsabilidad compartida entre las familias y la sociedad, con el apoyo y participación del gobierno? De las respuestas dependerá el rumbo del desarrollo del país para las próximas décadas: si los dólares enviados por los mexicanos en el extranjero continúan siendo fundamentales para sobrevivir en millones de hogares de todo el país, o si se vuelven un obsequio cariñoso de los parientes que están fuera de casa.- Mérida, Yucatán.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Las decisiones de Peña Nieto (1)


¿Una nueva frontera?
Dulce María Sauri Riancho

Dentro de un mes, el sábado 1 de diciembre, se inicia el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asumir la responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal entraña hacerse cargo de la administración pública, de sus programas y presupuestos y de más de cuatro millones de trabajadores al servicio del Estado. No lo hará directamente, sino con el equipo que designará para ese propósito, encabezado por los secretarios de despacho y los directores de las empresas paraestatales. ¡Claro que son las especulaciones sobre las y los futuros integrantes del gabinete presidencial lo más sabroso de comentar! Lo haré con ustedes, amigos lectores, pero antes, tratemos de revisar cuáles son aquellos temas que pueden aportar un nuevo rumbo al desarrollo del país. Para este efecto, decidí seleccionar los tres sectores que al día de hoy son la principal fuente de divisas para la economía de México: Petróleo, Remesas y Turismo. Comienzo con el primero.

La venta de petróleo crudo al extranjero ha sido desde hace más de treinta años la fuente más importante de dólares para las arcas gubernamentales y riqueza que nos ha salvado en las crisis, como la de 1994-1995. Además, los impuestos y derechos que paga Pemex al fisco federal representan alrededor del 40% de la totalidad de los ingresos públicos. Ahora resulta que el petróleo, la “leche negra” de las entrañas de la tierra, está amenazado de agotamiento, que se necesitan cuantiosas inversiones y una nueva estrategia productiva para evitar que su declinación impacte severamente en las finanzas y el desarrollo de la economía nacional. En este sentido, Peña Nieto tendrá que tomar una crucial decisión sobre la estrategia a seguir el próximo sexenio: o instrumenta la exploración y producción petrolera en aguas profundas del Golfo de México, o aplica una estrategia de recuperación y explotación de los yacimientos existentes con nuevas tecnologías y procedimientos, desconocidos años atrás cuando numerosos pozos y campos petroleros fueron abandonados.

“Aguas profundas” quiere decir más de 500 metros hacia abajo desde la superficie del mar. Equivale a recorrer en bajada hacia el lecho marino una distancia equivalente a la que hay entre el Palacio de Gobierno y el parque de Santa Ana (500 metros) o entre la Plaza Grande y el Tecnológico de Mérida (4 kilómetros y medio) y a partir de ahí, perforar. La tecnología para encontrar petróleo en esas profundidades, extraerlo y bombearlo hasta la superficie es cara y de origen extranjero. El riesgo de perforar donde no hay petróleo es elevado; aun así, si los precios internacionales del crudo permanecen altos, esta “nueva frontera” podrá ser una opción.

Si la perforación en aguas profundas es la estrategia que prevalece en el próximo gobierno para la producción de petróleo crudo, tendrá que haber una amplia explicación a la sociedad mexicana sobre las razones para adoptarla, frente a la alternativa más barata y segura de rehabilitación y recuperación de yacimientos abandonados o ubicados en las llamadas “aguas someras” (menos de 300 metros).

Vale la pena detenerse a reflexionar sobre la posible participación de capital privado en estos “megaproyectos” de extracción de petróleo y gas. Aparte de Carlos Slim y su corporativo, difícilmente habrá capital mexicano con capacidad para disputarle a las grandes transnacionales petroleras esta inversión. Pemex es una empresa pública, con un régimen especial de tributación, lo que significa que el gobierno le quita vía diversos gravámenes, seis de cada 10 pesos de sus ingresos.

Si queremos garantizar equidad, Pemex tendría que pagarle al fisco federal los mismos impuestos que cualquier corporativo privado, lo que tendría como consecuencia una caída severa en los ingresos públicos no sólo de la federación, sino de todos los estados y los municipios, salvo que se realice la muchas veces postergada “reforma fiscal profunda” para compensar por otra vía los recursos que dejarán de percibir. Además, abrir paso a la inversión privada extranjera en petróleo sería una determinación que difícilmente se podría revertir, aunque hubiese razones de sobra para ello. En este terreno, “palo dado, ni Dios lo quita”, por lo que habrá que actuar con mucha cautela.

“¿Y los yucatecos, qué?”, se preguntarán, amigos lectores. Como ciudadanos y como contribuyentes, los aciertos del futuro gobierno los disfrutaremos, pero también podremos pagar sus errores de cálculo o su imprevisión. La zona del arrecife de “Los Alacranes” colinda con uno de los campos de exploración para extracción petrolera en aguas profundas. Si localizan yacimientos, comenzarán a explotarlos.

Lo menos que podemos hacer es organizarnos para exigir al gobierno federal y a Pemex la certificación internacional de seguridad para esas actividades, tal como tienen las empresas que trabajan en los campos petroleros del Mar del Norte.

Las profundidades pueden traer cosas buenas a la superficie, como es el caso del descubrimiento de un enorme depósito de agua dulce 2,000 metros abajo del lecho lacustre de la ciudad de México. Su explotación garantizaría el abasto de agua potable para toda la capital por muchos años, sin afectar lugares tan lejanos como Cutzamala. Desvelar los secretos de las profundidades, sean petroleras, fiscales, mantos acuíferos o la ciudad perdida de la Atlántida, exige prudencia, si lo que se busca es el bienestar colectivo y no la simple novedad o cesión a las presiones de los poderosos intereses económicos que las rondan y las prohíjan.

En la próxima: Seguridad Universal y Turismo.- Mérida, Yucatán.