jueves, 30 de junio de 2011

La glorieta de la Paz, en una encrucijada

El sábado pasado una manta cubrió la glorieta de la Paz en la prolongación del Paseo de Montejo. Decía: "Todos somos vecinos". Se trataba de subrayar el carácter ciudadano de la manifestación de cientos de personas que desafiaron la copiosa lluvia que caía a esa hora. Pero también significaba algo más allá de la colonia México, del Circuito Colonias y sus grandes árboles; era la expresión de que todos los habitantes de Mérida compartimos un espacio y un tiempo únicos, que hace que lo bueno que sucede sea para todos y que las malas decisiones de hoy afecten la convivencia y la calidad de vida de todos.

El "movimiento de la glorieta de la Paz", como lo podemos bautizar, es asimismo una expresión que involucra al conjunto social yucateco. Creo que este rechazo a la pretensión de las autoridades de construir la obra del "paso deprimido" se hubiera manifestado cualquiera que fuese el origen partidista del Ayuntamiento. Si es el PAN o si es el PRI, para los ciudadanos que se han expresado resulta poco significativo. Lo que se observa y vive con preocupación es la actitud de la administración municipal de llevar adelante una obra cuestionada. Distintas organizaciones sociales han planteado su punto de vista: la minoría que incluye a la Cámara de la Industria de la Construcción, a favor; la mayoría, que suma al Plan Estratégico de Mérida y al Colegio de Arquitectos, lo ha hecho en contra.

Sólo hay un precedente cercano de movilización de empresarios, profesionales y ciudadanos sobre un plan que afecta a la ciudad de Mérida. Me refiero a Metropolisur, el megaproyecto urbano elaborado por la administración estatal pasada. El gobernador Patrón Laviada se empleó "a fondo", acudió a las cámaras empresariales a exponer un conjunto de siete proyectos que incluía el museo de la cultura maya y la reubicación del aeropuerto de Mérida hacia Tetiz. El Congreso del Estado, con una precaria mayoría del PAN, convocó a una serie de reuniones de análisis sobre la propuesta del Ejecutivo, que incluía la solicitud de autorización para contratar una línea de crédito por mil millones de pesos. La discusión fue amplia, intensa, en algunos momentos, apasionada. Nadie objetó seis proyectos, pero el séptimo, que era el eje del conjunto, la reubicación del aeropuerto y la utilización de sus terrenos para construir viviendas y de sus pistas cruzadas como avenidas, fue severamente cuestionado. El Congreso local rechazó la solicitud de crédito-puente del Ejecutivo, que requería de esos recursos para comenzar las obras en tanto se vendían las instalaciones y los terrenos del aeropuerto. En consecuencia, Metropolisur no se llevó adelante.

Este episodio mostró la intensa vitalidad de las organizaciones sociales y los colegios de profesionales en los temas que involucran el desarrollo del estado. Sin embargo, la participación de la ciudadanía, la que no pertenece a una agrupación o a algún partido político ha sido mucho más intensa en el caso de la glorieta de la Paz.

La presidenta municipal de Mérida, Angélica Araujo, rinde hoy su primer informe de los dos que le corresponden al actual Ayuntamiento. Es la primera arquitecta que funge como alcaldesa de Mérida. De entrada, su formación profesional propicia imaginar una ciudad armoniosa, que conserve y consolide la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, los resultados de la primera mitad de su gobierno no han sido precisamente afortunados; las principales propuestas de campaña para la modernización sustentable del municipio no se han concretado o han caído en la improvisación y el inmediatismo, como parece haber sucedido en el caso de la glorieta de la Paz.

La disyuntiva que se presenta ante Angélica Araujo está entre continuar con los trámites para realizar el cuestionado "paso deprimido" del Paseo de Montejo o cancelar la licitación y replantear el proyecto, asumiéndolo como parte de un amplio programa de vialidad y transporte del municipio de Mérida, sumando así la enorme energía social que se ha manifestado.

A la vez, la alcaldesa está en una encrucijada, un punto en que se cruzan los caminos de un estilo autoritario, que confunde el ejercicio de la autoridad con la imposición de ideas, de soluciones, de personas, y otro: el estilo de quien ejerce el mando porque tiene el consenso social, que lo mantiene e incrementa con su apertura a la participación de la sociedad a la cual representa y sirve. ¿Qué camino tomará Angélica Araujo: el del autoritarismo, con sus aplaudidores que cesarán de batir las manos cuando se acabe el presupuesto, o la difícil senda de construir soluciones con todos, porque a todos compete decidir el futuro de Mérida?

No puedo pronosticar qué decidirá la alcaldesa de Mérida, pero sí transmitirle una vivencia: lo más valioso de una autoridad que ha ejercido un cargo público cuando termina su mandato es convivir con quienes una vez gobernó, ir al cine o al supermercado, al restaurante o a la escuela de los hijos, al parque o a la iglesia, y ser aceptado como uno más, alguien que fue funcionario por un tiempo, pero que siempre es respetado por haberle cumplido a sus conciudadanos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 22 de junio de 2011

La combi blanca. Comunicación y Liderazgo

Dulce María Sauri Riancho

¿En qué se parecen las maestras inconformes con los cambios geográficos de sus plazas y los locatarios del mercado de Chuburná? ¿Cuál es la semejanza entre los consejeros de la Fundación Produce y quienes se oponen al "paso deprimido" que se pretende construir en la Prolongación de Montejo? Su denominador común es que todos ellos se han manifestado contra la forma como ejercen las autoridades sus funciones: las maestras, por las decisiones poco claras y las "sorpresas" de quienes lograron acercarse a Mérida; los locatarios, por los inspectores de Mercados que no han frenado el ambulantaje que mengua su clientela y favorece la informalidad. La Fundación Produce no puede retomar sus actividades de fomento a la investigación y apoyo tecnológico a los productores del campo por el afán enfermizo de los funcionarios estatales de intervenir en su vida interna. Y el túnel de la glorieta de Montejo parece que será excavado por el bulldozer de la cerrazón a cualquier razonamiento que llevara a las autoridades municipales a reconsiderar su atropellada determinación de construirlo.


Son algunos ejemplos que ilustran que algo está fallando seriamente en la comunicación entre el gobierno y la sociedad yucateca, que estamos urgidos de analizar lo que está aconteciendo entre las autoridades y grupos cada vez más numerosos de ciudadanos que no están de acuerdo con la forma de ejercer el mandato popular de sus representantes. Decir que quienes expresan su malestar por alguna decisión de autoridad lo hacen por motivos "malsanos" -léase, porque sirven a algún partido de oposición- sólo muestra el error mayúsculo que están cometiendo nuestros políticos, con consecuencias graves para el ejercicio del poder público y para la convivencia social.

Llevamos desde 1997 en una condición inédita, en que el sistema presidencial como lo conocimos ya no funciona para dar cohesión política al conjunto social. Los efectos se viven en todos los niveles de distinta manera. Por ejemplo, la ausencia de mecanismos de control efectivo sobre las autoridades ha favorecido la corrupción de manera nunca antes imaginada, sin que haya elemento que pueda contenerla. Habrá quien suspire por los tiempos en que el secretario de Gobernación llamaba al gobernador desidioso o ineficiente, que despilfarraba el presupuesto y negaba atención a las necesidades de su pueblo, y lo ponía en la situación de optar por una "licencia" para salvar figura y separarse de su cargo.

Eso quedó en el pasado. No hay marcha atrás. Tenemos que construir hacia adelante, hacia el futuro. Un nuevo tejido para el que no tenemos patrones que nos indiquen a ciencia cierta el rumbo de las agujas. Sabemos qué es lo que no queremos; intuimos lo que necesitamos.

No queremos autoridades distantes que se escudan en un falso respeto a las opiniones para impedir el verdadero diálogo; que pretenden anular a quien no coincide con su visión de las cosas o con su manera de ejercer su responsabilidad. No queremos la simulación de las consultas y los comités ciudadanos de participación, que como hongos después de la lluvia se han creado y no han resistido más allá de la toma de protesta de sus integrantes. No queremos la descalificación de los órganos colegiados de planeación o de investigación cuando sus opiniones confrontan y cuestionan los actos de gobierno.

No queremos la utilización del presupuesto gubernamental para dilapidarlo en imagen del gobierno y de sus funcionarios. Menos aún, que refuerce el clientelismo electoral, satisfaciendo momentáneamente una necesidad de los más pobres, en vez de aplicar programas que den resultados más allá del día de las elecciones.

No queremos funcionarios rodeados de un séquito de protección en un estado cuyas autoridades se precian que es el más seguro del país. No queremos opacidad en los actos de gobierno, subterfugios para no informar, evasivas para no rendir cuentas.

Sí necesitamos representantes que se ganen el liderazgo social y el respeto de sus conciudadanos por su conducta y sus actitudes. Es una cuestión de autoridad moral que sólo se puede dar con el ejemplo cotidiano de modestia y sobriedad, de dedicación y entrega más allá del discurso.

Hace años era familiar para los noctámbulos del centro de Mérida ver a una combi blanca cruzar las calles. Su conductor era el gobernador, acompañado de quien fue su chofer antes y después de dejar el cargo. Solos. Seguro, por el respeto y el reconocimiento de sus conciudadanos. Así pudo lograr el puerto de altura de Progreso, así pudo gobernar. En verdad hay cosas que nunca debieron cambiar...- Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de junio de 2011

Los costos de la incapacidad política

Certificación sanitaria en riesgo

Dulce María Sauri Riancho

Desde su inicio, el actual gobierno del Estado vivió una situación política inédita, nunca antes experimentada por administración alguna: el gobierno federal en poder de Acción Nacional y el de la entidad, recuperado por el PRI. Es cierto que los últimos meses de la gestión de Víctor Cervera coincidieron con los primeros seis de Vicente Fox, pero la administración de Ivonne Ortega comenzó (el 1 de agosto de 2007) cuando ya gobernaba el presidente y concluirá (el 1 de octubre de 2012) antes de que Felipe Calderón concluya su mandato, el 1 de diciembre de ese año.

Las relaciones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal experimentaron un cambio profundo a partir de 1997, cuando se creó el "Ramo 33" en el Presupuesto de Egresos de la federación, por el cual las administraciones estatales reciben por ley un importante flujo de recursos económicos. Además, desde 2001 los gobernadores de todos los partidos políticos se agruparon en la CONAGO, eficaz mecanismo de interlocución con el Ejecutivo federal. Aún más: desde 2009 el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que autoriza las asignaciones presupuestales a los estados, a lo que se sumó la presidencia del Congreso de la Unión en manos de un legislador yucateco.

Adentrarse en este territorio político desconocido demandaba mucha prudencia de ambas partes y una excelente organización del lado del gobierno del Estado. Muy pronto las áreas técnicas del Ejecutivo yucateco mostraron sus cualidades en Educación, en Medio Ambiente, pero en otras como Salud, Política Comunitaria y Fomento Agropecuario menudearon las quejas y denuncias: que las Secretarías estatales no ponían su parte del dinero comprometido, que las delegaciones federales hacían lentos y difíciles los trámites, entre las más frecuentes.

La ola de acusaciones y réplicas entre autoridades ha aumentado en los últimos meses y comienza a afectar áreas sensibles de la vida productiva de la entidad. Ya no se trata sólo de obras que no se materializan o de servicios que no se cubren. Ahora están en riesgo programas institucionales de muchos años, como el que ha permitido que Yucatán ostente la certificación sanitaria para sus productos pecuarios.

Siendo gobernadora en 1991 comenzaron a instalarse dos grandes empresas porcícolas que juntas habrían de centuplicar la oferta de carne de cerdo que hasta entonces atendían los porcicultores locales -ejidales y particulares- y se completaba con la introducción de animales del Bajío. Era evidente que ni comiendo todos los yucatecos diariamente cochinita y chicharrón se podría consumir el producto de la porcicultura, que el único camino a seguir era su venta en otras partes del país y su exportación a otras regiones del mundo. Pero para incursionar en esos mercados era indispensable certificar que los animales y la carne estuvieran libres de enfermedades, como el llamado "cólera porcino" o el "mal de Aujeszki". También la ganadería bovina, en particular la de registro, al igual que la avicultura productora de carne de pollo y de huevo demandaban la erradicación de diversas enfermedades para mejorar su productividad y extender sus mercados. Desde luego, la tradicional apicultura necesitaba cumplir los crecientes requisitos sanitarios del principal destino de sus exportaciones que era y aún es la Unión Europea, en especial Alemania.

El reto era mayúsculo. Junto con las autoridades de Agricultura trazamos un ambicioso programa que habría de concretarse después de cinco años con la ansiada certificación. Como el buen juez por su casa empieza, decidí sacrificar al hato lechero propiedad de Cordemex que, infectado de brucelosis, constituía un foco de contagio para otros bovinos. Así, con el ejemplo, el gobierno estatal pudo acordar con los productores y con los comerciantes las medidas necesarias para tender un "cerco sanitario" sobre Yucatán.

Un equipo competente de veterinarios y técnicos agropecuarios hizo la planeación y comenzó a vigilar la aplicación de las normas, que incluyeron la prohibición de introducir carne de cerdo o de res, pollo y huevo de otras regiones, incluyendo Campeche. Los incidentes no se hicieron esperar, en particular en las casetas limítrofes con el vecino estado, donde fueron confiscados sándwiches y hojaldras y en una ocasión, hasta las tortas de un militar de alto rango.

El sacrificio colectivo valió la pena. Yucatán logró su estatus sanitario, la carne de cerdo se vende a Japón; el ganado de registro yucateco tiene demanda en Centroamérica; la miel puede llegar a cualquier mercado europeo; el pollo circula por todo el país. Libramos las crisis económicas de 1994-1995 y la amenaza a la certificación que representó el huracán Isidoro en 2002. Este ejemplo de continuidad institucional que ha sido el programa de sanidad animal, de coordinación entre niveles de gobierno, entre productores, comerciantes y autoridades, tiene que superar la incomprensión y las mezquindades políticas que ahora lo ponen en riesgo.

Si no pueden construir, al menos que no destruyan lo duramente logrado gracias a un esfuerzo que comenzó hace 20 años.- Mérida, Yucatán.

martes, 14 de junio de 2011

Con visión de futuro. Empresarios y gobierno

Dulce María Sauri Riancho

Invitada por un grupo de empresarios, hace unos días participé en un interesante ejercicio de reflexión colectiva sobre la relación entre gobernantes y las organizaciones empresariales. A partir de las experiencias vividas por gobernadores en su trato con los dirigentes, esta organización empresarial busca alentar una relación con las autoridades que le dé buenos resultados a sus agremiados y contribuya a una eficaz acción de gobierno.

Me puse entonces a hurgar en el cajón de mis recuerdos. Se trataba de comunicar mis sentimientos y percepciones sobre actos que ocurrieron hace casi 20 años, en una sociedad y con una organización política diferente a la que actualmente nos rige. Decidí elegir algunos sucesos para ilustrar de manera concreta el punto que a mi juicio es fundamental: mantener el diálogo, aunque haya diferencias, incluso intereses encontrados. Éste es uno de los casos que elegí.

En diciembre de 1991 envié una iniciativa al Congreso del Estado para establecer el impuesto del 2% sobre las nóminas. La recaudación de los impuestos locales era raquítica; dependíamos casi totalmente de las participaciones en ingresos federales, en tanto que los municipios recién comenzaban a desarrollar sus propias bases fiscales a partir del predial. En esos años, otros cinco o seis estados de la república habían tomado esta determinación, que se mostraba imperiosa para Yucatán.

La reacción empresarial no se hizo esperar. No estaban de acuerdo con el nuevo gravamen, parte por una posición entendible contra cualquier nuevo impuesto que incidiera sobre sus costos y parte por la desconfianza respecto al destino de los recursos que se recaudarían. Los funcionarios gubernamentales acudieron a largas sesiones de trabajo convocadas ex profeso para abundar en los detalles y despejar dudas. Sin embargo, una y otra vez los dirigentes empresariales señalaban su reticencia a otorgar más recursos al gobierno porque, decían, una vez que ingresaran a las arcas públicas sólo servirían para aumentar el gasto corriente, los sueldos y salarios de la burocracia, las adquisiciones de vehículos, el pago de las gasolinas, etcétera. Querían garantías de que el destino de esos fondos sería exclusivamente la obra pública, la inversión en infraestructura, tan necesaria para el desarrollo del estado.

Les ofrecí a los dirigentes empresariales la constitución de un fideicomiso con los recursos provenientes del impuesto del 2%, en cuyo comité técnico o de administración estuvieran integrados los empresarios. Que el gobierno se obligaría a través de un decreto del Congreso a depositar la recaudación equivalente, que estaría destinada sólo a la construcción de infraestructura.

Las turbulencias de la discusión política de esos días impidieron que la propuesta del fideicomiso prosperara. No obstante, como gobernadora tomé la decisión de emplear toda la recaudación para la obra pública. Desde luego, de informar periódicamente de las cantidades obtenidas y del destino de los recursos. Así se pudo completar la mitad que faltaba a los 52 km del periférico de Mérida, obra iniciada por don Carlos Loret de Mola en 1976, y ampliarlo a dos cuerpos, dejando en el centro un camellón suficientemente ancho para la instalación de un ferrocarril o un metrobús. Lo que se hizo ese año fue importante pero, si en vez de las pugnas hubiese campeado -en ambas partes- la visión a futuro, en la actualidad se dispondría de más de 450 millones de pesos para negociar, cada año, esquemas de cofinanciamiento de infraestructura.

He asumido que la representación popular obliga al gobernante a velar por el bienestar general, por encima de los legítimos intereses de las partes. Los empresarios y sus organizaciones son una de ellas, fundamental para el crecimiento económico y para el empleo de los yucatecos. Ambos, el gobierno que encabezaba y los dirigentes de la época, nos esforzamos por mantener la comunicación a pesar de las diferencias; buscamos aprovechar la presencia de dos destacados yucatecos en la cúpula nacional de las organizaciones empresariales para facilitar los trámites y la interlocución con el gobierno federal. A pesar de nuestras discrepancias, en varias ocasiones acudimos juntos a realizar gestiones a favor de las empresas locales ante las autoridades federales.

Cada quien -gobierno, empresarios- tiene su propia responsabilidad, pero para cumplirla a plenitud nos necesitamos ambos. Un gobierno debe comunicarse permanentemente con la sociedad, con todas las partes y grupos que la integran. Se trata de hablar, sí, para llegar a acuerdos, para transmitir inquietudes, para formular exigencias. Es el único camino que ni la más costosa campaña publicitaria podrá sustituir.- Mérida, Yucatán.

jueves, 2 de junio de 2011

Ocurrencias y modernidad. Túneles y glorietas

Dulce María Sauri Riancho

Como muchos meridanos, todos los días rodeo la fuente del cruce del Circuito Colonias con la Prolongación de Paseo de Montejo. Disfruto los cambios estacionales de su decorado, las flores de su jardinería y —hasta hace algunos años— los baños accidentales del vigoroso chorro de agua cuando el aire lo esparcía contra los vidrios o por las ventanas abiertas del coche.
En enero de este año, la glorieta se vistió de blanco para celebrar la declaratoria que hizo de Mérida la “Ciudad de la Paz”. Terminaron las fiestas y comenzó su reconstrucción con un costo que, según leí, ascendía a dos millones de pesos.

De pronto se hizo el anuncio de que en ese mismo punto se construiría el primer “paso deprimido” o túnel para agilizar el tránsito vehicular. ¿Qué pasó entre febrero y los últimos días de abril que llevó a la presidenta municipal a proponer una obra “de importancia estratégica”, destruyendo lo que todavía no se inauguraba?
El tránsito de autos no puede estar desvinculado de la red y del servicio de transporte público. Vialidad y transporte forman una misma unidad.
Tan es así que una de las “promesas” de campaña era realizar una profunda “reingeniería de tránsito”, que incluía modernizar el transporte y reducir a $2.50 las tarifas de los estudiantes.
Una y otra vez el actual gobierno del Estado se ha comprometido a presentar el nuevo programa de transporte público; una y otra vez ha incumplido.
Tal parece que en el ánimo de la alcaldesa pesaron más las conveniencias personales que las necesidades de la ciudad. Es más fácil hacer una obra “novedosa” que regular y mejorar la red de transporte de la ciudad. Es menos conflictivo construir un túnel que ordenar el tránsito; es más redituable económica y políticamente realizar una obra que se concluya antes de las postulaciones a las candidaturas de 2012 que elaborar y evaluar un programa de reingeniería vial.
Tres cuestiones relacionadas con la obra y con la decisión de las autoridades me preocupan profundamente.
Primero, la falta de memoria histórica de nuestras autoridades. Hace más de 50 años, en aras de la modernidad, se destruyeron antiguas casas coloniales del centro de la ciudad, que fueron sustituidas por edificios que respondían a los gustos de entonces. ¡Qué arrepentidos estamos ahora y qué feas nos resultan las expresiones de aquella modernidad! En esta ocasión estamos llegando tarde a la moda de los pasos “deprimidos”, como lo hacen saber voces informadas, con conocimiento y visión urbanística.
Segunda preocupación, el costo social de las “ocurrencias”.
En materia de obra pública se requiere un “mapa de ruta” que confiera coherencia a las acciones, más aún cuando una administración sólo puede realizar “partes” de ese proyecto integral. No parece que haya “mapa” en este particular caso: la obra no aparecía registrada en los planes oficiales; se pagará con dinero de un crédito solicitado originalmente para el Anillo de Circunvalación —esa sí, obra visionaria y necesaria— y si lo anterior no bastase para demostrar improvisación, el mismo Ayuntamiento remozó la glorieta que ahora tiene que desbaratar para excavar el túnel.
La tercera y enorme preocupación tiene que ver con la calidad de vida de la ciudad. Se trata de la preservación del medio ambiente, que implica árboles y su sombra; que significa la menor cantidad posible de superficies asfaltadas o de concreto. Pero también tiene que ver con las personas, vecinos próximos o no de esta obra, que verán transformado su entorno de una manera definitiva.
Gobernar es difícil por el conjunto de intereses aparentemente contrapuestos que es necesario conciliar. La sostenibilidad del desarrollo se basa en la participación ciudadana en la toma de decisiones. No sólo hay que escuchar: es necesario convencer o tener la disposición para rectificar, si los ciudadanos tienen razones y argumentos. Ignoro qué vaya a pasar con la obra del túnel de la fuente, si contra viento y marea se realice o si habrá una reconsideración. Podemos suponer que la obra se hará y que será inaugurada a tiempo para las postulaciones de candidatos, en marzo de 2012.

Imaginemos qué ocurriría entonces, si los cruces de Itzimná y de la avenida del Rogers se vieran congestionados y el crucero del Enlace colapsado por la sobrecarga vehicular. Todo esto en la cercanía de las elecciones del 1 de julio de 2012.
Mayor desasosiego produce imaginarse lo que ocurriría en 30 ó en 50 años, pero debiéramos hacerlo. No se vaya a lamentar entonces que no hubiéramos detenido el deterioro urbano y ambiental cuando aún se le podían dar nuevos horizontes a esta ciudad, a la que hemos visto crecer con un sello que la distingue, de la que nos sentimos tan orgullosos todos los yucatecos.— Mérida, Yucatán.