miércoles, 15 de junio de 2011

Los costos de la incapacidad política

Certificación sanitaria en riesgo

Dulce María Sauri Riancho

Desde su inicio, el actual gobierno del Estado vivió una situación política inédita, nunca antes experimentada por administración alguna: el gobierno federal en poder de Acción Nacional y el de la entidad, recuperado por el PRI. Es cierto que los últimos meses de la gestión de Víctor Cervera coincidieron con los primeros seis de Vicente Fox, pero la administración de Ivonne Ortega comenzó (el 1 de agosto de 2007) cuando ya gobernaba el presidente y concluirá (el 1 de octubre de 2012) antes de que Felipe Calderón concluya su mandato, el 1 de diciembre de ese año.

Las relaciones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal experimentaron un cambio profundo a partir de 1997, cuando se creó el "Ramo 33" en el Presupuesto de Egresos de la federación, por el cual las administraciones estatales reciben por ley un importante flujo de recursos económicos. Además, desde 2001 los gobernadores de todos los partidos políticos se agruparon en la CONAGO, eficaz mecanismo de interlocución con el Ejecutivo federal. Aún más: desde 2009 el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es la que autoriza las asignaciones presupuestales a los estados, a lo que se sumó la presidencia del Congreso de la Unión en manos de un legislador yucateco.

Adentrarse en este territorio político desconocido demandaba mucha prudencia de ambas partes y una excelente organización del lado del gobierno del Estado. Muy pronto las áreas técnicas del Ejecutivo yucateco mostraron sus cualidades en Educación, en Medio Ambiente, pero en otras como Salud, Política Comunitaria y Fomento Agropecuario menudearon las quejas y denuncias: que las Secretarías estatales no ponían su parte del dinero comprometido, que las delegaciones federales hacían lentos y difíciles los trámites, entre las más frecuentes.

La ola de acusaciones y réplicas entre autoridades ha aumentado en los últimos meses y comienza a afectar áreas sensibles de la vida productiva de la entidad. Ya no se trata sólo de obras que no se materializan o de servicios que no se cubren. Ahora están en riesgo programas institucionales de muchos años, como el que ha permitido que Yucatán ostente la certificación sanitaria para sus productos pecuarios.

Siendo gobernadora en 1991 comenzaron a instalarse dos grandes empresas porcícolas que juntas habrían de centuplicar la oferta de carne de cerdo que hasta entonces atendían los porcicultores locales -ejidales y particulares- y se completaba con la introducción de animales del Bajío. Era evidente que ni comiendo todos los yucatecos diariamente cochinita y chicharrón se podría consumir el producto de la porcicultura, que el único camino a seguir era su venta en otras partes del país y su exportación a otras regiones del mundo. Pero para incursionar en esos mercados era indispensable certificar que los animales y la carne estuvieran libres de enfermedades, como el llamado "cólera porcino" o el "mal de Aujeszki". También la ganadería bovina, en particular la de registro, al igual que la avicultura productora de carne de pollo y de huevo demandaban la erradicación de diversas enfermedades para mejorar su productividad y extender sus mercados. Desde luego, la tradicional apicultura necesitaba cumplir los crecientes requisitos sanitarios del principal destino de sus exportaciones que era y aún es la Unión Europea, en especial Alemania.

El reto era mayúsculo. Junto con las autoridades de Agricultura trazamos un ambicioso programa que habría de concretarse después de cinco años con la ansiada certificación. Como el buen juez por su casa empieza, decidí sacrificar al hato lechero propiedad de Cordemex que, infectado de brucelosis, constituía un foco de contagio para otros bovinos. Así, con el ejemplo, el gobierno estatal pudo acordar con los productores y con los comerciantes las medidas necesarias para tender un "cerco sanitario" sobre Yucatán.

Un equipo competente de veterinarios y técnicos agropecuarios hizo la planeación y comenzó a vigilar la aplicación de las normas, que incluyeron la prohibición de introducir carne de cerdo o de res, pollo y huevo de otras regiones, incluyendo Campeche. Los incidentes no se hicieron esperar, en particular en las casetas limítrofes con el vecino estado, donde fueron confiscados sándwiches y hojaldras y en una ocasión, hasta las tortas de un militar de alto rango.

El sacrificio colectivo valió la pena. Yucatán logró su estatus sanitario, la carne de cerdo se vende a Japón; el ganado de registro yucateco tiene demanda en Centroamérica; la miel puede llegar a cualquier mercado europeo; el pollo circula por todo el país. Libramos las crisis económicas de 1994-1995 y la amenaza a la certificación que representó el huracán Isidoro en 2002. Este ejemplo de continuidad institucional que ha sido el programa de sanidad animal, de coordinación entre niveles de gobierno, entre productores, comerciantes y autoridades, tiene que superar la incomprensión y las mezquindades políticas que ahora lo ponen en riesgo.

Si no pueden construir, al menos que no destruyan lo duramente logrado gracias a un esfuerzo que comenzó hace 20 años.- Mérida, Yucatán.