jueves, 21 de octubre de 2010

Adoptemos al huerfanito. Análisis del III Informe de Gobierno

Dulce María Sauri Riancho

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.htm es la dirección electrónica para conocer el texto del III Informe de Gobierno, ese documento que fue entregado el tercer domingo de octubre al presidente del Congreso por el secretario general de Gobierno.

Las 715 páginas que integran el III Informe de Gobierno contienen la mayoría de las actividades gubernamentales desarrolladas en el periodo comprendido entre octubre de 2009 y septiembre de 2010. Son numerosos los apartados distribuidos en los seis grandes "pilares" del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. Tiene muchas cifras y datos; programas y reporte de acciones gubernamentales muy variadas. Es posible que su edición impresa sea hermosa y esté acompañada por un disco compacto con toda la información computarizada. Hasta allá vamos bien.

¿Qué hacer con el Informe? A diferencia de los diputados que tienen la obligación constitucional de analizarlo y las facultades legales de solicitar la comparecencia de los funcionarios de gobierno, la sociedad, las personas y las familias yucatecas muy probablemente piensen que tienen muy poco qué ver con el informe; menos aún, se plantean la posibilidad de "hacer algo" con la información que proporciona.

Sé que no es fácil ni atractivo lidiar con la lectura de un documento oficial. Su lenguaje se siente extraño, desconocido. Dice muy poco, aunque venga envuelto en muchas palabras. Pero vale la pena porque es un paso ineludible en la construcción de una verdadera contraloría social, que es la vigilancia ciudadana sobre la actuación de las autoridades. En consecuencia, les propongo que elaboremos conjuntamente una "guía para leer el Informe" y sobrevivir al intento.

Primer paso. Entrar a internet. Si la curiosidad es amplia, en el sitio se encuentran los correspondientes a los dos años anteriores, por lo que hasta se podrían establecer comparaciones.

Segundo paso. Comenzar a buscar. Para eso es necesario definir qué queremos saber de la actuación del gobierno este último año. Si nos interesan las finanzas públicas, por ejemplo, se podría revisar la parte relativa al Gasto Público y conocer a grandes rasgos cómo erogó el gobierno $22,015 millones, aproximadamente. Si otros más quieren conocer el funcionamiento de la oficina de la gobernadora, puede abrir el apartado "Un gobierno que escucha". Si la curiosidad se concentra en las acciones de comunicación social y en el desempeño de los medios públicos estatales como Canal 13 o IMER en la radio, también tienen su apartado.

Tercer paso. Hacer un alto y preguntarse si la información disponible despeja la inquietud o aumenta la duda. Por ejemplo, si alguien quiso saber de los ingresos del gobierno en este año y revisa las cifras, encontrará que los ingresos del gobierno (los de "libre disposición"), sumados a los federales y a los extraordinarios se incrementaron 25% en relación con el "periodo precedente" (el año pasado). Pero si lo confronta con los datos del apartado Gasto Público, se encontrará con la afirmación de que por la disminución de los ingresos presupuestarios durante el ejercicio fiscal de 2009 ¡se gastó menos en 2010! Entonces, ¿el aumento de 25% en los ingresos no fue suficiente para hacer obra pública, pagar a proveedores, mejorar la calidad de los servicios? ¿Dio o no dio la federación la parte que le correspondía? ¿Por qué no hubo recursos para cumplir los paripasu, cuya ausencia ha provocado la pérdida de presupuestos previamente autorizados para diversos programas?

Cuarto paso. Dejar a un lado el terreno de lo abstracto de las finanzas públicas y volver a lo concreto de la vida cotidiana. Para lograrlo, por ejemplo, se puede comenzar la revisión del apartado Acciones en materia de Salud. Allá está el dolor humano y las deficiencias, algunas veces mortales, de los hospitales públicos del interior del estado. Así, podríamos enterarnos del reporte sobre la ampliación del hospital San Carlos de Tizimín, el mismo que una y otra vez ha sido señalado como "rebasado por la demanda" de los enfermos del oriente del estado, y que los hospitales de Valladolid y Tekax aún continúan en obras de modificación tres años después, por no reunir los requisitos exigidos para funcionar.

Quinto paso. Comentar con amigos y conocidos la pertinencia de conocer los documentos oficiales, que de acuerdo con la Ley de Transparencia tienen la obligación las autoridades de poner al alcance del ciudadano. Cuando rechazamos la revisión de los documentos públicos propiciamos que las autoridades presten escasa atención a lo que se envía al Congreso o a la opinión pública, ante la casi certeza de que muy pocos lo leerán y menos aún lo analizarán. ¡Qué sorpresa se llevarían si comenzaran los representantes de organizaciones sociales o simples ciudadanos con sentido común y sensibilidad social a hacer preguntas a las autoridades! Por cierto, la misma Ley de Transparencia en teoría les obliga a responder.

Sexto paso. ¿Por qué no organizarse? Existen algunas experiencias de gran impacto sobre la participación de las organizaciones sociales en el análisis de las políticas públicas, el presupuesto federal y su aplicación. Una de ellas -Fundar, Centro de análisis e investigación- realiza esta actividad desde hace varios años con muy buenos resultados, en cuanto acicate a las autoridades.

Provengo del sector público. Por eso estoy convencida de que en esta etapa del país y del estado la participación social es indispensable para hacer que funcione la vida pública; sólo de esta manera podemos salir de este enorme bache en que nos encontramos atorados. El análisis del III Informe, del solitario y silencioso informe, puede ser una excelente ocasión. Adoptemos al huerfanito...- Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com

miércoles, 13 de octubre de 2010

Tercer Informe de Gobierno. Despertar ciudadano

Dulce María Sauri Riancho

ARTÍCULO DÉCIMO (Transitorio).- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado en funciones, rendirá su quinto y Sexto informe de Gobierno, conforme a los plazos y términos establecidos en la Constitución Política del Estado, hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto. El Gobernador que resultare electo en el proceso electoral del año 2007, deberá rendir sus Informes de Gobierno, el tercer domingo de octubre, en los primeros 4 años de su gestión constitucional, y el primer domingo de septiembre, en el quinto año de su mandato (Constitución Política de Yucatán).

El 17 de octubre es el tercer domingo del mes y, por lo tanto, el día que la Constitución señala para que la gobernadora Ivonne Ortega rinda su tercer informe de actividades. La entrega se realiza ante los 25 diputados que integran el Congreso local. En ese momento solemne todos ellos, sin excepción ni limitación alguna, representan al pueblo yucateco -la soberanía popular, el poder de la gente- en la importante función de fiscalizar al Poder Ejecutivo.

Los legisladores de todos los partidos tienen dos funciones medulares en representación de los ciudadanos. Una de ellas es la elaboración de las leyes, su estudio, discusión y aprobación. La otra es la tarea de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, en este caso, de la gobernadora del Estado.

El mecanismo constitucional que se activará el domingo próximo no es algo superfluo o de escasa trascendencia. Revisar los programas, las acciones y los gastos del conjunto de instituciones cuya cabeza es la gobernadora no es asunto menor. Significa el análisis de la conducción del gobierno que, a la vez, no se da en el vacío. Por una parte, se trata de establecer la relación con los objetivos y las metas señalados en el casi olvidado Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 para detectar su avance; por otra, de inquirir, de averiguar con verdadero espíritu de investigación, cómo y en qué se gastaron los recursos públicos durante el período correspondiente a un año, que en este caso es de octubre de 2009 al 30 de septiembre pasado.

Las reformas constitucionales de 2006 otorgan a los diputados la facultad de formular preguntas a la gobernadora para que ésta las responda dentro del texto que envía al Congreso. Se pone un plazo de 20 días anteriores a la fecha de presentación para que con toda calma y detalle los funcionarios del Ejecutivo elaboren las respuestas. En consecuencia, no se trata de sorprender para coger "fuera de base" a los secretarios o directores o a la propia gobernadora, sino solicitar información detallada sobre determinados aspectos de la vida pública yucateca de interés de los diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso.

Pero tampoco ellas y ellos actúan en el vacío de las ocurrencias para salir del paso. Los legisladores tienen la responsabilidad de formular preguntas para exigir respuestas claras, contundentes, de acuerdo con las inquietudes que hayan percibido de sus representados, es decir, de todos nosotros. A diferencia de la gobernadora, que es única responsable de la actuación de los funcionarios del Ejecutivo, en el caso de los legisladores cada uno de ellos lo son, particularmente en esta función de fiscalización.

El Congreso o los diputados debieron hacer públicas las preguntas, de amplia difusión entre los ciudadanos. Hasta hubiera podido haber una consulta para formularlas conjuntamente con personas deseosas de saber más, de informarse "de primera mano" de lo que ocurre en nuestro estado, desde cuestiones relacionadas con la seguridad, los programas agropecuarios o de estímulo a la actividad empresarial, hasta aspectos relacionados con la educación, la competitividad o el polémico asunto del gasto público.

¡Lástima que los diputados no dieron a conocer lo que le enviaron a la gobernadora! Ni en la página web del Congreso, ni en las del PRI y el PAN yucatecos aparece mención alguna a este primer paso del ejercicio de fiscalización más importante del año.

Después del domingo 17, que por cierto coincide en fecha con el 57 aniversario del voto a las mujeres, los diputados tendrán la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios en representación del Ejecutivo estatal para ampliar o aclarar la información recibida. También tendrán ellas y ellos que prepararse, estudiar de a de veras; no limitarse a atacar con descalificaciones fáciles a los funcionarios; y éstos no hacerse los "tío Lolo" que fingen responder, cuando en realidad ocultan la información bajo un alud de palabras sin sentido.

Es cierto que el sistema presidencial que nos rige descansa sobre el principio de división de poderes. En un estado significa que la gobernadora informa, que el Congreso analiza, pero si éste encuentra alguna cuestión que implique una desviación de los objetivos y metas del Plan Estatal, por ejemplo, o de "zonas grises" en el gasto gubernamental, la sanción es sólo de carácter político. En forma directa: el problema que tenemos con la fiscalización es que el esquema jurídico en que descansa permite -y hasta auspicia- un "diálogo de sordos", un ejercicio en que la simulación puede instalarse y corromper hasta anular la función de vigilancia sobre el Ejecutivo.

Hay un tercer actor en esta obra: ni más ni menos que la sociedad, las personas y las familias cuyos representantes están en el Congreso. Para muchos yucatecos el informe de la gobernadora "ya pasó; fue el 1 de agosto". En consecuencia, un amplio sector de la sociedad "bajó la guardia"; unos, porque están satisfechos con el rumbo; otros, porque están resignados. La prolongada "siesta cívica" yucateca puede ser interrumpida este domingo 17 al prestar atención al tercer informe que entra por la puerta del silencio y la indiferencia gubernamental. Vendrá calladito, sin espectaculares, ni comerciales televisivos, casi subrepticiamente. Pero es el de la rendición de cuentas, de la gobernadora y de los diputados, a esta sociedad que puede comenzar a despertar.- Mérida, Yucatán.

jueves, 7 de octubre de 2010

Periférico "dos por ciento" . Un metro tren para Mérida

Dulce María Sauri Riancho

El periférico de Mérida "Licenciado Manuel Berzunza" es la vía de comunicación citadina más grande de Yucatán. Se extiende a lo largo de 52 kilómetros, delimitando buena parte de la mancha urbana de Mérida. Es importante no sólo para quienes circulan en sus vehículos, sino también para numerosas familias que viven en su colindancia. Es también, de alguna forma, signo de modernización de la ciudad, del crecimiento de la población y una mezcla de orgullo y preocupación para todos.

Planeado e iniciado por el gobernador Carlos Loret de Mola, la primera versión del periférico de Mérida pudo completarse hasta 1979, bajo el gobierno del Dr. Luna Kan, cuando Federico Granja Ricalde era alcalde. Casi 13 años después me correspondió como gobernadora la construcción con recursos estatales de la parte faltante del anillo y de su segundo cuerpo.

Apenas en diciembre de 1991, después de un duro debate, se había establecido el impuesto estatal del 2% sobre nóminas. El gobierno que entonces encabezaba había ofrecido a las organizaciones empresariales "etiquetar" la totalidad de los recursos obtenidos y canalizarlos a las grandes obras públicas, de tal manera que la sociedad pudiera ver en forma tangible y clara dónde se invertían los recursos obtenidos. Por eso se le comenzó a llamar "periférico 2%".

Años después, el gobierno federal hizo suyo el proyecto de ampliación del complejo vial, destinando abundantes recursos para ese fin en los seis años que duró el gobierno de Patricio Patrón. Las obras de mejoramiento del periférico continuaron bajo el gobierno de Ivonne Ortega, casi en su totalidad con recursos de la Federación.

La idea de ser "límite exterior" de la mancha urbana meridana persistió hasta el gobierno de Víctor Cervera. A partir de entonces, el periférico se concibe y trata como "avenida interior" de un sistema de ciudades y poblaciones.

Las necesidades y las circunstancias hicieron en poco tiempo que su función de límite simbólico del crecimiento de la ciudad fuese olvidada. Sucesivas administraciones municipales autorizaron fraccionamientos y desarrollos habitacionales en su parte externa; el megaproyecto de Ciudad Caucel, el de Las Américas, por citar sólo dos, llevaron a un número creciente de personas a vivir "fuera".

Hace casi 17 años, en enero de 1994, se inauguró el periférico de dos cuerpos. Entonces fue concebido como la pieza principal de un programa de reestructuración del transporte de la ciudad. Se trataba no sólo de propiciar la comunicación sur norte sin tener que pasar por el centro, sino de proveer a los usuarios de transporte público de un servicio masivo, tipo metro o tren suburbano, que permitiese traslados rápidos, seguros y a menor precio, con el pago de un solo boleto. Por eso se dejó el amplio camellón central.

Entonces y ahora, dos visiones se enfrentan en el destino del periférico: la que privilegia a los vehículos al pretender hacerlo más rápido, con pasos elevados y sin semáforos, y la que pone en el centro a las personas, lo que significaría volverlo eje del sistema de transporte masivo, crear pasos peatonales. Al parecer, los autos van ganando la batalla.

La tarea de dotar a Mérida de un nuevo sistema de transporte masivo, donde las opciones no se limiten a las tradicionales rutas de camiones, sino incluyan otras, tipo metrobús, sigue en los planes municipales.

Menguado, recortado, el camellón central del periférico puede albergar un "metrotren", un transporte colectivo masivo que circunde la ciudad y permita con un solo boleto trasladarse, por ejemplo, del Tecnológico de Mérida hasta San José Tecoh o de Ciudad Caucel hasta la Facultad de Antropología.

El costo del transporte importa mucho a la economía familiar. Las autoridades tendrían que aplicar imaginación y energía para brindar nuevas opciones a la sociedad meridana y a quienes viven cerca del periférico, sin ser parte del municipio de la capital.

¿Qué les parecería si le solicitamos a la gobernadora la transferencia del proyecto tren-bala-rápido de Cancún a Mérida? Sería realizable en dos años, los que le restan a su administración. Mientras, por favor, los pasos peatonales urgen, no pueden perderse más vidas por negligencias burocráticas.- Mérida, Yucatán.

viernes, 1 de octubre de 2010

Chaleco antibalas. De robos a robos

Dulce María Sauri Riancho (D. de Yucatán 29 septiembre de 2010)

El asalto a una joyería de Altabrisa ocurrido en días pasados fue de enorme cinismo: se efectuó a las siete y media de la noche, en momentos de afluencia de compradores y familias que transitaban por el centro comercial. No se guardaron los asaltantes, ni ocultaron sus rostros ni acallaron el sonido de sus marros sobre los cristales rotos. Huyeron después de varios minutos, suficientes para llevarse la mercancía en exhibición. Dejando una huella de sangre, atravesaron Sears y salieron a la avenida.

La policía no tardó mucho en localizar a los ejecutores del asalto; luego detuvo a los presuntos autores intelectuales, quienes contrataron y pagaron al grupo para realizar la operación. El botín desaparecido, junto con los dos últimos asaltantes prófugos, fue recuperado. Toda la banda ha sido puesta bajo arraigo por la sospecha de su participación en asaltos similares en otras partes del país. Éxito redondo para la Secretaría de Seguridad Pública y para la Procuraduría de Justicia del Estado. ¡Enhorabuena!

La persecución, detención y consignación de los presuntos responsables de un delito es la mejor medicina contra el mal social que se llama impunidad. Y éste es el único camino para preservar la seguridad y el ambiente de tranquilidad en todos los sectores de la sociedad.

Yucatán tiene fama nacional como una de las entidades más seguras del país en cuanto a la operación del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Mérida se ha vuelto ciudad que acoge a los llamados "desplazados internos", familias procedentes de distintas partes de México que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, sus escuelas y negocios por la violencia prevaleciente en sus lugares de origen.

Pero no todo es idílicamente pacífico en Yucatán. Veamos uno de los delitos más frecuentes, que afecta el patrimonio de quienes lo padecen: el robo.

Hay zonas de la ciudad de Mérida víctimas de constantes robos a las familias que salen a trabajar y dejan sola la casa durante todo el día, como en el fraccionamiento Francisco de Montejo. Sucede también en ciudades del interior del estado, como en Tizimín. En otras partes, como en Seyé, han sido los bienes colectivos -en este caso, el sistema de alumbrado de la cancha del ayuntamiento- las víctimas de los "amigos de lo ajeno".

Los propietarios de las casas veraniegas en la extensa franja costera que se extiende de Chuburná a Telchac registran frecuentes robos de todo tipo de bienes, desde televisores y refrigeradores, hasta toallas y hamacas. Lo mismo ha ocurrido en elegantes residencias de Chicxulub que en las más modestas de Chelem. Hasta las casas habitadas por extranjeros han resentido esta situación.

En el campo, los robos de bombas de los pequeños sistemas de riego son cada vez más frecuentes. Alambradas completas desaparecen; instalaciones de tubería de cobre son presa de ladrones que las desmantelan en poco tiempo, no interesa si son de bodegas, naves industriales o de una escuela.

Soguillas y celulares son botín en el centro de Mérida; un restaurante, BBT Wings, dos veces ha sido asaltado en un mes: la última ocasión, hasta en vídeo pudo testimoniar la operación de los asaltantes.

El robo no se persigue de oficio. Por eso el primer paso está en que los afectados se decidan a interponer ante las autoridades competentes la denuncia de los hechos.

Yucatán se caracterizó durante muchos años por la gran cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público; abundaban entonces las acusaciones por amenazas ("el vecino dijo que iba a matarme; o la vecina me insultó") o robos que incluían gallinas y otros bienes del traspatio. Era, sin duda, una muestra de confianza en la autoridad; una forma de reconocer que bajo su amparo y protección lo que estaba mal, incluyendo los pleitos vecinales, se arreglaría.

El paso del tiempo ha ido modificando esa sana práctica social. Entre las complicaciones de tiempo y de documentación para presentar la denuncia -facturas del viejo refrigerador, las inexistentes de la hamaca o del televisor- y la percepción de que poco o nada sucederá a favor de las víctimas, cada vez más personas deciden resignarse ante el despojo y la pérdida de sus bienes. Hasta algunos se consuelan diciendo que, al menos, el robo ocurrió ¡cuando estaba fuera de casa la familia!

Los bienes sustraídos fueron adquiridos con mucho esfuerzo; en algunos casos, todavía se están pagando. El coraje y la sensación de impotencia acompañan al momento del descubrimiento del despojo, porque se percibe que poco o nada se puede hacer.

Las autoridades no pueden evitar que los ciudadanos violen la ley; lo que sí pueden garantizar es que quien lo haga sea sometido a la justicia. La indiferencia o el menosprecio de lo pequeño y cotidiano, por su monto, por la extracción social de los afectados, por la falta de violencia visible en su realización, no deberá ser razón para dejar de atender y resolver cada una de las denuncias que se presenten.

Los sicarios no debutan matando; muy posiblemente comenzaron con pequeños hurtos que no fueron sancionados oportunamente.

Sin desconocer la parte social que explica el incremento de los delitos de tipo patrimonial, robo incluido, es necesario reforzar la acción de las autoridades para facilitar las denuncias de los ciudadanos; para incrementar la eficacia de la investigación y la solución de los casos; para consignar a los presuntos responsables ante los jueces.

Esa sería la más fuerte coraza, el mejor chaleco anti balas de impunidad que podemos ponerle a Yucatán.- Mérida, Yucatán.

Los vendavales del presupuesto

Dulce María Sauri Riancho (D. de Yucatán 22 de septiembre de 2010)

Los ventarrones del presupuesto vuelven a soplar. La entrega el pasado 8 de septiembre del llamado "paquete económico" por parte del presidente Calderón marca el inicio del trabajo de los diputados y senadores sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. Ambos deberán quedar aprobados el 15 de noviembre próximo.

Estas fechas del proceso federal dan oportunidad a los gobernadores de presentar a sus respectivos congresos estatales una estimación sólidamente fundamentada de sus futuros ingresos y gastos. En el caso de Yucatán, el 25 de noviembre es el plazo límite de la gobernadora para enviar su proyecto.

Una palabra extraña comienza a tomar carta de naturalización en el lenguaje económico local: el Paripasu. ¿Qué significa y cómo se relaciona con las finanzas públicas?

"Pari passu" es una locución latina que significa "igual paso" o "moviéndose en forma conjunta". En el proceso presupuestal quiere decir que para financiar una obra o para echar a andar un programa, el gobierno federal, el estatal y muchas veces el municipal se comprometen a dar su parte, a poner su participación en dinero. ¡Desde luego que la aportación no es la misma para los tres niveles de gobierno! Casi siempre es más cuantiosa la del gobierno federal, menos la de los otros dos.

Sumar recursos vía aportación gobierno-particulares no es novedad. Hace muchos años que así sucede. En su momento fue novedad la "mezcla" de recursos federación-estados. Desde 1977, vía los convenios de desarrollo que se firmaban anualmente, se comprometían ambos a dar su parte. Pero entonces y ahora, si alguno falla y no paga la obra no se puede realizar, el programa no se puede ejecutar.

Desde luego que hay programas 100% federales, como Oportunidades que llega a más de 140,000 familias yucatecas o programas estatales, como Reconocer Urbano para los adultos mayores. Son la excepción.

Cuando se firma un convenio de coordinación, se establecen las condiciones de participación de los firmantes. No debiera haber sorpresas, sólo previsión para cumplir lo que se firmó.

Ahora nos enteramos de que el gobierno del Estado no puede, o no pudo, poner su parte en varios importantes programas: dotación de motores fuera de borda para 128 pescadores; construcción de obras de riego con la Conagua; diversas obras con la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; Jóvenes emprendedores; capacitación para el trabajo con empresarios; investigación y extensionismo agrícola con Fundación Produce; Un Kilo de Ayuda, para la nutrición infantil en el campo, con una fundación privada. Se ha mencionado el riesgo de perder apoyos federales en el sector agropecuario y pesquero por esto.

Octubre y noviembre son meses de "caza" de recursos procedentes de los estados que no pudieron cumplir su aportación. Se van a otras entidades, más eficientes y organizadas en su ejercicio presupuestal; a otros municipios y otras veces, a "engordar" los fondos federales no ejercidos. Además, ¿con qué cara se van a solicitar más obras o inversiones para 2011 cuando no se ejercieron los recursos disponibles este año? Los diputados yucatecos pueden ser fácilmente desarmados en sus demandas con el argumento de "les dimos y no lo usaron; ¿para qué quieren más?".

No comprendo las razones del incumplimiento de los compromisos de aportación por parte del gobierno del Estado. Este año ha habido el flujo de recursos estimados en el presupuesto, tanto los de libre disposición como las aportaciones federales, incluso de más. El crédito de $1,820 millones se autorizó y parece que se está ejerciendo; no ha habido mayor gasto. La inflación se mantuvo razonablemente en los límites establecidos. Entonces, ¿qué pasó?

Habrá una oportunidad de que la gobernadora informe con amplitud sobre éste y otros temas. El domingo 17 de octubre -fecha que coincide con el 57 aniversario del voto a las mujeres- rendirá ante el Pleno del Congreso del Estado su Informe constitucional, el de a de veras. Los diputados deberán ejercer su función fiscalizadora, fundamental para la democracia. Los ciudadanos podrán preguntar, demandar información para explicar las vicisitudes que acompañan a los paripasus, así como las lagunas en las finanzas del Estado. Preparémonos.- Mérida, Yucatán.

dulcesauri@gmail.com