miércoles, 24 de febrero de 2010

Ausencias e intromisiones

La agenda de la gobernadora

Dulce María Sauri

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán

La distribución del tiempo es una de las más importantes tareas para las personas dedicadas al servicio público. Lo es en mayor medida cuando se ejerce la responsabilidad del Poder Ejecutivo, bien sea como gobernadora o presidente municipal.

Lo que más les interesa a los gobernantes se refleja en su agenda de actividades. Desde luego que reciben invitaciones para asistir a numerosos eventos, pero la selección de a cuáles acudir no debe ser producto de preferencias y gustos individuales, sino parte de una estrategia de gobierno que define dónde, con quién y para qué estar presente en una inauguración, toma de protesta o colocación de “primera piedra”. Además, es fundamental destinar tiempo al trabajo interno, de coordinación y revisión de los programas, sus avances y dificultades; a las reuniones para analizar los problemas del estado y la forma de enfrentarlos; en pocas palabras, al “trabajo de equipo”.

La estrategia de construcción de imagen de un gobernante se ha vuelto fundamental en una sociedad cada vez más dependiente de los medios masivos de comunicación. Los argumentos para gastar grandes cantidades de recursos públicos en información y propaganda de las actividades de gobierno están sustentados en la indispensable comunicación con la sociedad y en el principio de rendición de cuentas. El problema comienza cuando la agenda mediática se vuelve el epicentro de las acciones de gobierno. Se vuelve importante sólo lo que sirve para la imagen, la fotografía o para salir en televisión. Los actos son relevantes si hacen lucir bien al gobernante; son peligrosos si representan un riesgo de confrontación o cuestionamiento a sus actos de gobierno.

Dos eventos cercanos en tiempo y diferentes en propósito, contenido y asistentes ilustran las dificultades en el oficio de gobernar aterrizadas a Yucatán: la toma de protesta de la nueva directiva del Centro Empresarial de Mérida y la función de boxeo llamada “Batalla de Kukulkán”.

La gobernadora decidió no acudir al relevo de la directiva del Cemer el viernes pasado. Este sindicato de empresarios ha mantenido una línea crítica hacia el poder público no sólo en los asuntos concernientes al rumbo de la economía, sino también de los procesos electorales. Ante la presencia de su dirigente nacional y de las altas autoridades yucatecas, los empresarios habrían de expresar su punto de vista sobre las próximas elecciones locales, sus preocupaciones y advertencias, además de sus percepciones sobre la superación de la crisis económica en Yucatán.

Así lo hicieron, aunque la ausencia de la gobernadora y del mensaje que habría de formularles evitó que los asistentes y la sociedad yucateca se enteraran en forma directa de las opiniones y planteamientos del gobierno estatal sobre estos trascendentes asuntos.

Televisa promueve en distintos sitios de la república la realización de espectáculos de boxeo que transmite los sábados por la noche. Copatrocinada por el gobierno del Estado, como el concurso Nuestra Belleza México, la función estelar de boxeo en la que participaría Guty Espadas hijo fue presentada a mediados de enero como la “Batalla de Kukulkán”. A la empresa televisora le interesa la venta de los tiempos de publicidad comercial y los derechos de transmisión de la pelea a distintos países del mundo. Al gobierno yucateco, la publicidad que recibe el estado, particularmente Mérida, como destino turístico.

El pesaje de los púgiles —campeón y retador— se efectuó en la Plaza Grande, entiendo que sin anuencia del Ayuntamiento por la afectación al tránsito vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Todo quedó listo para el sábado por la noche.

Como lo ha vuelto costumbre en todos los eventos y espectáculos a los que asiste, la gobernadora subió al ring antes del inicio de la pelea estelar de la noche. Ataviada con el cinturón de campeón de peso pluma, fue sorprendida por los gritos de “¡Fuera, fuera, fuera!” que, según las crónicas y los comentarios de algunos asistentes, invadió el remozado Polifórum Zamná. No había sucedido antes en esa magnitud, ni en la inauguración de la temporada de béisbol —equipada con la camiseta de los Leones—, tampoco en la final de la liguilla de ascenso de fútbol, enfundada en el jersey de los Venados de Mérida. ¿Por qué ahora? Ensayo una respuesta: la gobernadora invadió los límites del espacio de los aficionados. Algunos ciudadanos asistentes, pocos o muchos; tal vez a quienes incluso se les había obsequiado un boleto para ser partícipes directos del espectáculo, manifestaron su rechazo a la irrupción de una figura pública en un lugar donde sólo cabían los boxeadores.

No soy partidaria de magnificar el incidente de la “Batalla de Kukulkán”, mucho menos de transformar la próxima inauguración de la temporada de béisbol en un acto de desagravio a la gobernadora. Sí considero que hay lecciones para aprender con modestia, que es el sello de los buenos gobernantes: el respeto a los espacios ciudadanos y, sobre todo, no confundir la comunicación con la sociedad con la propaganda personal.

Tal vez se pueda, al calor de la sorpresa, revisar los criterios de asignación de tiempos y de recursos para la promoción turística y económica de Yucatán: ¿qué resulta más conveniente, promover peleas de box o mantener una relación fluida y cordial con la dirigencia empresarial agrupada en la Coparmex? Cuestión de prioridades.— Mérida, Yucatán.

lunes, 22 de febrero de 2010

Reforma política: daño colateral

Dulce María Sauri Riancho*


(Opinión publicada en el portal “Contraste” www.contrasteweb.com en el mes de febrero de 2010)


Una vez más, la terca realidad se impone a la voluntad de las personas. Fernando Gómez Mont convence a su jefe, el Presidente de la República, para relanzar la propuesta de reforma política como una estrategia de recuperación de la iniciativa y de la agenda pública. Felipe Calderón realiza la presentación en las vísperas navideñas, justo el día que el Senado entra en receso, ante el desconcierto del PRI que se llama ofendido por no haber sido consultado previamente.


Enero del simbólico 2010 trae consigo el tema de las alianzas electorales para participar en los 15 procesos locales. Hay coincidencia que 2012 se decidirá este año, no en cuanto a las candidaturas a la Presidencia de la República, sino de las oportunidades reales de los partidos para competir y ganar. El núcleo duro de la fuerza priísta se ha concentrado en 10 de las 12 entidades cuyos gobiernos estarán en disputa. Entonces, vencer al PRI en todas las contiendas que se pueda se vuelve un objetivo estratégico de la mayor relevancia.

En ese continuo viaje al pasado que se ha convertido el presente mexicano, el partido en el gobierno decide buscar o aceptar invitaciones de su Némesis, el PRD, para construir coaliciones en varios estados, con un único propósito explícito: sacar al PRI de los palacios de gobierno de 10 de los estados donde habrá elecciones, algunos paradigmáticos de la fuerza priísta como Veracruz, Oaxaca y Puebla. El triunfo –calculan sus estrategas- bien vale la pena, aun si se soslayan los principios ideológicos, si se hacen a un lado los agravios recientes sobre la legitimidad del Presidente o si la coalición postula a un priísta que acaba de dejar la camiseta. Todo se vale con tal de derrotar al PRI.

¿Por qué ha encendido los ánimos el debate de las alianzas electorales en los estados? No son ajenas a las estrategias políticas de los partidos en los últimos años. Todos ellos, sin excepción, las han realizado en alguno de los numerosos procesos electorales, con distintos grados de éxito. Sin embargo, ahora los opositores al PRI intentan hacer resurgir el sentimiento antipriísta que tan eficazmente les sirvió en 2000 para cosechar votos a su favor, cuando los resultados de 2009 en casi todos los estados que tendrán elecciones pronostican triunfos del PRI. No es razón suficiente para el estruendo y la rabia contenida que se trasminan en algunas declaraciones.

¿Son los argumentos filosófico-políticos de uncir a los contrarios en principios, valores y programas de gobierno los que provocan el alud de las descalificaciones? Tampoco parece ser la fuente más relevante de la inconformidad.

Queda entonces una interpretación posible que daría sentido al encono en las palabras y a las posiciones de descalificación y reto que han exhibido las principales fuerzas políticas a raíz del tema de las alianzas 2010: los compromisos incumplidos.

Desde dos flancos conspira la terca realidad contra el acto supremo de la voluntad panista de construir alianzas electorales este año. Por una parte, la contradicción no resuelta entre ser el partido en el gobierno y comportarse como oposición ha llevado al PAN a la creación de una agenda propia partidista que, en el caso de las coaliciones, hizo entrar en rumbo de colisión a la propia estrategia gubernamental de construcción de acuerdos con la mayoría priísta de la Cámara de Diputados, cruciales para el cotidiano día con día de los ingresos y del presupuesto.

El otro flanco es la comprensión del conjunto de los actores políticos, del alcance de los compromisos del gobierno con los actores priístas –dirigencia nacional, gobernadores-. En este punto el rostro del pasado parece cobrar vigencia en los cálculos y juicios sobre la capacidad del gobierno de cumplir acuerdos, cuando estos involucran al partido en el gobierno como pagador.

Hubiera sido inimaginable en el PRI del inicio de los 90 una rebelión partidista contra los acuerdos del gobierno y el PAN, aunque estos hubiesen representado la cesión del gobierno de Guanajuato, de las presidencias de Mérida y Monterrey (1993-1994), el relevo del recién electo gobernador de San Luis Potosí (1991), entre otros efectos en el ámbito estatal del cumplimiento de los compromisos presidenciales con la oposición panista. Contra viento y marea el gobierno cumplió, aun a costa de su partido y de la incipiente justicia electoral de entonces: tenía la fuerza de la relación histórica de disciplina y subordinación a la figura presidencial que garantizaba sobre todas las cosas, que el PRI aceptaría el sacrificio de sus intereses partidistas en aras de la gobernabilidad del país y de facilitar la acción de su gobierno.

No es el caso del PAN. Su historia es de oposición al gobierno establecido. Verse a sí mismo como partido gobernante, con las responsabilidades que conlleva, ha sido para este partido un proceso traumático que aun no concluye. El PAN no puede ser el PRI; no puede ser empleado por su gobierno para negociar y obtener acuerdos con sus opositores sin mediar consecuencia alguna, como sucedía en la etapa priísta. Hay razones estructurales y de historia genética: uno nació desde el poder para conservarlo; el otro, para oponerse a él. Eso no lo cambian 10 años en la Presidencia de la República.

Se equivocaron los gobernadores del PRI que hicieron y aceptaron un trato con el gobierno en noviembre pasado a cambio de que el PAN no hiciese alianzas electorales con el PDR en 2010. Se equivocó el secretario de Gobernación garante del acuerdo, diputado federal panista en 1991-1994, el periodo de auge de las concertacesiones, cuando el PRI una y otra vez mordió polvo en la Cámara de Diputados y en los estados para pagar los acuerdos. La relación Presidente de la República-partido que conocimos durante muchos años, ha quedado definitivamente en el pasado.

Los ánimos encendidos por el debate de las alianzas electorales demuestran con claridad la ausencia de un nuevo marco de relaciones políticas que le dé cauce y claridad de cara a la ciudadanía. Se vuelve fundamental una ley de Partidos Políticos, en que se normen los convenios que vayan más allá de la elección. Los nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluida la ratificación del gabinete presidencial, tendrían que diseñarse a partir del supuesto de las alianzas electorales.

Por lo pronto, la iniciativa de “reforma política integral” parece naufragar en las aguas turbulentas del 2010. Para Acción Nacional, es un “daño colateral”, incluida la renuncia a su militancia panista del secretario de Gobernación. El pragmatismo se impone: si no hay recuperación electoral ahora, ¿cuál es el sentido de una reforma del sistema político? ¿Servirle la mesa a los opositores que serían gobierno en el 2012?

Muy pronto veremos la conclusión de este tramo de historia inmediata: marzo, en cuanto a los registros de candidatos; julio, en cuanto a sus resultados. Mientras, el país demanda respuestas y acuerdos de sus políticos. ¿Será?

miércoles, 17 de febrero de 2010

La luz puede cambiar

El semáforo yucateco

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.



Ciudad Juárez se está desangrando. Más de 1,600 personas fueron asesinadas el año pasado, 101 ejecuciones por cada 100,000 habitantes. Sería el equivalente de que en Mérida se hubiesen registrado 910 homicidios: que los acontecimientos de Chichí Suárez y sus 12 decapitados se hubiesen repetido cada semana y que, además, todos los días, sin excepción, hubiese ocurrido un asesinato violento en alguna parte de la ciudad.

A mediados de los años 60 se registró en Juárez el inicio del auge de la industria maquiladora de exportación, como un modelo exitoso de creación de empleos en la industria manufacturera. Copiado por otros países, incluyendo a China que lo profundizó y perfeccionó, fue la causa principal del crecimiento acelerado de su población. Era una ciudad próspera, pujante, ejemplo del auge fronterizo que caracterizó por muchos años al norte de México.

Hoy, Ciudad Juárez ha perdido casi una cuarta parte de sus habitantes; las casas cerradas —se estima un 25%— son testigos mudos del imperio del miedo que se ha instalado en la población. Muchas familias se han trasladado a la vecina ciudad de El Paso, en Texas, donde en contraste sólo hubo cuatro muertes violentas en 2009. ¡Y sólo los divide la línea fronteriza! La tragedia del asesinato a mansalva de 15 jóvenes estudiantes que celebraban el cumpleaños de uno de ellos detonó justificadamente la indignación y la furia de la población de Juárez.

Una vez más, las autoridades federales y estatales se comprometieron conjuntamente a poner los medios para combatir al crimen organizado. El escepticismo ciudadano frente a estas medidas tiene justificación: el incremento de la violencia se ha registrado a pesar del alto número de soldados y policías federales que se han desplazado hasta esta ciudad.

Es decir, el tejido social —el entramado de las relaciones entre la sociedad y su gobierno, entre los ciudadanos y su entorno— está seriamente lesionado, dominado por el miedo y la incertidumbre.

Los miles de muertos tienen nombre, madre y en muchos casos, familia. Delincuentes o no, en una sociedad democrática tienen derechos que la autoridad está obligada a respetar. Su muerte violenta debe ser investigada y los culpables, sancionados. No es razón y pretexto para evadir la responsabilidad de ministerios públicos y jueces que la víctima haya sido un sicario del narcotráfico, como tampoco lo es que haya sido una prostituta. Además, el riesgo de descalificar a priori los hechos como “pleito de pandillas” o “actuación del crimen organizado” ya lo sufrió en carne propia el presidente de la República que tuvo que ofrecer disculpas a las familias doblemente dolidas por la muerte violenta de sus hijos y por el juicio presidencial.

Los yucatecos no podemos cometer pecado de soberbia y sentirnos a salvo. Dolernos de Juárez, sí, pero considerar que está muy lejos, a más de 3,000 kilómetros, al otro lado del país, para que su dolor nos pueda afectar. Aquí —nos decimos— respiramos a salvo; “Los yucatecos no matan...”, aunque no dejen vivir, conseja popular que ilustra la que suponemos bondad intrínseca. El mal viene de fuera, hemos repetido por años; ni se incuba ni se desarrolla en nuestra sociedad.

Recientemente, las autoridades militares recordaron que Yucatán está en la ruta del narcotráfico y del tráfico de personas indocumentadas. Pero el estado es la entidad federativa más segura del país y Mérida, una ciudad tranquila. En su momento, Guadalajara (en la década de los 80), Monterrey (al inicio de los 90), así lo fueron. Y su seguridad y la paz que parecían envolverlas súbitamente se rompieron: disputas o rupturas entre cárteles de narcotráfico, desplazamiento de sus líderes, descabezamiento de jefes por parte de las autoridades, las causas pueden ser muchas y las consecuencias en términos de estabilidad social, profundas.

Como sociedad debemos estar alertas de manera permanente. Distinguir los focos amarillos que parecen encenderse cuando la impunidad rodea las denuncias de hechos delictivos, bien sean robos, asaltos y, desde luego, homicidios.

Por cada delincuente impune de sus fechorías, se multiplica el riesgo de los ciudadanos. En contraposición, por cada acción oportuna de las policías, como en el frustrado intento de asalto del Oxxo de Juan Pablo II, se desalientan futuras acciones de los delincuentes.

Focos amarillos prendió el homicidio de un joven en una colonia del sur de la ciudad. Él no quería transitar por determinada calle al regresar de su trabajo de mesero a altas horas de la madrugada, porque allá se reunía una pandilla: apareció el miedo que paraliza la libertad de tránsito, el derecho ciudadano de sentirse seguros en la calle, a la hora que sea.

El joven fue interceptado por el grupo que temía encontrar. Acuchillado, intentó ponerse a salvo en una casa habitada por una joven madre de familia, quien atemorizada se negó a abrir la puerta, para ver horrorizada a través de su ventana cómo el joven era “rematado” por sus asesinos. El miedo pudo más que la solidaridad. Ése es uno de los síntomas de ruptura del tejido social, cuando se siente que nadie puede ayudarnos, que tampoco tenemos por qué ayudar a nadie.

Tenemos que hacer más fuertes los lazos que nos unen. Saber exigir políticas públicas y acciones de gobierno que respondan a los grandes problemas del desempleo, especialmente entre los jóvenes. Rechazar la corrupción donde ésta se presente y exigir cuentas de los hechos denunciados sin dejar que sea el olvido su destino.

El semáforo yucateco está todavía en amarillo. De nosotros depende que no cambie a las luces de violencia y temor. Nadie es ajeno a esta gran responsabilidad.— Mérida, Yucatán.

Dulce María Sauri Riancho

domingo, 14 de febrero de 2010

Al fin se animó el Presidente

Columna publicada en el mes de Febrero para la revista del Centro de Inteligencia Política, Dulce María.

La iniciativa de “reforma política integral” presentada por el Presidente de la República el 15 de diciembre pasado, dio un indispensable impulso al debate sobre la reforma del Estado. Aun cuando en anteriores legislaturas, diputados y senadores de todos los partidos políticos habían formulado diversas iniciativas de reformas constitucionales sobre reelección consecutiva, candidaturas independientes, referéndum y plebiscito, entre otras, el Ejecutivo federal se había abstenido de hacer uso de su facultad para iniciar leyes.

En un régimen presidencial –presidencialista aún- como es el que nos rige, el silencio del Ejecutivo se interpretaba como indiferencia, o como pretensión de no arriesgar a ver desechadas o congeladas sus propuestas.

Por eso fue importante la determinación de Felipe Calderón de introducir un conjunto de iniciativas de reformas constitucionales, el llamado “decálogo” de la reforma política.

Hasta ese momento de diciembre, parecía que toda la energía de los legisladores se había agotado con la aprobación de la Ley para la Reforma del Estado cuya vigencia concluyó en un año. Al término, la reforma electoral de finales de 2007 fue, una vez más, el resultado más tangible.

Digo “una vez más” porque los propósitos de transformar la manera como se distribuye el poder en México, hasta ahora, se agotan en las reformas electorales. Tal vez sea más fácil ponerse de acuerdo en las vías de acceso al poder (códigos electorales), para las distintas fuerzas políticas, que entrar a la disputa por su redistribución, principalmente cuando están de por medio los beneficios del desarrollo. El caso es que “reforma del Estado” se ha vuelto sinónimo de “reforma electoral”, ni siquiera de “reforma política”.

Reforma Política: ¿a destiempo y deshilvanada?

Son muchos los temas que han surgido en el recientemente revitalizado debate, no sólo los incluidos en la iniciativa presidencial sino otros que ésta dejó a un lado, como la revocación de mandato y la ratificación de los integrantes del gabinete, entre otros. Sin embargo, los temas que parecen agrupar una mayoría de consensos, sin que los desacuerdos expresados dejen de tener un gran peso político, son dos: me refiero a las candidaturas independientes y a la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales. Ambos temas aparentemente están unidos por el propósito común de “empoderar” a la ciudadanía, es decir, otorgarle poder para decidir si quiere votar por los candidatos de un partido o por un ciudadano que se postuló al margen de la estructura partidista; si quiere conservar a sus representantes o si los quiere relevar en virtud de su mal desempeño, mediante la reelección inmediata.

Quisiera subrayar que ninguna propuesta de reforma del sistema político puede contemplarse aisladamente. Todas están estrechamente vinculadas: un cambio afecta al conjunto y, desde luego, los equilibrios de poder. Es el caso de la reelección consecutiva o inmediata de los legisladores.

La Reelección consecutiva de legisladores. No todo es “miel sobre hojuelas”

El argumento central a favor de la reelección inmediata es otorgar al ciudadano la capacidad de decidir sobre el destino de sus representantes, sustrayendo a los partidos políticos su papel exclusivo en la postulación de candidatos. En este aspecto, guarda semejanza con la argumentación favorable a las candidaturas independientes.

En este supuesto, la posibilidad de reelección la gana el representante popular eficiente, probo, capaz. Esa persona necesariamente sería postulada por su partido, al contar éste con la evidencia de encontrarse frente a un candidato ganador. El núcleo de esta argumentación se ubica en la capacidad ciudadana para calificar la actuación de sus representantes. Y esto sólo es posible mediante la rendición de cuentas.

Aquí penetramos en el resbaladizo terreno del acceso a la información pública gubernamental, la transparencia y la oportunidad con que los ciudadanos la conocen para poder formarse un juicio y otorgar una calificación. Desde esta perspectiva, la reforma para permitir la reelección inmediata tendría que estar acompañada del establecimiento de un sistema nacional de rendición de cuentas. Subrayo su carácter “nacional”, que abarque a las 32 entidades federativas, los municipios y desde luego, el propio gobierno federal.

Los medios masivos de comunicación, en particular los electrónicos, se han transformado en factores fundamentales para el triunfo electoral de un partido político y de sus candidatos. La reforma electoral de 2007 nos enseña los límites de la norma cuando no media una reforma integral a la legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que garantice diversidad, pluralidad y competencia; siempre hay forma de “darle la vuelta”. Si los ciudadanos se enteran de las acciones de sus gobernantes a través de los medios, si estos no garantizan la pluralidad, si se han vuelto “poderes fácticos” que deciden en función de sus intereses apoyar o socavar una candidatura, ¿quiénes en realidad definirían sobre el futuro de los representantes que aspiren a la reelección?

Se trata de enunciar el problema para buscar resolverlo. En este caso, la solución para lograr que la reelección sirva a la ciudadanía y no a grupos de presión y de intereses privados estriba en la reforma integral a las telecomunicaciones, radio y televisión.

Reelección y Partidos: “el que parte y comparte, ¿se lleva la mejor parte?”

El otro punto indispensable para hacer transitable la reelección consecutiva tiene que ver con los partidos políticos. Una ley de partidos que evite la arbitrariedad en la postulación de las candidaturas –de primera vez o de reelección-, que garantice la equidad en la contienda interna y trate, en la medida de lo posible, de garantizar la movilidad política de sus cuadros.

¿Permanencia y Profesionalización, van de la mano?

La preocupación acerca de la profesionalización del trabajo parlamentario que se vería favorecida por la reelección y la posibilidad de realizar una carrera legislativa, es otro de los argumentos que han sido esgrimidos en la propuesta presidencial. La reelección por sí misma no garantiza que sean los mejores en cuanto al trabajo legislativo quienes permanezcan. Algunos ejemplos de congresistas norteamericanos reelectos en múltiples ocasiones, interrogados sobre su conocimiento de determinadas leyes aprobadas con su voto, con claridad rayana en el cinismo confesaron que no las habían leído, menos estudiado. Y esa era la regla, no la excepción.

El fortalecimiento del régimen de gobierno interno del Congreso de la Unión, de las cámaras de Senadores y de Diputados, es indispensable tanto para la reelección como para la introducción de nuevas atribuciones, como la de ratificación del gabinete presidencial, en el caso del Senado.

Reelección y equilibrio de poderes

Hay otras preguntas que es necesario responder en el tema de la reelección consecutiva. Tienen relación con los nuevos equilibrios entre los poderes, especialmente el Legislativo y el Ejecutivo y entre la Federación y los estados de la Unión.

Una y otra vez los promoventes de la reelección consecutiva han señalado que no incluye de forma alguna la reelección de los gobernadores y del Presidente de la República. No dudo de este propósito. Por eso, es fundamental prever la modificación que tendrá la relación entre un Ejecutivo que no puede ser reelecto bajo circunstancia alguna y un cuerpo legislativo, cuyos integrantes, todos sin excepción, potencialmente son reelegibles. Sin reformas en el régimen de gobierno que obliguen a la construcción de acuerdos para gobernar entre el Congreso y el Ejecutivo, muy probablemente observaríamos el desdibujamiento de la disciplina partidista en una serie de decisiones; el predominio de los legítimos pero limitados intereses locales, en determinaciones que tienen impacto nacional; la necesidad del Presidente de la República de contar con vías expeditas y legítimas para el cabildeo individual con los legisladores con la finalidad de obtener apoyo para sus iniciativas.

Estos mismos argumentos son válidos para las relaciones entre los gobernadores y sus congresos. Además, habría que considerar la forma de funcionamiento de un nuevo gobierno cuyo congreso provenga mayormente de una reelección; situación similar se daría con los presidentes municipales reelectos. La tentación de las reediciones del maximato en las entidades federativas sería considerable.

Si el aliento principal del propósito de reforma política en cuanto al régimen político es la construcción de mayorías estables para gobernar, considero indispensable prever los escenarios y establecer las bases normativas para la solución de los problemas de convivencia de dos poderes con distintos ritmos de duración en sus encargos.

El fantasma de los neo cacicazgos estatales

El problema más delicado a resolver en la cuestión de la reelección consecutiva, desde mi particular punto de vista, se ubica en el ámbito de las relaciones entre el gobierno federal y los estados, entre los gobernadores y el Presidente de la República.

Uno de los cambios más significativos acontecidos como consecuencia del agotamiento del modelo político priísta y la alternancia partidista en la presidencia de la república ha sido el debilitamiento del poder central, tanto de la administración pública federal como del propio Presidente. En contraposición, los gobernadores, mayoritariamente priístas, han recreado buena parte del poder ejercido por sus antecesores antes de la fundación del PRM en 1934. Es indispensable recordar las circunstancias que rodearon la determinación del presidente Calles de impulsar la reforma que prohibió la reelección consecutiva de legisladores. Cito:

“En rigor, la reforma que daría por terminada la reelección de diputados de los años30 no buscaba necesariamente someter al Congreso, sino acabar con una efectiva fuente de poder nacional de los gobernadores. Por supuesto que fue un recurso para centralizar el poder en el ejecutivo, pero lo relevante es que el principal objetivo era quitarles a los mandatarios el control de las Cámaras. Sin los gobernadores detrás, el Congreso federal se subordinó a la presidencia.

¿Quiénes tendrían el control de los legisladores federales reelectos? ¿La ciudadanía que así lo decide? ¿El gobernador que los impulsó al cargo y los cobijó en su gestión para tener ventaja en los momentos de la reelección? ¿Sólo los incondicionales podrían volver a ser postulados, bajo el supuesto del control del aparato partidista en manos del gobernador?

Las formas de relación entre los gobernadores y el Presidente de la República también se han modificado profundamente a raíz de la alternancia y de la descentralización de los recursos presupuestales. El fenómeno reciente de la negociación de las reformas fiscales entre el gobierno federal (Gobernación, Hacienda) y los gobernadores del PRI de las entidades con el mayor número de legisladores (Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca), así lo demuestra. La reelección consecutiva acentuaría estas nuevas formas de interlocución.

Los riesgos de la reedición de cacicazgos locales, ante la asimetría que guarda el desarrollo democrático de las distintas entidades del país, habrían de considerarse para poder prevenirse. Es uno de los elementos centrales en la redefinición del nuevo federalismo, tema de la agenda pendiente.

Conclusiones. Cambios integrales, no más medias tintas

¿Reelección consecutiva sí o no? Considero que no hay respuesta categórica que sea responsable de sus consecuencias. Por vocación personal, la realización de una carrera parlamentaria consecutiva me parece sumamente atractiva: pero no se trata de preferencias o de comodidad. El “si” condicional se vuelve parte esencial de la respuesta: si forma parte del nuevo equilibrio entre los poderes; si hay una legislación de medios; si hay un sistema nacional de rendición de cuentas; si hay una ley de partidos políticos; si se logra un rediseño del sistema federalista del país.

Es cierto que la reelección legislativa no es la sinecura de todos los males políticos que padecemos. Ni ésta ni otra reforma concebida aisladamente lo será. Pero si las determinaciones que tome el Constituyente Permanente se adoptan sin contemplar las consecuencias de las reformas, podríamos encontrarnos con la desagradable sorpresa que, en vez de remediar un problema, solamente se lograría agudizarlo.

Si el problema es la falta de poder de la ciudadanía para participar en la conducción de los asuntos públicos; si la falta de una carrera parlamentaria coloca a los legisladores en situación de vulnerabilidad frente al Ejecutivo; si los poderes fácticos imponen su agenda a los poderes constituidos; si el régimen político que normaba las relaciones entre el Estado y la Sociedad se agotó en 2000 y no ha sido sustituido, tomemos entonces las decisiones pertinentes, profundas, radicales si es necesario, pero integrales, articuladas, con la visión clara del sistema que queremos construir: democrático, participativo, igualitario.

Mérida, Yucatán. Dulce María Sauri Riancho

jueves, 4 de febrero de 2010

Transparencia y reelección

Poder Ciudadano

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

El acceso a la información pública y la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales son temas estrechamente vinculados. Por causas distintas, ambos han estado presentes en el debate nacional de estos días.

La reelección, por el envío de una iniciativa de reformas constitucionales del presidente Felipe Calderón, y el acceso a la información por los cambios en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la legislación en materia de transparencia del estado de Campeche.

¿Para qué sirve el acceso ciudadano a la información de lo que hace y dice el gobierno? Es útil, desde luego, para seguir y calificar la actuación de los gobernantes desde la perspectiva ciudadana; por ejemplo, disponiendo de los datos que describan cuánto y cómo se gasta el dinero de los impuestos, lo que permite a la sociedad ejercer funciones de fiscalización sobre la actuación del gobierno, sin tener que ser diputado. Sirve también para tomar decisiones que atañen a la vida cotidiana de las personas; así, cuando queremos elegir la mejor escuela primaria para nuestros hijos, el acceso a la calificación de la calidad de la enseñanza en los distintos planteles puede ayudar a decidir a los padres de familia. Lo mismo sucede con la información necesaria para instalar una guardería, si se dispone de la información sobre el número de madres trabajadoras que la demandan.

El ejercicio del derecho a la información a través del acceso y la transparencia de la información pública gubernamental, es útil a todos los ciudadanos. Tenemos derecho a saber todo sobre el gobierno, lo que hace, dónde lo hace, cuánto gasta. Es nuestro derecho ciudadano. Pretender calificar las peticiones de información como actos que sólo buscan incomodar a las autoridades es, además de una peligrosa miopía, una intención de opacidad que oculta cosas que las autoridades preferirían no ver sometidas al escrutinio público.

Por mandato de ley, las dependencias gubernamentales están obligadas a proporcionar los datos que los ciudadanos les soliciten, sin más límite que la información calificada como “reservada” (por ejemplo, los expedientes de los juicios en tanto no concluyan) o “confidencial”, que son los datos personales (por ejemplo, los expedientes médicos).

Más allá de la ley, el acceso a la información supone una actitud. La democracia demanda una sociedad que conozca y ejerza su derecho a estar informada; pero también exige instituciones públicas que no la regateen o la proporcionen a cuentagotas.

¿Cómo hablar de “rendición de cuentas” si no hay información disponible o si la que hay es parcial, incompleta o sesgada? ¿Estará la ciudadanía en posibilidad de calificar la actuación de sus gobernantes sólo con la magra información que contienen los anuncios propagandísticos que nos invaden en cada informe de gobierno? El acceso ciudadano a la información pública cuenta con un marco legislativo que comienza con la Constitución. Tiene órganos responsables: el IFAI a nivel federal y el Inaip, en el caso de Yucatán, e implica obligaciones y responsabilidades para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Considera también sanciones en caso de incumplimiento.

Las resistencias y las inercias institucionales a proporcionar la información y dar avances a la sociedad de su actuación se han presentado continuamente desde 2002. Han menudeado los amparos (curiosamente, las autoridades que se niegan a revelarla los han interpuesto o empujado a los particulares presuntamente agraviados a que lo hagan). Esas mismas resistencias consiguieron introducir una reforma en el Código Federal de Procedimientos Penales para que la PGR no tenga que revelar las razones del “no ejercicio de la acción penal”; por ejemplo, por qué no procedió contra el ex director de la Lotería Nacional denunciado por Megamedia.

Si todo lo anterior no fuera expresión de retroceso en materia de transparencia, la reforma realizada en la legislación de acceso a la información del estado de Campeche pone en riesgo gran parte de lo que se había logrado avanzar en este campo tan azaroso, ya que abre la puerta para que las determinaciones del órgano de transparencia puedan ser impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia. En otras palabras, se judicializa un proceso. Y la Procuraduría General de la República, consultada por la Suprema Corte de Justicia dentro de la acción de inconstitucionalidad, ¡dice que la reforma es correcta! No es cosa menor. Una de las más importantes armas de los todavía frágiles órganos de transparencia es que sus decisiones son definitivas; es decir, que no hay (o había) otra instancia a la cual acudir cuando le ordena a una dependencia poner a disposición del demandante determinada información. Ahora, al menos en Campeche, las dependencias pueden recurrir al Poder Judicial para detener y hasta bloquear el derecho ciudadano a la información.

En medio de estos acontecimientos se desarrolla la discusión sobre la reelección consecutiva de presidentes municipales y legisladores. Bajo la hipótesis que la ciudadanía podrá premiar o castigar con su voto la gestión de sus representantes, se pretende eliminar el impedimento para que los diputados, senadores y los presidentes municipales puedan ser reelectos en el siguiente periodo. La propuesta presidencial y de varias organizaciones ciudadanas descansa sobre la premisa fundamental de la rendición de cuentas y del poder ciudadano para calificar a sus representantes. Pero con los obstáculos existentes, es difícil imaginar que la ciudadanía pueda contar con los elementos necesarios para justipreciar la actuación de sus funcionarios más allá de la intensísima —y muchas veces mentirosa— propaganda electoral.

No se trata de negarle posibilidades a la reelección consecutiva, sino estar atentos para que una reforma de esta naturaleza conlleve los mecanismos indispensables de rendición de cuentas, a través del acceso amplio y sin restricciones a la información pública gubernamental. Sin cuentas claras no puede haber libertad de elección. Menos de reelección.— Mérida, Yucatán

Dulce María Sauri Riancho