lunes, 22 de febrero de 2010

Reforma política: daño colateral

Dulce María Sauri Riancho*


(Opinión publicada en el portal “Contraste” www.contrasteweb.com en el mes de febrero de 2010)


Una vez más, la terca realidad se impone a la voluntad de las personas. Fernando Gómez Mont convence a su jefe, el Presidente de la República, para relanzar la propuesta de reforma política como una estrategia de recuperación de la iniciativa y de la agenda pública. Felipe Calderón realiza la presentación en las vísperas navideñas, justo el día que el Senado entra en receso, ante el desconcierto del PRI que se llama ofendido por no haber sido consultado previamente.


Enero del simbólico 2010 trae consigo el tema de las alianzas electorales para participar en los 15 procesos locales. Hay coincidencia que 2012 se decidirá este año, no en cuanto a las candidaturas a la Presidencia de la República, sino de las oportunidades reales de los partidos para competir y ganar. El núcleo duro de la fuerza priísta se ha concentrado en 10 de las 12 entidades cuyos gobiernos estarán en disputa. Entonces, vencer al PRI en todas las contiendas que se pueda se vuelve un objetivo estratégico de la mayor relevancia.

En ese continuo viaje al pasado que se ha convertido el presente mexicano, el partido en el gobierno decide buscar o aceptar invitaciones de su Némesis, el PRD, para construir coaliciones en varios estados, con un único propósito explícito: sacar al PRI de los palacios de gobierno de 10 de los estados donde habrá elecciones, algunos paradigmáticos de la fuerza priísta como Veracruz, Oaxaca y Puebla. El triunfo –calculan sus estrategas- bien vale la pena, aun si se soslayan los principios ideológicos, si se hacen a un lado los agravios recientes sobre la legitimidad del Presidente o si la coalición postula a un priísta que acaba de dejar la camiseta. Todo se vale con tal de derrotar al PRI.

¿Por qué ha encendido los ánimos el debate de las alianzas electorales en los estados? No son ajenas a las estrategias políticas de los partidos en los últimos años. Todos ellos, sin excepción, las han realizado en alguno de los numerosos procesos electorales, con distintos grados de éxito. Sin embargo, ahora los opositores al PRI intentan hacer resurgir el sentimiento antipriísta que tan eficazmente les sirvió en 2000 para cosechar votos a su favor, cuando los resultados de 2009 en casi todos los estados que tendrán elecciones pronostican triunfos del PRI. No es razón suficiente para el estruendo y la rabia contenida que se trasminan en algunas declaraciones.

¿Son los argumentos filosófico-políticos de uncir a los contrarios en principios, valores y programas de gobierno los que provocan el alud de las descalificaciones? Tampoco parece ser la fuente más relevante de la inconformidad.

Queda entonces una interpretación posible que daría sentido al encono en las palabras y a las posiciones de descalificación y reto que han exhibido las principales fuerzas políticas a raíz del tema de las alianzas 2010: los compromisos incumplidos.

Desde dos flancos conspira la terca realidad contra el acto supremo de la voluntad panista de construir alianzas electorales este año. Por una parte, la contradicción no resuelta entre ser el partido en el gobierno y comportarse como oposición ha llevado al PAN a la creación de una agenda propia partidista que, en el caso de las coaliciones, hizo entrar en rumbo de colisión a la propia estrategia gubernamental de construcción de acuerdos con la mayoría priísta de la Cámara de Diputados, cruciales para el cotidiano día con día de los ingresos y del presupuesto.

El otro flanco es la comprensión del conjunto de los actores políticos, del alcance de los compromisos del gobierno con los actores priístas –dirigencia nacional, gobernadores-. En este punto el rostro del pasado parece cobrar vigencia en los cálculos y juicios sobre la capacidad del gobierno de cumplir acuerdos, cuando estos involucran al partido en el gobierno como pagador.

Hubiera sido inimaginable en el PRI del inicio de los 90 una rebelión partidista contra los acuerdos del gobierno y el PAN, aunque estos hubiesen representado la cesión del gobierno de Guanajuato, de las presidencias de Mérida y Monterrey (1993-1994), el relevo del recién electo gobernador de San Luis Potosí (1991), entre otros efectos en el ámbito estatal del cumplimiento de los compromisos presidenciales con la oposición panista. Contra viento y marea el gobierno cumplió, aun a costa de su partido y de la incipiente justicia electoral de entonces: tenía la fuerza de la relación histórica de disciplina y subordinación a la figura presidencial que garantizaba sobre todas las cosas, que el PRI aceptaría el sacrificio de sus intereses partidistas en aras de la gobernabilidad del país y de facilitar la acción de su gobierno.

No es el caso del PAN. Su historia es de oposición al gobierno establecido. Verse a sí mismo como partido gobernante, con las responsabilidades que conlleva, ha sido para este partido un proceso traumático que aun no concluye. El PAN no puede ser el PRI; no puede ser empleado por su gobierno para negociar y obtener acuerdos con sus opositores sin mediar consecuencia alguna, como sucedía en la etapa priísta. Hay razones estructurales y de historia genética: uno nació desde el poder para conservarlo; el otro, para oponerse a él. Eso no lo cambian 10 años en la Presidencia de la República.

Se equivocaron los gobernadores del PRI que hicieron y aceptaron un trato con el gobierno en noviembre pasado a cambio de que el PAN no hiciese alianzas electorales con el PDR en 2010. Se equivocó el secretario de Gobernación garante del acuerdo, diputado federal panista en 1991-1994, el periodo de auge de las concertacesiones, cuando el PRI una y otra vez mordió polvo en la Cámara de Diputados y en los estados para pagar los acuerdos. La relación Presidente de la República-partido que conocimos durante muchos años, ha quedado definitivamente en el pasado.

Los ánimos encendidos por el debate de las alianzas electorales demuestran con claridad la ausencia de un nuevo marco de relaciones políticas que le dé cauce y claridad de cara a la ciudadanía. Se vuelve fundamental una ley de Partidos Políticos, en que se normen los convenios que vayan más allá de la elección. Los nuevos equilibrios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluida la ratificación del gabinete presidencial, tendrían que diseñarse a partir del supuesto de las alianzas electorales.

Por lo pronto, la iniciativa de “reforma política integral” parece naufragar en las aguas turbulentas del 2010. Para Acción Nacional, es un “daño colateral”, incluida la renuncia a su militancia panista del secretario de Gobernación. El pragmatismo se impone: si no hay recuperación electoral ahora, ¿cuál es el sentido de una reforma del sistema político? ¿Servirle la mesa a los opositores que serían gobierno en el 2012?

Muy pronto veremos la conclusión de este tramo de historia inmediata: marzo, en cuanto a los registros de candidatos; julio, en cuanto a sus resultados. Mientras, el país demanda respuestas y acuerdos de sus políticos. ¿Será?