jueves, 4 de febrero de 2010

Transparencia y reelección

Poder Ciudadano

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

El acceso a la información pública y la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales son temas estrechamente vinculados. Por causas distintas, ambos han estado presentes en el debate nacional de estos días.

La reelección, por el envío de una iniciativa de reformas constitucionales del presidente Felipe Calderón, y el acceso a la información por los cambios en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la legislación en materia de transparencia del estado de Campeche.

¿Para qué sirve el acceso ciudadano a la información de lo que hace y dice el gobierno? Es útil, desde luego, para seguir y calificar la actuación de los gobernantes desde la perspectiva ciudadana; por ejemplo, disponiendo de los datos que describan cuánto y cómo se gasta el dinero de los impuestos, lo que permite a la sociedad ejercer funciones de fiscalización sobre la actuación del gobierno, sin tener que ser diputado. Sirve también para tomar decisiones que atañen a la vida cotidiana de las personas; así, cuando queremos elegir la mejor escuela primaria para nuestros hijos, el acceso a la calificación de la calidad de la enseñanza en los distintos planteles puede ayudar a decidir a los padres de familia. Lo mismo sucede con la información necesaria para instalar una guardería, si se dispone de la información sobre el número de madres trabajadoras que la demandan.

El ejercicio del derecho a la información a través del acceso y la transparencia de la información pública gubernamental, es útil a todos los ciudadanos. Tenemos derecho a saber todo sobre el gobierno, lo que hace, dónde lo hace, cuánto gasta. Es nuestro derecho ciudadano. Pretender calificar las peticiones de información como actos que sólo buscan incomodar a las autoridades es, además de una peligrosa miopía, una intención de opacidad que oculta cosas que las autoridades preferirían no ver sometidas al escrutinio público.

Por mandato de ley, las dependencias gubernamentales están obligadas a proporcionar los datos que los ciudadanos les soliciten, sin más límite que la información calificada como “reservada” (por ejemplo, los expedientes de los juicios en tanto no concluyan) o “confidencial”, que son los datos personales (por ejemplo, los expedientes médicos).

Más allá de la ley, el acceso a la información supone una actitud. La democracia demanda una sociedad que conozca y ejerza su derecho a estar informada; pero también exige instituciones públicas que no la regateen o la proporcionen a cuentagotas.

¿Cómo hablar de “rendición de cuentas” si no hay información disponible o si la que hay es parcial, incompleta o sesgada? ¿Estará la ciudadanía en posibilidad de calificar la actuación de sus gobernantes sólo con la magra información que contienen los anuncios propagandísticos que nos invaden en cada informe de gobierno? El acceso ciudadano a la información pública cuenta con un marco legislativo que comienza con la Constitución. Tiene órganos responsables: el IFAI a nivel federal y el Inaip, en el caso de Yucatán, e implica obligaciones y responsabilidades para las autoridades de los tres niveles de gobierno. Considera también sanciones en caso de incumplimiento.

Las resistencias y las inercias institucionales a proporcionar la información y dar avances a la sociedad de su actuación se han presentado continuamente desde 2002. Han menudeado los amparos (curiosamente, las autoridades que se niegan a revelarla los han interpuesto o empujado a los particulares presuntamente agraviados a que lo hagan). Esas mismas resistencias consiguieron introducir una reforma en el Código Federal de Procedimientos Penales para que la PGR no tenga que revelar las razones del “no ejercicio de la acción penal”; por ejemplo, por qué no procedió contra el ex director de la Lotería Nacional denunciado por Megamedia.

Si todo lo anterior no fuera expresión de retroceso en materia de transparencia, la reforma realizada en la legislación de acceso a la información del estado de Campeche pone en riesgo gran parte de lo que se había logrado avanzar en este campo tan azaroso, ya que abre la puerta para que las determinaciones del órgano de transparencia puedan ser impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia. En otras palabras, se judicializa un proceso. Y la Procuraduría General de la República, consultada por la Suprema Corte de Justicia dentro de la acción de inconstitucionalidad, ¡dice que la reforma es correcta! No es cosa menor. Una de las más importantes armas de los todavía frágiles órganos de transparencia es que sus decisiones son definitivas; es decir, que no hay (o había) otra instancia a la cual acudir cuando le ordena a una dependencia poner a disposición del demandante determinada información. Ahora, al menos en Campeche, las dependencias pueden recurrir al Poder Judicial para detener y hasta bloquear el derecho ciudadano a la información.

En medio de estos acontecimientos se desarrolla la discusión sobre la reelección consecutiva de presidentes municipales y legisladores. Bajo la hipótesis que la ciudadanía podrá premiar o castigar con su voto la gestión de sus representantes, se pretende eliminar el impedimento para que los diputados, senadores y los presidentes municipales puedan ser reelectos en el siguiente periodo. La propuesta presidencial y de varias organizaciones ciudadanas descansa sobre la premisa fundamental de la rendición de cuentas y del poder ciudadano para calificar a sus representantes. Pero con los obstáculos existentes, es difícil imaginar que la ciudadanía pueda contar con los elementos necesarios para justipreciar la actuación de sus funcionarios más allá de la intensísima —y muchas veces mentirosa— propaganda electoral.

No se trata de negarle posibilidades a la reelección consecutiva, sino estar atentos para que una reforma de esta naturaleza conlleve los mecanismos indispensables de rendición de cuentas, a través del acceso amplio y sin restricciones a la información pública gubernamental. Sin cuentas claras no puede haber libertad de elección. Menos de reelección.— Mérida, Yucatán

Dulce María Sauri Riancho