jueves, 27 de octubre de 2011

Juicio político y ciudadano

La acusación contra la gobernadora

Dulce María Sauri Riancho

No es la primera vez que se presenta ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra un gobernador. En el caso de Yucatán, existe el antecedente de Ernesto Novelo Torres, quien gobernó entre 1942 y 1946, y más cercana en el tiempo, la demanda presentada contra Víctor Cervera Pacheco por el conflicto preelectoral de 2000. Huelga decir que ninguna procedió.

La semana pasada un grupo de siete ciudadanos acudió a esta figura que permite cuestionar el desempeño de los funcionarios de elección popular quienes de ser considerados culpables pueden ser destituidos de sus cargos e inhabilitados para desempeñar cualquier trabajo en la administración pública. Los impulsores del juicio político contra la gobernadora de Yucatán justificaron su demanda con cinco argumentos de violación a la Constitución: Gastos por encima del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado y manipulación de los estados contables para ocultarlo; irregular manejo de los créditos contratados por el gobierno, en particular el de $1,870 millones y el dudoso cumplimiento del mandato constitucional de destinar los recursos a la "inversión productiva"; obras públicas inconclusas, a pesar de tener los recursos asignados para terminarlas. En particular destacan los casos de los hospitales de Valladolid y Tekax; falta de transparencia y rendición de cuentas sobre los convenios con la Federación y el incumplimiento de las aportaciones estatales, además de la adquisición de los terrenos donde se ubica la zona arqueológica de Chichén Itzá a un precio muy por arriba del avalúo oficial; "violaciones graves a la obligación de preservar el orden público y garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos de los gobernados", por los lamentables hechos del 4 de julio en la glorieta de la colonia México.

El juicio político es una vieja institución del régimen constitucional mexicano. En su etapa reciente se han modernizado sus procedimientos para atender el carácter plural de la Cámara de Diputados y atemperar los excesos que permitían decretar la "desaparición de Poderes" en un estado casi por un "... quítame estas pajas...". Ahora, una vez ratificada la demanda -que se hizo dentro del plazo de tres días-, se deberá integrar la subcomisión de Examen Previo, con diputados de las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, quienes realizan una revisión crítica de los argumentos que sostiene la acusación. Si proceden, se turna la demanda a la Comisión Instructora, responsable de emitir el dictamen que se turna al Pleno de los 500 diputados para su análisis y votación.

Si una demanda de Juicio Político culmina con la procedencia de la acusación, entonces es turnada al Senado de la República para que éste emita la sentencia correspondiente. Tratándose del gobernante de un estado, el Congreso local actúa como juez, lo que significa que puede aceptar o desechar la acusación declarada como procedente por la Cámara de Diputados federal. Como tantas cosas en transición, nos fuimos de la utilización ligera de la figura del juicio político para dirimir problemas internos del grupo gobernante, al otro extremo: para que proceda una acusación se necesita un auténtico milagro, pues tienen que concurrir los intereses políticos de la mayoría de los diputados -en este caso del PRI- y la determinación del Congreso de la entidad federativa, que sería el de Yucatán.

Para tener una idea de la escasa posibilidad de que proceda un juicio contra un gobernante del PRI en esta legislatura, basta realizar un repaso a la integración partidista de las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. En todas, por ser mayoría legislativa, el PRI predomina, casi el 50%. Sin embargo, la Comisión de Gobernación es presidida por un panista (Javier Corral), la de Puntos Constitucionales por uno del PRD (Alejandro Encinas) y la de Justicia por el PRI (Humberto Benítez). La Comisión Jurisdiccional está encabezada también por el PRI (César Augusto Santiago). Excepto en la subcomisión de Examen Previo, en todas las demás claramente el PRI es mayoría, como también en el Congreso de Yucatán, que sería el que emitiría la sentencia.

El Juicio Político -para destituir e inhabilitar- y el Juicio de Procedencia -para poner a disposición de los tribunales al funcionario con fuero- son figuras jurídicas hermanas, pero diferentes. El procedimiento es el mismo -decide el Pleno de los 500 diputados-, aunque su origen y sus efectos jurídicos son distintos. Aún así, entre 1983 y 2005 sólo procedieron dos juicios para levantar el fuero constitucional y permitir la actuación de los tribunales judiciales. El primero fue contra Jorge Díaz Serrano, senador entonces y ex director de Pemex. El otro fue contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal. Hasta la fecha, no ha culminado juicio político alguno.

No coincido con mis compañeros legisladores del PRI en la descalificación a priori de la petición de juicio político contra la gobernadora de Yucatán y de quienes la presentaron. Independientemente de que sólo en la Comisión de Puntos Constitucionales hay dos diputados yucatecos, ambos del PRI, que serían los únicos en condiciones de formar parte de la subcomisión de Examen Previo, Considero necesario que los diputados y senadores por Yucatán estudien a profundidad y detalle los argumentos presentados por los siete ciudadanos proponentes. Si son o no simpatizantes o militantes del PAN, o simples opositores al gobierno, no es relevante. Lo que importa es que reflejan el pensamiento y la percepción de un grupo de ciudadanos yucatecos sobre la actuación de sus autoridades, que decidieron acudir a la máxima instancia de representación nacional para hacer valer sus derechos.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 19 de octubre de 2011

Mujeres: igualdad, progreso, participación

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.


Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.

Mujeres: igualdad, progreso, participación

Más que las palabras, acciones.

Dulce María Sauri Riancho

La proximidad de dos aniversarios permite reflexionar sobre la situación y la condición de las mujeres en nuestra sociedad. El 15 estuvo dedicado a la "Mujer Rural", en tanto que el pasado lunes 17 se recordaron los 58 años de la publicación de la reforma constitucional que hizo posible el voto de las mujeres.


Mujeres rurales

Poco o nada se ha hecho para evitar el descenso de la producción agropecuaria del estado y el extravío general que padecen los funcionarios responsabilizados del sector. Y si el campo se encuentra entre el deterioro y el abandono, la situación de las mujeres rurales es aún más grave. El programa federal de Oportunidades apoya mediante transferencias monetarias la salud, la educación y la alimentación de un elevado porcentaje de las familias rurales yucatecas. Los programas de entrega de paquetes de pollitos, telas y semillas no son suficientes para atender el rezago y la marginación de las mujeres del campo. Una política pública comprometida significaría inversión en proyectos productivos, créditos, apoyo para la formación de empresas rurales y capacitación de sus socias, es decir, que ellas puedan generar sus propios ingresos, administrarlos y ganar su dinero. Así que poco había para celebrar el sábado pasado en cuanto a resultados en la lucha por la "... Igualdad y Progreso para las mujeres rurales...".

El voto de las mujeres

Hasta 1953, las mujeres mexicanas no tenían derecho de votar ni de ser electas para cargos de representación. El derecho político fundamental, el que otorga la calidad de ciudadanas, es el de votar. Desde esa fecha se inició un largo y complejo camino para que las mujeres participen en la toma de decisiones sobre asuntos de interés colectivo, mucho más allá del acto de emitir su voto. Es cierto que se registran avances en el terreno de la representación política: hay y han habido diputadas, senadoras, presidentas municipales y gobernadoras -en Yucatán, dos en los últimos 20 años-, pero ha sido a cuentagotas, enfrentando múltiples resistencias por una cultura compartida entre hombres y mujeres, que aún considera que la función femenina está exclusivamente en el ámbito del hogar.

Para acelerar el proceso de participación, se han tomado medidas de "acción afirmativa" a favor de las mujeres, que no son otra cosa que mandatos de ley para otorgarles ventajas temporales que reduzca la brecha, hasta eliminarla y lograr la igualdad. Con esta base se crearon las "cuotas" de diputadas, senadoras y regidoras de los ayuntamientos, para garantizar que, cuando menos, haya un porcentaje de representación femenina en esos órganos colegiados, dominados casi totalmente por los hombres.

Las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres para incentivar la participación femenina también han buscado incidir en los cargos de la administración pública, los gabinetes presidenciales o los gobiernos estatales, para que más mujeres participen en la toma de decisiones desde posiciones de responsabilidad.

En 2007 se estableció en la Ley electoral federal (COFIPE) que los partidos políticos no podrían registrar en sus candidaturas a diputados y senadores más del 60% de un mismo género. ¿Cuál creen, amigos lectores, que sería el sexo del 40% restante? Desde luego, las mujeres, pero al menos habría una garantía de incremento real. Bajo esta obligación se efectuaron las elecciones de diputados de 2009. Por diversas causas y con burdos subterfugios legales, en la actualidad sólo se registran 140 diputadas federales, que representan el 28% del total de 500 legisladores. Aún así, esta determinación de 2007 motivó diversas reformas a las constituciones y a las leyes estatales para aplicar también las "cuotas" en ese ámbito de gobierno. Algunas entidades establecieron la paridad; otras, el 60-40.

La gobernadora anunció en ocasión del aniversario del voto femenino que enviaría una iniciativa de reforma a la ley electoral del estado para aplicar la cuota del 70-30 (siete hombres, tres mujeres) en los procesos electorales yucatecos. Además de que es un porcentaje inferior al conseguido en otros estados y del establecido en la ley federal vigente, existe el grave problema de que no podrá aplicarse en la próxima elección de 2012, ¡sino hasta 2015!, porque la Constitución prohíbe toda modificación en materia electoral desde tres meses antes del inicio del proceso. Y ese tiempo ya se cumplió.

Pero la gobernadora podría hacer cosas concretas para manifestar su compromiso con la participación femenina, así fuera a "toro pasado". Podría mandar una iniciativa para reformar el Código de la Administración Pública estatal, de manera que hubiese la obligación de que la mitad de los secretarios y responsables de las entidades paraestatales del estado fueran mujeres. Esta reforma sí podría tener inmediata vigencia. Así podría ampliar el número de colaboradoras de primer nivel en el Ejecutivo del estado, porque actualmente sólo la Secretaría de la Juventud y, por obligación, el Instituto Estatal de las Mujeres tienen titulares del sexo femenino. Además, podría aprovechar las previsibles renuncias de un buen número de sus funcionarios que aspiran a contender en las elecciones próximas para sustituirlos por mujeres.

Los hechos nos demuestran que la simple condición de género no necesariamente implica un buen gobierno o una buena administración.

La historia y la cultura han negado aún a las mujeres la posibilidad de demostrar sus capacidades y el derecho a cometer sus propios errores. Nadie juzga al género masculino por las deficiencias y los vicios de unos cuantos. No lo hagamos con las mujeres.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 12 de octubre de 2011

Entre la deuda y el presupuesto. ¿Y el informe?

Dulce María Sauri Riancho

De pronto, con inusitado entusiasmo, el nuevo secretario de Planeación inició una serie de reuniones con diversos grupos protagonistas de la vida económica yucateca. Dos cosas nuevas había traído el verano: la renuncia de Armando Baqueiro -bautizado como el "Doctor No"- a esta dependencia estatal, y su sustitución por el hasta entonces neblinoso jefe de la oficina de la gobernadora. Pero los cambios también incluyeron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial al cumplir los seis meses de turno rotatorio el dirigente del Centro Empresarial de Mérida.


Recuerdo la toma de protesta de la directiva de la Coparmex que encabezó Jorge Caamal, un evento que permitió albergar esperanzas de un diálogo respetuoso y fructífero entre empresarios y el gobierno del estado. Las actitudes de las autoridades no abonaron hacia esa nueva relación, en que la transparencia y la información de cara a la sociedad habrían tenido que jugar un papel central. Después de los roces por el endeudamiento, aconteció el grave incidente de la glorieta de la colonia México, que ahondó aún más la brecha abierta entre autoridades y las más representativas organizaciones empresariales.

Por eso resulta relevante el activismo del nuevo secretario de Planeación. No cabe duda que tiene el mandato y muy posiblemente la convicción de que es indispensable reabrir el diálogo y la comunicación con quienes toman decisiones que impactan la economía y el empleo del estado en su conjunto. Dos temas parecen ser sus puntos de referencia: uno, del pasado cercano, tiene que ver con los créditos y con la deuda contraída por la actual administración estatal. El otro, de enorme interés para el conjunto social pero particularmente para un gobierno al que le restan menos de 12 meses, es el relativo al presupuesto de egresos para el muy electoral 2012.

En 2009 el gobierno yucateco aumentó en forma sensible la deuda pública local. En ese momento se argumentó que los recursos habrían de ser aplicados en proyectos productivos de relevancia. Al paso del tiempo no se ha podido determinar qué proporción de ese cuantioso préstamo fue canalizado a la inversión o cuánto se aplicó para salvar los compromisos de gasto corriente y los hoyos presupuestales abiertos por programas asistenciales que intentaban competir con los del gobierno federal, en esa espiral de gasto clientelar que ha invadido la política del país.

Muy probablemente las explicaciones del secretario de Planeación buscan no sólo transparentar y reconocer estos problemas -al fin y al cabo él acaba de llegar al cargo- sino convencer a sus interlocutores empresariales de que el manejo financiero de esta administración ha sido prudente, que el nivel de endeudamiento es bajo comparado con el de otras entidades del país y que, por lo tanto, el gobierno del estado todavía puede contratar más créditos para los próximos doce meses sin comprometer el futuro de las finanzas públicas de Yucatán.

Ligados estrechamente a las cuestiones del endeudamiento y del pasado reciente se encuentran los criterios de política económica que habrán de regir la presentación de la iniciativa del presupuesto de egresos del estado para 2012. En principio no debería haber duda alguna: todos los recursos disponibles habrán de ser dedicados a concluir las obras en proceso y específicamente a consolidar la operación de los hospitales y centros de salud. No hay que olvidar que, para fines prácticos, este gobierno concluirá en junio de 2012, cuando el Ejecutivo rinda su último informe a unos días de las elecciones, cuando se decidirá quiénes gobernarán el país y Yucatán en los siguientes seis años.

Entre las explicaciones de la deuda de 2009 y del presupuesto de 2012, una vez más, silenciosamente, casi como pidiendo perdón por irrumpir en la fiesta con su rostro severo de las cifras y los indicadores, está el IV Informe de Gobierno. Sí, el de a de veras, el que de acuerdo con la Constitución de Yucatán debe rendir la titular del Ejecutivo el tercer domingo de octubre, en esta ocasión el 16. Lejos del jolgorio y el folclor de agosto, la cita constitucional anuncia que los mecanismos de fiscalización del Poder Legislativo se activan, los diputados preguntan, los funcionarios comparecen, la sociedad se entera y se interesa en el análisis de 12 meses de gobierno. Es la rendición de cuentas, la contraparte del ejercicio del poder público.

Poco de eso se logra. En nuestro estado, desde 2008, el informe constitucional perdió la partida con el denominado "Informe Ciudadano". No tiene el espacio en los medios de comunicación utilizados profusamente en agosto, ni transcurre ante políticos taquilleros y artistas de renombre ni cuenta con un performance que incluya la ruptura de flechas. Por el contrario, en una gris ceremonia disfrazada de sesión solemne, los 25 diputados recibirán el Informe de manos de un funcionario del Poder Ejecutivo. Después, el grado de interés ciudadano estará en función de la seriedad y profesionalismo con que los legisladores realicen su función fiscalizadora. Podemos adelantar que el interés, si lo hay, será mínimo. Pero el secretario de Planeación recién estrenado tiene la oportunidad de explicar con lenguaje llano y cifras ciertas a los legisladores y a los ciudadanos el estado que guarda la administración pública de la entidad en el último año que le corresponde al actual gobierno. Tal vez así sería menos difícil entender el asunto de los créditos y de la deuda, y las prioridades de la gobernadora para 2012.- Mérida, Yucatán.