miércoles, 12 de octubre de 2011

Entre la deuda y el presupuesto. ¿Y el informe?

Dulce María Sauri Riancho

De pronto, con inusitado entusiasmo, el nuevo secretario de Planeación inició una serie de reuniones con diversos grupos protagonistas de la vida económica yucateca. Dos cosas nuevas había traído el verano: la renuncia de Armando Baqueiro -bautizado como el "Doctor No"- a esta dependencia estatal, y su sustitución por el hasta entonces neblinoso jefe de la oficina de la gobernadora. Pero los cambios también incluyeron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial al cumplir los seis meses de turno rotatorio el dirigente del Centro Empresarial de Mérida.


Recuerdo la toma de protesta de la directiva de la Coparmex que encabezó Jorge Caamal, un evento que permitió albergar esperanzas de un diálogo respetuoso y fructífero entre empresarios y el gobierno del estado. Las actitudes de las autoridades no abonaron hacia esa nueva relación, en que la transparencia y la información de cara a la sociedad habrían tenido que jugar un papel central. Después de los roces por el endeudamiento, aconteció el grave incidente de la glorieta de la colonia México, que ahondó aún más la brecha abierta entre autoridades y las más representativas organizaciones empresariales.

Por eso resulta relevante el activismo del nuevo secretario de Planeación. No cabe duda que tiene el mandato y muy posiblemente la convicción de que es indispensable reabrir el diálogo y la comunicación con quienes toman decisiones que impactan la economía y el empleo del estado en su conjunto. Dos temas parecen ser sus puntos de referencia: uno, del pasado cercano, tiene que ver con los créditos y con la deuda contraída por la actual administración estatal. El otro, de enorme interés para el conjunto social pero particularmente para un gobierno al que le restan menos de 12 meses, es el relativo al presupuesto de egresos para el muy electoral 2012.

En 2009 el gobierno yucateco aumentó en forma sensible la deuda pública local. En ese momento se argumentó que los recursos habrían de ser aplicados en proyectos productivos de relevancia. Al paso del tiempo no se ha podido determinar qué proporción de ese cuantioso préstamo fue canalizado a la inversión o cuánto se aplicó para salvar los compromisos de gasto corriente y los hoyos presupuestales abiertos por programas asistenciales que intentaban competir con los del gobierno federal, en esa espiral de gasto clientelar que ha invadido la política del país.

Muy probablemente las explicaciones del secretario de Planeación buscan no sólo transparentar y reconocer estos problemas -al fin y al cabo él acaba de llegar al cargo- sino convencer a sus interlocutores empresariales de que el manejo financiero de esta administración ha sido prudente, que el nivel de endeudamiento es bajo comparado con el de otras entidades del país y que, por lo tanto, el gobierno del estado todavía puede contratar más créditos para los próximos doce meses sin comprometer el futuro de las finanzas públicas de Yucatán.

Ligados estrechamente a las cuestiones del endeudamiento y del pasado reciente se encuentran los criterios de política económica que habrán de regir la presentación de la iniciativa del presupuesto de egresos del estado para 2012. En principio no debería haber duda alguna: todos los recursos disponibles habrán de ser dedicados a concluir las obras en proceso y específicamente a consolidar la operación de los hospitales y centros de salud. No hay que olvidar que, para fines prácticos, este gobierno concluirá en junio de 2012, cuando el Ejecutivo rinda su último informe a unos días de las elecciones, cuando se decidirá quiénes gobernarán el país y Yucatán en los siguientes seis años.

Entre las explicaciones de la deuda de 2009 y del presupuesto de 2012, una vez más, silenciosamente, casi como pidiendo perdón por irrumpir en la fiesta con su rostro severo de las cifras y los indicadores, está el IV Informe de Gobierno. Sí, el de a de veras, el que de acuerdo con la Constitución de Yucatán debe rendir la titular del Ejecutivo el tercer domingo de octubre, en esta ocasión el 16. Lejos del jolgorio y el folclor de agosto, la cita constitucional anuncia que los mecanismos de fiscalización del Poder Legislativo se activan, los diputados preguntan, los funcionarios comparecen, la sociedad se entera y se interesa en el análisis de 12 meses de gobierno. Es la rendición de cuentas, la contraparte del ejercicio del poder público.

Poco de eso se logra. En nuestro estado, desde 2008, el informe constitucional perdió la partida con el denominado "Informe Ciudadano". No tiene el espacio en los medios de comunicación utilizados profusamente en agosto, ni transcurre ante políticos taquilleros y artistas de renombre ni cuenta con un performance que incluya la ruptura de flechas. Por el contrario, en una gris ceremonia disfrazada de sesión solemne, los 25 diputados recibirán el Informe de manos de un funcionario del Poder Ejecutivo. Después, el grado de interés ciudadano estará en función de la seriedad y profesionalismo con que los legisladores realicen su función fiscalizadora. Podemos adelantar que el interés, si lo hay, será mínimo. Pero el secretario de Planeación recién estrenado tiene la oportunidad de explicar con lenguaje llano y cifras ciertas a los legisladores y a los ciudadanos el estado que guarda la administración pública de la entidad en el último año que le corresponde al actual gobierno. Tal vez así sería menos difícil entender el asunto de los créditos y de la deuda, y las prioridades de la gobernadora para 2012.- Mérida, Yucatán.