jueves, 23 de diciembre de 2010

La elección de los magistrados. Deber de ingratitud

Dulce María Sauri Riancho

Gratitud significa agradecimiento por una ayuda o un favor recibido. Se dice que es de bien nacidos agradecer; que el reconocimiento y la lealtad hacia quien nos brinda algún apoyo para obtener un trabajo o lograr una promoción debería ser permanente hacia quien nos tendió la mano.

Pero hay un grupo pequeño, cuya actuación es decisiva para la sociedad, cuyo mandato es exactamente el opuesto: están llamados al deber de ingratitud hacia quien hizo posible su nombramiento o su designación para el ejercicio de un cargo o una responsabilidad pública. Me explico.

De los tres poderes que integran el gobierno, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, son de elección popular; diputados, senadores, gobernadores y el presidente de la república son electos por la votación mayoritaria, por lo que su mandato es claro: servir al pueblo que los eligió.

El tercer poder es el Judicial. Los magistrados que forman su tribunal superior -Suprema Corte de Justicia a nivel federal, Tribunal Superior de Justicia en el estado- provienen de una terna propuesta por los titulares del Ejecutivo al Senado, en el caso de los ministros de la Suprema Corte o al Congreso de Yucatán, para los magistrados del Tribunal Superior.

Ser considerado para integrar una terna del presidente de la república o de la gobernadora es una importantísima distinción, quizá la más grande, para un abogado, sólo superada por su propia elección para desempeñarse como ministro o magistrado. Entonces, ¿a quién agradecer: a quien lo postuló, a quienes lo eligieron? En lo individual, desde luego que pueden guardar sentimientos de gratitud hacia quien los distinguió e hizo posible su designación. Pero para poder cumplir a plenitud su responsabilidad, su primer deber es la ingratitud hacia quienes lo postularon o lo eligieron con su voto.

Hace unas semanas tuvimos una muestra clara de cumplimiento de ese deber de ingratitud, que sitúa por encima de todos los compromisos y sentimientos de lealtad personal el deber superior de la aplicación de la justicia. La Suprema Corte de la Nación abrió una investigación sobre la tragedia de la guardería "ABC", de Hermosillo, Sonora, que acabó con la vida de 49 niños pequeños en un terrible incendio. El turno para elaborar el proyecto de resolución le correspondió a uno de los dos noveles ministros de la SCJN, electo por el Senado unos cuantos meses antes.

Se trataba de un asunto mayor, que implicaba una posible responsabilidad del ex director del IMSS (actual secretario de Comunicaciones y Transportes) y del nuevo director, además de diversos altos funcionarios de la institución. Si el sentimiento personal de agradecimiento hubiera prevalecido, el ministro Arturo Lelo de Larrea, recién nombrado, hubiera evitado causar con su proyecto de resolución un severo cuestionamiento al gobierno del presidente de la república que lo postuló en la terna y a los senadores panistas que fueron fundamentales en su elección. Pero sobre esas consideraciones prevaleció el deber de hacer justicia. El proyecto fue discutido públicamente por el pleno y desechado por la mayoría, lo que no le quita su valor ni disminuye la integridad de quien supo ejercer su primordial deber de ingratitud.

En un breve lapso la gobernadora deberá enviar al Congreso las ternas correspondientes a la elección de dos nuevos magistrados y una más para la sustitución del licenciado Ángel Prieto quien ha anunciado su próxima jubilación. El Tribunal Superior de Justicia deberá contar a partir del 1 de marzo de 2011 con once integrantes (tres de ellos, actuales magistrados del Tribunal de Justicia para Menores) con sus respectivos suplentes, en vez de los 6 actuales.

En Yucatán no se necesita mayoría calificada de dos terceras partes para elegir a los magistrados. Basta sólo con el voto de los diputados del PRI para lograrlo. El desempeño del Congreso y la línea de actuación de la gobernadora no abonan la esperanza de que se postule y escoja como nuevos magistrados entre los más capaces para desempeñar el cargo. Los errores que se cometan, hoy, en un asunto tan delicado, los pagará Yucatán en los próximos 15 años. Por eso la sociedad está obligada a preocuparse por el procedimiento de selección y a ocuparse del desempeño de sus jueces y tribunales. Y los nuevos magistrados habrán de cumplir su deber de ingratitud.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Médicos a los tribunales

Juicio al sistema de salud

Dulce María Sauri Riancho

Varios y dramáticos casos de fallecimiento de personas en los hospitales a causa de presunta negligencia han sido denunciados en los medios de comunicación de Yucatán. Un padre que perdió a su hija al dar a luz en el Centro Materno Infantil; una tardía cesárea que terminó con la vida de un bebé en el San Carlos de Tizimín; partos en los baños, enfermos que mueren como consecuencia de una atención deficiente; el Hospital O'Horán, el de Valladolid, los del IMSS han sido objeto de denuncias por parte de familiares de los muertos que reclaman justicia.

Por eso cobra especial relevancia la determinación de la Procuraduría de Justicia del Estado para proceder contra un grupo de seis médicos, enfermeras y auxiliares del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron acusados de homicidio, al atribuírseles la responsabilidad de la muerte de una joven mujer que, recién operada, recibió una transfusión sanguínea con el tipo de sangre equivocado. Es la primera de las denuncias que se activa en el ámbito penal, en este caso, contra servidores públicos de una institución federal. Los implicados han sido detenidos y consignados ante el juez quien, después de dictarles la prisión, les ha concedido la libertad bajo fianza.

La medicina y los médicos tienen un lugar especial en la sociedad porque su actividad se finca en la confianza y responde a la esperanza de recuperar la salud. En alguna forma los hacemos infalibles, porque necesitamos creer que lo son para sentirnos seguros. Pero son seres humanos como nosotros: fallan, se equivocan, se distraen. Y sus errores cuestan algunas veces vidas. Ese es el tamaño de su compromiso.

El pasado domingo salió un desplegado suscrito por 43 colegios y asociaciones médicas agrupadas en el Colegio de Médicos de Yucatán. Dirigido a los tres poderes y a la opinión pública, su título refleja fielmente su contenido: Indignación en la comunidad médica. El propósito central es denunciar "el trato indigno" y "la manera vejatoria" como se ha tratado a los médicos sujetos a proceso, al presentarlos como culpables cuando el juicio apenas se está iniciando.

Los hospitales públicos ven rebasada su capacidad para atender a todos los enfermos. Los análisis tardan semanas en realizarse y las intervenciones quirúrgicas, meses. Saturados de trabajo, los "infalibles" doctores pueden equivocarse más fácilmente. El trato con los pacientes y familiares se vuelve áspero, insensible ante la necesidad de información. Los pacientes se vuelven un número de expediente, sin nombre ni rostro que los identifique.

Algunos dirán que es el precio a pagar por la extensión de la medicina social. Otros pensarán que son muchos los que se salvan por algunos que mueren, siempre que no sean ellos o algún familiar los que ingresen a la cuenta de los muertos.

Hace más de 14 años, en 1996, se creó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que debiera ser la primera instancia para conocer y dictaminar sobre casos de posible negligencia médica. Para que pueda intervenir en un asunto tiene que mediar denuncia de la persona afectada o de un familiar, cuando se presuma un error o descuido fatal de los doctores. A la fecha, esta Comisión ha permeado escasamente en la sociedad yucateca; se conoce poco; no ha podido demostrar su utilidad.

En los Estados Unidos, médicos y enfermeras contratan enormes y costosos seguros contra denuncias de mala práctica profesional. A éstos se les atribuye una parte importante del encarecimiento de los servicios de salud en ese país.

De alguna manera, cuando se juzgue al personal médico implicado en el homicidio de esta mujer, se estará también juzgando al Seguro Social y al sistema de salud pública del Estado, su organización, funcionamiento, sus sistemas de control de calidad y mecanismos de supervisión.

No es difícil imaginar cómo ha afectado esta situación a los responsables de los servicios médicos del IMSS. La parte positiva puede ser una nueva y cuidadosa actitud para cumplir los procedimientos, para proporcionar información oportuna a los familiares y a los propios pacientes. La negativa tiene que ver con la conciencia de su vulnerabilidad, de que el escudo protector que la sociedad les había puesto, ha sido mellado por primera vez.

La impunidad no puede ser tolerada, mucho menos consentida en ninguna parte. Esto incluye la sensible zona de los servicios médicos. Se han activado en este proceso los mecanismos penales. Pero ¿dónde están los procedimientos civiles, dónde está la Conamed? También hay que ponerlos a funcionar si no queremos caer en el despropósito de procurar la justicia echando mano a la injusticia.- Mérida, Yucatán.

miércoles, 8 de diciembre de 2010

El síndrome Aquimichú, ante el retroceso

Dulce María Sauri Riancho

Pasito pa'lante, pasito pa'trás. No es el ritmo de una pieza de baile; es una forma de expresar el creciente desánimo que experimentan grupos amplios de la sociedad. Que la política todo descompone; que no representa el sentir de la mayoría, sólo de esos grupos "eternamente inconformes"; que todo se convierte en ataques entre los representantes del PAN ahora en la oposición y del PRI, ahora en el gobierno.

Las calenturas de adentro pueden enfriarse cuando nos miran desde el exterior. Es lo que hacen dos instituciones con la presentación de sus índices que comparan a Yucatán con las otras 31 entidades federativas y con los promedios nacionales. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lo hace en relación con el desarrollo económico y la empresa Aregional, lo elabora sobre el desarrollo humano.

¿Qué nos dicen? El gobierno resalta que somos el cuarto lugar en menor desempleo, pero se cuida de mencionar que los yucatecos ganan menos que la mayoría de los trabajadores de otras partes del país, ya no hablemos de los vecinos de Quintana Roo y de Campeche. Tampoco menciona que los tres primeros lugares en la tabla de empleo lo tienen las tres entidades más pobres de México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Por qué razón? Porque el desempleo es un lujo que no se pueden dar entidades o familias pobres.

Por eso es que tres de cada 10 trabajadores yucatecos están en la economía informal, sin seguro ni prestaciones sociales. El producto interno bruto, la riqueza generada por todo el aparato productivo de nuestro estado sólo creció en 0.2% en un año, cuando el promedio nacional fue de 2.1%.

El IMCO alerta sobre las finanzas públicas de Yucatán. Por una parte, señala la debilidad de los ingresos propios, los que provienen del cobro del impuesto de nóminas y del hospedaje, principalmente. Dice que hay que revisar la "autonomía fiscal", no propone subir las tasas, como es la intención gubernamental.

Prende un "foco amarillo" al endeudamiento del estado. Hasta 2008, Yucatán presentaba niveles relativamente bajos: fue en 2009 cuando fue autorizado el crédito de $1,870 millones para un conjunto de proyectos que, recién nos enteramos, requieren de nuevo multimillonario préstamo. Como en la escala de los huracanes, estamos a punto de pasar a "alerta naranja", con esta nueva carga, aumentada ahora por los llamados PPS (Proyectos de Participación Social) con los que pretenden construir museos, hospitales y otras obras públicas, por las que se pagará un arrendamiento por los próximos 25 ó 30 años.

No conocemos a ciencia cierta cuánto debe el gobierno del Estado en su conjunto, pero una inquietante pista la proporciona el propio IMCO: el sistema de pensiones estatal, es decir, el ISSTEY "... requiere una reforma urgente para evitar problemas de liquidez en el corto plazo...". ¿Le ha pagado el gobierno las cuotas que retiene de sus trabajadores? Si no es así, ¿cuánto le adeuda? No vayamos a enterarnos al final de esta administración que el sistema de pensiones del Estado está en riesgo inminente de quiebra.

El Índice de Desarrollo Humano de la empresa Aregional nos recuerda que Yucatán tiene el lugar 30 en Eficiencia Terminal de Secundaria, el 24 en relación con la población que sabe leer y escribir; la posición 30 en niños nacidos vivos sin desnutrición infantil; el mismo número 30 para los niños en la primaria sin desnutrición; el lugar 23 en mortalidad materna; sólo ocho de cada 100 personas empleadas gana más de $8,000 mensuales, lo que ubica al estado en la posición 24.

Pero no todo es gobierno ni son malas noticias. Al fondo de esta "caja de Pandora" de las estadísticas se halla la esperanza: los indicadores de Cohesión Social, los que tienen que ver con la participación ciudadana, ubican a Yucatán en los primeros lugares en participación electoral, en la denuncia de delitos, en el número de mujeres electas en las presidencias municipales. Ahí está el aliento para cambiar el paso, el ánimo y el ritmo.- Mérida, Yucatán.

jueves, 2 de diciembre de 2010

La población de los centenarios

Puntual llegó el censo

Dulce María Sauri Riancho

Contra viento y marea, en tiempos de prosperidad o de crisis económica, con los gobiernos del PRI o del PAN, con problemas políticos entre los revolucionarios triunfantes en 1921 o en medio de las restricciones presupuestales de la década de 1990, puntual llega el censo. Trece veces desde hace 115 años se ha contado a los habitantes de México; desde 1930, en los años terminados en cero. Los encuestadores preguntan en todos los hogares sobre los miembros de la familia, su educación, su ocupación, entre otros datos que permiten trazar el perfil de la población en México.

Entre mayo y junio de este 2010 nos contaron. Los responsables tuvieron que visitar casi 29 millones de viviendas en el país y 500 mil en Yucatán. Hace unos días el Inegi presentó los datos preliminares y dentro de algunos meses dará la información definitiva, que será fundamental para la mejor planeación de las políticas públicas en educación, salud, empleo, entre otras.

Esta situación por sí misma habría de motivar nuestro interés en los datos del Censo. Pero además, hay algunas preguntas que los yucatecos nos hacemos y que esta valiosa información ayuda a responder: por ejemplo, ¿Cuántos somos los mexicanos? ¿Y los yucatecos?

Los resultados arrojan que México tiene una población de 112 millones de habitantes, cuando en 1910 sólo tenía 15 millones. Los especialistas esperaban la conmemoración de los centenarios con casi tres millones de personas menos; ellos mismos se encargarán de estudiar si hay repunte en la natalidad (nacen más niños) o si se han detenido los flujos migratorios (se van menos personas a los Estados Unidos por la falta de trabajo allá y por la creciente dificultad de los cruces). Lo cierto es que habrá más niños en las escuelas, más jóvenes luchando por un trabajo digno y más personas mayores que requieren atención en su vejez.

Mientras "suben" a internet la totalidad de la información, algunos números despejan curiosidades.

Ya merito, pero no alcanzamos todavía los 2 millones de habitantes en Yucatán (1 millón 954 mil personas). En la Zona Metropolitana de Mérida (que incluye a Umán, Kanasín y otros municipios colindantes) tampoco llegamos a la cifra mágica de un millón (971 mil).

La ciudad de Mérida por sí misma, sin sus comisarías ni la población de municipios vecinos, tiene 775 mil pobladores. Cuatro de cada diez yucatecos vivimos en la capital, pero han crecido sus comisarías, como Chablekal, por el club de golf La Ceiba y Caucel, por Ciudad Caucel.

Sólo una localidad además de Mérida, registra por arriba de 50 mil habitantes, muy probablemente Kanasín (77 mil).

Yucatán aporta menos del 2 por ciento de la población total del país. En la península, es todavía el más grande, pues Quintana Roo registra 1. 3 millones de habitantes y Campeche, 822 mil. La entidad más poblada dejó de ser desde hace dos décadas el Distrito Federal: ahora lo es el Estado de México, pues uno de cada siete mexicanos son mexiquenses.

Más mujeres

El Censo registra que en Yucatán hay casi 29 mil mujeres más que hombres. Esto podría ser motivo de preocupación para las jóvenes casaderas y de satisfacción y alegría para ellos. Pero, ¡mucho cuidado de adelantar vísperas! Tendríamos que saber si es porque las yucatecas viven más años que sus maridos y compañeros; si es entre los mayores de 70 años donde se da la diferencia más importante. Nacen más niños que niñas; hasta los 14 años se igualan en proporción. A partir de entonces, a pesar de los embarazos y los partos, del desgaste de cuidar y crecer a una familia, las mujeres tienden a vivir más años que los hombres. Eso, sumado a la tradición casi abandonada de la diferencia de edades en la pareja, en que el hombre le lleva varios años a su esposa, le pone al fenómeno de la viudez rostro femenino.- Mérida, Yucatán.