miércoles, 26 de mayo de 2010

El número mágico de 17

La agenda legislativa y los nuevos diputados

Dulce María Sauri Riancho

El Ipepac ya definió la conformación de la nueva Legislatura del Congreso del Estado. La campaña de los candidatos a diputados no tuvo la misma atención de los medios masivos de comunicación y de los ciudadanos que las campañas municipales. Sectores importantes de la sociedad sienten muy lejanos a sus legisladores, locales y federales; por eso, poco se interesan en sus campañas, poco en sus propuestas y menos en su desempeño legislativo. Pero son muy importantes: ellos y ellas habrán de tomar decisiones que impacten directamente nuestra vida cotidiana. Veamos.

La próxima legislatura —la LIX, 2010-2012— estará conformada por 15 diputados del PRI, 2 del Verde (uno de ellos, priista candidato común), 2 del PRD y 6 del PAN, para un total de 25. PRI y PRD ganan un diputado más; el Verde, debuta con sus 2; y el PAN, pierde 3 legisladores, dos de ellos electos por mayoría en 2007 en el IX distrito (cabecera Motul, ahora Progreso) y en el X distrito (cabecera Tizimín).

El “número mágico” en el Congreso es 17: permite tener la “mayoría calificada”, dos terceras partes, para reformar la Constitución. Sin embargo, existe un tope que marca la propia Magna ley —tanto la federal como la de Yucatán— para que ningún partido, por sí mismo, pueda llegar a tener la potestad de reformar la ley Suprema.

Eso de ninguna manera bloquea o impide la conformación de mayorías legislativas. Por ejemplo, la profunda reforma a la Constitución del estado en materia de justicia fue posible porque tres diputados del PAN votaron junto con los 14 del PRI y una independiente a su favor. En la próxima legislatura es previsible que lo que fue una alianza electoral entre el PRI y el Verde se transforme en alianza legislativa, lo que daría el “mágico 17”.

Estos números perfilan un escenario aparentemente cómodo para el PRI y el gobierno del Estado. Sin ayuda de otros partidos podrán aprobar nuevas leyes o reformas a las actualmente en vigor, podrán nombrar magistrados y funcionarios, aun con la oposición de otras fuerzas políticas; podrán modificar la Constitución sin contar con el PAN por primera vez en los últimos 15 años.

Sin embargo, la mayoría absoluta entraña también una gran responsabilidad. No es para hacer lo que se quiera, sin escuchar a los otros; menos para regresar a los tiempos de “no cambiar ni una coma” a las iniciativas, porque se considera un agravio al gobernante que las propuso. Por ejemplo, la reforma constitucional al sistema de justicia del Estado será desarrollada por los nuevos diputados que tendrán que materializarla con reformas a muchas leyes e, incluso, aprobando algunas completamente nuevas.

Imaginemos que la reforma constitucional es como poner los cimientos de una casa. Las nuevas leyes son las paredes y los techos. Si éstas no son construidas con cuidado, impermeabilizadas para resistir la lluvia, en un tiempo más o menos largo todo el edificio se puede colapsar. ¿Cuáles son estos pendientes en materia de justicia? La nueva organización del Poder Judicial del Estado. El Tribunal Superior pasará de seis a 11 magistrados: tendrá que nombrarlos la próxima Legislatura. Se creará el Consejo de la Judicatura con cinco integrantes, para nombrar y vigilar el trabajo de los jueces. Además, el Poder Judicial recibirá al Tribunal Electoral, que pasa a formar parte del mismo. Estos cambios significan importantes adecuaciones de su Ley Orgánica.

El caso del Tribunal Electoral ilustra el grado de dificultad. A la ya de por sí delicada materia electoral —ni más ni menos que resolver las controversias que se dan en los procesos— se le añaden ahora funciones contencioso-administrativas —resolver las disputas entre la autoridad y los particulares en la materia— y de arbitraje de los conflictos laborales entre el gobierno-patrón y los trabajadores al servicio del Estado. ¿Cómo integrarán los nuevos diputados el marco legislativo para que esta institución funcione adecuadamente? El otro reto fundamental de la entrante Legislatura es el desarrollo del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Los ciudadanos, sin ser abogados o conocedores de la materia penal, podremos registrar dos cosas: los juicios orales y la presunción de inocencia que permitirá a la mayoría de las personas sujetas a proceso enfrentarlo en libertad. Este nuevo sistema implica importantes modificaciones institucionales. Por ejemplo, un juez conocerá la acusación, la integrará, y otro distinto habrá de emitir la sentencia. Las policías tendrán que reforzar sus mecanismos para inhibir la evasión de los sujetos a proceso en libertad.

El nuevo sistema estatal de seguridad pública, responsable de la prevención, investigación y persecución de los delitos, también requiere un poderoso sustento legislativo para que opere realmente. No sólo se trata de desaparecer las policías municipales, incluyendo la de Mérida, sino de crear las instituciones, los procedimientos y la necesaria coordinación con la Fiscalía General (todavía hoy Procuraduría), para darnos a los ciudadanos la seguridad que merecemos.

A esta amplia agenda tendríamos que incorporar la parte legislativa de los compromisos de campaña de los ayuntamientos del PRI. Por ejemplo, la creación de la Comisión Metropolitana de Agua Potable (Comapa), propuesta por Angélica Araujo; las reformas a la Ley de Fraccionamientos —espero que no sea para permitir los “chiquilotes”—. El compromiso de la eliminación de la tenencia vehicular quedaría pendiente. Sólo dos solitarios diputados panistas electos por mayoría la propusieron. Ojalá surja el milagro y la “adopte” la mayoría del PRI.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 19 de mayo de 2010

Tres temas pendientes después de la elección

Dulce María Sauri Riancho

La parte definitoria del proceso electoral se realizó el domingo pasado. Ese día miles de yucatecos salimos a votar y a elegir a las nuevas autoridades municipales y a los integrantes del Congreso del Estado.

Para la mayoría de los ciudadanos, la jornada electoral es el final de la política; retoman su vida, con los mismos problemas y con cierta esperanza de solución por parte de quienes prometieron cumplir sus promesas y ahora han triunfado en las urnas.

Para los partidos políticos y las autoridades electorales la tarea aún no concluye. Falta una de las etapas más importantes: contar los votos en los consejos y resolver en los tribunales las impugnaciones y las denuncias de los partidos, sobre irregularidades y vicios que afectan el resultado final.

El Tribunal Electoral del Estado tendrá en estos próximos días su última actuación como tribunal autónomo. De acuerdo con las reformas a la Constitución recientemente aprobadas, apenas concluido el proceso, pasará a formar parte del Poder Judicial del Estado. En la elección local de 2012, el nuevo Tribunal tendrá que tomarse un espacio para resolver las controversias electorales, en medio de la solución de las disputas de carácter administrativo entre ciudadanos y las autoridades (contencioso administrativo) y la resolución de las demandas laborales de los trabajadores al servicio del Estado (arbitraje) contra su patrón.

A las organizaciones ciudadanas, a los políticos de oficio, a los estudiosos y a las personas observadoras o críticas, activas e interesadas en este proceso, todavía les aguarda una gran tarea. La evaluación del proceso electoral en su conjunto es una necesidad para fortalecer la democracia, corregir los excesos y las desviaciones, entender y asumir los compromisos de participación social que van mucho más allá de una elección. Propongo tres temas para iniciar ese ejercicio de reflexión colectiva: 1. La actuación de los órganos electorales y la eficacia de la legislación electoral de 2008. La tranquilidad de la jornada electoral, la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, con la participación de miles de ciudadanos en calidad de funcionarios o de representantes de partidos políticos, no pueden mandar al olvido los problemas de organización, logística y actuación del Ipepac. Es necesario evaluar cuánto afectaron las reformas a la legislación electoral local de 2008 las facultades y atribuciones de fiscalización, seguimiento y control de la actuación de los partidos políticos por parte del órgano electoral, desde las precampañas hasta los cómputos.

Otro punto fundamental tiene que ver con los gastos de campaña. El Ipepac dice no tener facultades para intervenir en las actividades de propaganda y movilización de los partidos que manifiestamente, a ojos vista de cualquier ciudadano, significan un rebase del tope de gastos casi al iniciar el periodo de campaña, ya no digamos al concluirlo. Hacer de la conseja de ganar “haiga sido como haiga sido” pauta de conducta política, permitírsela a los partidos y sus candidatos por la debilidad de la sociedad y la complicidad de los órganos responsables, sólo abona a la degradación de la democracia y de los mecanismos para la transmisión pacífica del poder.

2. Seguimiento de las denuncias por parte de distintos actores políticos. Durante los meses previos a las elecciones del 16 de mayo, hubo importantes denuncias vinculadas a la actuación de las autoridades. Una, directamente planteada por representantes populares del PAN, relacionada con la adquisición irregular de 3,000 hectáreas en Ucú por parte del gobierno del Estado. Otras, sobre la concesión de la planta de selección y procesamiento de basura propiedad del Ayuntamiento de Mérida. Están en curso investigaciones vinculadas a la jornada electoral o a destacados políticos, como la detención de un presunto “grupo de choque” contratado por el PAN y la agresión que sufrió el diputado Ismael Peraza.

Si quienes realizaron las denuncias —partidos políticos, senadores, diputados— las dejan morir después de las elecciones, darían la razón a los que señalaron que sólo tenían una motivación electoral, no un afán de justicia. En cuanto a las autoridades, tienen la responsabilidad de concluir sus investigaciones y consignar a los presuntos responsables de los delitos.

3. Participación de la ciudadanía. Un millón 309,000 yucatecos somos electores con derecho de votar. Participó el 59%, es decir, seis de cada diez ciudadanos. No es una cifra menor, pero si la comparamos con recientes elecciones, una vez más se registra la tendencia a la baja en la participación. En 2006 votó el 66%; en 2007, 70%; en 2009, 55%.

En Mérida, de 570,000 electores, acudieron a las urnas alrededor de 310,000, menos del 55% del listado. Contrasta con las casi dos terceras partes que votaron en 2007 (62.9%). Nos acercamos peligrosamente a la mitad de abstencionistas en la capital del estado, donde reside el número más grande de ciudadanos.

El análisis objetivo sobre la participación electoral y la abstención permitiría arrojar luz sobre las motivaciones de unos y otros: los que votaron y los que no lo hicieron; sus razones, su ánimo. A los partidos políticos, les permitiría revisar sus estrategias para mantenerse en el gobierno o para intentar recuperarlo en la siguiente elección. A las organizaciones ciudadanas les brindaría la posibilidad de detectar los obstáculos —viejos y nuevos— que dificultan la participación social.

Tres temas pendientes de análisis y comprensión. Que ni la euforia por el éxito ni el dolor por la derrota nos priven de la necesidad y el compromiso para realizarlo.— Mérida, Yucatán.

martes, 11 de mayo de 2010

jueves, 6 de mayo de 2010

Empleo decente, prioridad

Los más afectados: jóvenes y profesionales

Dulce María Sauri Riancho

Yucatán es la cuarta entidad federativa con menos desempleo. Sólo 3 de cada cien trabajadores yucatecos está desocupado (3.22%), bastante menos de los 5 que lo están a nivel nacional (5.33%). Una noticia así, resaltada por los medios de comunicación locales en ocasión del reciente Día del Trabajo, podría generar fácilmente un sentimiento de satisfacción. Sin embargo, otros datos provenientes de las numerosas encuestas preelectorales que averiguan más que la intención de voto, hablan de que la mayor preocupación y problema sentido por la sociedad meridana es, precisamente, el empleo: su falta, la dificultad para obtenerlo, la facilidad para perderlo.

¿Por qué se presenta esta aparente contradicción entre la información de las estadísticas oficiales y la percepción de un amplio grupo de yucatecos? Por una parte, los estados con menos desempleo —los tres que anteceden a Yucatán— son también los que registran los mayores niveles de pobreza. Guerrero (1.96% desempleado), Oaxaca (2.0%) y Chiapas (2.7%) tienen los indicadores más precarios de salud, esperanza de vida al nacer, más niños desnutridos, menos años de escolaridad que el promedio; los municipios más depauperados de México están en su territorio; la población rural campesina predomina sobre el sector manufacturero y de servicios, incluyendo el turismo.

En contraste, los estados más industrializados de México son los que presentan el mayor número de desempleados. Es el caso de Chihuahua (8.49%), Coahuila (7.41%), Nuevo León (6.85%), Baja California (6.69%), Tamaulipas (6.55%) y Durango (7.19%) que, junto con cuatro entidades del centro del país: Querétaro (7.91%), Aguascalientes (6.9%), Estado de México (6.77%) y Distrito Federal (6.54%), concentran a la mayoría de la población que ha perdido su trabajo.

Son casi todos los estados de la frontera norte (sólo queda excluida Sonora), los que producen para la exportación a los Estados Unidos, a los mercados europeos y asiáticos. El mayor desarrollo ha significado para sus economías más vulnerabilidad ante la crisis global que ha resentido el planeta entero, desde que se iniciaron las quiebras de las grandes instituciones financieras norteamericanas. En los estados más pobres, ser despedido de la fábrica o del negocio significa que esa persona tendrá que realizar alguna actividad económica para subsistir, así sea dedicarse al comercio ambulante, vender comida en la calle, vender ropa en abonos, por ejemplo, para sobrevivir y llevar el sustento a su familia. Parece que el desempleo es un lujo que muy pocos se pueden dar.

En los estados más desarrollados han sido obreros calificados, profesionales y ejecutivos los que han sido “recortados” de su fuente laboral; son aquellos que estaban inscritos en el IMSS, que tenían seguridad social. Para ellos es más difícil asumir su nueva condición. Esperan por largos meses una oportunidad de trabajo semejante a la que perdieron, sin encontrarla. Son los que responden “desempleado” a la pregunta de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Los trabajadores y empleados de México carecen de seguro contra el desempleo, como en otros países. Los salarios reducidos impiden realizar ahorros familiares para prever una situación de pérdida. Por eso, cuando se pierde el trabajo, hay que salir a la calle y buscar lo que sea para ganar unos cuantos pesos.

En Yucatán, la situación de pobreza está un tanto atemperada con relación a estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La diversificación relativa de la economía yucateca y el peso de los servicios (comercio, banca, turismo), han permitido proporcionar ocupación, pero no empleos bien remunerados, de calidad, con IMSS, Infonavit y cotización al Sistema de Ahorro para el Retiro para la mayoría.

Quienes más resienten la falta de oportunidades son jóvenes y profesionales egresados de los centros de educación superior. Las cifras oficiales reportan 10% de jóvenes desempleados (de 14 a 24 años). Eso no es lo peor: de los que reportan desarrollar algún trabajo, 60% (6 de cada 10), lo hacen sin recibir salario alguno; muy probablemente, trabajan en el negocio familiar y reciben una especie de “gastada”, que desde luego, no es un ingreso regular.

En cuanto a los profesionales yucatecos, que se formaron con tanto empeño personal y esperanza familiar, muchas veces no encuentran un empleo acorde con su preparación, ni en Yucatán ni en otras partes del país. De acuerdo con las cifras oficiales, éste es el grupo más afectado. Además, sus salarios son en promedio más bajos que en otras entidades, incluyendo Quintana Roo.

Hay que saber leer las cifras oficiales, pero sobre todo, hay que reconocer el profundo malestar social ante la falta de oportunidades.

Más allá de la oferta electoral que obedece a los criterios de la mercadotecnia y a la certeza del pronto olvido, el crecimiento del empleo digno y bien remunerado para las y los yucatecos debiera ser auténtica prioridad.

Cuando los ecos de los ofrecimientos de 35 mil nuevos empleos, de las becas para jóvenes profesionales, entre otros, se acallen, habrá nuevas autoridades municipales y una nueva legislatura en el Congreso. Que no se olviden de sus promesas. Que no nos olvidemos de exigirles que las cumplan.— Mérida, Yucatán.

LA NUEVA REVOLUCIÓN SOCIAL (2) Jornada escolar de tiempo completo

El problema central de México es la inmensa desigualdad que nos domina. La falta de iguales oportunidades para desarrollar capacidades y derechos tiene en la pobreza su extremo más agudo. La jornada escolar de tiempo completo es un paso fundamental para iniciar el cierre de la enorme brecha entre los mexicanos.


Las niñas y los niños tienen derecho a iguales oportunidades para su desarrollo. Esto no es así. Unos nacen en hogares con estabilidad económica e ingresos suficientes; la mayoría forma parte de familias en condición de vulnerabilidad, por la inseguridad laboral de los padres, los bajos salarios, sobre carga de trabajo de sus madres.


¿Quién cuida a los niños?


El grupo de edad de 0 a 4 años es atendido en diversas instituciones públicas, como las guarderías y centros de desarrollo de la SEP, el IMSS, el DIF, el ISSSTE, así como en instituciones privadas. La mayoría de los niños menores permanece en sus hogares al cuidado de sus madres o de un familiar, si estas participan en el mercado laboral.


A los cuatro años cumplidos, excepción del ISSSTE, las niñas y los niños son entregados a sus padres –óigase su madre- los inscriben en preescolar… Y comienzan a ahondarse las diferencias; crece la brecha de las desventajas.


Y la brecha de la desigualdad comienza a expandirse…


Una niñita de 5 o más años puede tener en los hechos “jornada escolar de tiempo completo”. Su madre, de clase media o media alta, dedicada al trabajo del hogar, la recoge puntual de la escuela, la lleva a la casa a darle de comer y a descansar para dedicar la tarde a las clases especiales de pintura, música, deportes y otras que desarrollan sus habilidades y su creatividad.


En cambio, a una niña de la misma edad, de una familia en condición de pobreza, la recoge como un favor una vecina o la abuela, azotada por sus dolencias. Llega a la casa; aun a sus pocos años, se calienta la comida; se cuida. Si obedece, se queda adentro; si no, sale a jugar a la calle. Cuando llega la madre, cansada de trabajar, no hay ánimo para convivir y si es un poco mayor, ayudarla en la tarea; no hay computadora ni espacio físico para hacer los deberes escolares.


Jornada escolar de tiempo completo, primer paso.


La jornada escolar de tiempo completo haría posible que los menores, sin importar su condición social o las circunstancias familiares, reciban atención al desarrollo de sus habilidades y aptitudes: artísticas, deportivas. Además, tendrían las y los niños un sitio adecuado para realizar sus tareas y su estudio vespertino.


Las madres y los padres tendrían una opción segura para sus hijos. No sería sólo para las mujeres con trabajo extradoméstico, sino para todas aquellas familias que lo demanden.


Para las comunidades educativas de los tres niveles de gobierno sería un inmenso reto. No se trata de instalar “guarderías vespertinas”, en su sentido literal de “guardar” a los niños y distraerlos mientras llegan sus madres o sus padres a buscarlos. Se trata de instrumentar programas para fomentar la creatividad, el desarrollo armónico de las personas, entre otras razones.


Comenzar por preescolar


Propongo comenzar por preescolar. Primero, porque la infraestructura de este nivel educativo está en franca expansión para responder al mandato constitucional que la declara obligatoria. Segundo, porque las instalaciones de los preescolares cuentan mayoritariamente con una cocineta para preparar los alimentos y un área de descanso para los niños. Este sería el punto para iniciar el camino hacia la cobertura de todo el sistema de escuelas públicas, de preescolar al 6º grado de primaria. Tercero, con escasas excepciones, los preescolares tienen turno único.


Es una decisión difícil de tomar por el Poder Ejecutivo, por el gobierno, debido esencialmente a que implica una importante cantidad de recursos públicos y una larga negociación con el SNTE.


Sería el primer paso hacia la corresponsabilidad entre el Estado y las familias, el Estado y la Sociedad, En el centro de la decisión estará la reproducción y cuidado de las personas y la asignación clara de prioridades, en forma importante, la fiscal.


La jornada escolar de tiempo completo coadyuvaría a brindar iguales oportunidades de participación y de formación a los niños y jóvenes, y a las mujeres, las ayudaría a liberar su potencial.


Desde esta óptica, ¿por qué sí; por qué no? Jornada escolar de tiempo completo, ¿en qué forma, con cuáles contenidos?


Eso tendríamos que analizar y debatir. ¿Jornada escolar, sí ó no? ¿A qué ritmo? ¿Cuánto tiempo?

LA NUEVA REVOLUCIÓN SOCIAL (1) Jornada escolar de tiempo completo

Los acontecimientos políticos nos invaden inconteniblemente. Las acciones del crimen organizado y la incompetencia de los gobiernos para enfrentarlas, subyugan la atención pública al escándalo inmediato. La reflexión sobre asuntos de importancia colectiva parece estar momentáneamente proscrita.


A contracorriente, quiero plantear un asunto que huele a futuro; no es electoral, aunque tiene mucho qué ver con las opciones de 2012. No necesita reformas de ley para poder avanzar, sino una importante dosis de voluntad política. Me refiero a la jornada escolar de tiempo completo.


La irrupción de las mujeres


La expansión y el crecimiento del sistema educativo nacional en las décadas recientes son en sí mismos, un gran logro. Con sus limitaciones, deficiencias e incluso vicios, la educación pública ha hecho posible que millones de niños y jóvenes se inscriban en la escuela. Un número menor permanece en ella y todavía menos niños y jóvenes culminan exitosamente sus estudios.


El género masculino que las reglas de la gramática nos obligan a emplear, oculta quizá la parte más importante de este avance: la creciente incorporación de las niñas y jóvenes mujeres a los distintos niveles de enseñanza.

Millones de niñas se han incorporado a la primaria; contra las costumbres ancestrales, estudian la secundaria y preparatoria, postergando así la edad del matrimonio y el nacimiento del primer hijo. La irrupción de las mujeres en la educación superior es incontenible, incluso en carreras y especialidades consideradas hasta hace muy poco como típicamente masculinas. En algunas disciplinas y carreras universitarias se habla de “feminización”, al rebasar las mujeres la mitad de la matrícula, como en Medicina y Derecho.


Al mismo tiempo, más mujeres se han incorporado al mercado laboral. Si el “trabajo decente”, calificado así en relación a la estabilidad, la remuneración y la seguridad social, es un objetivo lejano para los hombres, lo es más para las mujeres, a pesar de encontrarse mejor preparadas desde la perspectiva de la educación formal para participar.


La educación no basta…


Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el desarrollo de capacidades en amplios sectores de la población, mujeres y hombres, no tiene consecuencias en el acceso a un “trabajo decente? ¿Qué parte de la responsabilidad radica en la insuficiencia del modelo económico que no logra crecer en forma sostenida y mucho menos distribuir equitativamente sus beneficios? ¿Qué parte corresponde al sistema de formación de esas capacidades? ¿Cómo influyen o determinan el acceso a las oportunidades los roles distintos que tienen hombres y mujeres en la sociedad y que la mayor escolaridad de las mujeres aun no incide en su modificación?


Es cierto que hay todavía más mujeres que hombres analfabetas en México. La brecha es de casi 4 puntos porcentuales (5.1% hombres, 8.9% mujeres). Pero este grupo está concentrado en las mujeres mayores de 40 años. CONEVAL señala que es mayor el rezago educativo en las mujeres que en los hombres nacidos antes de 1982. Pero en la nueva generación esta tendencia se ha venido revirtiendo. Por cada 100 niños, 111 niñas se encuentran inscritas en secundaria y bachillerato.


El nivel de inasistencia escolar ha venido descendiendo. Las brechas entre niñas y niños (entre 5 y 15 años) en los quintiles más bajos de ingreso se han ido cerrando: la tendencia histórica de mayor inasistencia escolar de mujeres en hogares de bajos ingresos parece revertirse.


El papel de Progresa-Oportunidades


Estas “buenas noticias” en cuanto a la participación femenina en el sistema educativo han estado asociadas a una política pública de combate a la pobreza y a un programa gubernamental –Progresa/Oportunidades, que contiene una acción afirmativa que hizo posible la reducción de las desventajas: las becas más cuantiosas para las niñas que para los niños a partir de tercero de primaria. Son más de 5 millones de familias en todo el país –serán casi 6 al finalizar el año- las que reciben becas escolares diferenciadas, además de la ayuda alimentaria, apoyo para los adultos mayores, subsidio para energía (gas en vez de leña), a cambio del seguimiento de las condiciones de salud de los miembros de la familia y la asistencia a los centros de salud para verificarla.


Gracias a este componente de las becas diferenciadas en una política pública, las niñas adquirieron más valor en la escuela que ayudando a su madre en la realización del trabajo doméstico en el hogar y en el cuidado de los hermanos menores. El estudio coordinado por Mercedes González de la Rocha[1] señala el cambio de percepciones y valores en cuanto a las hijas. De ser una “mala inversión” porque “al cabo se casan y se van”, pasaron a ser un activo de la economía familiar, aun a costa del sobre-trabajo de las mujeres adultas de la casa que ya no podrían contar con su ayuda.


Estos cambios no son un asunto menor. Las niñas y las jóvenes Progresa-Oportunidades han postergado su ingreso al mundo laboral, la edad de la primera unión y del primer hijo. Además, como resalta la propia Mercedes González de la Rocha*, asistimos a la emergencia de la juventud rural/indígena como una nueva categoría social. En las familias se ha creado una percepción favorable a la escolaridad de sus miembros más jóvenes que estudian el bachillerato, van a las universidades públicas e incluso, con un gran esfuerzo, logran financiar sus estudios en las despectivamente denominadas “universidades patito”.


Universitarias, de vuelta a la cocina…


Sin embargo, la mayoría de las jóvenes no obtienen un empleo decente al concluir sus estudios. Son universitarias quizá, pero regresan al hogar para realizar las mismas labores que sus madres; con más escolaridad, reproducen el círculo vicioso que trataron de romper asistiendo a la escuela. Las jóvenes mujeres no tienen opción de ser NiNi –ni estudian ni trabajan- porque realizan trabajo doméstico y cuidan de las personas de la familia. No es que a los hombres jóvenes les vaya mejor, pero las opciones –entre otras, la migración- son un poco más amplias.


La reproducción social, ¿sólo a cargo de las mujeres?


Observamos con claridad la persistencia del papel central de las mujeres en la reproducción de la familia. A pesar de los cambios, todavía se considera como obligación esencialmente femenina el trabajo doméstico, el cuidado de los menores y de los ancianos.


A los hacedores de políticas públicas les pregunto: la reproducción de las familias: comprar los alimentos, hacer la comida, asear la casa, lavar la ropa, cuidar a los niños y a los ancianos, todo ello, ¿es responsabilidad exclusiva de las mujeres? ¿Es de los hombres y mujeres adultos? ¿O es una corresponsabilidad de la Sociedad y el Estado?


Creo que existe una corresponsabilidad que, de ser admitida, demandaría políticas públicas consecuentes. Si la reproducción social de las familias es considerada como un asunto de interés público, entonces habrían de desarrollarse políticas y programas para hacerse corresponsables del cuidado de las personas, para empezar.


No se trata de una pretendida sustitución del trabajo de las mujeres por el trabajo de los hombres: que ellos hagan lo que ahora nosotras hacemos en el hogar. Consiste en compartir Estado y Sociedad, Gobierno y Familias, las responsabilidades de la reproducción y el cuidado de todos los miembros de la familia, en particular los menores y los adultos mayores, estos últimos cada vez más numerosos por los cambios demográficos que se traducen en el envejecimiento de la población.


¿Tiene algo qué ver el sistema educativo con esta situación? ¿Qué puede aportar?


No estoy planteando exclusivamente el reforzamiento de las acciones para afirmar en las aulas los valores de la equidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre otros, que se transmiten en la escuela. Va más allá.


La jornada escolar de tiempo completo, una nueva revolución


Consiste en plantear la jornada escolar de tiempo completo como una política pública enfocada a compartir la responsabilidad en el cuidado de las personas, en este caso, las niñas y los niños.


Una decisión de esta naturaleza tendría impacto en tres ámbitos, distintos pero estrechamente relacionados: uno, iguales oportunidades de desarrollo para las niñas y los niños; dos, liberación parcial del tiempo de trabajo doméstico de las mujeres; tres, en la concepción y organización del sistema escolar en su conjunto.

¿Se puede? Yo creo que sí. Argumentaré a favor en mi siguiente colaboración.



[1] Procesos Domésticos y Vulnerabilidad: Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades. Mercedes González de la Rocha, coordinadora. Ediciones Casa Chata. CIESAS-SEDESOL-Oportunidades. 2009