miércoles, 19 de mayo de 2010

Tres temas pendientes después de la elección

Dulce María Sauri Riancho

La parte definitoria del proceso electoral se realizó el domingo pasado. Ese día miles de yucatecos salimos a votar y a elegir a las nuevas autoridades municipales y a los integrantes del Congreso del Estado.

Para la mayoría de los ciudadanos, la jornada electoral es el final de la política; retoman su vida, con los mismos problemas y con cierta esperanza de solución por parte de quienes prometieron cumplir sus promesas y ahora han triunfado en las urnas.

Para los partidos políticos y las autoridades electorales la tarea aún no concluye. Falta una de las etapas más importantes: contar los votos en los consejos y resolver en los tribunales las impugnaciones y las denuncias de los partidos, sobre irregularidades y vicios que afectan el resultado final.

El Tribunal Electoral del Estado tendrá en estos próximos días su última actuación como tribunal autónomo. De acuerdo con las reformas a la Constitución recientemente aprobadas, apenas concluido el proceso, pasará a formar parte del Poder Judicial del Estado. En la elección local de 2012, el nuevo Tribunal tendrá que tomarse un espacio para resolver las controversias electorales, en medio de la solución de las disputas de carácter administrativo entre ciudadanos y las autoridades (contencioso administrativo) y la resolución de las demandas laborales de los trabajadores al servicio del Estado (arbitraje) contra su patrón.

A las organizaciones ciudadanas, a los políticos de oficio, a los estudiosos y a las personas observadoras o críticas, activas e interesadas en este proceso, todavía les aguarda una gran tarea. La evaluación del proceso electoral en su conjunto es una necesidad para fortalecer la democracia, corregir los excesos y las desviaciones, entender y asumir los compromisos de participación social que van mucho más allá de una elección. Propongo tres temas para iniciar ese ejercicio de reflexión colectiva: 1. La actuación de los órganos electorales y la eficacia de la legislación electoral de 2008. La tranquilidad de la jornada electoral, la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, con la participación de miles de ciudadanos en calidad de funcionarios o de representantes de partidos políticos, no pueden mandar al olvido los problemas de organización, logística y actuación del Ipepac. Es necesario evaluar cuánto afectaron las reformas a la legislación electoral local de 2008 las facultades y atribuciones de fiscalización, seguimiento y control de la actuación de los partidos políticos por parte del órgano electoral, desde las precampañas hasta los cómputos.

Otro punto fundamental tiene que ver con los gastos de campaña. El Ipepac dice no tener facultades para intervenir en las actividades de propaganda y movilización de los partidos que manifiestamente, a ojos vista de cualquier ciudadano, significan un rebase del tope de gastos casi al iniciar el periodo de campaña, ya no digamos al concluirlo. Hacer de la conseja de ganar “haiga sido como haiga sido” pauta de conducta política, permitírsela a los partidos y sus candidatos por la debilidad de la sociedad y la complicidad de los órganos responsables, sólo abona a la degradación de la democracia y de los mecanismos para la transmisión pacífica del poder.

2. Seguimiento de las denuncias por parte de distintos actores políticos. Durante los meses previos a las elecciones del 16 de mayo, hubo importantes denuncias vinculadas a la actuación de las autoridades. Una, directamente planteada por representantes populares del PAN, relacionada con la adquisición irregular de 3,000 hectáreas en Ucú por parte del gobierno del Estado. Otras, sobre la concesión de la planta de selección y procesamiento de basura propiedad del Ayuntamiento de Mérida. Están en curso investigaciones vinculadas a la jornada electoral o a destacados políticos, como la detención de un presunto “grupo de choque” contratado por el PAN y la agresión que sufrió el diputado Ismael Peraza.

Si quienes realizaron las denuncias —partidos políticos, senadores, diputados— las dejan morir después de las elecciones, darían la razón a los que señalaron que sólo tenían una motivación electoral, no un afán de justicia. En cuanto a las autoridades, tienen la responsabilidad de concluir sus investigaciones y consignar a los presuntos responsables de los delitos.

3. Participación de la ciudadanía. Un millón 309,000 yucatecos somos electores con derecho de votar. Participó el 59%, es decir, seis de cada diez ciudadanos. No es una cifra menor, pero si la comparamos con recientes elecciones, una vez más se registra la tendencia a la baja en la participación. En 2006 votó el 66%; en 2007, 70%; en 2009, 55%.

En Mérida, de 570,000 electores, acudieron a las urnas alrededor de 310,000, menos del 55% del listado. Contrasta con las casi dos terceras partes que votaron en 2007 (62.9%). Nos acercamos peligrosamente a la mitad de abstencionistas en la capital del estado, donde reside el número más grande de ciudadanos.

El análisis objetivo sobre la participación electoral y la abstención permitiría arrojar luz sobre las motivaciones de unos y otros: los que votaron y los que no lo hicieron; sus razones, su ánimo. A los partidos políticos, les permitiría revisar sus estrategias para mantenerse en el gobierno o para intentar recuperarlo en la siguiente elección. A las organizaciones ciudadanas les brindaría la posibilidad de detectar los obstáculos —viejos y nuevos— que dificultan la participación social.

Tres temas pendientes de análisis y comprensión. Que ni la euforia por el éxito ni el dolor por la derrota nos priven de la necesidad y el compromiso para realizarlo.— Mérida, Yucatán.