viernes, 28 de agosto de 2009

Con la “V” de valor

"Apretarse el cinturón"
(columna publicada el día 26 de agosto en el D. de Yucatán)
Dulce María.

En estos días por todas partes nos apabullan con información de la crisis económica: que el desempleo se disparó, que en vez de crecer decrecemos, que el gobierno tiene que recortar gastos, lo que significa menos inversión en obras públicas o reducción de programas sociales, pero ningún dato, ninguna cifra dirá más a las familias que utilizan el transporte público que el peso extra que pagan por su pasaje desde el pasado domingo.


¿Qué sucedió con el subsidio que se entregaba a los transportistas? ¿Por qué se autorizó el aumento ahora, una vez que pasaron las elecciones? El Foro del Diario ha abordado esta situación. Sin embargo, considero que el asunto de las tarifas, como muchos otros que tienen que ver con subsidios y apoyos que los gobiernos (federal, estatal o municipal) otorgan, nos lleva a preguntarnos de dónde va a obtener el gobierno el dinero que se requiere, además de cuestionar en qué y cómo lo va a gastar o en qué renglones va a recortar.

Yucatán es una entidad que, como otras en el país, depende de los recursos que provienen de la coordinación fiscal con el gobierno federal. Esto no debe ser en desdoro del estado, puesto que la coordinación estado-federación evita la duplicidad de impuestos y mejora, al menos en teoría, la eficiencia para recaudar.

El problema estriba en que de cada $100 que gastamos, sólo 5 son ingresos propios, dinero que recauda la tesorería yucateca. De los $95 que provienen de la Federación, sólo $28, los que corresponden a la “participación de ingresos federales”, los puede gastar el gobierno del Estado con cierta libertad; los restantes $67 nos llegan como “ingresos etiquetados”, es decir que desde la Cámara de Diputados federal se define cuánto y en qué gastarlo y el gobierno del Estado se limita a pagar.

“Apretarse el cinturón” en el gobierno estatal significa revisar los subsidios y eliminarlos cuando no se puedan sostener. Éste parece haber sido el caso del apoyo de $2,000 por autobús que el gobierno estatal entregó puntualmente a los concesionarios desde el año pasado, a cambio de mantener en $5 el precio del boleto.

Se habla otra vez de ponerle IVA a los alimentos y a las medicinas, como una manera de incrementar con rapidez los ingresos gubernamentales. Quienes recomiendan esta medida argumentan la conveniencia de extender y hacer parejos los llamados “impuestos al consumo”, tal y como sucede en los países más desarrollados. Lo que no dicen es que los europeos, el propio Estados Unidos, primero consolidaron el cobro de los impuestos sobre la renta —ingresos de las personas y de las empresas— y después perfeccionaron el IVA.

Por otra parte, si bien es cierto que el IVA en alimentos y medicinas afectaría a todas las familias, resulta más gravoso para las más pobres que destinan casi el 60% de su ingreso a comprar comida y medicinas. Así que por allá no está el camino de salida.

En los impuestos directos está la tela que puede y debe cortar el fisco. No se trata de hostigar de nuevo a los pequeños y medianos empresarios, al trabajador o a la empleada que es causante cautiva, sino de hacer que las grandes corporaciones financieras y los mayores capitales paguen los impuestos que deben pagar y que ahora evaden gracias a la “consolidación fiscal”. El Auditor Superior de la Federación nos ofrece un apunte de esa gigantesca evasión: “... En 2005, 50 'grandes contribuyentes' pagaron sólo 74 pesos (de impuesto sobre la renta, DMS) en promedio y otros 50... pagaron de IVA, en promedio, 67 pesos...”. ¡Sí, leyó usted bien esa ridícula suma! (Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación, 17 julio 2008).

El diagnóstico es conocido. La solución está en manos de legisladores y de funcionarios: falta voluntad política y hay un déficit de valor. Es impostergable una verdadera reforma hacendaria (de ingreso, de gasto, de deuda pública), que elimine privilegios y tratos de excepción, y que provea al gobierno de ingresos suficientes para financiar el desarrollo colectivo. Y, ojo, ¡mucho ojo!: la deuda pública, así se llame “bursatilización”, “Pidiregas” o “PPS”, hay que tomarla con reservas y con prudencia.— Dulce María Sauri, Mérida, Yucatán.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Es mejor ser auténtico

El cambio de imagen.
(columna publicada el día 19 de agosto en el Diario de Yucatán)
Dulce María.

En memoria de Ana Laura, excepcional joven mujer


“Se murió Ana Rihani...”. Mi primera reacción fue la incredulidad que acompaña a un anuncio así cuando la persona tiene 32 años. Después, la presunción de la causa: un accidente en la carretera. La Progreso-Mérida fue la primera en la que pensé, pues la recorría incansablemente todos los días para ir a la preparatoria del Colegio América, después al Tecnológico de Mérida y a la Universidad del Mayab, donde obtuvo su maestría al culminar sus estudios de Ingeniería en Sistemas y, más tarde, para cumplir sus compromisos de su recién iniciada carrera política. La otra vía era la estrecha carretera Progreso-Chicxulub Pueblo, donde se desempeñaba como directora del Colegio de Bachilleres.

Ni una ni otra. Ana falleció de una trombosis después de una “cirugía bariátrica” que es el nombre de la operación para reducirse el tamaño del estómago y bajar de peso, tan común que ahora vemos anuncios espectaculares que la promueven, además de las más sencillas y menos costosas “liposucciones”, implantes de prótesis de seno, estiramientos faciales, levantamiento de pieles y de ánimos caídos al paso del tiempo.

No ignoro que en los concursos de belleza cada vez es menos frecuente encontrar a una participante que no haya pasado previamente por un proceso que comienza con correcciones quirúrgicas en rostro, cintura, busto y de algún otro supuesto error de la naturaleza. Los casos de anorexia y bulimia en jóvenes mujeres, tanto del medio artístico como fuera de él, lamentablemente son cada vez más.

Pero, ¿por qué tendría que acudir una joven mujer dedicada a la enseñanza y a la política a una solución quirúrgica que, como diversos casos señalan, no está exenta de riesgos? Médicamente sólo está indicada cuando el sobrepeso de las personas pone en riesgo inminente su vida. Ana era una joven llenita, “hermosa” en el lenguaje tradicional de las abuelas yucatecas. Permanentemente a dieta por convencimiento propio de su supuesta gordura, creo que fue víctima de un entorno que muestra el buen reísultado de las operaciones no sólo en cuanto a la disminución de peso, sino de mejora espectacular de las posibilidades políticas personales. El ejemplo arrastra.

Desde 2001 dejé de ver a Ana Rihani como la hija de Roberto, un estimado y leal colaborador durante mi gobierno, y comencé a percibirla como una joven inquieta que apostaba a la preparación profesional y al trabajo dedicado para avanzar, que tenía capacidad analítica para diagnosticar los problemas y valor para plantear las soluciones; que creía en los valores fundamentales de la política como forma de servicio.

Ana había sido regidora del Ayuntamiento de Progreso 2004-2007; había participado activamente en la política del distrito local ayudando al diputado Enrique Magadán en sus diversas encomiendas. En enero de este año había sido electa presidenta estatal de la organización de las mujeres del PRI (OMPRI) y tenía fundadas expectativas de ser postulada como candidata en el proceso local del próximo año.

Me ayudó en la aventura que emprendí para buscar la candidatura al gobierno del Estado en 2006. Después trabajó arduamente para lograr el triunfo de Ivonne Ortega, quien le abrió el camino para llegar a la OMPRI. Gocé su avance porque lo sabía fruto legítimo del esfuerzo.

Para luchar por su aspiración política, Ana acudió a un especialista en imagen y mercadotecnia, quien aceptó la encomienda no sin antes poner una condición innegociable: que bajara de peso para ajustarse a las “normas y perfiles de imagen” que ahora parecen ser indispensables para realizar una campaña política exitosa.

Tener una figura joven y delgada parecía ser sólo una exigencia para artistas y modelos. Ahora, gracias a la mercadotecnia, se ha vuelto un mandato para las y los políticos. ¡Qué bueno sería que detrás de la pérdida de 30, 40 ó más kilos estuviera la férrea voluntad que domina el apetito y no el bisturí del cirujano! Sería un muy buen ejemplo de tenacidad y perseverancia. La otra, la cirugía, semeja el camino rápido para alcanzar el objetivo de deshacerse de los kilos, sin importar el riesgo de la operación y las consecuencias para la salud futura.

En una reunión reciente de cirujanos especializados celebrada en Mérida se alertó de las consecuencias de utilizar una operación recomendada sólo para la “obesidad mórbida” (del 50 al 100% por arriba del peso ideal) solamente como una simple intervención estética.

Es cierto que la obesidad es un problema de salud para las personas y para la sociedad por las enfermedades que trae asociadas. Que su prevención y tratamiento tiene un fuerte componente educativo. También lo es que la gordura puede provocar discriminación en la niñez y la adolescencia al ser “diferentes”. Pero no podemos consentir o tolerar la proliferación de la solución rápida del “bypass” o “banda gástrica” a través de la aceptación social acrítica que ignora los riesgos y las consecuencias y aplaude el repentino cambio de figura.

En cuanto a los políticos, me dio mucho gusto que el gobernador electo de Campeche haya realizado su campaña haciendo uso del apodo con el que lo conocen sus paisanos: “Purux”. Gordito ganó la elección, así lo quisieron y lo apoyaron los campechanos. En las arrugas de Andrés Graniel, en los kilos de Fernando Ortega se demuestra que no hay mejor campaña que la que está apoyada en la autenticidad, la alegría y el espíritu de servicio.

Ana se fue y se llevó su luz. Que las causas de su repentina muerte lleven a la reflexión a mujeres y hombres que, pasados de kilos, quieren mejorar sus oportunidades en la política. No lo vale.— Mérida, Yucatán.

Dulce María Sauri

sábado, 15 de agosto de 2009

Sin cruzar los límites. De visiones, sueños y pesadillas.

(Opinión editorial publicada en el Diario de Yucatán el 12 de agosto del presente)
Dulce María Sauri Riancho

En estos días de temporada, miles de yucatecos que disfrutamos las playas alrededor de Progreso podemos contemplar una línea que se adentra en el mar varios kilómetros: el viaducto de la Terminal Remota del Puerto de Altura, que, en unos meses más, en octubre, cumplirá 20 años de haber sido inaugurado.


La idea de transformar Progreso en puerto de Altura fue resultado de un sueño y una visión. Durante muchos años los puertos de Sisal, primero, y de Progreso, después, habían satisfecho los requerimientos para exportar henequén y para importar bienes de consumo para la población de la entidad.

Sin embargo, los puertos y los barcos en el mundo cambiaron y el principal puerto yucateco se había quedado rezagado, con su escaso calado que sólo podía admitir barcos pequeños. La modernización y ampliación de Progreso era una urgente necesidad para el desarrollo de la entidad.

No todos los sectores económicos lo veían así. Para algunos era sólo un sueño, imposible de hacerse realidad ante la falta de recursos para hacer la obra. Para otros, era algo innecesario, superfluo o exótico, que sólo representaba “tirar piedras al mar”.

Víctor Cervera tuvo la visión del Puerto de Altura de Progreso como el factor detonante del cambio que le urgía a Yucatán. En su mandato como gobernador interino se enfrentó a la acelerada decadencia de la actividad henequenera como motor de la economía del estado y a la imperiosa necesidad de impulsar la diversificación productiva más allá del ámbito agropecuario.

Al sueño de Yucatán como la “otra frontera” con los Estados Unidos, siguió el programa de industrias maquiladoras para exportación y la determinación de encontrar un transporte seguro y competitivo para sus productos. Por tierra, Mérida se encuentra a más de 2,000 kilómetros de la frontera norte, pero por mar, son sólo 555 km a Nueva Orleáns o 585 a Houston, por citar algún ejemplo. El transporte de hortalizas, materiales pétreos y sobre todo el turismo de cruceros tendrían en Progreso una alternativa atractiva para sus actividades.

En octubre de 1989 el Puerto de Altura fue inaugurado. Una revolución silenciosa se había iniciado con la construcción de la terminal especializada en granos. De pronto el maíz, la soya, el sorgo podían llegar en barcos grandes, de más de 20 mil toneladas, aprovechando los 9.75 metros de calado. Y Yucatán empezó a producir carne de cerdo y pollo no sólo para satisfacer la demanda local, sino que se colocó como uno de los mayores productores nacionales.

Es cierto que al Puerto le falta la espuela de ferrocarril que facilite y abarate las maniobras; está pendiente también el túnel o puente que libre a la población de Progreso del incesante paso de los camiones y contenedores. La corrección de la curva de aproximación y el dragado del canal de acceso, obra actualmente en marcha, le brindarán mayor seguridad a las embarcaciones.

Muchas veces me he preguntado si el Puerto de Altura se hubiese materializado sin la visión de Víctor Cervera y su determinación para realizarla contra viento y marea. Pero, ¿dónde se encuentra la tenue línea que divide la visión de un gobernante de sus caprichos y ocurrencias? ¿Cuándo los sueños de realizar grandes obras se vuelven pesadillas para la sociedad? Es difícil dar una respuesta categórica. Si visión significa la capacidad de imaginar un futuro que vaya mucho más allá del mandato constitucional, si de ella surge la convicción y el convencimiento de las acciones a realizar, entonces brota la fuerza para enfrentar los retos, por enormes que parezcan. Así sucedió con el Puerto de Altura de Progreso.

Por el contrario, cuando la imaginación alcanza sólo para inventar sin fundamento, cuando las obras se plantean para hacer lucir a un gobernante o su periodo de gobierno, cuando la meta es la ceremonia del corte de listón, aunque el proyecto no funcione o deje comprometidas por muchos años a las finanzas públicas, entonces los sueños se pueden volver pesadillas. Que así no suceda.— Mérida, Yucatán.

jueves, 6 de agosto de 2009

¿Fiesta o informe?

Un asunto de división de poderes

Dulce María Sauri
(Editorial publicada el día 5 de agosto en el Diario de Yucatán)

Hace un año recibí una invitación como ex gobernadora para asistir, el 1 de agosto, al “informe ciudadano” del primer año de gestión de Ivonne Ortega. Aunque me extrañó la anticipación de la fecha, puesto que el Informe institucional tendría que ser en octubre, entendí la razón política de la convocatoria para celebrar los primeros 12 meses del regreso del PRI al gobierno, habiendo vencido con la fuerza de los votos al PAN ensoberbecido.


Fue sin duda una bonita fiesta en la que se recuperó uno de los aspectos más sobresalientes de la cultura popular yucateca: la vaquería y la jarana bailada por miles de yucatecos de todas las edades.

Llegó el domingo 17 de octubre. Sin pena ni gloria la gobernadora cumplió el ritual de enviar por escrito el I Informe de Gobierno al Congreso del Estado.

Genera confusión Para los ciudadanos que se enteraron hubo más confusión que interés en lo que tendría que informar la Titular del Ejecutivo, menos aún en lo que expresarían los diputados como resultado del análisis de un año de trabajo ya que, para la mayoría de los ciudadanos, el Informe “ya había pasado”.

Otra vez llegó agosto. Ahora a la palabra “Informe” se le antepuso un II romano, lo que significa que habrá cinco hasta 2012. La fiesta fue mayor que la del año anterior; los invitados de fuera, más numerosos; la propaganda y la publicidad con la voz e imagen de la gobernadora, más intensa que nunca; el gasto público, ostensiblemente más cuantioso.

No abundaré en la presunta violación al artículo 134 Constitucional ni en lo que permite el Cofipe (artículo 228) a los servidores públicos para publicitar sus informes de gestión (en el caso de la gobernadora, el 18 de octubre de este año): sólo siete días antes y cinco días después de su presentación. Estos días no se pueden fragmentar, dividir o acumular como si fueran las vacaciones del trabajo, o acomodar de acuerdo con el interés particular de cada funcionario.

¡Qué quisquillosa!, quizá piense algún lector. Cómo no serlo si lo que se desvirtúa, lo que se desdibuja y confunde con este trastrocamiento de fechas es el principio de la división de Poderes y una de las dos funciones fundamentales del Poder Legislativo: fiscalizar la actuación del Ejecutivo. En octubre, los diputados —todos y todas, incluyendo a la oposición— tienen la facultad de enviar preguntas a la gobernadora que habrán de ser respondidas puntualmente; pueden citar a comparecer a los funcionarios de la administración estatal para profundizar en las cuestiones de su interés. Ahora los legisladores carecen de facultades para interpelar a la gobernadora o cuestionar a alguno de sus funcionarios. Se quedaron congelados en pleno verano y así continuarán hasta octubre, ante la indiferencia y el desinterés ciudadano.

Vigilancia ciudadana También hay otro tipo de vigilancia sobre el Ejecutivo: es la que ejercen los ciudadanos a través del acceso a la información pública gubernamental.

Para que esto sea posible, se necesita transparencia y oportunidad. Si la información se brinda a cuentagotas, si no está accesible en internet, si las pocas cifras que incluyen los anuncios promocionales se pierden tras las fotografías de la gobernadora, difícilmente se puede hablar de una verdadera contraloría social sobre los gobernantes.

Es cierto que nuestras leyes no reconocen poder a la sociedad para aplicar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas a los servidores públicos.

Es tal vez éste el mayor déficit democrático que ahora enfrentamos. Los festejos alejan y confunden aún más a la ciudadanía del ejercicio del derecho fundamental a la información.

En septiembre de 2004, siendo senadora, presenté una iniciativa de reforma a la Constitución con el propósito de que el informe presidencial recuperase su carácter de rendición de cuentas al Poder Legislativo, más allá de las ceremonias fastuosas que acompañaron por muchos años al régimen presidencialista que nos gobernó. Los cambios hacia una más efectiva fiscalización del Poder Ejecutivo los realizó la actual legislatura federal.

Diferentes Si queremos consolidar el 1 de agosto como fiesta popular, ¡hagámoslo! Que el Gobierno del Estado establezca, por decreto, el “Día de la Vaquería Yucateca”, que, a semejanza de la Guelaguetza —“los Lunes del Cerro”—, presente ante propios y extraños lo mejor de nuestras tradiciones y se constituya en un atractivo turístico. Pero, ¡por favor!, no permitamos que se confunda interesadamente con el Informe que la gobernadora debe rendir al Congreso del Estado y a la sociedad yucateca.— Mérida, Yucatán

miércoles, 5 de agosto de 2009

La cigarra y la hormiga: México toca púertas

Dulce María Sauri

"¿Qué hacías durante el verano? Le preguntó a la pedigüeña.

—Día y noche a quien me encontraba Le cantaba, no te disgustes.
—¿Le cantabas? Me alegro, pues bien, ¡baila ahora!”

Para mi Primera Comunión recibí un libro de regalo que habría de representarme una gran alegría: las Fábulas de Samaniego. De entre las muchas historias, una en especial me quedó muy grabada: la de la Cigarra y la Hormiga. La primera, prima del grillo, dedicaba el verano de Sol y abundancia de hierba, al canto y a la diversión, viviendo a plenitud el momento sin pensar que más tarde llegaría el invierno. La otra, la Hormiga, aprovechaba los largos días para trabajar más tiempo y almacenar alimentos que le permitieran sobrellevar la escasez de los días de frío. Cuando llegó la crudeza invernal, la Cigarra recurrió a la Hormiga para que le facilitase un poco de comida que mitigara su hambre y un refugio para resguardarse del frío. En Esopo, el autor original de esta fábula, la Hormiga reacciona con generosidad y comparte su alimento y calor con la Cigarra. Pero en Lafontaine y Samaniego, la Hormiga castiga la frivolidad y la falta de previsión de la Cigarra, negando a compartir aquello que había logrado reunir con esfuerzo previsor, dejándola a su suerte.


El largo ciclo de incremento de los precios del petróleo crudo se inició desde 1998, duró 10 años, con una pequeña caída en 2002. Unos años antes, en 1995, la factura sobre ingresos petroleros que México dio en garantía de un crédito de 50,000 millones de dólares fue el factor que le permitió al país iniciar su salida de la grave crisis económica que entonces enfrentaba.

El TLC con América del Norte permitió “despetrolizar” el comercio exterior pero, a cambio, las finanzas públicas —ingresos, presupuesto y gasto— crearon una feroz dependencia de las exportaciones de petróleo crudo hasta llegar al extremo que de cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos provienen de su venta. Además, las estimaciones del precio del barril, que son la base del cálculo del Presupuesto de Egresos de la Federación, en esos 10 años de abundancia siempre quedaron por abajo del precio de venta en los mercados internacionales, ávidos del hidrocarburo y sus derivados. Ésos fueron los “excedentes” o “recursos extraordinarios” que, de acuerdo con el Auditor Superior de la Federación (ASF), sumaron 720,000 millones de pesos entre 2000 y 2006.

El verano cálido y abundante para las finanzas públicas benefició tanto al Gobierno Federal como a los gobiernos estatales y municipales, que vieron incrementadas sus participaciones muy por encima de los montos aprobados por sus congresos locales. Además, en los tres niveles de gobierno se podía hacer uso de esos recursos extraordinarios con casi nula vigilancia en cuanto su destino. Así, casi 75 centavos de cada peso se destinaron al gasto corriente y sólo 13 centavos se canalizaron a inversión física directa (la diferencia, 12 centavos, se destinó a la recompra de deuda externa).

Ante ese raudal de dólares, ¿para qué preocuparse seriamente por la reforma hacendaria? ¿Para qué insistir en la recaudación, que tantos dolores de cabeza causa a las autoridades; en combatir la evasión fiscal, si se puede gastar alegremente en programas que son como “fuegos artificiales” que brillan mucho pero se apagan en un instante? Otros países con pocos recursos petroleros decidieron reducir su dependencia de las importaciones de hidrocarburos y apostar a otras fuentes de energía, a mejorar su eficiencia energética y a desarrollar nuevas tecnologías ahorradoras. Otros más, grandes productores en Europa, como Noruega, invirtieron sus recursos extraordinarios en fondos de pensiones que aseguraran la vejez de sus habitantes y el mantenimiento de su calidad de vida cuando el petróleo se agotara. Las Hormigas del mundo trabajaron para aprovechar la abundancia.

Llegó el fin del estío con la crisis financiera de los Estados Unidos que muy pronto se transformó en crisis económica mundial. Los precios del petróleo cayeron bruscamente, la actividad económica y el comercio internacional se desaceleraron, cundió el desempleo en los sectores que hasta hace muy poco eran los más modernos y dinámicos, el dinero que mandaban los trabajadores mexicanos desde el extranjero se redujo en forma significativa.

México se enfrentó a esta nueva condición con reservas probadas de petróleo para sólo nueve años. El gobierno en sus tres niveles —federal, estatal, municipal— había desarrollado una especie de adicción a los excedentes petroleros, al dinero fácil para gastar y gozar. Había pasado el momento de invertir para el invierno, de prever para el futuro.

Ahora vienen los ajustes al gasto público, los recortes, el desempleo, la contracción de la economía. Como la Cigarra, México tiene que tocar la puerta de las hormigas que trabajaron en el verano y previeron el invierno.

Ojalá encontremos entre ellas a las generosas que, aunque censuren nuestro frívolo comportamiento, compartan sus reservas y nos apoyen para retomar el camino.— Mérida, Yucatán.