miércoles, 30 de diciembre de 2009

2010: entre augurios y premoniciones

Consejo para comenzar

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Estamos a punto de iniciar un nuevo año. Cargado de simbolismos, 2010 nos espera con sus conmemoraciones del bicentenario y centenario del inicio de la Independencia y la Revolución. Las fiestas de Navidad y fin de Año hacen olvidar por breves días el difícil panorama que pintan los próximos 12 meses. ¡Qué daríamos porque el paso de un año a otro permitiese borrón y cuenta nueva en nuestros problemas! Pero no es así. El 2 de enero volveremos a percibir los efectos de la economía estancada, del desempleo y la inseguridad. El presidente de la República tiene la facultad de fijar los precios de las gasolinas y de la energía eléctrica; ahora ha utilizado este instrumento, ante la amenaza real del deterioro de las finanzas públicas, consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo. Por eso la gasolina ha aumentado tres veces en los últimos días; por eso pende la amenaza de nuevos incrementos a lo largo del año, si la administración federal recibe menos recursos de los esperados.

Los gobiernos en sus tres niveles —federal, estatal y municipal— resienten la disminución de los ingresos disponibles. Unos, los menos, han decidido aplicar programas de austeridad responsable que, sin mengua de la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, buscan reducir el gasto, hacerlo más productivo. Otros eligieron el camino del endeudamiento vía créditos con la banca comercial o mediante la concesión de proyectos de inversión a particulares.

En 12 estados habrá elección de gobernador el próximo mes de julio y en otros tres más, incluido Yucatán en mayo, de presidentes municipales y diputados. La tentación de la utilización de los recursos públicos para apuntalar directa o indirectamente las campañas de los candidatos de sus partidos es mucha. La regulación para impedir o al menos amortiguar el gasto dispendioso es muy débil: ni pillándolos con las manos en la masa, como al ex director de la Lotería, se les castiga. Si casi la mitad de los estados del país estará en esa condición, ¿cuál será el resultado a esperar? ¿Reiterados incumplimientos de pago a proveedores como los que aquí se registran para canalizar el dinero hacia las urgencias electorales? ¿Anulación de obras a cambio de repartos masivos de obsequios guardados tras el disfraz de ayudas y apoyos? ¿Continuar pervirtiendo la política social, confundiéndola interesadamente con el asistencialismo? Las conmemoraciones de 2010 estarán envueltas en las urgencias del presente. No ha faltado quien anuncie la fatalidad de los 100 años —1810, 1910, ¿2010?— para augurar un futuro estallido social. Las condiciones objetivas en cuanto a la inseguridad, la pobreza, las desiguales oportunidades y la pérdida del dinamismo de la economía parecen dar aliento a esas premoniciones.

Las élites gobernantes no se pueden dar el lujo de ignorar la insatisfacción social, mucho menos de menospreciar a la ciudadanía pensando que todo resiste, tolera y perdona. Dudo mucho que en los albores de la lucha por la independencia alguno de los responsables de la Corona española haya justipreciado la ebullición soterrada de los criollos y mestizos. Cien años después, sólo dos meses mediaron entre las suntuosas fiestas porfiristas y el martirio de los hermanos Serdán en Puebla.

Estamos inmersos en una crisis política que pasa por la descomposición de las élites —gobernantes, empresarios, jerarquías religiosas— que han antepuesto sus intereses a los del conjunto social.

El debilitamiento del Estado como consecuencia del cambio político iniciado desde mediados de los años 80 no se tradujo en un fortalecimiento de la sociedad y en mayor participación ciudadana. El espacio que abandonaron las instituciones fue llenado por los grupos de interés, los llamados “poderes fácticos”, que actúan a sus anchas, sin que haya quien tenga la capacidad para obligarlos a sujetarse a la ley.

La medicina para atender esta peligrosa enfermedad que invade el cuerpo social en su conjunto sólo puede provenir de una mayor y más intensa participación ciudadana. Ocupar y ensanchar los espacios que ya se han abierto, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular; recuperar la iniciativa en la agenda de transformaciones que el país necesita; dejar de ser referencia o “fauna de acompañamiento” cuando las autoridades necesitan legitimidad, ése es el mayor reto de 2010.

Podemos comenzar por exigir cuentas a los diversos representantes de la sociedad que forman parte de comités, comisiones y grupos de trabajo en representación de sus organizaciones y de nosotros, los ciudadanos. Un buen principio acorde con el año que se inicia sería indagar qué sucedió con la Comisión del Bicentenario, con su Consejo Consultivo, instalado solemnemente en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno hace más de año y medio, y después sumido en el silencio.— Mérida, Yucatán

jueves, 24 de diciembre de 2009

Reforma política: Necesidad indispensable

El presidente Calderón eligió el inicio de la temporada de fiestas navideñas para presentar una importante iniciativa de reforma política que él mismo calificó como “una primera parte de un paquete integral”. Consiste en diez propuestas de reformas constitucionales, de las que exigen la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores y de los congresos de los estados. Le atribuye ser una inicial respuesta a los ciudadanos insatisfechos con sus representantes políticos. Su motivación central, según expresa Calderón, es darle mayor poder al ciudadano, mayor capacidad para determinar el rumbo y destino de la vida pública y fortalecer así la vida democrática del país.

La elección consecutiva (reelección) de alcaldes, diputados y senadores, con un límite de 12 años; la reducción del número de senadores (de 132 a 96) y de diputados federales (de 500 a 400, 240 de mayoría, 160 de representación proporcional); la elevación del porcentaje exigido a un partido político para registrarse y participar (del 2 al 4 por ciento); la incorporación de la figura de la Iniciativa Ciudadana; las candidaturas independientes de los partidos políticos; segunda vuelta en la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de la votación y hacerla al mismo tiempo que la elección legislativa; la atribución de la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas del ámbito de su competencia; la presentación del Presidente de la República de dos iniciativas preferentes, que el Congreso tendría que discutir y votar en el mismo período de sesiones, y, finalmente, normar la facultad presidencial para vetar una ley aprobada por el Congreso.

Varios de los planteamientos no son novedad. Durante un año, de abril de 2007 a 2008, el Congreso de la Unión condujo un extenso debate sobre la reforma del Estado. Agotado el plazo señalado en la ley, fue la reforma electoral de finales de 2007 su principal avance. Quedó atrás la oportunidad de emprender una profunda reforma política, indispensable para sustituir al modelo que se agotó desde 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. Entonces, Felipe Calderón se mantuvo al margen, a pesar de que su partido, el PAN, tenía mayoría en ambas cámaras.

Sin embargo, fue después de que su partido perdió ampliamente las elecciones federales de julio que finalmente Calderón se decidió a plantear este conjunto de propuestas. Algo deben haber pesado, también, más de dos millones de votos en blanco que dejaron sentir el grado de descontento de la ciudadanía. Pese a lo anterior, la viabilidad política de la iniciativa presidencial es incierta; dependerá con mucho de la visión y los cálculos electorales que la mayoría priista realice. El análisis que debe preceder al debate público de la propuesta de reforma política tendría que ser integral. Las propuestas aisladas poco o nada contribuirían a resolver los problemas de la democracia y del funcionamiento de las instituciones; en algunos casos, hasta agravarían la situación actual. Por ejemplo, la reelección consecutiva sin empoderar a los ciudadanos y garantizar equidad en la competencia electoral sólo consolidaría los feudos de poder. La segunda vuelta electoral sin mecanismos efectivos para construir mayorías en el Congreso condenaría a los poderes a repetir los desencuentros de ahora. La disminución del número de legisladores sin asegurar la representación plural en las cámaras ahorraría dinero, pero aumentaría riesgos de cerrazón y exclusión de las minorías, incompatibles con una sana vida democrática.

A mi juicio, faltan varios importantes temas para cumplir con el propósito explícito de la propuesta presidencial. Por ejemplo, la figura de Revocación de Mandato de las autoridades, el referéndum para reformas constitucionales y la introducción del plebiscito para asegurar la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo.

Como sociedad tendremos que responder a una pregunta básica: pluralismo y respeto a la diversidad política o cerrazón de los cauces institucionales bajo la razón o el pretexto de los excesos: de partidos, de candidatos, de financiamiento público. Si se disminuyen o eliminan los diputados de representación proporcional se reduciría la pluralidad, se afectaría la participación de las mujeres y de las minorías. Si se incrementa el porcentaje exigido a los partidos políticos para existir, iríamos hacia un bipartidismo estilo norteamericano.

Es cierto que hay problemas acuciantes en las familias y en la sociedad que aparentemente poco tienen que ver con estos temas. Pero hay que cobrar conciencia de que el gasto que no alcanza, el desempleo, el aumento de los precios y otras cuestiones sensibles para la vida cotidiana de las familias podrían tener real y más rápida solución si hay cambios en la política, si las autoridades se entienden entre sí, si están obligadas por la ley y la circunstancia a servir a la ciudadanía.

Prestemos atención y participemos en el debate.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Tenencia y mosquitos

Por actos de autoridad

Al inicio de la temporada navideña, dos cuestiones acompañan las charlas entre amigos o en el seno familiar: una, el tema del pago de la tenencia de vehículos y el otro, los mosquitos que rondan las piernas y los brazos de los contertulios o sabotean con sus feroces zumbidos el intento de dormir en este cálido invierno yucateco.

El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos (ISTUV) desde hace un buen número de años es un impuesto 100% participable al Estado, lo que significa que la totalidad de los pagos queda a disposición del gobierno yucateco. Por tal razón, el cobro del ISTUV forma parte de la Ley de Ingresos estatal, que el Congreso debe aprobar antes del 15 de diciembre. Cabe recordar que el 20% de lo recaudado corresponde a los municipios.

Pocos gravámenes causan tal indisposición entre la clase media, que el pago de la tenencia. Cuando adquiere un vehículo nuevo, el propietario paga el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN), además de la parte proporcional de la tenencia. Pero a partir de entonces, año tras año, hasta que el vehículo cumpla 10, su dueño se ve obligado a erogar una cantidad calculada a partir del valor original del vehículo, disminuida por la depreciación.

Muchos ciudadanos hacen caso omiso de esta obligación. Pero cuando llega el momento de cambiar placas del auto o realizar su venta, entonces la tenencia los alcanza, con las multas y rezagos correspondientes.

Dos cuestiones le echaron más leña al fuego de la discusión sobre la tenencia. Una, el ejemplo de Querétaro y de Coahuila cuyos congresos definieron la eliminación parcial de este impuesto, y dos los tiempos electorales yucatecos, que ha hecho que Acción Nacional se aferre al clavo ardiente de la cancelación de la tenencia para reposicionarse, especialmente entre amplios sectores de la clase media.

Desde luego que es posible derogar para 2010, al menos parcialmente el ISTUV, aunque represente casi el 10% de los ingresos de “libre disposición” para el gobierno del Estado. Sólo que esta medida demandaría un esfuerzo de concertación entre el gobierno del estado y los gobiernos municipales, principalmente de Mérida. Me explico.

Se trata de alrededor de 400 millones de pesos que dejaría de percibir el Estado. Calculo que aproximadamente la mitad —200 millones— provienen del pago de los particulares (las llamadas “personas físicas”) y el resto, de las empresas propietarias de los vehículos.

Propongo que se derogue el pago que hacen los particulares, como en Querétaro, y que las empresas continúen pagando hasta enero de 2012. Así sólo tendría que cerrarse la brecha de 200 millones de ingresos que se dejarían de percibir. Esta pérdida tendría que distribuirse entre el Estado (80%) y los municipios (20%), con cantidades que, aunque importantes, son sensiblemente menores y por tanto absorbibles para sus presupuestos.

Eso sí. La decisión tendría que tomarse a la brevedad, antes de que concluya el año, para tener efecto en los primeros tres meses de 2010. No descarto incluso una rebeldía ciudadana que ante la falta de respuesta del Congreso del Estado llevaría a muchos a dejar de pagar por la vía de los hechos. La actitud dubitativa de las autoridades podría afectar la recaudación de otros impuestos, como el predial que, ante la proximidad de los comicios que se avizoran como muy reñidos, se podría reducir con tal de conseguir simpatías y adhesiones entre el electorado.

Mientras, los mosquitos proliferan en las casas y en los patios yucatecos. El “Aedes aegypti” o “albopictus” ha afectado a miles de personas de todas las edades. A principios de octubre se habían reportado 2,605 casos probables de dengue en Yucatán, con 205 casos confirmados de la modalidad hemorrágica.

¿Y las campañas de descacharrización y fumigación? ¿Dónde están aquellas pequeñas camionetas blancas que veíamos o escuchábamos trabajar en las madrugadas esparciendo sus nubes de “temephos”, insecticida que elimina al mosquito transmisor del dengue? Propongo que en las muy próximas campañas electorales, en que la estrategia de voto focalizado llevará a visitar miles de hogares yucatecos, los promotores realicen acciones específicas de eliminación de cacharros, llantas viejas y otros recipientes criadores de larvas. Que si algún partido político pensaba gastar en volanteo, mejor se ponga de acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal para rociar de insecticida en alguna de las ciudades del estado. Que si las autoridades quieren significarse ante la ciudadanía para apoyar a los candidatos de su partido, rehabiliten las camionetitas, fumiguen y eviten que miles de yucatecos se enfermen y que alguno muera.

Los dos, mosquitos y tenencia, pueden ser eliminados por un acto de autoridad, que anteponga la calidad de vida de los yucatecos a los cálculos presupuestales, a los gastos en imagen y “comunicación social”. Es posible. Es necesario.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Nuevo botín electoral

Los programas de atención a los adultos mayores

Dulce María Sauri Riancho (Diario de Yucatán, 9 de diciembre de 2009)

La ciudad de Mérida ha sido recientemente centro de atención de dos importantes programas de desarrollo social. Por una parte, la ampliación de “Reconocer Urbano” hasta la capital del estado, y por otra, el anuncio del inicio de operaciones del programa estrella del gobierno federal, Oportunidades, que hasta ahora sólo incluía las comisarías del municipio.

Se aproximan las elecciones y no sólo son los partidos los que velan sus armas, sino también los gobiernos que de ellos surgieron para tratar mediante sus acciones, de reforzar las posibilidades electorales de sus candidatos. En otra ocasión abordaré el tema de Oportunidades, que ahora llega a más de 135,000 familias y que con la ampliación anunciada, atenderá a 166,000, con alrededor de 600,000 personas, un tercio de la población del estado.

Ahora quisiera resaltar las acciones comprometidas para atender a un grupo social que muchas veces es ignorado en las políticas públicas, pero que en fechas relativamente recientes ha sido revalorado por los partidos políticos como de “alta prioridad electoral”: los adultos mayores.

En 2001, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, comenzó la entrega de 700 pesos mensuales a todos los habitantes de la capital del país de más de 70 años, sin otro requisito más que la comprobación de su residencia. Condenado por populista en una primera etapa, pronto fue imitado por otros gobiernos, incluido el federal. En Yucatán operan desde hace varios años dos programas federales que brindan apoyo económico a los adultos mayores. Uno, “70 y más”, tiene más de 40,000 beneficiarios que reciben 500 pesos mensuales. El otro, forma parte de Oportunidades, destinado a mejorar la calidad de vida de casi 5,000 ancianos a quienes se les entregan 295 pesos mensuales.

Casi 80,000 yucatecos tienen más de 70 años. En Mérida son más de 33,000, de los cuales seis de cada diez son mujeres. La mayoría carece de pensión o jubilación; nunca cotizaron ni en el IMSS o en el ISSSTE, por lo que al llegar a la ancianidad tienen que vivir de los casi inexistentes ahorros; continuar trabajando, si se puede, o sujetarse a lo que los hijos quieran o puedan proporcionarles.

Esta situación es aún más aguda en el caso de las mujeres. La actual generación de ancianas escasamente participó en el mercado laboral, excepto algunas maestras y enfermeras; sus maridos no les dejaron pensiones de viudez; su trabajo estuvo concentrado en el hogar y la atención a la familia; por tanto, carecen de ingresos propios. En promedio viven más que los hombres y, por tanto, necesitan ir más seguido al doctor, comprar medicamentos cada vez más caros y rogar por la ayuda de sus hijos, que muchas veces se les regatea.

Creo que lo más grave en las personas mayores es la percepción de exclusión, de ser una carga económica y afectiva para la familia; sentirse y saberse vulnerables; depender de la buena voluntad de los suyos para vivir con dignidad. Por eso son tan importantes las políticas públicas y los programas dirigidos hacia los ancianos. No sólo por ser una obligación del gobierno y de la sociedad para que ellas y ellos puedan ejercer su derecho a una vida digna, sino también por la dinámica demográfica del país, que marca claramente la tendencia hacia el envejecimiento de la población.

Recibir 295, 550 ó 1,000 pesos mensuales, para gastarlos en lo que más necesiten, es alentar la recuperación del ánimo y del sentido de pertenencia a una comunidad. Quizá a algún lector le parecerá una cantidad irrisoria, sobre todo si la compara con los precios de los alimentos y las medicinas; pero la certeza de disponer de ella en los plazos acordados, completa y fácilmente, le pone una luz a la vida de muchos ancianos (y ayuda a pagar el recibo de la CFE).

El compromiso del gobierno, sea federal, estatal o municipal, es hacer sustentables los programas. Que no sólo se anuncien y se realice la primera entrega y después de las elecciones, pasen al olvido. Esa responsabilidad obliga a sacar cuentas.

A la fecha, ya están atendidos seis de cada diez adultos mayores yucatecos por los programas federales (45,221). En Mérida, donde viven más de 33,000, el programa 70 y más reporta 1,804 beneficiarios (Secretaría de Desarrollo Social. Tercer Informe Trimestral. www.sedesol.gob.mx) en sus comisarías. Quedan, por tanto, más de 30,000 meridanos que podrían tener acceso al apoyo de Reconocer o de Oportunidades.

El gobierno del estado anunció que habrá 13.4 millones de pesos para Reconocer Urbano en Mérida. Si es una cifra anual, significa que habrá 2,000 personas que recibirán cada mes 550 pesos. Si es mensual, quiere decir que serán 25,000 los beneficiados y que el gobierno gastará 165 millones cuando menos en 2010, más de la mitad de lo que espera recaudar por tenencia vehicular. Para evitar malos entendidos, propongo que el gobierno del estado realice el mismo ejercicio de transparencia que el gobierno federal. En el sitio Web de Sedesol se puede encontrar el padrón de beneficiarios, los presupuestos aprobados y ejercidos, además de la aplicación de las reglas de operación y los resultados de las evaluaciones externas. Así podríamos conocer quiénes fueron los que resultaron favorecidos por el sorteo, en qué colonias viven. Se podría realizar una saludable contraloría social que fortalezca esta importante iniciativa. En esta era de la informática, la transparencia está al alcance de un clic.— Mérida, Yucatán dulcesauri@gmail.com

jueves, 3 de diciembre de 2009

Síndrome de la abeja reina

Les comparto mi participación en un panel organizado por INMUJERES hace unos meses. Ojalá les parezca interesante. El tema, vivo.
Dulce María

miércoles, 2 de diciembre de 2009

El Poder Ejecutivo Federal, a la mitad del camino

Columna editorial publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán
Dulce María Sauri Riancho

Anticipado por su partida hacia Estoril, Portugal, donde se celebra la XIX Cumbre Iberoamericana, se realizó el evento conmemorativo de los primeros tres años en la Presidencia de Felipe Calderón.

Se presentó un balance de lo realizado, desde la perspectiva del Ejecutivo Federal; la forma en que ha enfrentado la crisis, el crecimiento de la inseguridad, los resultados en el combate a la pobreza, entre otros temas. También se recuperaron los compromisos enunciados el 2 de septiembre, que habían quedado rezagados por el debate del paquete económico 2010. Las reuniones de evaluación de la primera mitad de gobierno durante años marcaron el cenit del poder presidencial. Realizada la elección intermedia, el presidente iniciaba el complejo proceso de preparar su propia sucesión.

Nada ni nadie parecía perturbar el rumbo del país.

Esos tiempos pasaron y no volverán. La pluralidad política y las condiciones sociales marcan un nuevo e incierto rumbo. Ahora, la Presidencia está limitada en su actuación por los otros poderes.

No obstante los profundos cambios que ha vivido nuestro sistema político, la figura presidencial sigue siendo de la mayor relevancia, y su fortaleza, condición indispensable para detonar las transformaciones que el país necesita. Por eso, la confianza ciudadana en el presidente y en su capacidad son, hoy, claves para la gobernabilidad.

Felipe Calderón llegó con un déficit de legitimidad. Los cuestionamientos sobre el resultado electoral aún prevalecen entre grupos ciudadanos. Eso ha hecho todavía más difícil el ejercicio del cargo en medio de una situación económica inédita. Por eso es importante reconocer los sentimientos ciudadanos sobre la política, los políticos y particularmente, la institución presidencial.

Pero ¿cómo perciben las personas “comunes y corrientes”, quienes no están involucrados en la política partidista ni en el gobierno la actuación del presidente? ¿Qué esperan para su futuro? No creo equivocarme si respondo que la incertidumbre y la preocupación se ciernen sobre muchos hogares donde el gasto alcanza cada vez menos, el jefe o la jefa de familia ha perdido el empleo o el hijo que está a punto de concluir la universidad no tiene perspectiva de trabajo.

Encuestas de opinión pública arrojan alguna luz sobre los sentimientos de los mexicanos. Casi la mitad piensa que el país está peor que hace tres años, cuando inició Felipe Calderón su gobierno. La mayoría está insatisfecha con el manejo de la economía y de las consecuencias de la crisis. Más significativa es la respuesta acerca de la conducción del país: 2 de cada 3 personas opinaron que al presidente se le está saliendo de control, que no tiene bien sujetas las riendas.

2010 no será un año fácil en lo económico, tampoco en lo político. A pesar de los augurios optimistas sobre el final de la crisis, el desempleo y el incremento de los precios dominarán por varios meses; los lentos avances pueden verse perdidos por incidentes internacionales como la moratoria de pagos del otrora multimillonario Dubai. Sin embargo, la esperanza no la perdemos: las mismas encuestas señalan que cuatro de cada diez personas sienten que Felipe Calderón va a gobernar mejor en los siguientes tres años, frente a tres de esas mismas diez que creen que lo hará peor.

Al menos por unas semanas, concedo el beneficio de la espera de resultados al presidente respecto a sus compromisos de reforma económica, regulatoria y en materia de telecomunicaciones. Pero muy particularmente, sobre los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum y la posibilidad de candidaturas independientes. Me reservo mi confianza en la reforma fiscal integral y en la reelección consecutiva de legisladores y presidentes municipales. En el primer caso —reforma de ingresos, gasto y deuda pública— porque podemos organizar grandes convenciones hacendarias, como la del 2003, presentar conclusiones y después, archivarlas todas. En el segundo —la reelección—, porque si es una medida aislada, desvinculada de una reforma política integral que le otorgue mayor poder a la sociedad, solamente entronizará a los personeros de los poderes fácticos, esos que ahora se esfuerzan cada tres años para llevarlos al Congreso y que si prospera la reforma, ya ni siquiera tendrían que hacer eso: habría “pase automático”.— Mérida, Yucatán

miércoles, 25 de noviembre de 2009

No basta decir “¡Ya no!”

Tengo derecho a vivir en paz

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán.

La violencia contra las mujeres no es natural; padecerla y tolerarla tampoco es parte de la condición de género. Al ser un abuso de poder, la violencia contra las mujeres es una vulneración de un derecho humano fundamental: vivir en paz. Para recordarnos esto se estableció el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre.

Dentro y fuera del hogar, las situaciones de violencia son comunes a la vida de muchas mujeres. Pero es en el ámbito de la familia donde las mujeres viven las más duras violaciones al derecho fundamental a la paz.

Hace algunos años, en 1996, el gobierno mexicano reconoció que la violencia en el seno de los hogares era un asunto de interés público. Hasta entonces, se había negado a interferir en lo que consideraba como ámbito privado, es decir, en la vida familiar.

Ahora existe una legislación nacional, tanto federal como en la mayoría de los estados, incluido Yucatán, que protege el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Estas leyes consideran diversos tipos de violencia. Concentraré mis comentarios en aquellos más frecuentes en el ámbito familiar.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), publicada en 2004 con un volumen especial para Yucatán, dirige poderosos reflectores sobre la condición de las mujeres yucatecas que viven en pareja. A pesar de que han transcurrido seis años desde su levantamiento, las situaciones que describen continúan prevaleciendo: violencia emocional, económica, física y sexual.

Casi cuatro de cada 10 yucatecas había sufrido al menos un incidente de violencia en el último año. El más frecuente, de tipo emocional, seguido del económico. Alarma el dato que dos de cada 10 mujeres de esta tierra han padecido violencia física y un poco menos, sexual en el seno de sus hogares.

Una lamentable igualdad parece rodear a las situaciones de violencia intrafamiliar en Yucatán: sin importar posición social, nivel de ingreso o grado de preparación, las yucatecas tienen en común haberse enfrentado a un acto de violencia en el año anterior a la encuesta.

No obstante, hay una diferencia significativa entre las mujeres que viven en unión libre con sus parejas y las que están casadas por el matrimonio civil y el religioso. Casi cinco de cada 10 de las primeras reportan violencia en sus relaciones de pareja, frente a un poco más de tres de las casadas “por las dos leyes”.

No es mi intención llenar de números este espacio. Quien desee abundar sobre la información estadística del Endireh puede hacerlo a través de Inmujeres (www.inmujeres.gob.mx). Sólo quisiera reflexionar con ustedes, mujeres y hombres yucatecos lectores de estas páginas, qué significan las distintas formas de violencia y las consecuencias que tienen en la vida de las mujeres que las padecen y de las familias que las viven.

La violencia emocional, por ejemplo, es dejar de hablarle a la esposa; avergonzarla o menospreciarla con comentarios como que es fea o gorda; decirle “tonta” o “incapaz” cuando no puede realizar alguna tarea de esas que están reservadas culturalmente a los hombres, como manejar aparatos electrónicos. Las amenazas de que se va de la casa, que le quitará a los hijos o más aún, que la correrá a ella son también formas violentas lamentablemente comunes en las relaciones familiares.

Gastarse el dinero de la quincena y dejar a la mujer a la buena de Dios con el encargo de los gastos y de los hijos, reclamarle acremente cómo y en qué gastó su dinero, ser tacaño, hacer de cada pago una negociación acompañada de lágrimas de humillación son formas de violencia económica.

Empujar a la pareja, jalarle el pelo, patearla o amarrarla, aventarle algún objeto o golpearla con las manos o con un palo son acciones de violencia física que, al tolerarlas, se intensifican a lo largo de los años, hasta llegar a causarles la muerte.

La violencia sexual fundamentalmente consiste en obligar a la mujer a tener relaciones cuando no quiere, imponiéndose por la fuerza. De esta forma de violencia, así como la que resulta en daños a la integridad física de las mujeres, se habla poco, con vergüenza, como si ellas fueran las culpables. Y cuando se denuncia, la presión de los hijos o la necesidad económica hacen que “perdone” al agresor.

Algunas veces los actos de violencia contra las mujeres en una relación de pareja en proceso de divorcio trascienden por su perversa imaginación o por la crueldad de la persecución. Es el caso de una residencia demolida en un día para no entregarla a la futura ex esposa. O lo sucedido con una mujer sometida por su todavía marido a un proceso penal por el robo ¡de la recámara de sus hijos y el viejo horno de microondas! (María Isabel Silveira Bolio silveira11@hotmail.com). Lo más grave en este proceso es que la orden de aprehensión fue expedida por otra mujer, la jueza, y la acusada se encuentra recluida en el domicilio de sus padres esperando el milagro de la justicia federal.

Además de la tristeza y la depresión, los problemas nerviosos y los moretones o hinchazón que provocan los golpes; de las hemorragias y de los abortos, la consecuencia más lacerante es la pérdida de la autoestima de las mujeres sometidas a la violencia cotidiana en el lugar que debería ser el cálido centro de amor y respeto entre miembros de la familia.

Existen instituciones creadas para atender los problemas de violencia contra las mujeres, incluyendo la intrafamiliar. Confiar en su capacidad de respuesta, de protección a las víctimas y de castigo y tratamiento a los agresores es un largo proceso en el que estamos inmersos.

Se corrige un grave error.— Se fue el secretario de Fomento Económico, agresor de su esposa. Ningún hombre debe serlo, menos un servidor público, sin que haya consecuencias inmediatas de relevo de su responsabilidad. Más vale tarde que nunca.— Mérida, Yucatán.

domingo, 22 de noviembre de 2009

Entrevista con canal 6 de Yucatán. Presupuesto 2010.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

En crisis de valores

Tiempo de emergencia moral

Columna publicada hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Hace unos días caminaba por las calles de Siracusa, la ciudad de Arquímedes, hoy un próspero puerto de la isla de Sicilia, en Italia. De pronto me topé con un llamativo carro de bomberos antiguo, bien pintado de rojo, con su escalera y mangueras para combatir el fuego y una provocativa leyenda que dominaba el conjunto: “Es Tiempo de Emergencia Moral”. Era, como podríamos suponer, un vehículo de campaña electoral de un candidato que en el lema que eligió para llamar la atención de sus conciudadanos expresaba su diagnóstico y proponía la solución al problema más grave que enfrenta su país: la crisis de valores morales.

Al ver esa llamativa frase no pude evitar referirme de inmediato a lo que sucede en nuestro país: me pregunté si al igual que Italia no estamos los mexicanos enfrentados a una verdadera “emergencia moral”. Quizá sus raíces sean un tanto distintas a las de ese país, pero sus síntomas y sus consecuencias parecen ser similares.

La impunidad es el primero de los vicios sociales. Saber que el riesgo de enfrentar el castigo cuando se viola la ley es mínimo o inexistente alienta la delincuencia de todo tipo, incluido el peculado, el soborno y el tráfico de influencias. De una u otra manera el funcionario recién llegado a un cargo se pregunta si una actuación correcta de su parte no representará la pérdida de una oportunidad única para enriquecerse, sin que haya ninguna consecuencia; más cuando ha podido constatar a través de conspicuos personajes que el manto del tiempo cubre la memoria del origen de la fortuna mal habida, pues “poderoso caballero es don Dinero”.

La frontera entre la vida pública y la vida privada de un funcionario es una tenue línea, algunas veces imperceptible. Desde luego que las relaciones personales y familiares corresponden a la esfera privada de los servidores públicos, pero la forma como se conduzcan los funcionarios y sus parientes influye en la percepción ciudadana sobre la actuación de sus autoridades. Si además miembros de la familia inmediata, tíos, primos y parientes políticos, obtienen o gestionan contratos de obra, muestran signos ostensibles de cambio en su condición económica, compran cosas y se comportan acorde con su nueva riqueza, entonces se refuerza la imagen de corrupción que deslegitima a las autoridades.

En este primer esbozo de los vicios sociales la simulación tiene un destacado papel. Hacer como que se cumple; cuidar sólo las formas, el cascarón, pero vaciarlo del contenido, finalmente viene a reforzar la sensación de impotencia de la sociedad que, después de haber luchado por la creación de las instituciones, las encuentra convertidas en organismos burocráticos, que nada resuelven. Es el peligro que viven instancias como los institutos de acceso a la información, las comisiones de derechos humanos, las procuradurías especializadas o las diversas instituciones electorales.

Asociado a los males de la impunidad y la simulación está el olvido. La receta parece haberse patentado: todo es cuestión de aguantar el mal momento, sabiendo que las molestas preguntas e incluso el proceso legal que se pudiera instaurar pasarán, más temprano que tarde, al olvido de los grupos de la sociedad escandalizados momentáneamente. “Un clavo saca a otro clavo”, refrán válido en el amor parece que también en el escrutinio de la sociedad sobre la conducta de los funcionarios.

Pero ¿qué opción tiene la sociedad cuando no olvida? ¿Operan las instituciones responsables de fiscalizar la actuación de los servidores públicos y auditar sus actos? ¿Cómo y ante quién pueden acudir los ciudadanos agraviados por la actuación de sus autoridades en cuanto al incumplimiento de obras y servicios comprometidos? La agenda de la democracia en materia de participación ciudadana es muy amplia e imprescindible de desarrollar: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, sólo para comenzar. Y el punto medular: la rendición de cuentas. El remate, el juicio popular y la revocación de mandato.

Me preocupa la información que rodea la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, por los llamados “candados institucionales” para el ejercicio del gasto. Bajo el argumento de los excesivos requisitos para liberar los recursos y ejercer el gasto en las entidades federativas, los diputados decidieron reducir los controles de la Secretaría de Hacienda y la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Se trataría, de ser cierto, de un grave retroceso en la fiscalización de la actuación gubernamental que alentará el dispendio y la corrupción en mucha mayor medida que lo que actualmente conocemos, ya de por sí grave.

El carrito de bomberos de Siracusa tenía mangueras y una escalera. Para responder a la emergencia moral tendremos que habilitar las bombas de nuestra reserva de valores, subir audazmente por la escalera y echar el agua hasta las alturas del gobierno —Presidente, gobernadores, diputados y alcaldes— para apagar el fuego que amenaza con consumirnos.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

A cambiar para mejorar

Único camino
Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

En estos días la Cámara de Diputados y el Congreso de Yucatán tomarán importantes decisiones sobre el gasto: cuánto y en qué gastar, cuáles son las prioridades y lo que se llama “los irreductibles del presupuesto”, que no son otra cosa que los programas intocables porque representan los sueldos y salarios de maestros, médicos y enfermeras, burócratas y policías, así como los subsidios y apoyos que se canalizan a través de Procampo y Oportunidades.

Un monto considerable de recursos es aplicado para desarrollar las llamadas “capacidades humanas”, es decir educación, salud, capacitación para el trabajo, entre otras. Pero simultáneamente se reducen, año tras año, las asignaciones para obras materiales y, dentro de éstas, las dedicadas a la infraestructura.

¿Qué es la infraestructura? Son las obras de agua potable y drenaje, carreteras, avenidas, puentes o túneles, redes de electricidad, parques y espacios arbolados, entre muchas otras. Si no existen o son deficientes, el desarrollo económico y la calidad de vida se deterioran. No son fáciles de hacer, tampoco gestionar los recursos para su realización. Lleva tiempo concebirlas y realizarlas, pero son indispensables para el desarrollo.

Recuerdo la introducción del agua potable en Mérida. A mediados de los años 60 se emprendió la magna obra que significó prácticamente excavar todas las calles de la ciudad, introducir tubería y hacer las conexiones en cada una de las casas. Durante muchos meses nuestra ciudad se vio como un campo devastado por las bombas que se escuchaban detonar por todas partes. Fue difícil. Era indispensable por la salud y se hizo.

Quedó pendiente el drenaje. La experiencia de la Colonia Alemán no pudo ser extendida a toda la ciudad. La limitación del desarrollo tecnológico de entonces representaba problemas para dotar a Mérida de un sistema de drenaje convencional, además de un sistema eficiente de desahogo del agua de la lluvia. A las dificultades técnicas se sumaron la falta de voluntad política y la escasez de recursos económicos.

Ahora existen soluciones técnicas que hacen factible dotar de drenaje a la Mérida tradicional, a sus colonias populares y residenciales. Pero siguen faltando los recursos económicos cuantiosos y, sobre todo, la voluntad política para acometer una obra indispensable para cualquier ciudad.

¿Y qué decir de las avenidas de sur a norte de nuestra ciudad capital? Mucho se habló a principios de los años 70 de la prolongación hacia el sur del Paseo de Montejo, de su importancia para la integración de la ciudad no sólo desde el punto de vista urbanístico, sino también social. El Remate de Montejo es testigo mudo del primer y único paso que se dio en ese sentido. La Avenida 128 se quedó en intento incompleto de hacer el “par vial” de la Itzáes y paremos de contar.

Otras ciudades del mundo con un número de habitantes equivalente al de Mérida o incluso mucho menor han construido su sistema de transporte subterráneo —Metro—, pasos elevados o túneles que ayuden a distribuir mejor el tránsito vehicular. El centro de esas ciudades se ha vuelto peatonal en su mayor parte, por lo que sus habitantes pueden disfrutarlo a plenitud. Se han creado grandes estacionamientos bajo sus plazas. Pero sobre todo se cuenta con un sistema de transporte público eficiente, confortable, económico, para desalentar el uso de los vehículos particulares.

El tránsito fluido por las calles de Mérida, a ciertas horas, es cosa del pasado. ¿Cómo podría ser de otra manera si en menos de 10 años casi se ha duplicado el número de vehículos que circulan en la ciudad y las avenidas son prácticamente las mismas? Desde luego que esta situación afecta la calidad de vida de todos los meridanos, de los que conducen un coche y de los que se trasladan en camión, que tardan cada vez más en hacer el mismo trayecto.

A todos nos enorgullece que Mérida se distinga por sus avances, como la digitalización de sus espacios públicos. Disfrutamos la paz y la tranquilidad que caracteriza a nuestra ciudad. Pero todos somos responsables de mantener y mejorar esa calidad de vida que aún tenemos, a pesar de las deficiencias y rezagos. Las autoridades, de establecer la coordinación entre los niveles de gobierno —federal, estatal, municipal— para acometer los grandes proyectos que necesita Mérida. Y de nosotros los ciudadanos, de organizarnos para demandarlos y acompañar en su realización. Cambiar para mejorar. No hay otro camino.— Mérida, Yucatán.

martes, 3 de noviembre de 2009

Una ventana que se cerró

Candidatos ciudadanos

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Corría el inicio de 2006. Los consejeros electorales recién elegidos habían perdido la confianza de importantes sectores de la población por la cuestionada conducta de algunos de ellos; por otra parte, las organizaciones empresariales impulsaban la revisión de la legislación electoral del Estado —la que habría de regir la elección de gobernador en 2007— para que las actividades políticas costaran a la sociedad menos recursos, en tiempo y dinero.

Ese fue el marco de la reforma electoral. Los diputados del PAN y del PRI, entonces en la oposición, fueron receptores de las demandas ciudadanas para dar un nuevo marco constitucional a los procesos electorales. Entre esos legisladores estuvieron Rolando Zapata, Jorge Carlos Ramírez —actuales diputados federales— y Federico Granja. El nuevo Código Electoral unificó la fecha de las elecciones yucatecas con las federales (2010 será el último proceso separado), creó el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), estableció las figuras del referéndum y del plebiscito, y legisló sobre las candidaturas Independientes, es decir que los ciudadanos pudieran ser electos sin ser postulados necesariamente por un partido político.

Por un breve periodo, Yucatán pareció volver a la vanguardia de las reformas innovadoras y visionarias: las de Manuel Crescencio Rejón y el Juicio de Amparo; las de Salvador Alvarado y sus códigos Civil y del Trabajo. Se volvió polémica nacional el tema de las candidaturas independientes, cuya constitucionalidad fue resuelta, después de un largo debate, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió una ventana por la que comenzó a correr un aire vivificante al interior de un sistema político que se asfixiaba por la cerrazón de sus instituciones a la participación directa.

La opción de las candidaturas ciudadanas es también una respuesta a la decepción de un creciente número de personas de los partidos políticos, que los lleva a cuestionar la legitimidad de la representación de las autoridades y, en consecuencia, del sistema político que nos rige.

Así se llegó al proceso de mayo de 2007. Pese a las dificultades que representaron los requisitos impuestos por las autoridades electorales a los ciudadanos que intentaron postularse al margen de un partido político, en cuatro municipios finalmente se registraron planillas ciudadanas y en uno de ellos, Yobaín, triunfó el candidato independiente.

Unos meses después, en septiembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma electoral de largo alcance, que aspiraba a controlar los gastos en publicidad y propaganda en medios electrónicos, a compactar en una sola fecha —julio de cada año— las elecciones locales y a reforzar el papel fiscalizador del IFE. Pero también hizo explícito que sólo los partidos políticos podrían postular candidatos.

Para Yucatán había dos asuntos pendientes: uno, la fecha de las elecciones que de acuerdo con la reforma federal no tendrían que realizarse en mayo sino en julio del próximo año. La otra cuestión era la relativa a las candidaturas independientes.

El Congreso yucateco reformó la Constitución local para adecuarla a la Federal. Sin embargo, mantuvo la fecha de la elección e intentando quedar bien con Dios y con el Diablo mantuvo la figura de las candidaturas independientes, aunque con la salvedad de que sólo se harían efectivas cuando se modificara la legislación federal. ¿Cuándo? Quién sabe... Y hace unas semanas, el Ipepac le puso el último clavo al ataúd al sepultarlas por decisión propia, no por mandato de la ley electoral yucateca que las conserva vivitas y coleando.

¿Qué hubiera pasado si se mantenía la opción de las candidaturas ciudadanas por parte de las autoridades electorales? ¿Habría recurrido algún partido político a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar su inconstitucionalidad, si ésta ya la había discutido y resuelto? ¿Vale la retroactividad para las candidaturas ciudadanas y no para la fecha de las elecciones? En el fondo, ¿a qué le temen los partidos políticos yucatecos y las autoridades electorales? ¿A los ciudadanos decepcionados? ¿Rige en la política la ley “del mínimo riesgo”, que hay que evitar a toda costa? No creo que ni el PRI, el PAN o el PRD pierdan el sueño porque algunos de los descontentos de sus próximos procesos internos pudieran haber optado por postularse por la vía ciudadana, por cierto, mucho más compleja y dura que la de otro partido político que los acepte.

Entonces, ¿por qué cerrar esa pequeña ventana que se había abierto? La estabilidad política que por largos años caracterizó a México tuvo como base la capacidad para reformar instituciones y crear nuevas, cuando hizo falta. Esa vocación reformadora parece aletargada a nivel federal, pero en el caso de Yucatán se bloqueó por miedo. Ojalá no nos arrepintamos muy pronto.— Mérida, Yucatán.

martes, 27 de octubre de 2009

Visión de corto plazo

Cavar para seguirnos hundiendo

Columna publicada en el Diario de Yucatán el 27 de octubre.
Dulce María.


Una gran preocupación invade muchos hogares yucatecos; tiene que ver con la determinación que tomará el Congreso de la Unión sobre el aumento de impuestos y el presidente Calderón sobre los precios de la electricidad y las gasolinas.

Se nos dice que es impostergable incrementar los menguados ingresos del gobierno, tanto del federal como de los estados y los municipios; que todos tenemos que pagar más para corregir los graves errores del gasto público de los últimos ocho años —los de la abundancia— y para sobrevivir el periodo de “vacas flacas” que viene por delante.

La disputa inicial se dio entre la propuesta del presidente Calderón de establecer una aportación del 2% para incrementar los fondos federales al combate a la pobreza y la de la mayoría de los diputados, que fue la aprobada, de aumentar “sólo” 1% el IVA, para elevarlo al 16%. La enorme diferencia estriba en que la recaudación del 2% sería sólo para el gobierno federal, en tanto que el IVA es un impuesto que se reparte entre éste y las 32 entidades federativas.

Otros aumentos se aprobaron en cascada: más impuesto sobre la renta para las personas y las empresas; un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, que incluye los celulares, el internet y la televisión por cable y satélite. Adiós a la estrategia hacia la Sociedad de la Información y la Economía del Conocimiento, la densificación de las telecomunicaciones y el abaratamiento de su precio, además de la afectación de la economía de millones de usuarios de celular, ricos y pobres.

En contrapartida de lo que sucede en otras partes del mundo —Europa, Estados Unidos, países latinoamericanos— en México el gobierno ha decidido aumentar los impuestos. ¡Qué lejos de la estrategia anticrisis de Alemania, donde disminuyeron los gravámenes para las familias de clase media y para las que tienen hijos menores! ¡O de Francia, que redujo drásticamente el IVA a los restaurantes para contribuir así a su recuperación! ¿Cuántas familias de clase media se verán en la necesidad de dejar de pagar los créditos de la casa, del coche, o de sacar a los niños de la escuela privada por no poder afrontar los gastos? ¿En cuántos hogares yucatecos el padre o la madre —o los dos— han perdido su trabajo y el seguro social y el Infonavit que lo acompañaban? Como el desempleo es un lujo que muy pocos se pueden dar, esas personas de inmediato pasan a engrosar el comercio informal, a vender lo que sea y a ofrecer sus servicios sin prestación alguna, sólo para ganarse unos pesos.

Los motores de la economía mexicana se enfriaron: no habrá petróleo en abundancia ni altos precios para generar ingresos extraordinarios a los gobiernos; las exportaciones a los Estados Unidos están estancadas o en franco retroceso; las remesas que envían los mexicanos en la Unión americana a sus familias han disminuido drásticamente; la epidemia de influenza alejó el turismo.

Se dice como lugar común que la recuperación económica se tiene que fincar en el mercado interno, es decir en lo que las familias compran y consumen de lo que producimos en México, principalmente. Pero ¿con qué adquirirán bienes y servicios si el gobierno les está menguando sus ingresos al subir los impuestos? ¿Cómo invertirán las pequeñas empresas y de dónde sacarán su capital de trabajo? ¿Cuántas familias tendrán ingresos suficientes y estables para arriesgarse a comprar una de las miles de casas que han construido las empresas yucatecas y que todavía no han logrado colocar? Al panorama actual añádanse los aumentos de precios, en bienes y servicios, que propicia el aumento de impuestos.

Hay más y peor. El problema más severo es la visión de “corto plazo” con que se toman las decisiones en México. Si se tomaron medidas para brincar 2010 como sea, ¿qué pasará en 2011 si nada se ha hecho para superar el desempleo y la mengua de ingresos de muchas familias? ¿Qué dirán entonces el presidente Calderón, nuestros diputados y la gobernadora? No falta mucho, sólo 12 meses.

Si los ejes de las determinaciones fiscales y de gasto de los gobiernos fuesen el empleo digno, con salario suficiente para los ciudadanos y el mantenimiento del poder adquisitivo de las familias, otras serían las medidas que estarían aprobándose en el Congreso de la Unión. Las de ahora —si es que prevalecen hasta el final del proceso legislativo— sólo contribuirán a cavar más profundamente el hoyo en que estamos. Nos seguimos hundiendo.— Mérida, Yucatán.

miércoles, 21 de octubre de 2009

Las juanitas y la violencia contra las mujeres

Columna publicada el 20 de octubre en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Apenas iniciaba sus actividades la nueva Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre, cuando un escándalo se desató en su primera sesión: se presentaron 10 solicitudes de licencia al cargo, 8 de ellas correspondientes a mujeres (4 del Verde, 2 del PRI, una del PRD y del PT, respectivamente). Las cifras por género de la naciente legislatura, la LXI, mostraban que casi el 30% de los recién estrenados diputados eran mujeres (140 de 500), muchas más que antes, pero aún lejos del 40% estipulado en la Ley para las candidaturas registradas por los partidos políticos.

De inmediato se desató un intenso debate. Argumentaban unos que si ese era el deseo de las ocho mujeres, que se les concediera de inmediato. Otros, por el contrario, señalaban que era un fraude a la ley y al electorado cometido por las legisladoras, por sus suplentes y por los partidos que planearon las candidaturas “nodrizas”. Se decía que había otras diputadas en espera de pedir licencias, que se habrían detenido para no levantar tantas olas. El ingenio popular de inmediato las bautizó como “las Juanitas”, por la semejanza de su conducta con la del electo delegado de Ixtapalapa, quien habría de renunciar para ceder su lugar a una mujer.

Hasta la fecha, después de 12 sesiones ordinarias, no se han vuelto a presentar las solicitudes de licencia al Pleno de la Cámara. Pero las legisladoras no se han integrado al trabajo parlamentario, tal vez con el propósito de que se aplique la norma de las 10 faltas consecutivas y que se llame a sus suplentes para ocupar su cargo.

La violencia contra las mujeres es un abuso de poder. Es la capacidad de imponer la voluntad a otra persona mediante el uso de la fuerza física, la presión sicológica, la coacción económica o la amenaza. ¿Por qué no pensar que las mujeres diputadas se sienten obligadas por la fuerza del afecto, la amenaza del desempleo —no quiero pensar que del daño físico—, a dejar su lugar a sus suplentes masculinos? Vistas como víctimas de una relación desigual de poder, ellas posiblemente sientan que no son dignas de sentarse en una curul de San Lázaro, por eso sólo prestaron su nombre al esposo, al hijo, al jefe, al partido, sin el ánimo ni la convicción de ejercer el cargo.

Hace unos días se registró la agresión por parte de un alto funcionario del gobierno del Estado contra su esposa. La mujer tuvo que ser hospitalizada. Dos o tres días después, la víctima desechó la posibilidad de denunciar a su agresor, presionada tal vez por la incertidumbre económica, de ella y de los hijos. Este hecho nos recuerda que la violencia contra las mujeres cruza todas las clases sociales, los niveles de educación y de ingreso.

¿Por qué perdonan las víctimas de la violencia doméstica a sus victimarios? ¿Por qué resisten los golpes, los malos tratos, las vejaciones a su persona y a su dignidad? Recuerdo cuando siendo gobernadora recibía los lunes a las mujeres que el sábado anterior habían requerido el auxilio de la policía ante la agresión de su pareja; ellas entonces pedían que dejaran salir de la reclusión a su esposo, a su compañero, porque si continuaban presos, ¿quién llevaría el gasto a la casa para darles de comer a sus hijos? Procurar conservar para los hijos el bienestar que proporciona el ingreso del padre, aunque éste sea abusador, lleva a las mujeres al límite de la tolerancia que puede acarrear incluso su muerte.

Al igual que las “Juanitas”, las mujeres víctimas de la violencia doméstica se preguntan si son dignas del “privilegio” de vivir en paz. Algunas hasta pueden considerar justo el “castigo” infligido por el esposo, como las diputadas juanitas asumen que lo es ceder sus lugares a sus suplentes masculinos.

El cambio en la cultura y en los valores socialmente reconocidos, es el que abrirá el paso hacia una vida libre de violencia hacia las mujeres. Como todo proceso, es lento y registra retrocesos. Callarse es uno de ellos.

Si se burlan de la Ley, de los electores y del voto presionando a las mujeres para que se inscriban y renuncien, digámoslo y no olvidemos: es síntoma de que algo profundo está podrido en el sistema de partidos y en la democracia electoral.

Si las leyes contra la violencia hacia las mujeres resultan insuficientes para prevenirla, para atender a sus víctimas y para sancionar a los transgresores por alta que sea su jerarquía —partidos políticos, funcionarios—, revisemos las políticas públicas responsables de ponerlas en práctica, para corregirlas y reformularlas, si es necesario.— Mérida, Yucatán.

sábado, 17 de octubre de 2009

¿Qué tanto es tantito?

Columna publicada en el Diario de Yucatán el día 14 de octubre, Dulce María.

¿Cuál es el límite entre la tolerancia y la permisividad? ¿Entre los acuerdos y la placidez del “dejar hacer, dejar pasar”? ¿Entre la flexibilidad y el acomodo? La sabiduría del pueblo ha forjado dichos que nos acercan de manera sencilla a estos dilemas: “No hagas cosas buenas que parezcan malas” y otro, quizá menos conocido pero que refleja la evasiva ante la necesidad de tomar decisiones, aquellas de “blanco o negro”: “¿Qué tanto es tantito”? Dos acontecimientos recientes vienen a mi memoria para ejemplificar el conjunto de percepciones y sentimientos de sectores de la sociedad respecto a sus autoridades y a las decisiones que han tomado: uno, la grabación del capítulo final de “Sortilegio” en la Catedral; y, dos, la campaña contra el cáncer de mama en las mujeres bajo el imperativo de “Tócate”.

Iglesia o “set”. Hace algunos años, el Arzobispado definió que la ceremonia del Sacramento del Matrimonio y la misa correspondiente sólo podía celebrarse en iglesias y parroquias. Fue entendible este acto de autoridad para evitar la desviación que se había vuelto costumbre de buscar locaciones con criterios escenográficos o llevados por el propósito de “ser distintos”.

Por eso me llamó sobremanera la atención que los responsables de la iglesia Catedral hayan concedido el permiso para simular una boda entre los protagonistas de una telenovela. Ya ha habido reportajes que consignan las secuelas de volver a la Catedral un gigantesco set de televisión. No abundaré en los detalles. Se degradó un espacio simbólico, de gran importancia para la grey católica, y se banalizó un rito al abrir las Puertas del Perdón por las llamadas del rating.

Recurrí a la memoria de algunas octogenarias preguntándoles sobre las bodas celebradas con la apertura de las puertas simbólicas en el edificio más importante para los católicos: alguna recordó la boda Patrón-Juanes, hace más de 60 años. Y nada más.

La Catedral es importante para todos los yucatecos, católicos o no católicos. Me pregunto: ante la capacidad profesional de los productores y técnicos de Televisa, ¿no habría sido posible recrear los elementos del Altar Mayor en un estudio? Entiendo y acepto que en la ilusión de las imágenes, el Palacio de Gobierno se haya convertido en la procuraduría o la cárcel donde estuvo recluida María José; pero, ¿la Catedral como escenario real de una boda irreal y por razones estrictamente comerciales? No sólo se trata de recoger las colillas y la basura acumulada o de reparar las verjas caídas, eso fue fácil. Lo más delicado es restañar los sentimientos de afrenta a los valores, de agresión a un símbolo con la autorización de la autoridad eclesial.

¿Publicidad?, “en ningún caso”. La campaña “Tócate” contra el cáncer de mama que asuela a las mujeres forma parte de una intensa movilización social para crear conciencia de esta grave amenaza a la salud y a la vida de millones; las formas de procurar un diagnóstico temprano que permita mejores condiciones para combatirlo, de la creación de una amplia red para realizar en forma fácil y barata (o gratis) las mamografías, la disposición de hospitales para realizar oportunamente las intervenciones y brindar tratamiento.

En Yucatán la publicidad en torno a este fundamental propósito —salvar la vida de miles de yucatecas— se ha centrado en un conjunto de mujeres con distintas actividades, por las que son reconocidas, sean estas empresariales o altruistas. También aparecen mujeres conocidas por campañas electorales y por su participación en el Poder Legislativo. Asimismo, aparece la imagen de la gobernadora.

Entiendo la idea que llevó a los publicistas a utilizar la imagen de estas relevantes mujeres a fin de motivar a muchas otras a practicarse los análisis para prevenir y detectar el cáncer de mama. Pero las mujeres que atienden un cargo de representación ciudadana están impedidas de realizar campañas publicitarias, así sea por razones altruistas.

En 2007 fue reformada la Constitución Federal en su artículo 134 para introducir la prohibición expresa que a la letra dice: “... En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público...”. La Constitución no hace excepciones ante posibles razones altruistas. Es clara, contundente: “En ningún caso”.

¡Claro que podríamos cerrar los ojos ante esta violación constitucional por parte de las servidoras públicas! Argumentar que la nobleza de la causa se antepone al respeto a la ley.

Los dos ejemplos —Catedral y “Tócate”— están soportados por buenos propósitos. ¿Debiéramos transigir, dejar pasar con las buenas razones y por las buenas intenciones? No debemos olvidar que de tantito en tantito también se desmantelan las instituciones y las bases que tenemos para creer y confiar en ellas. Por eso, preguntémonos: ¿qué tanto es tantito? Rectificación. En el artículo pasado afirmé que estaba pendiente la legislación sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Me equivoqué. Desde marzo de 2008 está vigente la Ley y desde junio de ese año, su reglamento.— Mérida, Yucatán.

lunes, 12 de octubre de 2009

"¿Democracia?, Procesos Electorales y Participación Ciudadana..."

Participación de Dulce María Sauri en la presentación del libro "¿Democracia? Procesos electorales y Participación ciudadana. Yucatán 2001-2007", de Othón Baños y Arcadio Sabido, en el teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán el día 6 de octubre del presente.


Agradezco la invitación para participar en la presentación del libro “¿Democracia? Procesos electorales y Participación ciudadana. Yucatán 2001-2007”. Además, reconozco la oportunidad de compartir esta mesa con Alberto Aziz Nassif, autor junto con Jorge Alonso del libro “México: una Democracia Vulnerada”, al que también haré alusión en varios puntos de este comentario.

Compilado por Othón Baños y Arcadio Sabido –quienes también son autores-, este conjunto de 7 ensayos constituye un detallado escrutinio de los procesos electorales yucatecos; de las instituciones responsables, de los partidos políticos participantes; de la organización electoral. Aborda la participación ciudadana a partir del análisis del comportamiento de un importante segmento de electores: los jóvenes, que constituyen más del 40 % del listado nominal (18-34 años). Explora las causas del voto diferenciado, establece correlaciones estadísticas y disecciona la “americanización” de las campañas electorales, poniendo énfasis especial en el proceso local 2007.

Quiero subrayar tres cuestiones que, a mi juicio, aportan los autores de esta obra al conocimiento y diagnóstico de la Democracia mexicana: Primera, el análisis puntual de una situación regional concreta que, de acuerdo a la analogía de Akira Watanabe, a semejanza de los biólogos que analizan el cuerpo a través del conocimiento de sus partes (órganos, neuronas, células, etc.), el análisis micro regional podría construir una imagen más amplia y compleja de la política general de México (p. 193).

La segunda aportación la ubico en el esfuerzo desarrollado para proporcionar un marco teórico-conceptual que oriente el análisis de la información y sustente su interpretación. Los conceptos de “Democracia Defectuosa”, “Deficitaria” por las prácticas autoritarias de sus élites políticas, enlaza con el de “Democracia Vulnerada”, de Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso. Cito: “…Una democracia vulnerada es una democracia en problemas que se ha calificado como tutelada, restringida, cascarón vacío. El sistema de partidos se ha transformado en una férrea partidocracia que se aleja de la ciudadanía, se alimenta del dinero público y reproduce intereses de grupo. Se ha perdido la visión de Estado…” (“México: una Democracia Vulnerada, p.6).

En la Introducción, Othón Baños se pregunta si la participación política se reduce solamente a votar; remarca que la participación ciudadana es la que hace la diferencia entre un régimen democrático y uno autoritario. De allá la importancia que otorga a las actitudes de desconfianza, apatía y escepticismo ciudadano. Plantea las líneas generales del debate acerca de la naturaleza de la transición. Es entonces cuando introduce los signos de interrogación que acompañan a la palabra Democracia en el título de la obra, mismos que repite al calificar la transición política como “¿democrática?”. Al caracterizar inicialmente al “avance democrático yucateco”, plantea la duda: “…circunscribe sus alcances a la lucha electoral, pero no hay evidencias que se hayan mejorado los mecanismos de representación y menos todavía, del avance en la participación ciudadana…”.

Otra importante contribución conceptual se encuentra en el ensayo de Irving Berlín “Americanización de campañas electorales: México 2006 y Yucatán 2007”, que incluye un apartado titulado “Las elecciones mexicanas: lecturas teóricas” que acerca a los lectores a los enfoques, tipologías y conceptos que acompañan la discusión sobre la naturaleza de las campañas electorales modernas.

La tercera aportación de la obra tiene que ver con la oportunidad de su elaboración y su publicación. Tratándose de procesos electorales, siempre parece haber uno próximo, al que es necesario observar a fin de extraer de él conclusiones de validez general. Eso sucede en el mundo de la academia, no del periodismo editorial. Por eso, cuando salen las obras, mayormente de interés nacional, lo hacen a destiempo, casi en un afán forense, de autopsia de un cadáver en descomposición. En el caso de los análisis estatales o regionales, la suerte es todavía más incierta: escasamente interesa al periodismo editorial o los académicos que los elaboran carecen de acceso a la publicación de su obra.

Afortunadamente, eso no sucedió con “¿Democracia?” que pudo vencer exitosamente los avatares de la burocracia universitaria.

En tiempo y forma incluye dos importantes procesos electorales locales, 2001 y 2007 y uno de relieve nacional, 2006. Sin embargo, no todos los ensayos tocan los tres momentos. Por ejemplo, Arcadio Sabido, en “Hilos del fraude electoral: elección presidencial 2006 en Yucatán”, realiza una pormenorizada y escalofriante descripción de la compra-coacción del voto a través de la compraventa de credenciales de elector en las zonas rurales y urbanas marginadas. Resalta que ese mecanismo está vigente por la existencia de grandes grupos de ciudadanos marginados; por la operación de los partidos y candidatos con “ingentes cantidades de dinero”; y por la impunidad o la débil disposición al castigo de las autoridades electorales. Esboza asimismo la operación política de los partidos con los funcionarios de casilla; las diferentes formas de presión y coacción sobre los mismos; describe detalladamente el “carrusel del siglo XXI” o la nueva “operación hormiga” con las boletas electorales. Sin embargo, el análisis no incluye las formas de captación de los representantes de partido, cuya firma valida las actas de escrutinio y cómputo e impide disponer de un recurso fundado para abrir y contar de nuevo las boletas. También pormenorizada es la descripción del proceso de impugnación de los resultados de la elección presidencial de 2006 por parte de la Coalición Por el Bien de Todos (PBT) en Yucatán.

Desde luego, hubiese sido de enorme interés la aplicación de la metodología de análisis de Compra y Coacción del Voto a la elección local 2007 y, más allá, a la elección federal de julio pasado.

Irving Berlín asevera que “no hay técnica americana que no se esté usando en México (y)…no hay técnica tradicional que esté totalmente en desuso”. Desde este punto de partida, analiza el papel de los expertos en comunicación e imagen; la dinámica de los medios de comunicación (impresos, electrónicos, digitales) y la supervivencia de prácticas tradicionales de convencimiento electoral. A nivel nacional, plantea que el 58% de los ciudadanos siguen las campañas a través de la TV; 32%, por periódicos y radio; 7%, por Internet o mítines políticos; 24%, en conversaciones familiares o con amigos. Concentra IB su atención en Yucatán 2007, con una pregunta cuya respuesta incidió en el propio diseño de las campañas: “¿Elección de Estado o de estados?”, al referirse a la intervención de los gobiernos panistas federal y estatal y a la abierta participación de varios gobernadores priístas. Asevera que fue una elección “primera” en muchos sentidos: de Felipe Calderón como Presidente de la República; de la nueva legislación electoral local (Ley de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana), con precampañas reguladas por la ley y los órganos electorales; con evidencias del peso del dinero en las campañas; con “técnicas americanas” a lo largo de todo el proceso y en un contexto informativo de pluralismo político menos polarizado, lo cual creo que significa que podía encontrarse información de las actividades del candidato del PAN en el Diario Por Esto! y de la candidata del PRI en el Diario de Yucatán.

En la parte relativa al Comportamiento Electoral, IB destaca el porcentaje de votantes jóvenes (entre 18 y 34 años) que representan el 44.03% del padrón electoral, así como el voto por primera vez de 19 504 jóvenes de 18 años. Señala la movilidad en el número de alcaldías ganadas por los partidos políticos, particularmente el PRI y el PAN entre 2001-2004 y 2007; destaca las características de Voto Regionalizado, Flexible y Diferenciado en 2007 y plantea la necesidad de “un estudio más fino” de los resultados electorales, así como del fenómeno del Transfuguismo. Acuña el concepto “Campañas mediático-clientelares” y destaca la incapacidad de las élites políticas para reformular sus relaciones comunicativas con los grupos de interés, por lo que acaban entregando cuerpos normativos completos a cambio de que estos garanticen su presencia y permanencia en medios, como sucedió con la llamada “Ley Televisa”.

Ya en 2006 en la elección federal y en 2007 en la local, se había dejado sentir la debilidad institucional del IFE y del IPEPAC respectivamente, para regular los gastos de campaña, hacer respetar los topes, sancionar los excesos, muy particularmente ocasionados por el gasto excesivo en medios electrónicos de comunicación. Desde luego, está pendiente un estudio comparativo 2007-2009-2010, puesto que a partir de finales de 2007 existe una nueva regulación en materia de medios de comunicación, lo que ha implicado un redireccionamiento de las estrategias electorales hacia el territorio y una menor utilización directa de la publicidad y propaganda en radio y televisión (abierta o restringida).

Esta es la más grave e inminente amenaza a la Democracia: el uso ilimitado del dinero para las campañas. Una nota a pie de página ilustra la magnitud de lo sucedido en la elección de 2007: de acuerdo al monitoreo realizado por la empresa Orbit, contratada por el IPEPAC, el PRI y el PAN rebasaron con mucho los topes de gastos impuestos, sólo considerando los medios masivos de comunicación. (P.146) ¿Y qué pasó? Absolutamente nada más de unas tibias multas a los partidos. Las recientes resoluciones del Tribunal Electoral (Sala Regional) respecto a la elección de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa del Distrito Federal, que habían sido anuladas por el Tribunal local por rebasar los topes de gastos, revocando la determinación y ordenando la toma de protesta de ambos delegados del PAN, sólo estimula la impunidad y alienta la violación sistemática de la ley pues finalmente, lo importante es ganar, “haiga sido como haiga sido”, como dijo el clásico.

La colaboración de Akira Watanabe se concentra en analizar las diferencias y las semejanzas de los procesos 2001- 2007, considerando la importancia de la consolidación de la democracia y la comprensión del espacio local. Asume la tarea novedosa en los análisis políticos regionales, de medir estadísticamente la correlación entre las conductas de los actores políticos (Ana Rosa Payán, su salida del PAN y su candidatura por TSY; y la imagen joven y energética de Ivonne Ortega frente a su adversario del PAN) y la presencia del voto diferenciado.

Ciertamente no es la primera ocasión en que se presenta lo que ahora se conoce por “voto diferenciado” y antes como “voto cruzado”. Localmente, lo encontramos en Mérida en la elección de 2001 (Jorge Esma tuvo más de 20 mil votos sobre Orlando Paredes) y más lejos, otra vez en Mérida, en 1995, donde Víctor Cervera tuvo casi esa misma cantidad sobre la del candidato a Presidente Municipal, Ricardo Dájer. Sin embargo, por primera vez se intenta medir con técnicas estadísticas. Este enfoque abre una nueva perspectiva de análisis del electorado, especialmente el de Mérida y de otros núcleos urbanos del estado, como Tizimín, Valladolid, Progreso, Kanasin, Umán, Ticul, donde el peso de la amplia “clase media” es considerable.

Efraín Poot Capetillo analiza la dinámica partidista en Yucatán en las elecciones 2006 y 2007. Da cuenta de las estrategias de los partidos políticos para ganar votos en estos procesos y parte de la hipótesis de que “…los resultados electorales obtenidos por cada partido dependieron del mayor o menor grado de organización interna con la que enfrentaron los comicios de 2006 y 2007…”. Establece el impacto de la alternancia en el gobierno federal sobre el PRI derrotado y el PAN triunfador y la forma como esta condición se proyectó sobre las estructuras partidistas yucatecas. Consigna la elevada votación obtenida por el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de la reducida estructura político-electoral del PRD yucateco. En el proceso local 2007, explora las consecuencias del “…desgastante ejercicio de gobierno…” que repercutió en el gobernador panista y su partido. En el apartado de la tensión gobierno-partido, aborda la situación interna de los principales partidos y coaliciones, sus procesos internos, su relación con los órganos electorales, su desempeño en las campañas, los apoyos gubernamentales locales y externos que recibieron sus candidatos.

Quiero subrayar especialmente el apartado de la Observación Electoral, donde consigna el reflujo en la participación de las organizaciones locales que hasta 2001 habían sido las protagonistas. Una de las más importantes, el Frente Cívico Familiar, fue fundada en 1988 precisamente al calor de la entonces naciente estrategia de observación ciudadana de los procesos electorales. La explicación de esta situación la ubica en “…lo que algunos autores han llamado la institucionalización de la lucha ciudadana que ocurre cuando los principales reclamos de la movilización son atendidos por los gobernantes mediante la formulación de políticas públicas ad hoc y también incorporando cuadros activistas al desempeño de cargos en instituciones gubernamentales relacionadas con la problemática objeto del reclamo…”. Es posible que esta haya sido la situación de las muy activas organizaciones hasta 2001. No sólo intervenían en los procesos electorales, sino también participaban en el análisis crítico sobre las acciones de gobierno. Seis años después, tras el triunfo del PRI, lentamente comenzaron a intentar retornar al espacio político abandonado. Pero habían perdido credibilidad al relacionarse abiertamente con el gobierno del PAN y no entender los cambios profundos en las relaciones sociales yucatecas acontecidos en ese intenso período.

Dos de los ensayos, ambos de Othón Baños y uno de ellos en coautoría con Ceydi Patricia Alonso Farfán, se concentran en la actuación y las percepciones de los jóvenes yucatecos y la manera en que participan políticamente. El titulado “Percepción y Participación Política de los Jóvenes”, intenta diferenciar la desconfianza de estos hacia la política y sus instituciones, de la llamada “apatía política”. Basado en una investigación de campo realizada después de la elección de 2006, una muestra de jóvenes de diferentes estratos sociales y escolaridad, hombres y mujeres, respondieron a diversas preguntas acerca de su percepción de la democracia mexicana, sobre la confianza en las instituciones del Estado, su participación en los procesos electorales y respecto a su práctica política. Afirman los autores que “…los jóvenes padecen de cierta conciencia de exclusión social y política”.

En el otro ensayo, “A contracorriente: Los jóvenes y las elecciones municipales en Yucatán 2004” se basa en la experiencia de Chocholá y la determinación de un grupo de jóvenes de desafiar al sistema establecido y apoyar a uno de ellos que les garantizaría espacios deportivos y ayuda para realizar sus actividades recreativas: “propuestas concretas, relacionadas con inquietudes concretas”. Los jóvenes convirtieron en “ágoras” las canchas. Ganaron por 8 votos. ¿Cómo fue la gestión del joven arquitecto presidente municipal? ¿Participaron los jóvenes en su administración? ¿Por qué ganó nuevamente el PRI en 2007? Esas y otras preguntas abre el sugerente ensayo en cuanto a Chocholá. Pero OB va más allá al afirmar que hay que superar la idea de que la democracia participativa se agota en los procesos electorales. El concepto de “Práctica Ciudadana” –señala- engloba dos tipos: uno, la que se realiza en el contexto de las instituciones políticas (electorales, gobierno, partidos) y dos, la que se efectúa en el contexto de la sociedad civil, en su entorno de vida. Se pregunta Othón Baños, “qué hacen los jóvenes para cambiar el panorama (desempleo, falta de oportunidades DMS)? Poco o casi nada en la esfera política…”.

Por eso considero de la mayor relevancia el estudio de la campaña electoral y del inicio de gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, incluyendo el reciente proceso electoral federal. Sin contar con las encuestas de salida de casilla que arrojarían luz sobre el perfil de los votantes, sólo puedo plantear como hipótesis que fueron los jóvenes y las mujeres las que le dieron el triunfo a la candidata del PRI. ¿Por qué votaron los jóvenes, principalmente urbanos, de la ciudad de Mérida, por el PRI? ¿Por afinidad generacional? ¿Por las propuestas concretas de la campaña? ¿Por el relevo generacional manifiesto en la élite dirigente del PRI local? ¿Por los valores que representa? ¿Por la desconfianza hacia el PAN y los resultados tangibles de su gestión?

Casi la mitad del electorado yucateco es de menores de 40 años; la mayoría de ellos no había nacido cuando el PAN ganó la alcaldía meridana en 1990; poco les dice el discurso descalificador del pasado priísta; los menores de 27 años ni siquiera votaron en el año 2000. ¿Están satisfechos con el gobierno del PRI? ¿Se sienten representados? Las respuestas a estas y otras preguntas acerca de los jóvenes yucatecos permitirían entender mejor los riesgos de los procesos políticos y sociales que enfrentamos y detectar las oportunidades de superarlos.

El ensayo sobre “Las Indígenas como intelectuales orgánicas: Araceli Cab Cumí, de la propia protagonista y Kathleen Martin, trae a la memoria colectiva tres condiciones que profundizan la pobreza y marginación que aflige a una parte importante de la población yucateca: mujeres, campesinas de comunidades rurales, mayas de condición étnica. La larga lucha de Araceli contra las desventajas y discriminación, la forma como ha logrado trascenderla sin apartarse o negar su origen, recuerda en el libro ¿Democracia?, que sólo luchando contra la desigualdad y la falta de oportunidades podríamos quitarle sus signos de interrogación.

Conclusiones

Este libro me ha despertado una enorme sed de saber y conocer el comportamiento político de la sociedad yucateca en los últimos 20 años. No es gratuita la fecha: a partir de 1988, cuando por segunda ocasión el PAN gana la diputación federal de Mérida. Como bien señala Othón Baños, el eje de la economía yucateca en torno al henequén fue desplazado definitivamente en los inicios de los años 90 y con ello, los mecanismos de control político y participación social que operaron durante más de 50 años.

Yucatán, al igual que el resto del país, se urbanizó. Las ciudades del estado están conformadas por una amplia clase media, no por su nivel de ingresos, sino por sus aspiraciones y conductas. En la identificación de los valores del PAN con los de la mayoría de este grupo estuvo la larga preferencia electoral por ese partido. Desveladas las contradicciones en su interior por su proceso interno para elegir candidato a la Gubernatura, las consecuencias en las percepciones de estos grupos no se hicieron esperar, al considerar que a fin de cuentas, “PRI y PAN son la misma cosa”.

Como sociedad, México requiere recuperar los adjetivos para calificar a la Democracia que vivimos y para definir a la que aspiramos. Vulnerada, Defectuosa, Deficitaria. Con un Estado fracturado, ¿fallido? Y una Ciudadanía limitada en el ejercicio de sus derechos por la pobreza y la marginación.

La Democracia a la que aspiramos tiene también calificativos, como el de “Participativa” que Alberto Aziz y Jorge Alonso relacionan con la calidad de la Democracia: Refrendos vinculatorios; Presupuesto Participativo; facilidades para iniciativas populares; capacidad de revocación de los cargos: facilidad de acceso a los medios públicos de comunicación. Cito: “…habrá una nueva confianza en las instituciones democráticas cuando haya participación y control por parte de los ciudadanos en la decisiones de los asuntos públicos y mejores condiciones para las mayorías…” (Op. cit. p42) Se trata de que los ciudadanos puedan controlar y evaluar si el gobierno trabaja de acuerdo a las normas vigentes y en respuesta a las demandas de la sociedad. Que haya rendición de cuentas, medios de comunicación independientes, redes desarrolladas de organizaciones activas e informadas. Los autores citan una advertencia que no podemos olvidar: “…Si de veras se quisiera abordar la calidad de la democracia…lo primero que habría que considerar es el ingreso del dinero en la política…”.

Si coincidimos en la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de la democracia en el espacio yucateco, entonces tendríamos que comenzar por el análisis del conjunto de instituciones y organismos que dicen representar a la sociedad en la conducción del gobierno. No es mi intención plantear la discusión sobre la representatividad de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sino concentrar la atención en las organizaciones intermedias, los grupos y segmentos sociales y la forma como interactúan con las instituciones gubernamentales; las formas de expresión y participación.

Un rápido repaso a la historia reciente de Yucatán, demuestra que es un estado con una trayectoria de movilizaciones reivindicadotas de derechos en la Zona Henequenera. Desde 1937 hasta inicios de los años 80, los ejidatarios henequeneros protagonizaron manifestaciones de protesta contra las autoridades que les limitaban o negaban el acceso al crédito o a las despensas y en la más importante de ellas, obtuvieron el régimen modificado del Seguro Social para garantizar la pensión de los mayores y la atención a la salud de sus familias.

El movimiento estudiantil-sindical de inicios de los 70 culminó con el asesinato de su líder, Efraín Calderón Lara. Desde entonces operó la estrategia de cooptación de los líderes y del movimiento estudiantil por parte del gobierno. Esto, combinado con el inicio de la construcción de Cancún que atrajo un número creciente de campesinos yucatecos, hizo que prácticamente desaparecieran de las calles de Mérida estas formas de presión, la última de las cuales fue en mayo-junio de 1992, en ocasión de la entrega de indemnizaciones a los henequeneros desplazados al romperse la relación económica entre ellos y el Gobierno.

Hubo algunos “chispazos” en la década de los 80, vinculados a la disputa por la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias (1984) y por cuestiones electorales, principalmente en Mérida (1981) y Chemax.

Las organizaciones empresariales de entonces eran proclives a entenderse con el gobierno en turno, excepto el Centro Empresarial de Mérida, aun cuando con discreción apoyaban las actividades del opositor PAN.

1991-1994 fue un periodo de intensas movilizaciones. Por una parte, el fin del modelo de relación henequenera entre el Estado y los campesinos y por otra, los cambios al calendario electoral y el abrupto final de la gestión de la Gobernadora por la imposición de resultados electorales desde el gobierno federal.

El inicio de los 90 marca también el florecimiento de las primeras organizaciones cívicas conformadas en torno a la naciente observación electoral como el Frente Cívico y el Grupo Indignación, dedicado a la defensa de los derechos humanos. Surgen también las primeras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en particular a la salud, -derechos sexuales y reproductivos- a la participación política y en contra de la violencia hacia ellas. Se conforman organizaciones defensoras del medio ambiente, como Pronatura y de la Caja Popular Crescencio A. Cruz constituida al amparo de la organización religiosa, surge una unión de crédito que ha tenido alcance regional.

La movilización social que representó el Programa Nacional de Solidaridad en Yucatán (1989-1994), principalmente en Mérida, ha sido escasamente estudiada como un fenómeno político. Un conjunto de prejuicios y la descalificación a priori ha impedido entender la profunda repercusión de este ejercicio de democracia participativa en las colonias y barrios marginados de Mérida y de muchas poblaciones del interior del estado, en que los integrantes de los comités de Solidaridad priorizaban y definían las obras, se organizaban para recaudar y administrar su aportación, deban seguimiento a la construcción y fiscalizaban la correcta aplicación de los recursos. De allá surgieron importantes liderazgos comunitarios.

En 2001, al iniciar el gobierno panista, una “anemia social” pareció invadir a las más activas y contestatarias organizaciones sociales. Hasta el Centro Empresarial amortiguó sus críticas a la administración estatal; los representantes del Frente Cívico se volvieron funcionarios o proveedores del gobierno. Sólo las más activas organizaciones de mujeres y ambientalistas continuaron presentes opinando y participando.

Sin embargo, en el gobierno 2001-2007 se conformaron y consolidaron los órganos constitucionales autónomos: para garantizar el acceso y transparencia de la información pública (INAIP, 2004); nueva integración y nuevas funciones en los órganos electorales (IPEPAC) ciudadanizados y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos adquirió plena de autonomía frente al gobierno (2002).

El ímpetu innovador alcanzó para promover las candidaturas independientes en la Constitución y en la legislación electoral, lo que otorgó a Yucatán un estatus de avanzada. Esto, sumado a la Ley de Participación Ciudadana (enero 2007), que incorpora las figuras de Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Popular, parecían configurar condiciones óptimas para avanzar hacia la democracia participativa.

Eso no ha sucedido. El IPEPAC, la CODHEY, el INAIP enfrentan cuestionamientos de diversos grupos en cuanto a su autonomía frente al gobierno del estado y sobre la actuación de sus integrantes. Escasamente se han utilizado las figuras participativas; después de casi 3 años, sólo una iniciativa popular ha sido presentada (aunque de alto impacto) y el plebiscito a realizar en Dzemul fue suspendido de último momento.

El Frente Cívico Familiar y la activa FECUY de fines de los años 90 parecen intentar despertar, pero su estrecha relación con el gobierno del PAN aun resta credibilidad a sus posiciones. Sociedad en Movimiento, constituida al calor de la contienda electoral de 2006 y auspiciada por las organizaciones nacionales empresariales, es la organización que registra más presencia, como lo muestra su seguimiento del “megacrédito” autorizado al Ejecutivo estatal en un “fast track” legislativo en días pasados.


A modo de Propuesta

Muchos son los temas de investigación que se derivan de la lectura de ¿Democracia? Procesos Políticos y Participación Ciudadana. Enlisto los que a mi juicio, contribuirían a una mejor comprensión del momento yucateco, en particular lo que parece ser una acelerada descomposición de las instituciones de avanzada, en razón de los cuestionamientos ciudadanos a su legitimidad.


1 Análisis de las organizaciones intermedias: organismos empresariales (CANACINTRA, CANACO, Centro Empresarial, principalmente). Las Iglesias, en especial la Católica y las Cristianas.

2 Las clases medias yucatecas. La repercusión política del proceso de urbanización del estado requiere un estudio más detallado.

3 Las ONG y organizaciones sociales.

4 Los órganos constitucionales autónomos: CODHEY, INAIP, IPEPAC.

5 Los instrumentos de la democracia participativa: Plebiscito, Referéndum, Iniciativa Popular.

6 Los medios públicos: TV 13 y Radio IMER, además de la radio comunitaria y Radio Universidad.

7 Las nuevas formas de comunicación, participación y construcción de redes a partir de Internet. La proliferación de sitios noticiosos, de análisis y crítica política, así como la digitalización de los principales medios impresos del estado, nos indican que “algo importante está pasando ahí”

El enfoque de género que permita distinguir las diferencias entre mujeres y hombres y las desventajas e incluso discriminación, contribuiría a una mejor comprensión de los obstáculos que enfrentamos para ejercer a plenitud nuestros derechos.

Estos temas, sumados a los puntos sugeridos líneas arriba en torno a la juventud y su percepción del gobierno de “jóvenes” actualmente en el poder, ampliarían el conocimiento colectivo para construir en medio de estas difíciles condiciones, un mejor espacio de convivencia para todos. Dulce María Sauri Riancho, dulcesauri@gmail.com