miércoles, 18 de noviembre de 2009

En crisis de valores

Tiempo de emergencia moral

Columna publicada hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Hace unos días caminaba por las calles de Siracusa, la ciudad de Arquímedes, hoy un próspero puerto de la isla de Sicilia, en Italia. De pronto me topé con un llamativo carro de bomberos antiguo, bien pintado de rojo, con su escalera y mangueras para combatir el fuego y una provocativa leyenda que dominaba el conjunto: “Es Tiempo de Emergencia Moral”. Era, como podríamos suponer, un vehículo de campaña electoral de un candidato que en el lema que eligió para llamar la atención de sus conciudadanos expresaba su diagnóstico y proponía la solución al problema más grave que enfrenta su país: la crisis de valores morales.

Al ver esa llamativa frase no pude evitar referirme de inmediato a lo que sucede en nuestro país: me pregunté si al igual que Italia no estamos los mexicanos enfrentados a una verdadera “emergencia moral”. Quizá sus raíces sean un tanto distintas a las de ese país, pero sus síntomas y sus consecuencias parecen ser similares.

La impunidad es el primero de los vicios sociales. Saber que el riesgo de enfrentar el castigo cuando se viola la ley es mínimo o inexistente alienta la delincuencia de todo tipo, incluido el peculado, el soborno y el tráfico de influencias. De una u otra manera el funcionario recién llegado a un cargo se pregunta si una actuación correcta de su parte no representará la pérdida de una oportunidad única para enriquecerse, sin que haya ninguna consecuencia; más cuando ha podido constatar a través de conspicuos personajes que el manto del tiempo cubre la memoria del origen de la fortuna mal habida, pues “poderoso caballero es don Dinero”.

La frontera entre la vida pública y la vida privada de un funcionario es una tenue línea, algunas veces imperceptible. Desde luego que las relaciones personales y familiares corresponden a la esfera privada de los servidores públicos, pero la forma como se conduzcan los funcionarios y sus parientes influye en la percepción ciudadana sobre la actuación de sus autoridades. Si además miembros de la familia inmediata, tíos, primos y parientes políticos, obtienen o gestionan contratos de obra, muestran signos ostensibles de cambio en su condición económica, compran cosas y se comportan acorde con su nueva riqueza, entonces se refuerza la imagen de corrupción que deslegitima a las autoridades.

En este primer esbozo de los vicios sociales la simulación tiene un destacado papel. Hacer como que se cumple; cuidar sólo las formas, el cascarón, pero vaciarlo del contenido, finalmente viene a reforzar la sensación de impotencia de la sociedad que, después de haber luchado por la creación de las instituciones, las encuentra convertidas en organismos burocráticos, que nada resuelven. Es el peligro que viven instancias como los institutos de acceso a la información, las comisiones de derechos humanos, las procuradurías especializadas o las diversas instituciones electorales.

Asociado a los males de la impunidad y la simulación está el olvido. La receta parece haberse patentado: todo es cuestión de aguantar el mal momento, sabiendo que las molestas preguntas e incluso el proceso legal que se pudiera instaurar pasarán, más temprano que tarde, al olvido de los grupos de la sociedad escandalizados momentáneamente. “Un clavo saca a otro clavo”, refrán válido en el amor parece que también en el escrutinio de la sociedad sobre la conducta de los funcionarios.

Pero ¿qué opción tiene la sociedad cuando no olvida? ¿Operan las instituciones responsables de fiscalizar la actuación de los servidores públicos y auditar sus actos? ¿Cómo y ante quién pueden acudir los ciudadanos agraviados por la actuación de sus autoridades en cuanto al incumplimiento de obras y servicios comprometidos? La agenda de la democracia en materia de participación ciudadana es muy amplia e imprescindible de desarrollar: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, sólo para comenzar. Y el punto medular: la rendición de cuentas. El remate, el juicio popular y la revocación de mandato.

Me preocupa la información que rodea la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, por los llamados “candados institucionales” para el ejercicio del gasto. Bajo el argumento de los excesivos requisitos para liberar los recursos y ejercer el gasto en las entidades federativas, los diputados decidieron reducir los controles de la Secretaría de Hacienda y la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Se trataría, de ser cierto, de un grave retroceso en la fiscalización de la actuación gubernamental que alentará el dispendio y la corrupción en mucha mayor medida que lo que actualmente conocemos, ya de por sí grave.

El carrito de bomberos de Siracusa tenía mangueras y una escalera. Para responder a la emergencia moral tendremos que habilitar las bombas de nuestra reserva de valores, subir audazmente por la escalera y echar el agua hasta las alturas del gobierno —Presidente, gobernadores, diputados y alcaldes— para apagar el fuego que amenaza con consumirnos.— Mérida, Yucatán.