martes, 3 de noviembre de 2009

Una ventana que se cerró

Candidatos ciudadanos

Columna publicada el día de hoy en el Diario de Yucatán, Dulce María.

Corría el inicio de 2006. Los consejeros electorales recién elegidos habían perdido la confianza de importantes sectores de la población por la cuestionada conducta de algunos de ellos; por otra parte, las organizaciones empresariales impulsaban la revisión de la legislación electoral del Estado —la que habría de regir la elección de gobernador en 2007— para que las actividades políticas costaran a la sociedad menos recursos, en tiempo y dinero.

Ese fue el marco de la reforma electoral. Los diputados del PAN y del PRI, entonces en la oposición, fueron receptores de las demandas ciudadanas para dar un nuevo marco constitucional a los procesos electorales. Entre esos legisladores estuvieron Rolando Zapata, Jorge Carlos Ramírez —actuales diputados federales— y Federico Granja. El nuevo Código Electoral unificó la fecha de las elecciones yucatecas con las federales (2010 será el último proceso separado), creó el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), estableció las figuras del referéndum y del plebiscito, y legisló sobre las candidaturas Independientes, es decir que los ciudadanos pudieran ser electos sin ser postulados necesariamente por un partido político.

Por un breve periodo, Yucatán pareció volver a la vanguardia de las reformas innovadoras y visionarias: las de Manuel Crescencio Rejón y el Juicio de Amparo; las de Salvador Alvarado y sus códigos Civil y del Trabajo. Se volvió polémica nacional el tema de las candidaturas independientes, cuya constitucionalidad fue resuelta, después de un largo debate, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se abrió una ventana por la que comenzó a correr un aire vivificante al interior de un sistema político que se asfixiaba por la cerrazón de sus instituciones a la participación directa.

La opción de las candidaturas ciudadanas es también una respuesta a la decepción de un creciente número de personas de los partidos políticos, que los lleva a cuestionar la legitimidad de la representación de las autoridades y, en consecuencia, del sistema político que nos rige.

Así se llegó al proceso de mayo de 2007. Pese a las dificultades que representaron los requisitos impuestos por las autoridades electorales a los ciudadanos que intentaron postularse al margen de un partido político, en cuatro municipios finalmente se registraron planillas ciudadanas y en uno de ellos, Yobaín, triunfó el candidato independiente.

Unos meses después, en septiembre de 2007, el Congreso de la Unión aprobó una reforma electoral de largo alcance, que aspiraba a controlar los gastos en publicidad y propaganda en medios electrónicos, a compactar en una sola fecha —julio de cada año— las elecciones locales y a reforzar el papel fiscalizador del IFE. Pero también hizo explícito que sólo los partidos políticos podrían postular candidatos.

Para Yucatán había dos asuntos pendientes: uno, la fecha de las elecciones que de acuerdo con la reforma federal no tendrían que realizarse en mayo sino en julio del próximo año. La otra cuestión era la relativa a las candidaturas independientes.

El Congreso yucateco reformó la Constitución local para adecuarla a la Federal. Sin embargo, mantuvo la fecha de la elección e intentando quedar bien con Dios y con el Diablo mantuvo la figura de las candidaturas independientes, aunque con la salvedad de que sólo se harían efectivas cuando se modificara la legislación federal. ¿Cuándo? Quién sabe... Y hace unas semanas, el Ipepac le puso el último clavo al ataúd al sepultarlas por decisión propia, no por mandato de la ley electoral yucateca que las conserva vivitas y coleando.

¿Qué hubiera pasado si se mantenía la opción de las candidaturas ciudadanas por parte de las autoridades electorales? ¿Habría recurrido algún partido político a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para argumentar su inconstitucionalidad, si ésta ya la había discutido y resuelto? ¿Vale la retroactividad para las candidaturas ciudadanas y no para la fecha de las elecciones? En el fondo, ¿a qué le temen los partidos políticos yucatecos y las autoridades electorales? ¿A los ciudadanos decepcionados? ¿Rige en la política la ley “del mínimo riesgo”, que hay que evitar a toda costa? No creo que ni el PRI, el PAN o el PRD pierdan el sueño porque algunos de los descontentos de sus próximos procesos internos pudieran haber optado por postularse por la vía ciudadana, por cierto, mucho más compleja y dura que la de otro partido político que los acepte.

Entonces, ¿por qué cerrar esa pequeña ventana que se había abierto? La estabilidad política que por largos años caracterizó a México tuvo como base la capacidad para reformar instituciones y crear nuevas, cuando hizo falta. Esa vocación reformadora parece aletargada a nivel federal, pero en el caso de Yucatán se bloqueó por miedo. Ojalá no nos arrepintamos muy pronto.— Mérida, Yucatán.