Austeridad como pretexto del Plan B

 

El llamado Plan B anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el fracaso de su reforma electoral en la Cámara de Diputados —una suerte de “sana, sana, colita de rana” para recomponer la relación con sus aliados legislativos— podría terminar abriendo una discusión mucho más profunda que la que pretende cerrar: la del debilitamiento del federalismo mexicano.

La iniciativa presidencial incluye, entre otros puntos, la reducción del número de integrantes de los congresos estatales y de los cabildos municipales bajo el argumento de la austeridad. A primera vista podría parecer una medida administrativa destinada a disminuir el costo del aparato político. Pero vista en perspectiva histórica y constitucional, toca uno de los pilares del pacto político mexicano: la libertad y soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.

No nació para ahorrar dinero

Desde su origen, el federalismo mexicano fue concebido como un mecanismo para evitar la concentración del poder en un centro político. La Constitución —la de 1824, la de 1857 y la vigente, de 1917— ha definido a México como una república federal integrada por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. A partir de esa lógica, los estados conservan la facultad de organizar sus propias instituciones políticas, incluida la integración de sus congresos locales y de los ayuntamientos.

La Constitución de 1917 dio además un paso decisivo al consagrar el principio del municipio libre. El artículo 115 estableció que los ayuntamientos serían electos directamente por la población y tendrían autonomía administrativa para gobernar su territorio. Con esa decisión, el municipio dejó de ser una simple dependencia del gobernador para convertirse en la base del sistema político mexicano.

Entre la Constitución y la realidad

Durante gran parte del siglo XX, sin embargo, ese federalismo existió más en el texto constitucional que en la práctica política. El sistema presidencialista y la hegemonía del PRI generaron un modelo altamente centralizado en el que gobernadores, congresos estatales y ayuntamientos respondían en gran medida a las decisiones del poder federal. El federalismo era una promesa jurídica que no siempre encontraba correspondencia en la realidad.

La apertura democrática de finales del siglo pasado comenzó a cerrar esa brecha. La alternancia política en México no surgió primero en la Presidencia, sino en los municipios urbanos más importantes del país. En ciudades del norte, del Bajío y del sureste comenzaron a registrarse victorias opositoras que permitieron construir liderazgos político y disputar espacios al partido hegemónico. La secuencia histórica fue clara: primero los municipios, luego las gubernaturas y finalmente la alternancia presidencial del año 2000.

Ese proceso empezó a darle contenido real al federalismo constitucional. Los gobiernos municipales se transformaron en espacios de competencia política efectiva y los congresos estatales comenzaron a reflejar la pluralidad electoral del país. Durante varias décadas la evolución democrática avanzó en esa dirección: acercar la realidad política al diseño federal previsto en la Constitución.

Pero ese proceso no fue lineal. Como ocurre en muchas democracias, el cambio político no avanzó en línea recta. Avanzó en espiral, con avances, retrocesos y nuevas expansiones. Cada vuelta parecía acercar un poco más la práctica política al mandato constitucional.

La pregunta que surge hoy es si esa espiral no ha comenzado a girar en sentido contrario.

Debilitar al federalismo

Desde 2018 se han acumulado decisiones que apuntan hacia una mayor concentración del poder político y fiscal en el centro. La desaparición de fondos federales de inversión territorial —entre ellos el importante Ramo 23 del Presupuesto—, la eliminación del Fondo Minero, que permitía a municipios participar en los ingresos derivados de la explotación de recursos, y la creciente dependencia de los ayuntamientos de las participaciones federales distribuidas por los estados han reducido los márgenes de autonomía financiera de los gobiernos municipales.

En ese contexto aparece ahora la propuesta de reducir el número de integrantes de congresos estatales y cabildos municipales.

La justificación oficial es el ahorro presupuestal. Sin embargo, el impacto fiscal de una medida de ese tipo sería relativamente limitado si se compara con el tamaño del gasto público nacional. En cambio, sus efectos institucionales podrían ser mucho más significativos.

Reducir el número de regidoras/es no solo afecta la representación proporcional en los cabildos —donde suele expresarse la pluralidad política local— sino también la capacidad de gestión de los gobiernos municipales. En las ciudades más grandes del país, los regidores integran comisiones, supervisan obras públicas, participan en la negociación presupuestal y mantienen interlocución con autoridades estatales y federales. Un cabildo más pequeño significa menos capacidad institucional para ejercer esas funciones.

Propuesta envenenada

Pero hay además un elemento político que conviene observar con cuidado. La reducción del tamaño de los cabildos no sería políticamente neutra. Muchas de las ciudades más pobladas del país —precisamente aquellas donde los cabildos son más amplios— están gobernadas por partidos distintos a Morena. Reducir su representación afectaría, sobre todo, a esos ayuntamientos urbanos donde la competencia política sigue siendo real.

Puebla, por ejemplo, cuenta con uno de los cabildos más grandes del país, con veintiséis integrantes, y es gobernada por el PAN. Mérida, con veintiún miembros en su cabildo, también está gobernada por ese partido. En el área metropolitana del Valle de México, municipios como Naucalpan o Ecatepec tienen cabildos de veintidós integrantes. Y en la frontera norte, ciudades como Ciudad Juárez o Monterrey cuentan con estructuras edilicias igualmente amplias.

El mapa urbano mexicano revela una realidad que suele pasar inadvertida: buena parte de las ciudades más grandes del país está gobernada por fuerzas distintas al partido dominante en el ámbito federal. Reducir la representación municipal en esos ayuntamientos puede terminar afectando principalmente a gobiernos locales de oposición que ya enfrentan restricciones financieras crecientes.

La reforma tendría así una doble consecuencia. Por un lado, invade facultades que históricamente han pertenecido a los estados para definir la integración de sus poderes locales y de sus ayuntamientos, debilitando uno de los pilares del federalismo mexicano. Por el otro, introduce un efecto político que podría alterar el equilibrio de la competencia partidista en los municipios urbanos más importantes del país.

Para el Partido Verde y el PT, aliados legislativos del gobierno federal, el costo político de esta operación parece bajo. Su presencia territorial fuera del Congreso de la Unión es limitada y la reducción de cabildos en las grandes ciudades difícilmente afectará sus posiciones. A cambio, el gesto presidencial les ofrece tiempo para recomponer su relación política con Morena.

El verdadero horizonte está en las elecciones de 2027, cuando se renovarán congresos locales y ayuntamientos en la mayor parte del país. Para entonces, el camino de regreso a la coalición legislativa podría haberse consolidado.

Para esos partidos, la apuesta parece razonable. Para el federalismo mexicano, no necesariamente.

Porque lo que está en juego no es sólo el número de regidores o el tamaño de los cabildos. Es el lugar que ocupan los poderes locales en el equilibrio político del país. El federalismo rara vez desaparece por decreto. Se debilita poco a poco cuando los gobiernos locales pierden recursos, autonomía y representación.

Y cuando eso ocurre, el pacto federal comienza a vaciarse desde sus raíces, precisamente donde alguna vez empezó a construirse la democracia mexicana.

Un muy costoso “sana, sana, colita de rana”.— Mérida, Yucatán

Correo: dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán