El voto y la violencia | Participación política de las mujeres

El sábado anterior se cumplieron 67 años de la reforma constitucional que estableció el derecho para que las mujeres pudieran votar y ser electas a cargos de representación popular.

Antes de 1953, la condición de género impedía ejercer ese derecho político fundamental. Hoy, todavía, la batalla se libra en el ámbito de las costumbres y tradiciones, donde prevalece la idea que las mujeres en la vida pública, especialmente en la política, son una especie de “anomalía” que les impide cumplir plenamente con deberes básicos, como ser esposas y madres. Son obstáculos que no se ven, invisibles pero efectivos, para restringir o limitar la participación femenina.

Uno de ellos, quizá el más grave, es la violencia que se ejerce contra aquellas que entran a los espacios que se veían y tenían como exclusivos para hombres.

La actual legislatura federal ha trabajado para desarrollar un sólido entramado de leyes que castigan la violencia política y ha dotado a las instituciones electorales —INE, Tribunal Electoral, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade)— de los instrumentos jurídicos necesarios para atenderla y combatirla.

En estos días el INE, con el apoyo amplio de organizaciones de mujeres, está impulsando la iniciativa Tres de Tres Contra la Violencia. Se trata de que los hombres condenados por acoso sexual, por violencia de género o que sean deudores alimentarios, se encuentren impedidos para registrar su candidatura a cualquier cargo de elección popular.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha decidido que, para garantizar los derechos políticos de las mujeres, el INE adopte una medida especial para la conformación de un registro nacional de personas que han perpetrado actos de violencia política por razón de género. La iniciativa Tres de Tres contribuye a la prevención de la violencia política.

¿Ustedes consideran, amigos lectores, que una persona que ha ejercido violencia doméstica, que ha acosado a sus subordinadas en el trabajo o que, menospreciando sus obligaciones familiares, se niega a entregar la pensión que le corresponde, podría mágicamente convivir con las mujeres candidatas sin intentar reproducir sus conductas sexistas y discriminatorias en la política?

Desde luego que no, porque los agresores no actúan selectivamente. Porque estamos frente a una cultura que ha naturalizado la violencia. Ahora, de lo que se trata es de impedir que quienes aspiren a un cargo público de elección o por designación y tengan antecedentes, denuncias o sentencias, ya sea como deudores de pensión alimenticia, como acosadores o hayan ejercido algún tipo de violencia en razón de género, incluso en el ámbito familiar, puedan seguir ejerciendo actos de violencia en las contiendas electorales o el ejercicio de sus cargos públicos. Se trata de una garantía de no repetición y de prevención secundaria.

La violencia es el rostro visible de la discriminación. Las mujeres que aspiran a cargos públicos y aquellas que ya los ejercen, la enfrentan cotidianamente.

En unos meses, miles de mujeres en todo el país —y aquí, en Yucatán— participarán en las campañas electorales buscando el voto popular. ¿Cómo hacer para que las candidatas puedan equilibrar, de alguna manera, su vida familiar, con sus aspiraciones políticas?

Si en condiciones “normales” las cargas domésticas eran mayores para las mujeres, en estos tiempos de pandemia, las demandas se han multiplicado. Esto es algo que no podemos ignorar.

Estos cuestionamientos nos conducen al núcleo duro de la desigualdad: al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus hogares. Ese trabajo “invisible” que el Inegi nos ha dicho que, de comprarse en el mercado, representa alrededor del 18% del PIB (el total de esa estimación ronda en 24%, y de ese porcentaje, las mujeres realizan el 75%).

En el ámbito del ejercicio de los derechos políticos, se requiere de los liderazgos femeninos en los procesos de elección popular pero también en el ejercicio de los cargos públicos. Podrán ser presidentas municipales, diputadas, altas funcionarias públicas o gobernadoras, pero el peso de las responsabilidades familiares sigue gravitando principalmente sobre las mujeres. ¿Cuántas jóvenes —y no tan jóvenes— estarán pensando si participan en los procesos internos de sus partidos para ser candidatas?

¿Cuántas tendrán que “convencer” al marido, al padre para que le “permita” participar?

¿Cuántas más tendrán acceso a los recursos económicos —familiares, propios o de su partido— para intentar ganar un proceso interno y, después, una elección?

La mitad de las candidaturas, por mandato constitucional, le corresponden a las mujeres. Y todavía a estas alturas, los partidos políticos siguen sin comprometer plenamente sus energías en promover la participación femenina en sus elecciones internas, a pesar que, desde 2015, se aplicó la paridad en las elecciones locales.

Por cierto, otro importante proceso que se vivirá por segunda ocasión en Yucatán es el de la reelección consecutiva de alcaldes y diputados locales.

¿Cuántas de las actuales presidentas municipales buscarán el voto de sus conciudadanos para reelegirse?

Dicen, quienes saben, que las alcaldesas están muy bien calificadas pero, otra vez, su condición de género limita su decisión. Desde el cuidado de hijos pequeños, compromisos familiares para estar “sólo” tres años, o incluso, compromisos políticos que le permitieron llegar al cargo, gravitarán sobre su determinación.

¿Cuándo han escuchado, amigos lectores, que un hombre deje pasar una candidatura aduciendo responsabilidades familiares o la crianza de los hijos? Eso sucede sólo con las mujeres.

Forma parte de una cultura, una manera de entender e interpretar el mundo que condiciona la actuación de las mismas mujeres. Transformar ese sistema de valores, costumbres y tradiciones es un compromiso de largo aliento.

El primer paso firme se dio hace 67 años. Muchos más se han dado, muchos más habrán de darse para que la Igualdad en la participación política de las mujeres sea una realidad. — Ciudad de México

  

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