Retroceso en la educación. Amenaza sobre una generación


Dulce María Sauri Riancho
Equivocarse en la política tiene un elevado costo sobre el conjunto de la sociedad, que va más allá de la sanción electoral que puede recibir en las urnas el partido del que proviene el gobierno.

Las malas determinaciones tomadas por la mayoría oficialista sobre las leyes de Educación conllevan, de manera indiscutible, deterioro educativo y tiempo perdido. Los daños, consecuencia de los compromisos políticos suscritos por el Ejecutivo federal, serán enormes pues afectarán, en forma directa, a los más de 25 millones que asisten a las escuelas públicas del país, en sus distintos niveles, e impactará a toda una generación.

Esta equivocación de dimensiones históricas comenzó a fraguarse en la resistencia a la reforma impulsada por el gobierno anterior.
Imagen: Revista Semana
Desde 2013, al amparo del Pacto por México, las principales fuerzas políticas de aquel momento —PRI, PAN y PRD— aprobaron la reforma constitucional que permitió recuperar la rectoría del Estado en la educación. Implicaba rescatar los mecanismos para garantizar que las plazas se asignaran a las y los mejores docentes, fuera de toda influencia externa, sea sindical o de relaciones personales. El contenido de planes y programas obedecería al mandato del artículo 3o. constitucional, regido por el propósito de dotar a la población de conocimientos y capacidades para participar en la sociedad del siglo XXI. Diversas mediciones mostraron que la reforma educativa era la que gozaba de mayor apoyo popular, muy por encima de otras, como la de telecomunicaciones, laboral o energética.

El otro elemento importante de esa reforma fue la creación de un sistema de evaluación del proceso educativo en su conjunto, a través de un órgano constitucional autónomo que estuviera fuera de toda duda en cuanto a su imparcialidad y objetividad. La premisa era simple: “solo lo que se evalúa se puede mejorar”.

De esta manera, se garantizaba que frente a grupo estuvieran las personas más calificadas para la enseñanza. Hubo, sin embargo, un yerro colosal en la aplicación de las reformas cuando se permitió que entre el magisterio prevaleciera la sensación de desprecio de las autoridades por sus conocimientos y experiencia. Faltó acompañamiento de las autoridades educativas en la novedosa forma de evaluar el desempeño magisterial, más cuando de una calificación de “no idóneo” podría derivarse un traslado de la docencia a labores administrativas. La etiqueta de “evaluación punitiva” fue la plataforma de propaganda de un pequeño pero belicoso grupo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que suma a algunas de las secciones del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En los estados del país azotados por la actuación de la CNTE, las autoridades locales habían preferido aceptar sus desmedidas pretensiones, que incluía la “captura” de las secretarías de Educación para sus afines, a hacerles frente. De esa perversa relación entre autoridades y dirigencia gremial surgían —y siguen surgiendo— los recursos para movilizaciones y plantones de semanas o meses en Ciudad de México. Una parte importante de sus protestas estaban motivadas por la pérdida del control sobre la asignación de las plazas y los cambios geográficos del magisterio porque a partir de 2014 el ingreso al sistema de educación básica y media superior se realizó mediante exámenes de oposición.

La alianza política establecida entre el candidato presidencial López Obrador y la CNTE fue sellada por el compromiso de desmantelamiento total de la reforma educativa del gobierno del PRI. Maestras y maestros dolidos por la insensibilidad de las autoridades ante sus reclamos votaron por la opción que les ofrecía acabar con aquello que los lastimaba. Vuelto gobierno, López Obrador envió la reforma a la educación como primera iniciativa. La reforma de la reforma —o contrarreforma— recibió de inmediato el apoyo de su belicosa aliada, que hizo cargo de la presión política mediante manifestaciones, marchas y plantones.

Al principiar este año, el grupo parlamentario del PRI votó a favor de la reforma constitucional en materia de Educación. Lo hicimos porque se garantizaba el mantenimiento de la rectoría del Estado sobre el sistema en su conjunto, incluidos contenidos y plazas. La “educación de excelencia” fue el sinónimo elegido para sustituir el mandato de “educación de calidad”. También, aunque menguado, sobrevivió el órgano responsable de la evaluación. Y se mantenía el imperativo del ingreso al magisterio mediante concursos. Sin embargo, el diablo legislativo está en las disposiciones secundarias. El viernes pasado, amaneciendo, se concluyó en la Cámara de Diputados la aprobación de tres leyes: General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley reglamentaria en materia de Mejora Continua de la Educación. Grave retroceso, que devuelve a la Educación a la década de 1970. Se acabaron los concursos de ingreso: plaza automática para egresados de las normales públicas; retorno a las comisiones tripartitas (gobierno federal, estatal y representación sindical) para resolver cambios y repartir nombramientos; el órgano evaluador dependiente del secretario/a de Educación Pública, fin de su autonomía; obligaciones presupuestales para los estados y municipios, sin considerar recursos adicionales. Además, desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), heredero del Capfce, que garantizaba la calidad de la construcción de las escuelas; ahora, padres y madres de familia agrupados en un comité, dispondrán de los recursos para la realización de las obras. Así pasó al Senado, que será la cámara revisora. Por cierto, con oportunidad de remediar los más graves vicios que la mayoría de Morena aprobó en la Cámara de Diputados. La esperanza es lo último que muere…—Mérida, Yucatán

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