Escudo y seguro: Yucatán, ¿una isla de paz?

Dulce María Sauri Riancho
En días anteriores el Diario dio cuenta de los resultados de una mesa de análisis sobre el programa “Yucatán Seguro”. Los cinco participantes, entre los que se encontraba el secretario de Seguridad Pública del estado, coincidieron en la pertinencia de mantener y reforzar las medidas para que la sociedad yucateca continúe gozando de paz. Hasta ahí el acuerdo.

Hubo discrepancias en cuanto a la asignación de recursos públicos provenientes de un crédito de 2,620 millones de pesos para la adquisición e instalación de moderna tecnología de vigilancia.

Considerando la suma destinada a “Escudo Yucatán” en la anterior administración, nos acercamos a 5,000 millones de pesos erogados en este renglón, provenientes en su mayoría de los créditos autorizados por el Congreso.

¿Es mucho, es suficiente, es pertinente?, cuestionaron tres de los expositores, en tanto que destacaban los pocos datos disponibles para evaluar la aplicación del anterior programa gubernamental.

Estar seguro/a y sentirse seguro/a son dos cosas distintas. Desde la perspectiva nacional, Yucatán es un estado seguro; sin embargo, una encuesta del Inegi (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, 2018) señala que tres de cada 10 yucatecos mayores de 18 años dijeron sentirse inseguros.

Si comparamos esta percepción con los resultados obtenidos en otras entidades, las y los yucatecos nos vemos mucho mejor que en otras latitudes. Déjenme ponerles los ejemplos de Colima, una de las entidades más pequeñas en extensión territorial, y de Chihuahua, el más grande del país. Allá, ocho de cada diez personas manifestaron sentirse inseguras. Michoacán y Tabasco comparten la peor percepción en la materia, pues sólo una persona (estadísticamente, menos de uno -0.82-) dijo vivir sin temor.

Posibles razones

¿Por qué la sociedad yucateca ha logrado —hasta el momento— permanecer al margen de esta ola de violencia que nos invade? Que no formamos parte de la ruta de trasiego de la droga (cocaína, principalmente), tal vez; que el mercado de consumo es relativamente pequeño, quizá.

Sin embargo, existen otros factores que han incidido en los resultados que capta la encuesta del Inegi. Tienen que ver con las políticas públicas en materia de seguridad que los gobiernos yucatecos han desarrollado a lo largo de varias décadas.

Hace más de 30 años, durante el interinato de Víctor Cervera, el fraccionamiento Chenkú fue iniciado para dotar de vivienda digna a las familias de los policías estatales. La dignificación de la seguridad pública ha sido una constante, fueran los gobernantes provenientes del PRI o del PAN. Una auténtica política de Estado.

Además, la inmensa mayoría de la fuerza policiaca estatal es de Yucatán, originarios de sus pueblos y ciudades. Los conocemos, nos conocen; están arraigados entre nosotros, no son “aves de paso”, muchas veces con antecedentes dudosos en otras entidades.

Esfuerzo continuado

Permítanme, amig@s lector@s decirles que, desde mi perspectiva, “Escudo” y “Seguro” forman parte de un esfuerzo continuado por mantener a Yucatán al margen de la violencia del crimen organizado que azota a otras partes del país. “Escudo” impulsó y formalizó la participación de las organizaciones sociales, además de la parte tecnológica, cámaras incluidas. Cambió la ley, se creó la Policía Estatal de Investigación, ahora bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

El énfasis del programa “Yucatán Seguro” es la tecnología de video-vigilancia: cámaras de seguridad; “arcos” carreteros; aerovigilancia, drones incluidos.

Otro elemento necesario de tomar en consideración: el gobierno federal ha concentrado todos los recursos del Presupuesto federal destinados a la Seguridad en la Guardia Nacional, dejando severamente restringidos a los estados.

El crédito aprobado servirá, entre otros menesteres, para adquirir un avión que sustituya en sus funciones al King Air, que se llevaron para rematar en Santa Lucía. Políticas de austeridad a rajatabla.

Yucatán no es el único estado —ni siquiera el primero— en haber desarrollado un sistema de videovigilancia. Pero aquí funciona mejor porque existen centros de concentración de las imágenes que confluyen en sus monitores a cada momento y agentes especializados están atentos a los sucesos de las pantallas para poder dar respuesta oportuna.

Considerando el respaldo humano que requiere la tecnología, el activo más valioso para mantener la paz somos las mujeres y los hombres de Yucatán, nuestra actitud y compromiso.

Como aquel señor que se rehusó a rentar su propiedad a una persona que le pretendía pagar mucho dinero -en dólares-, pero sin recibo ni exigencia, más que la privacidad para realizar sus indeterminadas actividades. Prefirió sacrificar una ganancia a poner en riesgo a su familia, y por qué no decirlo, a todos nosotros.

O la vecina que vio un auto parado sospechosamente debajo del flamboyán de su cuadra y decidió tomar una foto a las placas del vehículo y dar parte a la policía. Esta acción ciudadana evitó un asalto a un comercio cercano.

O la madre de familia que reportó la fiesta donde vendían licor a menores de edad, después de que su hija de 15 años regresó a casa con aliento alcohólico.

Energía social

El mínimo común es la confianza ciudadana en la fuerza policiaca: ell@s llaman, “acusan”; pero la policía responde, no tira a loc@ al denunciante, e investiga. Esa energía social es la que tenemos que mantener y acrecentar. Es el Escudo y el Seguro.

Las políticas públicas y los créditos sin nosotr@s poco pueden hacer, más que gastar dinero. Con nuestra participación, es inversión para mantener y fortalecer la paz de Yucatán. (Y ojalá que pronto desarticulen a las bandas de ladrones de casas).— Mérida, Yucatán.

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