Albóndigas de la 4T. Caldo de la austeridad
Dulce María Sauri Riancho
“Más
caro el caldo que las albóndigas”. Comentaré tres situaciones muy concretas que
ilustran lo que sucede cuando el cocinero —en este caso, el gobernante— no toma
en consideración las consecuencias de la aplicación a rajatabla de sus
políticas de austeridad.
Los
incendios forestales. En la península de Yucatán, la convivencia con la
ancestral práctica de la milpa y la preparación de terrenos para la siembra de
pastizales ha llevado a desarrollar una extensa legislación para salvaguardar
la producción agrícola y a los animales de fuegos incontrolados. Se acabó el
“oro verde” pero continúa aplicándose el método roza-tumba-quema para preparar
la tierra y esperar las lluvias que harán fructificar los granos de maíz y
crecer el zacate para el ganado. El chapeo y las guardarrayas forman parte de
las técnicas para controlar el fuego. Por eso resulta inexplicable que, en aras
del ahorro malentendido, la CFE hubiera dejado de chapear en los alrededores de
las torres que sostienen las líneas de transmisión de energía eléctrica, esas
que enlazan a la península con el sistema nacional. Hubo fuego debajo; se
crearon condiciones para la interrupción del fluido eléctrico de 400 kv, que
compensa la generación de las termoeléctricas locales. Los funcionarios de la
CFE consiguieron ahorrar unos pesos, pero desecharon proteger los millones que
se perdieron por los apagones que afectaron los centros turísticos del norte de
Quintana Roo, o a miles de usuarios industriales y comerciales de Yucatán,
además de las familias que quedaron a oscuras durante largas horas. En forma
parecida, la política de austeridad traducida en la reducción del número de
trabajadores temporales afectó a la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
Reportes de prensa han dado cuenta del drástico recorte del personal encargado
de vigilar, alertar, controlar y combatir los incendios en las zonas boscosas
del país. De 22,000 personas contratadas bajo el esquema de empleo temporal
(PET), se pasó a 3,000, cifra insuficiente para realizar las tareas de
protección del patrimonio forestal. La consecuencia: los incendios que han
afectado la calidad del aire del Valle de México, incluyendo a la capital del
país. Costó más el caldo…
Suspensión
de las evaluaciones. El efecto inmediato de la reforma constitucional en
materia educativa recientemente aprobada fue la suspensión el pasado fin de
semana de los exámenes para el ingreso y promoción para maestros de educación
básica y media, es decir, para primaria, secundaria y bachillerato. Todavía
faltan meses, tal vez dos, para que la legislación secundaria sea discutida y
aprobada por el Congreso de la Unión. Nuevas leyes sustituirán a la del
Servicio Profesional Docente y normarán el funcionamiento del nuevo Instituto
de Evaluación que, bajo distinto nombre, realizará funciones similares. Lo
cierto es que miles de mujeres y hombres, docentes y aspirantes a incorporarse
en alguna de las nuevas plazas, quedaron desconcertados, confundidos, ante la
indefinición de las autoridades responsables, que sólo atinaron a decir que se
suspendían los exámenes. Poca atención se ha prestado al sentimiento de despojo
y frustración que embarga a quienes se prepararon con ahínco para lograr su
acceso u obtener una promoción. Cierto que la “evaluación punitiva” hirió la
sensibilidad y dañó el prestigio social del magisterio. Pero corregir no
conllevaba destruir lo avanzado y eliminar de tajo cualquier afán de
superación. Costó más el caldo…
Becas
“Benito Juárez”. Las “Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación
Básica” consisten en un apoyo único por familia de $800 (ochocientos pesos)
mensuales. Este programa sustituye a Prospera, antes Oportunidades, por el cual
las familias recibían transferencias monetarias para solventar sus necesidades
de alimentación, salud y educación. En Yucatán, más de 150,000 madres de
familia eran responsables de la correcta recepción y aplicación de los recursos
económicos. A cambio, ellas tenían que estar al pendiente de la asistencia de
los distintos miembros de su familia a los centros de salud, en especial de las
niñas y niños en su primera infancia. Ahora, el programa se reduce en su
alcance y en su monto económico.
Con el
mismo nombre del prócer, el programa denominado “Beca Universal para
Estudiantes de Educación Media Superior” busca combatir la deserción escolar en
ese nivel de estudios. Para lograrlo, quienes cursan el bachillerato en una
escuela pública reciben un apoyo mensual de $800; ellas y ellos disponen del
dinero para solventar sus necesidades de transporte, útiles escolares,
etcétera. Sin embargo, las primeras experiencias en el uso de los recursos
transferidos directamente a las y los jóvenes estudiantes indican que se han
canalizado a otros menesteres, en abierto desafío a sus propios progenitores,
en particular, las madres. Si ya se había logrado consolidar una estructura que
permitía dirigir adecuadamente los apoyos a las familias en condiciones de
pobreza, ¿por qué no corregir deficiencias, en vez de borrar y comenzar de
nuevo? Cuando las reglas de operación que permiten la correcta aplicación de los
recursos públicos se consideran un estorbo indispensable de eliminar, andamos
en problemas. Los “servidores de la Nación” que levantan el censo de los
beneficiarios lo hacen sin metodología clara, menos aún con mecanismos
verificables. Otra vez, cuesta más el caldo…
Cambiar
por el cambio mismo conduce al desorden, no a la transformación. El país no se
inventa cada seis años, tampoco la administración pública. Las instituciones
han sido construidas a través de décadas. No son fruto de un partido, tampoco
de las y los políticos, sino de la misma sociedad que no puede asistir como
mera espectadora al desmantelamiento de sus instituciones. Sería un caldo
impagable para ésta y las próximas generaciones. Mejor exijamos al cocinero que
haga buenas albóndigas.— Mérida, Yucatán.