Lecciones de la tragedia. Enfermedad social

Dulce María Sauri Riancho

En Tlahuelilpan ocurrió una terrible tragedia. A cinco días continúa elevándose el número de personas fallecidas, más de 90, pues el estado crítico de varios lesionados hacen temer por su supervivencia. Ríos de imágenes y testimonios inundaron los medios impresos y electrónicos, mostrando en tiempo real cómo se fraguó la explosión. Marea incontenible de gasolina y de seres humanos, quienes incluso agreden un vehículo militar con palos. Y más de cuatro horas después, ya en la oscuridad de la noche, surgió la explosión. Empapados de combustible, decenas de vecinos se convirtieron en restos calcinados.

Tlahuelilpan nos sacude, debe de hacerlo; nos obliga a revisar las creencias sobre el origen y alcance del problema de robo de combustible en el país. Pero también nos pone frente a la efectividad de las medidas, aún en ciernes, para involucrar a las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública y en las tareas de prevención, del delito y de los accidentes “sociales”. Incluso, la reforma a la Constitución para meter a la cárcel a toda persona involucrada en la sustracción de combustible, sin cortapisa alguna, tendrá que sopesarse a partir de esta tragedia. Veamos.

Robo de combustible. Desde el 27 de diciembre del año pasado, el presidente López Obrador declaró la guerra al “huachicol”. Conocida también como “ordeña” de ductos conductores de gasolina, diésel y otros combustibles, esta actividad causa considerables daños económicos a Pemex y, por tanto, a las arcas del Estado mexicano. En la exaltación gubernamental se ha creado una gran confusión entre la sustracción de combustibles por parte del crimen organizado y la actividad comunitaria asociada al beneficio de la “ordeña”.

Las redes criminales en torno al robo de gasolina están asociadas a la delincuencia organizada, que lo mismo vende combustible sustraído ilegalmente que comercia con narcóticos, trafica con personas, realiza extorsiones, entre otras actividades dañinas a la sociedad. Los delincuentes del robo de combustible tal vez ni se ensucien las manos ni sus ropas huelan a gasolina. Ellos adquieren pipas completas, tal vez con la complicidad de funcionarios y empleados de Pemex. No “pican” los ductos, sino que les introducen válvulas para facilitar la descarga ilegal. Incluso, se habla de robo de petróleo crudo o de gasolinas que son sustraídas antes de ser descargadas de los barcos. Contra estas bandas va el gobierno federal en sus investigaciones. Ha comenzado con las finanzas de las gasolineras a las que no les cuadran los números, pues venden más combustible del que les surte Pemex. Ni con mucho son todos los establecimientos, pero presumiblemente algunos han incurrido en el delito de comprar robado.

Por otro lado, están las comunidades cercanas a los ductos abastecedores de combustible al centro del país. La evidencia ha demostrado cómo se transforma la vida del pueblo por la actividad ilegal. Mujeres y menores son utilizados como cortinas de protección por parte de las bandas para impedir la actuación de las autoridades. Los tiburones “huachicoleros” se llevan la mayor parte del botín en camiones, incluso pipas, y dejan los excedentes, los restos, para ser “cosechados” por la comunidad. Esto se sabe desde hace varios años. Incluso, se ha documentado la forma en que las familias protegen a quienes realizan este ilegal negocio. Son sus parientes, vecinos y amigos. Me atrevo a señalar que esta actividad no es considerada como robo, sino que tiene categoría de una acción reivindicadora, del mismo corte de los linchamientos públicos cuando el pueblo toma justicia por su propia mano. El deterioro del tejido social, ya no se da solo en las colonias y barrios marginados de las ciudades, sino también en las comunidades rurales. Se aprovecha el momento, la oportunidad, no importa el riesgo. Es delincuencia social, digámoslo claramente, se trata de rapiña.

Reforma al artículo 19 constitucional. Si hubiera estado vigente, todos quienes recolectaban combustible la tarde de la tragedia hubieran ido a parar a la cárcel. Eso es la prisión preventiva oficiosa, sin graduación alguna, sea una cubeta, un bidón o pipa entera. Ponerlo en la Constitución para no cumplirlo solo abonaría a debilitar aún más el Estado de Derecho. L@s legislador@s estamos obligad@s a ponderar esta situación.

Fuerzas armadas en funciones de seguridad pública. Tlahuelilpan muestra la necesidad de contar con la Guardia Nacional. Sus integrantes serán policías con disciplina militar. Ell@s serán formad@s para afrontar multitudes, disuadirlas de acercarse al peligro, tarea que les corresponde a los cuerpos de seguridad civil. Al mismo tiempo, los guardias tendrían la capacidad de actuar ante la emergencia de un incendio, una explosión. Por cierto, es inexplicable que hayan dejado solo al destacamento militar, sin refuerzo alguno por parte de sus mismos compañeros. Es una falla de logística difícil de comprender.

Combate al “huachicol”. Amerita ser distinguido del crimen organizado que lucra con la sustracción de combustibles. Vivir o disfrutar de un ingreso extraordinario por vender gasolina robada ha dañado valores y bases de la convivencia social. Restaurarla requiere una estrategia específica no solo de entregar dinero vía diversos programas sociales. Numerosas comunidades en la ruta de los ductos están socialmente enfermas. Hay que contribuir a curarlas. Pero el primer paso consiste en reconocer el problema, sin adornos ni pretextos.

El combustible tendrá que fluir de nuevo por los ductos que garantizan el abastecimiento de ciudades e industrias. Cerrarlos indefinidamente no es opción. Reparar la tubería; revisar el desempeño de sus operadores; detectar y castigar a los ladrones, es indispensable. Restaurar el tejido social tiene la misma urgencia.— Mérida, Yucatán.