Confecciones 4T. Trajes a la medida

Dulce María Sauri Riancho

“Todo gobierno tiene derecho a organizarse como mejor considere”, reza una máxima política que busca facilitar la aprobación de las reformas necesarias para que las nuevas autoridades puedan crear su nueva estructura administrativa sin restricción alguna. Pero ese requerimiento, además de la Constitución, tiene otros límites, como la división de poderes y el federalismo que rige las relaciones entre los estados, los municipios y la federación. Las reformas se encuentran actualmente en el Senado en calidad de minuta, es decir, esperando su discusión y aprobación para ser publicadas. Si se mantienen en sus términos, concentrarán el poder en la figura presidencial. Así, considera el nuevo gobierno, se podrá combatir la corrupción.

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Secretarías controladoras. Los mecanismos para lograr este propósito se concentran en cuatro secretarías y una oficina, ni más ni menos que la del presidente de la República. 1) Hacienda realizará todas las contrataciones de obras y servicios del gobierno en su conjunto; de ella dependerán todas las unidades de administración y finanzas, a cuyos titulares nombrará y removerá libremente. 2) La Consejería Jurídica hará lo mismo con la totalidad de las y los titulares de las direcciones jurídicas, tanto de las secretarías como de los organismos del sector paraestatal. 3) La oficina de Comunicación Social, dependiente de la Presidencia de la República, tendrá la potestad de designar a los responsables de cada una de las dependencias, así como despedirlos cuando a su juicio no cumplan adecuadamente su trabajo. 4) Ya existía, pero se refuerza, la presencia de la Secretaría de la Función Pública a través de la figura de los comisarios, con capacidad de fiscalizar las actividades de las distintas dependencias. 5) Gobernación, disminuida y desvestida por la todopoderosa Secretaría de Seguridad, se queda con la atribución de nombrar y remover a los enlaces legislativos de las distintas secretarías y entidades paraestatales.

Estas personas son las que mantienen el contacto directo con las y los legisladores de las dos cámaras.

Gobernadores federales. Los popularmente conocidos como “superdelegados”, concentrarán en sus personas todo el poder de la administración pública federal. Su creación tendrá importantes repercusiones en la relación entre los estados y la federación. Ellas y ellos nombrarán y removerán a los representantes (ya no delegados) de las distintas dependencias en los estados; encabezarán los consejos estatales de coordinación en materia de seguridad, entre otras relevantes funciones. Esta especie de “gobernadores federales” dependerán directamente del Presidente de la República, para que no haya duda alguna de a quién representan y servirán. No es rumor, ni chisme ni intento de descalificación política. Así quedó en la Ley, si es que los senadores no alcanzan a modificarla.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es la estrella más grande del universo burocrático de la próxima administración. Creada como Secretaría de Seguridad Pública en el inicio de la administración de Vicente Fox en 2000, desapareció en 2012, cuando sus funciones fueron retomadas por Gobernación. Ante el fracaso de las políticas de seguridad del gobierno que está por concluir, la administración lopezobradorista decidió revivirla, reforzándola y ampliando sus atribuciones. Se le pasó el aparato de inteligencia política, el CISEN, así como la protección civil en caso de desastres. Su papel protagónico en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 recientemente anunciado, solo se ve limitado por la disposición de que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el mando operativo de la Guardia Nacional, cuerpo que se pretende formar a partir de la policía militar, naval y la policía federal. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, encabezará el Consejo Nacional de Seguridad Pública y presidirá el de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente de la República. Concentración de poder puro y llano, sin otro contrapeso más que la voluntad presidencial.

El colmo de la centralización se expresa en los consejos estatales de coordinación en materia de seguridad, órganos ejecutivos que se reunirán todas las mañanas —por mandato legal— y al que podrán asistir, en calidad de “invitados”, las autoridades estatales. Atrás de este desplazamiento ofensivo se encuentra el prejuicio de que todos los gobernantes estatales y municipales son corruptos e ineficientes, por lo que hay necesidad de marginarlos para que no contaminen al nuevo gobierno federal.

Trajes individuales a la medida. Dos nombramientos presidenciales demandan reformar leyes para que puedan asumir sus cargos los elegidos. En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la persona designada no cumplía el requisito de experiencia en puestos directivos en la materia de la institución que pretende encabezar. Faltaba más: se elimina el incómodo requerimiento. Y la más reciente se dio en el Fondo de Cultura Económica, organismo regido por la Ley de Paraestatales. Resulta que el futuro director no es mexicano por nacimiento, mandato de la norma vigente. Ya se anunció que se removerá esa “molesta” exigencia cambiando la Ley.

No está de más recordar la amplia mayoría de la que goza Morena en ambas cámaras. Esto quiere decir que todo lo que se propongan aprobar lo podrán hacer solitos, haciendo a un lado o ignorando a las fuerzas políticas opositoras. Las negociaciones y la búsqueda de equilibrios políticos producen mejores leyes. Por el contrario, acallar a las minorías representa un riesgo cuando se trata de perfeccionarlas. La “Cuarta Transformación” elabora trajes a la medida. ¿Queremos regresar al pasado autoritario que tanto esfuerzo ha costado transformar? A quienes no estemos conformes con la estrategia 4T nos espera una larga y desigual lucha sexenal. Pero valdrá la pena librarla. Sin duda alguna.— Mérida, Yucatán.