Nadar a contracorriente. Tren Maya y Aeropuerto


Dulce María Sauri Riancho

No es fácil nadar contra la corriente. Tampoco lo es opinar en contra del sentir de la mayoría. La dificultad es más grande si perteneces al partido del gobierno que se va.

Pero hacerlo sobre propuestas y proyectos de la administración que se inicia el 1 de diciembre se antoja vocación suicida. Sin embargo, alguien tiene que hacer las preguntas incómodas, las que cuestionan asuntos que han adquirido el rango de “verdad revelada”, esa que está sostenida sólo por la fe y que, por tanto, no atiende razones.
Me arriesgo, porque creo que alguien tiene que poner bajo tela de juicio propuestas cuya concreción —o falta de ésta— causaría enormes perjuicios a la ciudadanía, incluyendo a aquellos que ahora están endiosados ante la expectativa de los inminentes cambios.
Vuelvo al proyecto de Tren Maya. Algunas tímidas voces comienzan a lanzar señales de alerta sobre la sustentabilidad económica y ambiental del tramo original, que cruza las reservas naturales de Sian-Ka’an y Calakmul.
En su afán de extenderse hasta Palenque, se ha dejado de lado el daño ecológico irreversible que representaría fracturar el último manchón de selva alta de la Península.
En la parte económica, surgen cuestionamientos hacia una propuesta que, al carecer de proyecto, puede incrementar significativamente los costos de construcción y equipamiento. Las preocupaciones aumentan cuando se analiza la operación del tren turístico.
Asuntos claves como la demanda potencial y real de pasajeros, el costo estimado del boleto, el monto del subsidio gubernamental indispensable para el funcionamiento de un ferrocarril de esta naturaleza, tendrían que ser transparentados para respaldar la viabilidad del proyecto.
Se ha celebrado como importante logro la inclusión de Yucatán en la ruta a comunicar. La rapidez para obtener el boleto de admisión describe perfectamente el estado del proyecto: una propuesta suficientemente difusa como para admitir de la noche a la mañana 700 kilómetros más de extensión e incrementar su costo de 64,000 millones de pesos a 150,000 millones.
Considero que tanto las cámaras empresariales yucatecas como el gobernador electo actuaron correctamente al pugnar por incluir a nuestro estado en una propuesta de desarrollo regional que tiene como eje el Tren Maya.
Pero esto no debe nublar la mirada sobre los alcances de la inversión y el posible beneficio turístico para Yucatán, más si los gravámenes al hospedaje, que actualmente se destinan a las campañas promocionales serán empleados en financiar esta monumental obra.
En Yucatán tenemos una experiencia cercana de resistencia a un proyecto inviable que, re-direccionado, logró canalizar recursos públicos a las verdaderas necesidades del estado. Me refiero a la rehabilitación de la ruta Valladolid-Coatzacoalcos, casi concluida después de cinco años. Esta importante inversión se dio después del abandono del proyecto del Tren Transpeninsular (TTP).
Ahora podemos colaborar para materializar, al menos en parte, la propuesta del presidente electo. Me refiero al rescate del tren turístico que salía de Mérida rumbo a Palenque.
Durante el gobierno de Patricio Patrón (2001-2007), un grupo de empresarios obtuvo la concesión para utilizar ese trayecto con carros pulman equipados para brindar un servicio de primer nivel a sus clientes. El pésimo estado de la vía y la baja demanda hicieron insostenible la operación del tren.
Ahora que se ha reparado la ruta, existe la posibilidad de recuperar la concesión y la experiencia de esos años. De esa manera, el nuevo gobierno de López Obrador podría dar resultados concretos e inmediatos, al menos en una parte de su ambiciosa propuesta.
El nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México (NAICM). En contraste con la propuesta improvisada del Tren Maya, desde hace varias décadas se viene señalando la necesidad de construir un nuevo aeropuerto en la capital del país.
Después del fracaso de la administración foxista en materializar su proyecto, el actual gobierno licitó y dio inicio a la magna obra. Nunca le gustó a López Obrador, quien convirtió en bandera de campaña su cancelación.
Poco han servido los numerosos estudios que avalan su localización y sus características técnicas. Tampoco ha valido la opinión de expertos en aeronáutica de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo por sus siglas en inglés), máxima autoridad en la materia, a quienes les importa lo que sucede en el espacio aéreo, no sólo los edificios y las pistas de aterrizaje.
En días pasados, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que será una consulta popular, en última instancia, la que decida en definitiva si va o si se cancela la obra.
¿A quiénes se les preguntará? ¿A los viajeros frecuentes o a las empresas de carga aérea? ¿A los habitantes de Ciudad de México, en riesgo potencial con cada despegue o aterrizaje? ¿Pesará lo mismo la opinión de los vecinos de Texcoco que los que viven en Agualeguas o en Tapachula?
Las decisiones de gobierno no pueden evadirse bajo el disfraz de la consulta popular, más cuando se trata de cuestiones eminentemente técnicas, como las del aeropuerto.
En contraste, nadie ha hablado de consultar sobre el Tren Maya, cosa que sería tan absurda como lo que se pretende hacer en el caso del NAICM. El Tren sería el hijo pródigo del nuevo gobierno; el otro, una especie de entenado del cual pretende deshacerse, tal vez esa sea la diferencia.
El que debe volar, se descarrila en las marañas políticas; el que debe rodar pegado al suelo de la realidad, se extravía en nubes de fantasías.
Que México tenga aeropuerto en su capital y el sur-sureste, verdaderos proyectos de desarrollo regional que lo ayuden a despegar de la pobreza y marginación. No es mucho pedir al nuevo gobierno. ¿O sí?— Mérida, Yucatán.

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