Despojo inmobiliario. Serpientes en el paraíso


Dulce María Sauri Riancho
Quedé muy preocupada después de la lectura del reportaje especial de Central 9, publicado el pasado 24 de marzo en las páginas del Diario de Yucatán: “Turbia operación. Elaborada maquinaria jurídica se apropia de casas y terrenos de manera ilegal”. No se trataba de los sufridos estados norteños o de alguno de esta región sur-sureste, sino del mismísimo Yucatán, donde aparentemente vivimos en una burbuja de tranquilidad que, hasta la fecha, nos ha protegido contra las manifestaciones del crimen organizado. Decidí hacer una especie de análisis de contenido del reportaje, con el objetivo de responder a una pregunta central: ¿Existe y opera el crimen organizado en Yucatán?

Éstos son los pasos que pude identificar en la narración del investigador Luis Alfonso Ramírez Carrillo, víctima de esta forma de delincuencia.

1. Falsificar una supuesta liquidación de adeudo con la institución bancaria, en este caso, Bancomer. Una vez identificado el predio en supuesta condición de abandono, de alguna manera “consiguen” los datos exactos del crédito hipotecario y los nombres de los funcionarios bancarios capaces de gestionar una liberación de hipoteca.

2. Dar fe pública de la liberación del crédito. Luis Ramírez lo había contratado en Mérida, en 2007. Su pago mensual se realiza en esta ciudad; el deudor reside aquí, donde existen suficientes sucursales de Bancomer y un departamento hipotecario. Pero ¿qué sucedió? Supuestamente, intervino un notario del Estado de México (Notario Público 28, Alfonso Flores Macedo), de Ciudad Netzahualcóyotl, el 26 de diciembre de 2016. Esta persona avaló la supuesta redención del crédito, que aparece firmada por una funcionaria de Bancomer.

3. Un año después de la falsificación de la liquidación de la hipoteca, el 27 de diciembre de 2017, el documento se presenta en el Registro Público de la Propiedad de Yucatán (RPPY) para que se inscriba la libertad de gravamen y la casa del fraccionamiento Las Américas quede lista para su venta.

4. Liberada la hipoteca, esta banda organizada procedió a la falsificación de la compraventa del predio. Para lograrlo, tenían que simular la presentación y firma de conformidad del propietario, Luis Alfonso Ramírez, ante un notario público de Yucatán que diera fe de la operación. El 8 de enero de 2018 intervino el notario público suplente no. 44, Luis Alberto López Rosado, ante quien, supuestamente, “Compareció Luis Alfonso Ramírez Carrillo como vendedor y José Manuel Arredondo Dichi como comprador”. El doctor Ramírez niega enfáticamente haberse siquiera parado en la Notaría. Sobre el supuesto comprador, poco se sabe, excepto que es de Michoacán.

5. El 17 de enero se dio aviso en el RPPY sobre la operación de compraventa, curiosamente antes de que los actuarios realizaran la inscripción de la cancelación de la hipoteca. Todo estaba listo para consumar el despojo.

6. Casi simultáneamente, se instala el nuevo “propietario” en su vivienda recién adquirida del fraccionamiento Las Américas, para arreglarla y preparar su venta a un tercero, todo esto en 23 días.

7. A principios de febrero, Luis Ramírez llega a su propiedad para iniciar su arreglo y buscar a un nuevo inquilino. Mayúscula fue su sorpresa al encontrar su casa con jardín, pintura y nueva cerradura, además de ocupantes desconocidos. De inmediato se dirigió a Bancomer, donde le retienen cada mes la cantidad correspondiente al pago del crédito. “Lenta reacción” fue la de los funcionarios bancarios ante la pérdida de la garantía prendaria que respaldaba el crédito otorgado casi 11 años atrás. Al fin y al cabo siguen cobrando, aunque su acreditado haya sido despojado con la supuesta complicidad de empleados de la misma institución.

8. Ante la denuncia de Luis Ramírez, el notario suplente López Rosado fue requerido por el RPPY para entregar en tres días la copia certificada de la escritura pública número 26. Al 19 de marzo, no había sucedido.

Reconozco la enorme responsabilidad legal que conlleva la tarea notarial. Las y los 100 notarios que poseen la patente en Yucatán tienen que revisar identificaciones de personas que, cada vez en mayor número, provienen de otros estados del país e incluso, del extranjero. Los notarios sienten la necesidad de contar con una línea de defensa ante posibles casos de simulación o fraude. Por esa razón a la firma y la credencial del INE agregan ahora la huella digital al calce y una fotografía del momento de suscribir el protocolo. Pero no todos son así de puntillosos. Desgraciadamente, las acusaciones de protocolos “alquilados” aumentan día a día, ante la inacción de los órganos responsables de dar seguimiento a la actuación de los notarios yucatecos.

“Picaron chueco”, puede ser la primera conclusión tras el despojo sufrido por Luis Ramírez. Él es una persona conocida, con capacidad de hacer valer sus derechos ante las autoridades, con voz que se escucha en la sociedad. ¿Y aquellos que no la tienen? ¿Cuántos han tenido que sufrir calladamente el despojo de su propiedad porque no cuentan con medios de defensa? La cifra que se maneja es sencillamente espeluznante: alrededor de dos centenares de casos.

Es cierto que en Yucatán no sufrimos las manifestaciones más brutales del crimen organizado. Pero se ha abierto una rendija que, si no se tapa inmediata y enérgicamente, puede contaminar todo el edificio de la seguridad. Escudo Yucatán y el Sistema de Cámaras de Seguridad Pública del estado se han mostrado eficaces para rastrear con métodos tecnológicos a los presuntos responsables del crimen de un conductor de Uber.

La seguridad jurídica reclama un escudo igualmente eficaz que proteja las propiedades, sean de personas, de familias o de empresas. Ya tenemos en casa estos precursores de tiempos aciagos, que serán serpientes en el paraíso, si nos descuidamos y los dejamos impunes.— Mérida, Yucatán.

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