miércoles, 17 de enero de 2018

Mazacote electoral. Chihuahua, Tratado y otras

Dulce María Sauri Riancho
Tres apuntes del mazacote en que se han convertido las precampañas. Política hay en todos los actos y decisiones que toman los responsables de la conducción de los asuntos públicos del país. Y en tiempos electorales, todos sin excepción están imbuidos de intereses partidistas, abiertos o soterrados. No hay que olvidarlo ni por un momento.

Chihuahua y las represalias de la Secretaría de Hacienda (SHCP). Ríos de tinta y cientos de imágenes han ilustrado el enfrentamiento entre el gobierno de esta entidad norteña y las autoridades hacendarias federales. Al igual que en otros estados de alternancia partidista, el gobernador Javier Corral emprendió una intensa investigación sobre la gestión de su antecesor en el cargo, el priista César Duarte. Necesario es recordar que en 2016, un año de malos resultados para el PRI, cambió el partido en el gobierno en 9 de los 12 estados con elecciones ordinarias: Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua. Se salvaron para el PRI, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo; y para el PAN, Puebla. En casi todos los estados en los que hubo alternancia se han abierto expedientes sobre la gestión inmediata anterior. En los casos de Quintana Roo y Veracruz, los exgobernadores han sido extraditados y puestos a disposición de la justicia, además de un elevado número de exfuncionarios. No todo es color de rosa en Chihuahua desde que comenzó el gobierno azul. Se puede constatar un grave deterioro de la situación de seguridad que, tras muchos esfuerzos y recursos, se había alcanzado en la entidad más extensa de la República. El asesinato de la periodista de “La Jornada” Miroslava Breach concentró el foco de atención nacional no sólo por el lamentable hecho, sino también por las revelaciones de presuntos nexos entre políticos panistas y los autores intelectuales del deleznable acto. De pronto, cuando parecía que la investigación alcanzaba cotas hasta entonces inalcanzables de la complicidad entre políticos y criminales, surgió con furia el tema del financiamiento de las campañas electorales del PRI con recursos transferidos por la SHCP. ¿Coincidencia o factor de distracción? Lo cierto es que la atención sobre el PAN y sus nexos criminales quedó relegada, para ser sustituida por una estrategia que pretende golpear al gobierno de Peña Nieto, pero especialmente al precandidato priista, José Antonio Meade. Bien se ha cuidado el gobernador Corral de reconocer que gracias a la intervención de la Policía Federal pudo ejecutarse una orden de aprehensión en Saltillo, Coahuila, para lograr el traslado del inculpado hasta Chihuahua. Poco se ha dicho sobre las relaciones aparentemente cordiales, durante año y medio, entre la Federación y el gobierno estatal no sólo en las cuestiones financieras, sino de seguridad, cuestiones fronterizas, desarrollo social, etcétera. Llama la atención que el lunes pasado hubiera salido publicada una carta suscrita por 11 exgobernadores del PAN solidarizándose con Corral, pero sin la firma de ninguno de los actuales gobernantes estatales del PAN o de partidos opositores al PRI. Y conste que los gobernantes que no son del PRI son la mayoría (17 a 15), sin que hasta el momento alguno de ellos hubiera respaldado las denuncias de su par de Chihuahua. En medio de las aguas revueltas, no debe resultar cómoda la posición de quienes se están jugando el pellejo político al proceder contra sus predecesores, como Miguel Ángel Yunes, de Veracruz, o Carlos Joaquín Coldwell, de Quintana Roo. Tal parece que la enjundia de Javier Corral incluye tender sobre ellos la sombra de la sospecha, una especie de calificación de blandengues o quizá de cómplices, por no sufrir las mismas supuestas represalias que él. ¿Será el combate a la corrupción lo que lo anima? ¿O Javier Corral midió tiempos para ir en pos de la presa mayor, que es el precandidato del PRI a la Presidencia de la República?

Renegociación del Tlcan hasta después del 1 de julio. No puedo culpar a las autoridades canadienses por sugerir se posponga la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) hasta que se hayan efectuado las elecciones en México. Menos cuando el lunes pasado tuve oportunidad de escuchar el audio de un mitin de Andrés Manuel, donde expresaba su posición contraria a “todas” las reformas realizadas en este sexenio y lanzándose a descalificar el Tratado por el fácil camino de la bravuconada revestida de patriotismo. ¿Será esa la opinión definitiva de López Obrador sobre la más importante relación económica de México, de la que dependen millones de empleos, o se trata de un recurso mediático, uno más de sus exabruptos? Tenemos derecho a conocer los fundamentos de esa afirmación.

“Mazacote”. “Masa espesa y pegajosa”, así lo define la Real Academia Española en su acepción número 6. No encuentro palabra más adecuada para definir este periodo de supuestas precampañas de los aspirantes a figurar en las boletas.

Confusión, burla y daño a la credibilidad de las autoridades electorales. En medio del espectáculo, Anaya y Andrés Manuel insisten y se empeñan en que el PRI cambie a su precandidato a la Presidencia de la República. No les gusta Meade, tal parece que quieren otro más a modo de sus intenciones de restarle apoyos a la sensatez y la experiencia que refleja el precandidato priista.— Mérida, Yucatán.