miércoles, 18 de octubre de 2017

Zona especial de Progreso. Castigar buenos resultados

Dulce María Sauri Riancho
“No hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Así sucedió con las declaraciones del presidente nacional de la Asoociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) de días pasados, en las que afirmó que Yucatán no contaría con una Zona Económica Especial (ZEE), tal como se estableció desde junio del 2016. Enseguida vinieron los desmentidos del responsable nacional de las ZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien enfáticamente señaló lo contrario. Tal parecía que habría sido un “malentendido” del dirigente de la ANEFAC pero, como otro refrán expresa: “cuando el río suena, agua lleva”. Y en el caso yucateco, lo que trae este embrollo declarativo tiene alguna base de realidad. Sí habrá zona económica especial para Yucatán, pero no tendrá los mismos incentivos fiscales de las de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Y la razón expresada por Gutiérrez Candiani es que el estado “ya salió de la pobreza extrema”, de acuerdo a los índices de CONEVAL.

Pretender desarrollar regiones rezagadas mediante ZEE no es una novedad, ni en México ni en el mundo. El régimen de las maquiladoras de exportación implantado en la década de 1960, permitió el desarrollo económico de la frontera norte de México, en forma destacada Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros y Reinosa, entre otras ciudades. Esta política fue tan exitosa que fue tomada como modelo por el presidente Deng Xiaoping, quien la impulsó en la región pacífico-sur de China, hasta transformarla en motor del despegue económico del gigante asiático. No son una panacea para combatir la pobreza y la desigualdad, basta recordar que más de la mitad de los intentos en el mundo (1,700), han terminado en fracaso. Esta elevada tasa se debe a que no sólo se trata de aplicar medidas de naturaleza fiscal o arancelaria, sino también de considerar las políticas públicas que las deben acompañar y muy particularmente, entender el tejido social en que se insertan.

Las ZEE aspiran a cerrar las brechas regionales entre la región norte y sur-sureste de México, creando nuevos polos de desarrollo industrial que “atraigan inversiones, generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor, detonen una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población”. Fueron creadas mediante una ley expedida por el Congreso de la Unión en abril de 2016, en la cual se incluyó a Yucatán, ubicado en el décimo lugar de los indicadores de pobreza entonces vigentes. El régimen de zona económica no es extensivo a todo el territorio estatal sino a un municipio y una superficie delimitada en la declaratoria expedida por el Ejecutivo federal con ese objeto.

En materia de ZEE, nada ha sido fácil para el gobierno del estado, empresarios y legisladores federales yucatecos. Estamos en la región sur-sureste, la más deprimida del país; sin embargo, los tres estados peninsulares gozamos de una situación un poco mejor que el conjunto. En este sexenio, Yucatán comenzó a mostrar cambios favorables en los indicadores de combate a la pobreza, crecimiento económico y de empleos formales. Hubo resistencias en la ciudad de México para incluir a Yucatán, que fueron vencidas mediante una eficaz gestión de los legisladores federales. Pero hubo una condición establecida sólo para nuestro estado: la ZEE de Progreso podrá albergar exclusivamente a empresas dedicadas a las telecomunicaciones, información (TIC) o de base tecnológica avanzada. Esta limitación, lejos de perjudicar, permitirá concentrar los esfuerzos en dotar a Yucatán de un espacio en la economía del conocimiento. Las actividades manufactureras seguirán atendiéndose en el resto del estado y no tendrán cabida en este régimen especial.

Las autoridades se aplicaron en la tarea de cubrir todos los requisitos para que el presidente Peña Nieto y su gabinete firmaran la declaratoria de ZEE. Tenemos Ley de Coordinación de ZEE (12 diciembre de 2016); el Congreso autorizó al Ejecutivo estatal para donar a la federación 18 predios de su propiedad en el municipio de Progreso, con el objeto de conformar el territorio de la ZEE yucateca (20 febrero de 2017). Fuimos los primeros en “palomear” la lista completa. Pero el pasado 29 de septiembre, cuando se dieron a conocer tres declaratorias de ZEE, no vino Progreso. Se dijo que atendían prioritariamente a las entidades afectadas por sismos y huracanes en este fatídico septiembre. Que vendríamos incluidos en el “segundo paquete”. Esperar unas semanas no parece el fin del mundo, menos tratándose del proyecto de ZEE. Sí lo lastimaría seriamente si se establece un tratamiento fiscal distinto para Progreso, dado que este año dejamos de estar entre los 10 estados más pobres de México. ¿Castigar el éxito relativo y los buenos resultados que se van alcanzando? Si así fuera, ya no serían 10 años de no pagar Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas que operen dentro de la ZEE de Progreso, sino solamente 8 años y al 50%. ¿Y el IVA? ¿Tampoco será deducible 100%? ¿Y el régimen aduanero sería menos favorable?

La ZEE de Yucatán es pieza de una estrategia integral de modernización en un mundo global. Nos aprestamos a competir en las grandes ligas de las empresas líderes en las TIC, a las cuales buscamos atraer y arraigar. Miles de jóvenes mujeres y hombres yucatecos se están preparando en ingeniería y ciencias exactas. No es quimera apuntar hacia el “Silicon Valley” de México, radicado en el Mayab. El gobierno federal no puede actuar como el cangrejo con Yucatán: tirarlo hacia abajo porque va saliendo del cubo. No nos conformaremos con menos incentivos que los contenidos en las primeras tres declaratorias de ZEE.


A nuestros legisladores federales: ¡abusados con el paquete económico! En las próximas semanas tendrán cerquita a quienes firmarán la declaratoria. Aquí sí podrá venir el presidente de la república el 30 de noviembre de 2018 a inaugurar la ZEE de Progreso como postrer evento de su administración.