miércoles, 19 de julio de 2017

Luminarias y hospitales. Corte y París

Dulce María Sauri Riancho
Dos buenos negocios para unos cuantos, malos para el gobierno y pésimos para la ciudadanía. Me refiero a las luminarias chinas de las calles de Mérida y al inconcluso hospital de Ticul. Los problemas de ambas obras tienen mucho en común pero también algunas importantes diferencias: una involucra al Ayuntamiento panista de Mérida y la otra, al Ejecutivo estatal priista. También son distintas las estrategias desplegadas para defender a la ciudadanía de un abuso y a las arcas públicas de una erogación que, por decirlo suavemente, en ninguno de los casos encuentra justificantes.
Foto: internet 
El oscuro camino de las luminarias chinas en las calles meridanas dio inicio en enero de 2011. Seis meses antes el PRI había logrado ganar la elección municipal, después de más de 20 años, y el nuevo ayuntamiento decidió emprender la renovación total del alumbrado público, al amparo de un proyecto denominado “Ahorro y Eficiencia Energética del Municipio de Mérida”. Nuevas lámparas de inducción magnética sustituirían a las viejas luminarias de vapor de sodio, más gastadoras de electricidad, según las autoridades. El cabildo aprobó por unanimidad la renovación de más de 80 mil lámparas. Mediante una licitación que en su momento se calificó de “a modo”, la empresa AB&C Leasing obtuvo un contrato de arrendamiento por cinco años. A cambio, la Comuna pagaría $7.8 millones de pesos mensuales por ese plazo (60 meses), hasta llegar a un total de $468.8 millones de pesos. No es extraño que una obra o adquisición de gran envergadura involucre a dos o más administraciones gubernamentales y comprometa presupuestos que trascienden los ejercicios anuales. Pero en el caso de las luminarias chinas de Mérida hubo dos factores excepcionales.

El primero se mostró de inmediato: lámparas que en vez de iluminar, generaban el llamado “efecto cebra”, lo que provocó encendidos reclamos de vecinos que se oponían a la sustitución de sus focos viejitos, pero alumbradores, ante el mal resultado en las áreas donde ya había llegado la “modernidad”.

El otro elemento fue cocinado en los despachos de la empresa arrendadora de las luminarias y un conocido banco español, que decidió realizar una operación común en los negocios, como es el factoraje, por el cual la primera le “vendió” el contrato a la segunda. Así fue sustituida la obligación de pago a AB&C Leasing por los depósitos mensuales a la cuenta del banco adquiriente. El ayuntamiento encabezado por Angélica Araujo alcanzó a pagar 18 mensualidades, pero las restantes 42 quedaron a cargo de Renán Barrera, quien ganó la elección en julio de 2012.

Cuando comenzó la administración panista, existía un real reclamo popular sobre las condiciones del alumbrado público. El nuevo alcalde se encontró con que no podía reclamarle al banco por las luminarias defectuosas o apagadas, de acuerdo con el contrato original, sino que tenía que pagar por las 82,000 lámparas, funcionaran o no. Fue uno de los argumentos para rescindir unilateralmente el contrato. Por parte del banco, no es extraña esa actitud, pues se trata de una institución financiera, a la cual lo único que le importa es cobrar los créditos, no el servicio suministrado. El domingo 16 de junio de 2013, antes de cumplir el primer año de su administración, Renán Barrera dio inicio a los trabajos para sustituir casi el 90% de las luminarias chinas por lámparas de vapor de sodio. Para hacerlo, la Comuna tuvo que contraer un nuevo crédito. El problema no quedó ahí. El banco agraviado interpuso una denuncia por incumplimiento del contrato, que después de un largo litigio llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el resultado conocido: la Comuna deberá pagar a AB&C Leasing, para que ésta a su vez, pueda cumplir su contrato de factoraje con el banco.

Para una mayoría de vecinos, la Comuna tuvo la razón moral para impugnar el compromiso que sumió a Mérida en la penumbra, pero la razón legal les fue otorgada a los demandantes. Si el Ayuntamiento 2012-2015 hubiese continuado con los pagos del compromiso de su antecesor, al Cabildo encabezado por Mauricio Vila le hubiera correspondido pagar las últimas seis mensualidades, aunque la ciudad hubiera permanecido a oscuras. ¿Se precipitó el alcalde Barrera? ¿Debió la Comuna demandar al arrendatario por incumplimiento y esperar la resolución de los tribunales administrativos? ¿Podría haber seguido un camino distinto, menos arriesgado para las arcas meridanas, pero sin resolver el problema de fondo?

Lo que ocurrió con el hospital de Ticul puede ayudar a visualizar si existe un camino alterno en la defensa de los intereses de los ciudadanos y de las finanzas del Estado. A unos días de concluir su administración, el 12 de septiembre de 2012, Ivonne Ortega firmó un contrato con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A., filial del Grupo Marhnos, para la construcción de un hospital de segundo nivel con 90 camas en Ticul. Era el primero de tres nosocomios cuya edificación se haría bajo el novedoso esquema de “Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS), mismo que se había empleado para la realización del Gran Museo Maya. El gobierno no mete dinero ni para la construcción, equipamiento y operación —¡qué bonito!— pero a cambio se compromete a pagar mensualmente una elevada cantidad durante el plazo del contrato, que en el caso del hospital de Ticul serían alrededor de 223 millones de pesos anuales durante 25 años, para un total de cinco mil 571.5 millones de pesos.

Al comenzar la administración encabezada por Rolando Zapata debe haberse valorado la pertinencia financiera de los compromisos de las obras PPS. Un indicador es que su gobierno no utilizó la autorización del Congreso para construir otros dos hospitales (Mérida y Tizimín) bajo este esquema, desde luego oneroso, y como se vio en Ticul, ineficiente. Pero ¿cómo deshacer un contrato sin riesgo a una elevada penalización? La empresa incumplió la fecha de entrega de la obra, marzo de 2014, prorrogada hasta enero de 2015. Este incumplimiento es causa de rescisión del contrato, tal como se establece en el mismo, por lo que el gobierno estatal activó la cláusula respectiva. A la fecha, no hay hospital en Ticul pero sí existe un litigio entablado por la empresa ante la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, Francia, sobre los incumplimientos contractuales del proyecto del hospital de Ticul. Hasta el momento, las arcas estatales no han resultado más lastimadas por las irreflexivas autorizaciones para PPS, gracias a la prudencia que ha demostrado la actual administración para no utilizarlos. Otros han sido los esquemas financieros para edificar el nuevo hospital Materno-Infantil de Mérida, que deberá estar concluido el próximo año, con recursos provenientes del presupuesto gubernamental.


Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Internacional de Arbitraje de París. Hasta allá han llegado los litigios emprendidos por las autoridades para responder a las demandas ciudadanas de una buena administración de las finanzas públicas. Tal vez Barrera Concha se precipitó; quizá Zapata esperó con cautela tiempos y circunstancias favorables para deshacer un oneroso compromiso. Ojalá que París traiga mejores noticias que Ciudad de México. Por mi parte, me quedo con el clásico: “¡Pero qué necesidad”… de PPS, factorajes, etcétera.— Mérida, Yucatán.