Casonas y árboles. Bien público, propiedad privada.

Dulce María Sauri Riancho

“Lo mejor que puede sucederles a las casas viejas en el centro de Mérida es que se derrumben. Claro que requieren ayuda para que esto ocurra. En temporada de lluvias, tápenle los desagües de los techos y así, la mampostería cederá. No hay que esperar demasiado”. Quien condenaba a las viejas casonas a la destrucción era precisamente uno de los altos funcionarios responsabilizados de las obras públicas estatales, que participaba en un grupo de trabajo conformado por representantes de diversas dependencias, entre los cuales me encontraba. Al comenzar 1980, debíamos entregar el primer programa de desarrollo urbano del Estado, una de cuyas partes principales era el desenvolvimiento de la ciudad de Mérida. No entendí entonces —ni tampoco ahora— cómo un servidor público podía poner los medios para condenar al patrimonio puesto bajo su cuidado.

Contra estas intenciones de destrucción de lo antiguo surgió el decreto de Centro Histórico de Mérida, que puso bajo la tutela del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) los predios de valor arquitectónico, histórico y cultural. Se decidió entonces proteger construcciones de la ola mercantilista que nos invadió en varios rumbos de la ciudad. Aun así, establecimientos públicos y privados se edificaron sobre señoriales casonas del Paseo de Montejo, misteriosamente derruidas en una noche. Al paso de los años, lentamente fue cambiando la percepción colectiva sobre el valor de las antiguas edificaciones. Mirando otras partes del mundo y de México, se vio que éstas podían volverse un elemento de identidad, a la vez de buenos negocios para sus propietarios. La relación entre el INAH y los dueños o adquirientes de los predios catalogados como de valor histórico no ha sido fácil. Éstos acusan a la institución gubernamental de obstaculizar cualquier mejora que se pretenda realizar, más cuando implica alguna nueva construcción. Sin embargo, vale decir que si no fuera por la obstinación de un puñado de técnicos del INAH, el daño patrimonial a la ciudad sería todavía mayor.

Llegaron extranjeros e inmigrantes de otros estados del país, compraron casas de diversos rumbos tradicionales de la ciudad y las remodelaron respetando su entorno. Arquitectos yucatecos se han especializado en este tipo de rescates, que han revalorizado sensiblemente los predios otrora abandonados.

Sin embargo, las grandes casonas siguen sin recibir la debida atención de sus propietarios. Las razones pueden ser múltiples: inversiones cuantiosas, pleitos familiares por herencias, o simplemente, desidia para lidiar con los trámites que requiere la aventura de la restauración. Y viene la temporada de lluvias. La maligna receta de los caños tapados cobra sus víctimas anuales. La seguridad de vecinos y transeúntes es prioritaria. Se habla de demolición, parcial o total, de los predios más afectados. La administración municipal actual, en conjunto con el INAH, ha buscado soluciones que combinen la seguridad pública con la preservación del patrimonio. Y es aquí cuando surge la pregunta respecto a los límites de la propiedad privada; hasta dónde puede ser responsable el dueño de una vieja casona por su destino, que forma parte de un bien público, como es la memoria histórica de una sociedad.

Seguramente las autoridades tienen un catálogo actualizado de las propiedades amenazadas de destrucción en el Centro Histórico de Mérida. Sabrán quiénes son sus propietarios y la situación legal de los predios. En estas mismas páginas se ha planteado la pertinencia de la creación de un patronato o un fideicomiso, a semejanza del establecido en Ciudad de México, que tanto ha hecho para la preservación de la zona. Se trata de unir fuerzas, sociedad y gobierno, para rescatar, rehabilitar, mejorar, preservar el patrimonio material de los meridanos. No todos los predios tienen la suerte de la Casa de Montejo con Banamex o del Hospital Rendón Peniche, con la UNAM. Pero hay otras muchas alternativas para darles vida a los edificios rescatados. Algunos, muy pocos, serán museos; otros tendrán usos comerciales —tiendas, restaurantes, hoteles boutiques— y otros más, casas habitación para familias que quieran disfrutar de un Centro Histórico revitalizado.

Como las antiguas casonas, los árboles son parte del patrimonio de la ciudad de Mérida y sus habitantes. El tema de la preservación del patrimonio arbolario a duras penas se abre paso en la conciencia social. Se avanza en los espacios públicos, pero todavía falta mucho para lograrlo en los jardines y patios de las casas. En una desgraciada similitud con las viejas casonas de los desagües tapados, a los árboles “estorbosos”, “sucios” por las hojas que sueltan, se les vierten líquidos venenosos para que mueran y así tener pretexto para cortarlos. O simplemente, se les tala para dejar espacio a una nueva construcción.

Las viejas casonas y los árboles de los patios tienen la común amenaza de ser considerados sólo propiedad privada, sujetos a necesidades individuales sin considerar el bienestar colectivo. Las casonas tienen al INAH y al INBA para su cuidado. Los árboles en las áreas públicas podrán estar protegidos por la nueva “Ley de conservación y desarrollo del arbolado urbano del estado de Yucatán”, expedida en mayo de este año. Las tensiones entre el bien público y la propiedad privada se resuelven con una buena e imaginativa regulación. Pero también con la conciencia de que todos somos por igual, habitantes de Mérida, con derecho al uso y disfrute de su patrimonio. Y la obligación de cuidarlo.— Mérida, Yucatán.