Segunda vuelta electoral: Pensarlo dos veces
Dulce María Sauri Riancho
En medio del ruido mediático de
las recientes elecciones en cuatro entidades, se retoma la propuesta de la
segunda vuelta electoral como un camino para superar la situación de un
Ejecutivo federal electo por menos de un tercio de los votantes. Si gobernar cada
vez es más difícil, señalan sus promotores, hacerlo sin la voluntad mayoritaria
y con un Congreso dominado por las fuerzas opositoras sólo se traduce en
parálisis institucional y fragilidad en el ejercicio de gobierno. El remedio
sería que, a semejanza de Francia, hubiera una segunda votación en la que
participaran sólo los dos candidatos más votados en la primera. De esta manera
se tendría la certeza de que al menos inicialmente el Ejecutivo federal tendría
el apoyo de más de la mitad del electorado.
Impecable planteamiento, sí, pero
con tres asegunes. Son la oportunidad de la medida; si existe viabilidad para
adoptarla y el más importante, si verdaderamente contribuiría a la solución del
déficit de legitimidad que parece acompañar ineludiblemente el destino de los
gobiernos de minoría.
Tres elementos
Tres elementos que es necesario
explorar antes de tomar partido a favor o en contra de la segunda vuelta.
Por ejemplo, si hubiese habido
segunda vuelta en 2012, Enrique Peña Nieto por el PRI y Andrés Manuel López
Obrador, entonces por el PRD, se hubiesen enfrentado. Es muy probable que el
tercer lugar del PAN se hubiese traducido en apoyo al candidato priista. O no.
Sin embargo, no se hubiera resuelto el tema de un Congreso dividido entre siete
partidos políticos. El Pacto por México fue un esfuerzo inédito de suma
política que mostró rápidamente sus límites. Con base en esta experiencia,
desde la reforma político-electoral de 2014, la Constitución contempla la
figura del “gobierno de coalición”. Es la vía para que el presidente electo
pueda conformar un acuerdo de largo alcance con alguna de las fuerzas
opositoras, de tal manera que garantice la ejecución de su programa y la
actuación eficaz de su administración. En 2018 se podrá aplicar por primera vez,
si quien resulte triunfador@ así lo decide. Parecería suficiente para
enfrentarse a la incertidumbre de un gobierno dividido.
Sin embargo, esta reforma no
resuelve el problema de un presidente electo sólo por un tercio de los
votantes, es decir, de una mayoría que se opuso a que llegara a gobernar.
Con la segunda vuelta electoral no
sólo se trata de votar dos veces para la Presidencia, sino también de
garantizar la gobernabilidad a partir de una mayoría en el legislativo. ¿Daría
el sistema electoral, los recursos, la paciencia y la participación del pueblo
mexicano para que hubiese cuatro elecciones en un lapso de 45 días? La
respuesta sería un rotundo no. Entonces, ¿qué hacer? Caben dos posibilidades.
Una, que la elección presidencial de la primera ronda se realice un mes antes.
Significaría que el 5 de junio del año próximo emitiéramos nuestro voto y que
los dos candidat@s más votad@s fueran a la segunda vuelta el 1 de julio, junto
con las elecciones de diputados y senadores, así como los comicios locales
concurrentes. Como factor en contra, se puede aducir que los candidatos a
legisladores de los dos partidos o coaliciones participantes en la segunda
vuelta de la elección presidencial concentrarían la votación, en detrimento de
las otras fuerzas políticas.
La alternativa
La alternativa sería hacer un mes
después la segunda ronda presidencial. Con esta opción se tendría un presidente
con más del 50%, pero no se resolvería la cuestión de un gobierno dividido.
La ley vigente impone “veda” de
reformas electorales tres meses antes de que se inicie el proceso. En este
caso, la prohibición comienza en junio de este año. Se argumenta que “ya no hay
tiempo” para cambios mayores. Pero el Constituyente Permanente está por encima
de esta norma. Sí se puede reformar la Constitución y mediante artículos
transitorios, dar viabilidad a su aplicación en 2018.
El dinero tampoco sería argumento.
El escenario de dos votaciones no implica necesariamente cuantiosas erogaciones
adicionales para el proceso electoral. Los candidatos presidenciales tendrían
un mes menos de campaña electoral y el ahorro presupuestal podría aplicarse en
la primera jornada, la de junio. Serían otros los problemas, por ejemplo, la
impugnación de resultados y el desahogo oportuno de los recursos de revisión en
menos de 30 días.
Si no es el dinero, si no es el
tiempo, ¿dónde está el principal obstáculo para la implantación de una segunda
vuelta electoral para la presidencia de la república? Se encuentra en la
lectura política de la medida, que se asumiría como concertada contra Andrés
Manuel López Obrador.
Yo matizaría esta afirmación,
después de los resultados del Estado de México. Más cuando la alianza de las
fuerzas de izquierda hacia 2018 parece extraviarse entre intereses y
descalificaciones de sus personajes más importantes. En cuanto al PAN, su
exigencia de anular la elección en Coahuila puede dar al traste con cualquier
intento de lograr la mayoría calificada que requiere esta reforma.
El escenario más probable es que
no haya segunda vuelta para la elección presidencial de 2018. Pero ¿si pensamos
más allá y se legislara ahora, con aplicación hasta el proceso de 2024?
Habría tiempo para organizarse,
para utilizar la opción de gobierno de coalición y probar su eficacia. Y a los
ciudadanos, nos darían una segunda oportunidad de pensar nuestro voto y de
manifestarnos en consecuencia.— Mérida, Yucatán.