miércoles, 10 de mayo de 2017

Ley de Aviación Civil. Luces en el cielo

Dulce María Sauri Riancho
En vísperas de Semana Santa, justo cuando comienza el turismo nacional a llenar las playas y los centros vacacionales, hubo dos noticias procedentes de la Cámara de Diputados. Una de ellas, muy alentadora, vino del aire; la otra, proveniente de las carreteras, hizo menguar el optimismo de quienes consideramos que el gobierno tiene la obligación de defender los derechos ciudadanos a la vida y a la seguridad.
 Comienzo con las reformas a la Ley de Aviación Civil destinadas a regresar al “buen camino” a las aerolíneas que prestan sus servicios a millones de pasajeros en México. Durante muchos años, viajar en avión era privilegio de unos cuantos, por lo caro que resultaba y por razones de seguridad. Al comenzar la década de 1990 la situación comenzó a cambiar aceleradamente. A las dos grandes y tradicionales líneas aéreas, Aeroméxico y Mexicana de Aviación, se sumaron otras de paso fugaz, pero que abrieron camino a las aerolíneas de bajo costo. La primera ley en la materia data de 1993, cuando comenzó a popularizarse el transporte aéreo. Fue al inicio de este siglo cuando surgieron varias líneas que volaban al aeropuerto de Toluca para evadir los problemas y los costos de Ciudad de México. Eran los tiempos de boletos baratos de Volaris, luego de Interjet. Casi simultáneamente, Viva Aerobús mostró en territorio nacional que era posible enlazar ciudades sin pasar necesariamente por el saturado aeropuerto de la capital del país. Por ejemplo, sacando cuentas, era más barato comprar boleto de avión Mérida-México, que ir en el ADO. La libre competencia parecía funcionar a favor de los pasajeros. Mexicana de Aviación se declaró en quiebra en 2010 y la sobreviviente Aeroméxico tuvo que procesar la competencia de las nuevas aerolíneas, más económicas, con equipo más nuevo y con contratos laborales menos onerosos. Las líneas de bajo costo abandonaron el aeropuerto de Toluca y se abalanzaron sobre las posiciones y espacios de aterrizaje que la aerolínea más antigua del país dejó libres en Ciudad de México. Si antes de esta explosión de compañías el aeropuerto de Ciudad de México ya estaba rebasado, ahora opera al filo del caos, tanto en el área de atención a los pasajeros como en la capacidad operativa de las pistas. Al inicio de esta administración federal se tomó la determinación de construir un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco, para dar servicio a la capital del país y conectarnos más eficazmente con el mundo por vía aérea.

Mientras se concursaban las obras multimillonarias del nuevo aeropuerto y empezaba su edificación, concluyó el “veranillo” de los pasajeros-clientes. Inexorablemente, las condiciones comenzaron a modificarse en su contra. Las líneas de “bajo costo” empezaron a aumentar sus precios a través de mecanismos imaginativos, pero no por ellos menos gravosos. Oferta de tarifas sin incluir el IVA ni impuestos de uso de aeropuerto; cuota para combustible y, desde luego, costo adicional por el asiento (mientras más cerca del piloto, más caro), y lo último, pago desde la primera maleta. Las demoras, con la excusa o razón de “saturación del espacio aéreo” de Ciudad de México, se volvieron costumbre; la pérdida de equipajes, cada vez más frecuente. La sobreventa de boletos, supuestamente autorizada, hizo que familias enteras se quedaran en tierra, complicando enormemente concluir su viaje.

Las reformas a la Ley de Aviación Civil recién aprobadas buscan poner un “hasta aquí” al deterioro en la calidad de los servicios aéreos. Reconozco los estándares de seguridad que mantienen las aerolíneas. Les confiamos nuestras vidas cuando nos subimos a un avión. Pero ello no es razón para pagar por todo, hasta por el vaso de agua que se reparte a bordo. Ahora habrá penas pecuniarias por retrasos, por sobreventas; premios a quienes decidan libremente dejar sus lugares; atención a las necesidades especiales de los viajeros con discapacidad; maletas de mano de una sola dimensión.

Veinticuatro horas para cancelar tu boleto recién comprado, si se equivocó en la fecha o cambió de idea. Indemnización decorosa por pérdida o daño al equipaje.

Es absolutamente posible conciliar los intereses económicos de las líneas aéreas, la libre competencia y la calidad en el servicio, si existe regulación y voluntad política de aplicarla. Eso demostró la Cámara de Diputados. Todavía falta el tránsito por el Senado para que estas reformas sean publicadas y causen efecto. Pero ya se dio un gran paso.

En otra ocasión abordaré el tema de los dobles-remolques en las carreteras federales. Sigue sin solución un tema de lógica elemental, entrampado en la red de intereses que privilegian los grandes tonelajes a la vida de las personas. Me pone el pelo de punta leer que para no pagar las cuotas de la autopista a Cancún, el transporte de carga prefiere utilizar los angostos caminos de Tizimín-Colonia Yucatán que, además, ofrecen la ventaja del poco tráfico. No se vale.

Luces en el cielo. Sombras en la tierra. Este fue el saldo de este periodo ordinario de sesiones en relación con el transporte moderno, confortable, digno y de precio razonable que exige el desarrollo del país.