jueves, 27 de abril de 2017

En el valle de las sombras II. Desapariciones en Yucatán

Dulce María Sauri Riancho
La semana pasada me referí en este mismo espacio al Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Desapariciones de Personas y Fosas Clandestinas en México. Una lectura superficial de sus páginas parece dejar a Yucatán fuera del horror que asuela a varias regiones del país. Sin embargo, el mismo reporte de la CNDH consigna la desaparición de 1,862 yucateco/as en el periodo 1995-2015. La información provino de las bases de datos del organismo nacional de derechos humanos, recopiladas a lo largo de 20 años, y elaboradas con los reportes del órgano de procuración de justicia local, antes Procuraduría General del estado, hoy Fiscalía General.

En los números de la CNDH, Yucatán ocupa el sexto lugar nacional de acuerdo a las cifras de desapariciones reportadas en esos 20 años, sólo superado por Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Coahuila (pp. 134-135). De acuerdo con la Comisión Nacional, en el estado de Yucatán existían 1,862 personas que se encontraban desaparecidas. Del total, 1,121 (60%) eran mujeres y 741(40%), hombres. Casi 4 de cada 10 desaparecidos eran menores de edad, la mayoría niñas (75%). Se tiene certeza que 539 agraviados eran mayores de 18 años, en tanto que en 614 denuncias (una tercera parte) no se proporcionó la edad de la persona desaparecida. (p. 394)

La lista del horror no había sido depurada en momento alguno en los últimos 20 años, por lo que la Comisión solicitó a todos los órganos estatales de procuración de justicia que revisaran la información que le habían entregado a lo largo de este tiempo. Se trataba de distinguir aquellas denuncias que se habían resuelto con la aparición –viva o muerta- de la persona, para mantener sólo a aquellas que continuaban sin solución alguna en mayo del año pasado. La Fiscalía General de Yucatán (FGY) informó a la CNDH que había localizado con vida a 1,388 personas (75%) y a 43 más, muertas.  La FGY admitió que carecía de noticias sobre 431 denuncias. A la vez, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), a octubre de 2016, reportaba a 60 yucateco/as en su base de datos. La confusión sobre las cifras de desaparecidos en Yucatán se incrementa cuando del informe de mayo del año pasado, la FGY consigna que 60 de los casos vigentes ocurrieron en 2014; 52, en el 2015 y 36 en el año de 2016. Los municipios de Mérida, Progreso y Kanasín concentran el mayor número de denuncias de personas desaparecidas: 177, 28 y 19 casos respectivamente. (p.446)

La CNDH hizo un muestreo de 1,000 expedientes nacionales, con 1,374 agraviados, en el periodo 1981-2016. A Yucatán le correspondieron 12 de éstos, con 12 víctimas (p. 88), A diferencia de otras partes del país, aquí no se ubicó expediente que señalase la posible participación de agentes del estado en las desapariciones.  Sin embargo, hay un caso de presunta intervención de la delincuencia organizada (p. 113). En la mayoría de los doce expedientes yucatecos no se pudo precisar a los posibles responsables de las desapariciones, de las cuales 8 correspondieron a Mérida; y una, a Espita, Santa Elena y Tekax, respectivamente.

¿Cómo podemos conciliar la sensación de seguridad con la existencia de este número de yucatecos desaparecidos? Es cierto que con alguna frecuencia nos enteramos por medio de la prensa de la localización de personas extraviadas, generalmente adultos mayores, que salen de sus casas y por algún padecimiento mental, deambulan por los alrededores sin poder regresar. O también se dan los casos de menores de edad que por problemas familiares deciden fugarse del hogar, dejando a sus parientes con la enorme preocupación y responsabilidad sobre su destino. Aquí viene la primera sorpresa: en Yucatán, a diferencia de otros estados de la república, no existe una agencia especializada en la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública hacen el trabajo, pero sin contar con un mecanismo institucional establecido que les facilite su tarea.

La FGY conoce y está comprometida a aplicar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, adoptado nacionalmente en 2015. Existe una Ley estatal de Atención a Víctimas y la comisión correspondiente. Pero aún falta mucho. La Fiscalía yucateca enfatizó que la mayoría de los casos denunciados, las causas de desaparición obedecían “a aspectos relacionados con el entorno familiar” (p. 394). Puede ser cierto. Pero eso no exime a los órganos legislativos de Yucatán de subsanar la laguna existente en el Código Penal del estado respecto a la “desaparición forzada” como delito imprescriptible, autónomo, continuo o permanente. La CNDH subraya que sólo cuatro estados del país no lo han incluido: México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También deberá tipificarse la desaparición cometida por particulares (léase crimen organizado). No se trata de legislar sólo para cubrir el expediente en este delicado tema. El propio Informe de la CNDH alerta de las serias deficiencias que registra la legislación vigente en la mayoría de las entidades del país. Tendremos que estar pendientes de la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, actualmente a discusión en el Congreso de la Unión.


Pongámosle nombre y rostro a lo/as desaparecidos de Yucatán. Tienen familia que los espera; seres queridos que no han perdido la esperanza de que un día regresen.