miércoles, 11 de enero de 2017

Acuerdo y confianza

Dulce María Sauri Riancho
La crisis de la democracia, es el colapso de la confianza —Zygmunt Bauman (1925-2017)

Otra vez, mucho ruido y pocas nueces. Tercer mensaje presidencial en los escasos nueve días de 2017: la presentación del “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”. En la fotografía aparecen los secretarios de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), flanqueando al Ejecutivo Federal. El documento firmado presenta cuatro objetivos, divididos cada uno de ellos en acciones que comprometen a los trabajadores, empresarios y al gobierno: 1) Proteger la economía familiar; 2) Fomentar las inversiones y el empleo; 3) Preservar la estabilidad económica; 4) Preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho.
 
El mensaje presidencial que acompañó la presentación del Acuerdo reiteró el compromiso de no permitir aumento “injustificado” de precios en los bienes y servicios, “especialmente los de la canasta básica”, y señaló la adopción de medidas de vigilancia para asegurar su estabilidad. El presidente Peña Nieto puso énfasis especial en el compromiso de modernizar el transporte público masivo para reconvertir sus unidades hacia el empleo de combustibles “más eficientes y económicos”.

La mayoría de las acciones enlistadas son de carácter general (“seguir fomentando inversiones generadoras de empleo”, por ejemplo). Sin embargo, algunas otras son un poco más explícitas, como la adopción de nuevos estímulos fiscales para la inversión, especialmente en la destinada a las pequeñas y medianas empresas.

Otra más es la campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro (SAR) a adultos de más de 65 años. En contrapartida, el Ejecutivo comprometió la formalización de un decreto que fomente la repatriación de capitales mantenidos en el extranjero. La única meta cuantificable del discurso presidencial fue el compromiso de reducir en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de las dependencias federales. La participación de los otros poderes —Legislativo y Judicial—, órganos autónomos y gobiernos de los estados, quedó a nivel de exhorto para realizar “medidas similares” a las impulsadas por el Acuerdo en materia de austeridad —léase reducción de salarios—.

En una frase subyace la verdadera intención del mensaje presidencial: “Haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía familiar”, expresó el primer mandatario. “Palo dado, Hacienda no quita”, parafraseando el refrán de nuestras abuelas.

Eso significa que el gobierno no pretende dar marcha atrás en la liberalización del mercado, que trajo consigo el aumento de los precios de las gasolinas, ni tampoco reformular la estrategia que llevará a un nuevo incremento a partir del 3 de febrero. Así lo había expresado el primer mandatario cuando se refirió al retiro del subsidio, por 200 mil millones de pesos, en su segundo mensaje del año y enfatizó que, gracias a esa determinación, se podrá continuar financiando a Prospera, Procampo, Seguro Popular, entre otros programas destinados a la atención de las familias más vulnerables.

La representación del Poder Legislativo brilló por su ausencia, síntoma de que el recién nacido Acuerdo no se propone impulsar cambios en las leyes, en particular las de naturaleza fiscal. Hubo también otra ausente: la representación de la Coparmex, poderoso sindicato patronal que decidió no acudir a la invitación presidencial al considerarlo precipitado y falto de compromisos concretos. Tampoco estuvieron los gobernadores, cuya organización —la Conago— se reunió en hora diferente en el mismo edificio, aparentemente sin resultado alguno.

A mi juicio, no hubo “cocimiento” político de este acuerdo que pretende emular a los “pactos” de finales de la década de 1980 y 1990. A final de cuentas, sólo los compromisos políticos garantizan un mínimo respeto a las medidas adoptadas para evitar el alza “injustificada” de los precios.

Tal vez si sus asesores le hubieran hablado de la reunión de la Cámara de la Industria de la Masa y la Tortilla en Yucatán, en la que los agremiados decidieron cobrar $18 por kilo. Quizá alguien hubiese susurrado al oído presidencial sobre el Acuerdo para la Estabilización del precio de la Tortilla, suscrito por el gobierno de Felipe Calderón, y la Cámara de la Industria del Maíz, empresas panificadoras y tiendas de autoservicio, en enero de 2007, ante un escenario parecido a este. O si se hubiese concertado con los productores de huevo un precio máximo.

La realidad es que el gobierno carece de instrumentos legales para imponer precios sobre cualquier producto desde hace más de 20 años. Sólo estímulos y subsidios, y sobre todo concertación pueden hacer el milagro de mantener o moderar los precios.

“Tengan plena confianza” clamó el presidente Peña Nieto. Pero la confianza fue la ausente más significativa en la firma del Acuerdo. Confianza de la sociedad en que su gobierno sabe qué hacer, cómo y con quién hacerlo. La confianza se genera con hechos. Y desgraciadamente, los acuerdos anteriores, bien fueran económicos o de seguridad, han producido pocos resultados.


No se restaurará el subsidio gubernamental a las gasolinas, ya lo sabemos. Trump será presidente de los Estados Unidos, también. Son realidades insoslayables. Viene la emergencia. En lenguaje claridoso lo expresó el presidente de la Fiat-Chrysler en el Autoshow de Detroit: “Es posible que si impone aranceles y si son lo suficientemente elevados, la producción de cualquier cosa en México perdería sentido y tendríamos que retirarnos”. ¿Un nuevo pacto o acuerdo después del 20 para atender al nuevo escenario? ¿O en la “letra chiquita” que llevó a firmar al Consejo Coordinador Empresarial habrá otras cosas que no nos expresaron? ¿Habrá para los trabajadores siquiera un acuerdo para mantener los precios de la tortilla, el huevo y el pan salado? Porque si no fuera así, ¡menudo desperdicio!— Mérida, Yucatán.