miércoles, 14 de diciembre de 2016

Ingresos y Presupuesto 2017. Leyes reinas

Dulce María Sauri Riancho
En tiempo, como cada año, el Ejecutivo del estado entregó al Congreso su llamado “Paquete económico”, que en esta ocasión comprende siete iniciativas y reformas de ley. La Ley de Ingresos y el Presupuesto son las dos “reinas” anuales, pues la primera, una vez aprobada por el Congreso, determinará los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que deberán pagar los ciudadanos al gobierno estatal y en la segunda, el Presupuesto, se presenta el destino final de esos recursos que salen de nuestros bolsillos. Por eso, conocer, preocuparse y atender a la información generada en torno al proceso de aprobación de las leyes hacendarias ayudará a prevenir “sorpresas” desagradables o quizá, desde una perspectiva optimista, a tranquilizar ánimos cuando observamos disposición gubernamental para atender responsablemente contingencias futuras. Ante el difícil escenario nacional, las finanzas estatales resentirán el impacto de la reducción del llamado “gasto federalizado”, que disminuirá tanto para los convenios de descentralización, la protección social en salud (Seguro Popular) y en el delicado ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas. Por eso es más relevante el proyecto estatal de ingresos para 2017, que se calcu- lan en casi 40 mil millones de pesos. Del total para el próximo año, 17 pesos de cada 100 provendrán de ingresos propios, en tanto que el resto corresponderá a participaciones, aportaciones y otros convenios con la federación y créditos contraídos.

¿Cómo se pretende gastar el dinero que se estima recaudar en 2017? La mayor parte estará a cargo del Ejecutivo. Sesenta y uno de cada 100 pesos serán ejercidos por las secretarías y destinados a programas estatales; 26.2 pesos, entre instituciones como el Indemaya, la Junta de Electrificación del Estado, la Japay, el Cecitey, Colegio de Bachilleres, etcétera; al Isstey corresponderán 3.5 pesos y la cifra restante se divide entre los poderes Legislativo (50 centavos), Judicial (1.3 pesos), Canal 13 y la Fábrica de Postes (10 centavos), los organismos autónomos, como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (7.2 pesos) y menos de un peso (88 centavos), al servicio de la deuda estatal.

Por arriba, parece que se pretende realizar un reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, al descender a las “tripas” de las asignaciones, algunas dependencias y programas se verán virtualmente condenados a la inmovilidad si no hay una reconsideración de la propuesta del Ejecutivo. El caso más dramático corresponde a la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), que tanta visibilidad ha tenido en los últimos días, por ser la protagonista de un acuerdo histórico para declarar a la Península de Yucatán como territorio libre de transgénicos. Es la misma dependencia que tendrá a su cargo el cumplimiento del compromiso adoptado en Cancún, en días pasados, para restaurar el 20% del total de los arrecifes peninsulares y el 30% de los sistemas de las dunas costeras. Como Bartola, la Seduma tendrá que hacerlo con “dos pesos” pues su presupuesto se verá reducido a casi la mitad. Con estas limitaciones, la Seduma deberá realizar las acciones para “implementar las medidas de mitigación y adaptación para el cambio climático”. Además, la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), la otrora rica de la familia que en años pasados había logrado obtener importantes recursos federales para la realización de obras en Mérida y los municipios conurbados, se quedó “seca”, pues sólo dispondrá de 45 millones, cuando este año manejó casi 105 millones de pesos.

A pesar de que en los Anexos que acompañan la iniciativa de Presupuesto existe un apartado denominado “Asignaciones presupuestales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, la dependencia encargada de impulsar los programas y las acciones vinculadas a este objetivo, el Instituto para la Igualdad, disminuirá casi en 2% sus recursos. Del Indemaya mejor ni hablamos. Ojalá que el organismo federal, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) lo proteja, porque si no es así, sólo dispondrá escasamente para pagar los sueldos de su personal.

En este proyecto de Presupuesto queda claramente definida la estrategia para concluir las grandes obras públicas del sexenio, como el Centro Internacional de Congresos y el Palacio de la Música. Sin embargo, otras dependencias, como la Junta de Electrificación del Estado, la Japay y el Instituto para la Construcción de Obra Pública registran descensos, en buena medida atribuibles a la disminución de recursos provenientes del austero Presupuesto federal para 2017. Otras dependencias y programas presentan aumentos, algunos considerables, de sus presupuestos. Tal es el caso, por ejemplo, del Instituto Yucateco de Emprendedores, el Fideicomiso para la Promoción Turística y los servicios de salud, incluyendo hospitales como el México-Corea. Es también significativo el esfuerzo presupuestal destinado a los 13 centros de educación superior dependientes del estado, entre los cuales destaca la nueva Universidad Politécnica de Yucatán.

Es cierto que el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2017 es conservador y cauteloso. No hay otra manera de enfrentar el incierto entorno nacional e internacional. Como debe de ser en el 5o. año de gobierno, está enfocado principalmente en consolidar las acciones y las obras emprendidas en los cuatro anteriores. La información sobre los programas y proyectos con inversiones plurianuales es amplia, así como la correspondiente a la Deuda Pública y a los proyectos de Asociación Público-Privada (Anexo 30). De su lectura puntual se desprenden otras preocupaciones, como la donación anual al Teletón que permite operar al CRIT. En este proyecto de egresos se anuncia el fin del convenio para el suministro de recursos por parte del estado al concluir el año próximo. ¿Cuál será la alternativa para este centro y los miles de niñ@s que ahí son atendidos? ¿Se hará cargo el DIF en 2018?

Hubo un sólido trabajo para integrar el proyecto de presupuesto de egresos 2017. Fácil de consultar, con información útil para comprender las acciones gubernamentales el próximo año, brinda abundante información, como el número de empleados públicos estatales, incluyendo al magisterio, que asciende a 59,885 plazas. Sólo lamento que ninguna de las siete iniciativas de ley que formaron el “paquete económico” estatal 2017, incluyendo el Presupuesto, haya sido “subida” a las páginas de internet ni del Ejecutivo ni del Congreso del Estado. Mucho esfuerzo para quedar en un pequeño círculo. La transparencia vale la pena. Tienen con qué. ¿Por qué no lo hacen?— Mérida, Yucatán.