jueves, 15 de septiembre de 2016

Paquete económico 2017. La sonrisa de Meade

Dulce María Sauri Riancho
“De qué se ríe, señor ministro, de qué se ríe”. Esta frase del poema “Seré curioso”, de Mario Benedetti, se espetó ante la fotografía que mostraba la sonrisa del flamante secretario de Hacienda, José Antonio Meade, al hacer entrega al presidente de la Cámara de Diputados del “paquete económico” 2017. Apenas un día antes, el miércoles 7, se anunció la renuncia de Luis Videgaray, el poderoso titular de Hacienda, defenestrado ante la opinión pública por haber sido el culpable de “traer” a Trump a México. Alguien tenía que pagar el costo político del humillante encuentro entre el Ejecutivo mexicano y el impresentable candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Además, había apremio para realizar el cambio de funcionarios, pues el 8 de septiembre es el plazo constitucional para entregar los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el año siguiente, en este caso, 2017.
 Meade, quien ya había estado al frente de la Secretaría de Hacienda —la encabezó el último año de Felipe Calderón—, recibió una “papa caliente” cocinada por su antecesor, que el novel secretario se limitó a transportar hasta su destino final, para después preparar sus comparecencias, una para analizar el IV Informe —¿quién se acuerda?— y otra para defender la iniciativa económica presidencial en las próximas semanas.

Las cifras del “paquete” son astronómicas, pero importantes de conocer para calar el suelo que estaremos pisando los próximos 12 meses. El presupuesto federal propuesto por el Ejecutivo asciende a casi 4.9 billones de pesos (cuatro billones 837,512 millones 300 mil pesos).

Para tener una idea de su escala, el presupuesto del estado de Yucatán 2016, por casi 37,000 millones de pesos, representa menos del 1% del total (0.8). De esa enorme cifra, casi 500 mil millones representan el déficit presupuestario, o sea que de entrada, el gobierno tiene previsto gastar 10% más que sus ingresos en 2017. De allí surge la sombra ominosa que invade la macroeconomía mexicana: se llama Deuda pública.

En nueve años pasó de representar el 21.7% del PIB (Producto Interno Bruto) a ser el 48.5%. Flaco consuelo representa saber que otros países, como Japón y Francia, deben más del 100% de su PIB. En el caso mexicano no es sólo la magnitud de la deuda, sino principalmente la rapidez de su incremento lo que preocupa a las calificadoras internacionales, que decidieron “degradar” de Estable a Negativa la nota a los adeudos gubernamentales mexicanos. Sé que el gobierno no es exactamente como un negocio privado o el presupuesto de una familia, que cuando disminuyen sus ingresos por alguna causa tienen que reducir sus gastos hasta recuperar el equilibrio perdido.

“Ajustar” el cinturón gubernamental representa distinguir entre el gasto no programable, donde están los pagos a los créditos contraídos, las pensiones, participaciones a estados y municipios, entre otros, mismos que no puede reducir sin riesgo de caer en males mayores. Luego viene el gasto programable, donde el gobierno tiene un poco más de margen de acción. Allá es donde la tijera de Videgaray actuó. Restablecidos de la sorpresa de los cambios, los especialistas en finanzas públicas y diversas organizaciones sociales dedicadas a monitorearlas alertaron de las reducciones propuestas, muy significativas en renglones tales como Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, entre otros, a pesar de que el discurso gubernamental afirma exactamente lo contrario.

Diversas voces, incluyendo la de algunos legisladores, se han levantado para denunciar que presupuestos canalizados a instituciones como la Comisión de Pueblos Indígenas (CDI) sufrirían una importante contracción si se mantiene la propuesta del Ejecutivo. Los programas de transferencias monetarias, como Prospera, difícilmente pueden reducir sus montos, pues más de 6 millones de familias en situación de pobreza dependen de los subsidios que mensualmente les entrega el gobierno.

Procampo, apoyo gubernamental destinado a los productores agropecuarios, difícilmente puede ser tocado, pues las protestas provenientes del sector rural serían descomunales. Así podríamos seguir repasando áreas completas de las políticas públicas en que el costo político de ajustar a la baja los presupuestos sería enorme para cualquier gobierno, más cuando éste se encuentra en una situación de gran debilidad. Queda lo aparentemente menos difícil para las tijeras gubernamentales: infraestructura, Pemex y CFE.

El Programa Nacional de Infraestructura, anunciado en 2014, casi permanece en el olvido, sólo sobrevive la magna obra del nuevo aeropuerto de la ciudad de México (NACM). Las reducciones en Pemex, cuyas aportaciones a las finanzas públicas pasaron de representar casi el 9% del PIB en 2012, a tan sólo 4.2% este año, seguirá sufriendo las consecuencias del brutal ajuste al que está sometida. Algo similar sucederá con CFE; aunque en menor magnitud.


El problema para Meade y para el país es que la “dieta Videgaray” no parece ser suficiente para enfrentar los problemas que se avizoran en el firmamento de 2017. Así lo percibieron las calificadoras internacionales, después de la presentación del “paquete” del día 8, cuando refrendaron su posición negativa sobre el futuro económico de México. Mientras, el dólar sigue por las nubes, la economía no crece lo suficiente, los precios de los productos básicos se elevan. También la sonrisa de Meade refleja preocupación, porque “después de todo / usté es el palo mayor / de un barco que se va a pique”. ¿Podrá rescatarlo el nuevo capitán? ¿Se lo permitirá su jefe, Peña Nieto?— Mérida, Yucatán.