miércoles, 21 de septiembre de 2016

Ancianidad en Mérida. Vejez vulnerable

Dulce María Sauri Riancho
La ropa gastada de María Elena Gómez Magaña se encontró sobre sus huesos y cabellos. La nota publicada en el Diario el viernes pasado da cuenta del hallazgo de los restos mortales de esta mujer de 81 años, cuyo fallecimiento aconteció alrededor de un año atrás, según calculan los forenses. Los vecinos no se percataron de su ausencia, ni siquiera porque cesaron sus paseos para maldecir a quienes se encontraba por su camino. Por esas excentricidades era apodada “La bruja de la Vicente”, además de su supuesta afición a sacrificar gatos. Hubo de transcurrir ¡12 meses! para que se descubriera su muerte, cuando la descomposición de su cuerpo la había dejado en calidad de osamenta. Ni siquiera el olor alertó a los vecinos de que algo raro sucedía en su calle.

Doña María Elena no vivía en un apartado rincón de la geografía yucateca, sino en la populosa colonia Vicente Solís (calle 26, entre 81A y 83) de esta capital. La pregunta que salta de inmediato es la relativa a las ausencias. ¿Puede una persona, adulta mayor, desaparecer sin más, sin que nadie la extrañe y menos se preocupe por ella? Antes de leer esta nota hubiera apostado a que eso no sucedía en Yucatán, mucho menos en Mérida. Que las familias se hacían cargo de los ancianos, padres, tíos, abuelos. Que los cuidaban y protegían, aunque muchas veces esa atención significaba dividir lo poco entre más. Que las redes de solidaridad vecinal, en buena medida sostén de la seguridad pública, estaban esencialmente intactas, a pesar de los cambios sociales que han acontecido. Cada vez escasean más los recursos monetarios para atender a los viejos, en las familias y en la sociedad. Parece que las redes de la asistencia social dedicada a proteger a los más vulnerables no alcanzaron a llegar hasta el hogar de doña María Elena, donde vivía sola y en extrema pobreza. Mujer, pobre, anciana, sin hijos: situación de máxima alerta para las instituciones de asistencia pública. Nadie acudió.

Durante muchos años nos acostumbramos a los problemas de una sociedad donde predominaban los menores, en la que los ancianos representaban una proporción muy pequeña de la población total. La esperanza de vida comenzó a incrementarse en forma sostenida apenas hace 50 años. Ahora, un(a) niño(a) que nace en Yucatán aspira a vivir 75.4 años: 72.9 si es hombre y 78 años si es mujer. Este aumento de la duración de la vida ha hecho que casi ocho de cada 100 yucatecos actuales sean personas mayores de 65 años. Hay más mujeres que hombres ancianos. Pero su condición es distinta. Para las mujeres de más de 70 años su situación de vulnerabilidad es más aguda que la de los hombres. La mayoría de ellas son viudas (50.7%), sin jubilación o pensión. Sólo una mujer de cada tres vive en matrimonio. En cambio, seis de cada 10 hombres de más de 70 años están casados, prueba estadística de que la condición masculina empuja a contraer nuevas nupcias cuando enviuda, en un porcentaje mucho mayor que las mujeres. Un estudio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) titulado “Comparativo del perfil de las Personas Adultas Mayores afiliadas al Inapam en los 31 estados y el D.F.”, arroja alguna luz estadística sobre la situación de l@s ancian@s del país. Un primer dato interesante es que el 100% de los ancianos yucatecos manifestaron vivir con sus familiares, en tanto que el promedio nacional es del 80%. Es el más alto de la república, aunque ya vimos que el caso de doña María Elena no se cumplió. Vivía sola. También el porcentaje de jubilados y pensionados es más alto, 26% frente al promedio nacional de 23%, pero a todas luces insuficiente para enfrentar una vejez digna. Además, si pudiéramos indagar la distribución por sexo, encontraríamos que la inmensa mayoría de los jubilados son hombres, en tanto que las mujeres pensionadas lo son por viudez, no por cotización propia. De acuerdo con la información del Inapam, Yucatán está por debajo del promedio nacional en el porcentaje de adultos mayores que manifestaron recibir apoyo de los programas federales; por ejemplo, Prospera (15% frente al 19%); y menos del 5% tienen acceso al programa 65 y más.

La tasa de crecimiento de la población mayor se ha incrementado notablemente en las pasadas dos décadas. Y lo seguirá haciendo, cada vez con mayor intensidad. Los derechos humanos exigen procurar el bienestar colectivo y el sector de los adultos mayores reclama mayor atención, situación que por desgracia no se cumple. ¿Qué hubiera sucedido con doña María Elena si una asistente social la hubiera visitado con regularidad para enterarse de su salud? ¿Hubiera sido canalizada a sitios especializados en adultos mayores, con cupo suficiente para albergar a los que así lo requieran? No podemos permitir que sólo la asistencia privada haga el milagro de mantener al Brunet Celarain o al San Vicente de Paul. Vale la legislación que ha tipificado como delito el abandono de persona, pero es insuficiente. Se requiere, con imaginación y audacia, avanzar en la economía del cuidado de los adultos mayores y en el diseño de las políticas públicas derivadas de ésta. Es justo, conveniente desde la perspectiva social, pero también para numerosos yucatecos que llegarán a la ancianidad un próximo día. El caso de María Elena Gómez Magaña no debe repetirse jamás.— Mérida, Yucatán.