miércoles, 3 de agosto de 2016

Medición de la pobreza: guerra de números

Dulce María Sauri Riancho
En inédito episodio, dos instituciones del Estado mexicano discreparon abiertamente por su estrategia para medir la pobreza. Una de ellas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) acusó a la otra, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), de distorsionar los datos sobre los ingresos de la población más pobre del país.

Tal parece que por arte de magia estadística, entraron al sombrero del Inegi millones de pobres que, como la paloma de la chistera, salieron convertidos en clase media baja. Las suspicacias de analistas y críticos afloraron de inmediato. El gobierno, dijeron, necesita urgentemente “lavarse la cara” ante los problemas económicos y de seguridad que siguen sin resolverse.
“Desaparecer” pobres sería una manera sencilla y barata de mejorar la imagen internacional de la administración federal y de enviar un mensaje positivo, de buenos resultados. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas.

El Inegi es responsable de la información estadística del país. Levanta los censos de población y económicos; encuesta sobre temas diversos, como: ocupación, violencia contra mujeres, etc. Tiene a su cargo revisar la calidad de los registros estadísticos que generan las dependencias, entre otras muchas responsabilidades, con un solo objetivo: contar con buena información estadística para la toma de decisiones.

Formado esencialmente por académicos e independiente del gobierno, Coneval fue creado para revisar y evaluar los resultados de la política social del país en su conjunto. Esto incluye la calidad del gasto presupuestal en los diversos programas, es decir, si con la inversión realizada se obtienen resultados positivos o si simplemente, se despilfarra el dinero. En relación con la pobreza, la única manera de saberlo es midiéndola con instrumentos adecuados.

Para escoger la metodología, hubo numerosas reuniones entre especialistas y funcionarios, que dieron origen a un instrumento de medición, imperfecto, sí, pero que satisface los requisitos de transparencia y fidelidad. Esto último significa que cualquier estudioso que quiera constatar las cifras del Coneval, si aplica las criterios publicados, obtendrá el mismo resultado.

Pero Coneval no levanta las encuestas, que son la materia prima de todo el proceso de medición. Como corresponde, se las encarga al Inegi, que obtiene los datos y se los entrega para su análisis e interpretación. Las dos grandes instituciones, con el apoyo de especialistas, trabajan en cada una de las preguntas del cuestionario y de la información que se pretende captar.

Con los datos recabados se diseñan los programas federales más importantes, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, y se asignan los recursos presupuestales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que representa ni más ni menos, diez mil millones de pesos, repartidos entre estados y municipios.

Coneval tiene fecha fija para dar a conocer las cifras de pobreza. Cada dos años, en año par, a finales de julio, las presenta en cumplimiento de su mandato legal. Para 2016 tenía el compromiso adicional de proporcionar nuevos datos sobre la pobreza a nivel municipal, que sustituyeran a los de 2010.

Nada de esto pasó. Coneval anunció que era imposible procesar la información que les había entregado el Inegi, porque no era comparable con la de años anteriores. Y es que el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), que se aplicó en 64,000 hogares de todo el país junto con la Encuesta Intercensal de Población 2015, tuvo un importante cambio en la manera de captar los datos sobre el ingreso de las familias. Por ejemplo, si eran propietarias de su vivienda, se les imputó como ingreso la renta que pagarían si la hubieran alquilado. De esta manera, hasta los más pobres registraron un “aumento” de sus ingresos, aun cuando este ingreso fuera virtual.

¿Cómo pudo suceder tamaña descoordinación entre dos —hasta ahora— respetables instituciones? ¿Por qué Coneval no revisó el cuestionario ni supervisó la capacitación de los encuestadores en 2015? ¿Por qué Inegi no se coordinó como en años anteriores? ¿O como lo ha hecho con la metodología de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que se levanta cada 2 años, otro de los insumos básicos del Coneval?

Aquí es cuando florece el sospechosismo. Resulta que el 1º de enero de este año cambió el presidente del Inegi, después de 8 años. Julio Santaella viene del Banco de México, cuando existía la expectativa de que alguno de los altos directivos del Inegi ocupara el cargo, como una especie de reconocimiento al servicio civil de carrera en una institución autónoma del Estado mexicano.

Siete meses después, estalló la bomba. ¿Noviciado o ajuste de cuentas? Ya hay un pagano: el director de Estadísticas Sociodemográficas, un antiguo funcionario de la institución, que fue “renunciado”.

La realidad se impone a cualquier maquillaje. El desprestigio afecta al Inegi, responsable también de proporcionar cifras tan controvertidas como la inflación. Con los aumentos de la gasolina y la energía eléctrica, con la depreciación del peso frente al dólar o con cualquier visita al supermercado, ¿creeremos que los precios sólo han aumentado 2% en lo que va del año?

Urge que el Inegi recupere su credibilidad, seriamente deteriorada por su enfrentamiento con Coneval. En 2003, en el Senado, presenté la iniciativa para dar autonomía constitucional al Inegi. Se reformó el artículo 26 y desde 2008, el Inegi es órgano autónomo. Que lo demuestre en los hechos. Es indispensable. La sumisión del Inegi es un lujo impagable para la situación de México.— Mérida, Yucatán.